La doble vara de medir en Candelaria: Datos frente a demagogia
En la arena política municipal, la coherencia suele ser la primera víctima de la batalla por un puñado de votos. Lo que está ocurriendo en Candelaria con la gestión de la nueva tasa de residuos (explicada en esta entrada), es un ejemplo de manual de oportunismo político. Mientras la oposición local, encarnada por Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP), se rasga las vestiduras hablando de «atraco» a los vecinos por la actualización de la tasa, los datos nos cuentan una historia muy diferente; una historia de responsabilidad ineludible y de contradicciones flagrantes entre lo que dicen aquí y lo que hacen sus compañeros de partido en el resto de la isla.
El imperativo ecológico y legal
Antes de entrar en el juego político, pongamos la ciencia y la ley sobre la mesa. La Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados no es una sugerencia. Es la transposición de directivas europeas nacidas de una urgencia climática indiscutible. El principio es simple: «quien contamina, paga». El objetivo es descarbonizar nuestra economía y obligar a que las tasas municipales cubran el 100% del coste real del servicio de recogida y tratamiento de basuras.
Negar esto es negar la realidad del cambio climático y la necesidad de una economía circular. Pero lo que resulta inaceptable es utilizar esta realidad para hacer política de tierra quemada.
La tabla de la verdad: ¿Quién aplica la tasa?
Para desmontar el relato de que la subida en Candelaria es un capricho aislado del gobierno local, basta con mirar el mapa insular. Hemos extraído los datos oficiales de los ayuntamientos para mostrar la realidad desnuda:
Estado de la Nueva Tasa de Basuras por Municipio a 1 de Enero
| Ayuntamiento | ¿Aplica Tasa? | Ayuntamiento | ¿Aplica Tasa? | |
| Santa Cruz | Sí | Garachico | Sí | |
| La Laguna | Sí | El Tanque | Sí | |
| Tegueste | Sí | Los Silos | Sí | |
| El Rosario | Sí | Buenavista | Sí | |
| Tacoronte | Sí | Candelaria | Sí | |
| El Sauzal | Sí | Arafo | Sí | |
| La Matanza | No responde | Güímar | Sí | |
| La Victoria | No | Fasnia | Sí | |
| Santa Úrsula | Sí | Arico | No responde | |
| La Orotava | No | Granadilla | Sí | |
| Puerto de la Cruz | Sí | San Miguel | Sí | |
| Los Realejos | Sí | Arona | No responde | |
| S. J. de la Rambla | No responde | Vilaflor | Sí | |
| La Guancha | En trámite | Adeje | No | |
| Icod de los Vinos | Sí | Guía de Isora | No | |
| Stgo. del Teide | Sin determinar |
Fuente: Datos recopilados de información pública municipal y prensa local.
Análisis: El espejo donde CC y PP no quieren mirarse
Esta tabla es demoledora para el discurso de la oposición en Candelaria. Analicémosla con detenimiento:
- La hipocresía capitalina: En Santa Cruz de Tenerife, cogobernada por CC y PP, la respuesta es un rotundo «Sí», con un aumento del 50%. Allí, el alcalde nacionalista José Manuel Bermúdez lamenta que es una tasa «impuesta por el gobierno de Pedro Sánchez», pero la aplica sin dudar. ¿Por qué en Santa Cruz es una «imposición legal inevitable» y en Candelaria (donde sube un 69% para cubrir costes) es motivo de escándalo y confrontación?
- Los feudos del Sur: Miremos a San Miguel o Granadilla, municipios donde también gobierna Coalición Canaria. En ambos casos, la respuesta es «Sí». La coherencia brilla por su ausencia cuando los portavoces de Candelaria atacan una medida que sus propios compañeros están implementando a pocos kilómetros.
- El caso de Güímar o Tegueste: En Güímar, con una alcaldesa del PP y en Tegueste con un alcalde de CC, no han tenido problemas en aplicar la ley.
La realidad reflejada en la tabla demuestra que la actualización de la tasa no es una cuestión de colores políticos, sino de cumplimiento normativo. Hay municipios como Adeje o Guía de Isora que han dicho «No» por el momento, probablemente asumiendo el déficit desde otras partidas presupuestarias, una estrategia arriesgada a largo plazo pero que muestra que hay diferentes ritmos de adaptación.
Sin embargo, lo que resulta políticamente indecente es la postura de CC y PP en la Villa Mariana. No votaron en contra en el pleno porque saben que prevaricarían o irían contra una ley superior. Su silencio en la votación oficial contrasta con su ruido en la calle. Es la definición de deslealtad institucional: saber que algo es necesario, permitir que se apruebe por la puerta de atrás, pero incendiar la opinión pública para desgastar al adversario.
Conclusión: Madurez frente al ruido
Candelaria merece una oposición que fiscalice, sí, pero que no insulte la inteligencia de sus vecinos. La gestión de residuos es uno de los mayores retos ambientales de nuestro siglo. Requiere pedagogía, no demagogia.
Al final, la tabla no miente. La mayoría de los municipios responsables, independientemente de su color político, están dando el paso. CC y PP en Candelaria deberían explicar por qué lo que es bueno y necesario en Santa Cruz o San Miguel, es «malo» en Candelaria. Hasta que no respondan a esa pregunta, su crítica no será más que ruido; un ruido que contamina tanto como los residuos que no queremos gestionar.
