¿Justicia ciega o justicia tuerta? La inaceptable doble velocidad de los tribunales españoles
Nos han enseñado desde pequeños, casi como un mantra sagrado, que la Justicia es ciega. Nos imaginamos a esa dama con la venda en los ojos. Sosteniendo una balanza en perfecto equilibrio, ajena a apellidos, cuentas corrientes o carnets de partido. Sin embargo, la realidad política y judicial que vivimos en España en los últimos tiempos nos está obligando a quitarnos nosotros la venda. Lo que vemos no es un sistema fallido. Vemos un sistema que parece funcionar con una precisión quirúrgica para proteger a unos y hostigar a otros.
Como observador de nuestra realidad nacional, siento una profunda preocupación —y por qué no decirlo, una rabia cívica— ante la evidencia de que en este país existen dos reglamentos: uno de hierro para la disidencia progresista y otro de terciopelo para las élites conservadoras.
La impunidad de los «intocables»
Hablemos claro, sin eufemismos. En las últimas semanas, hemos asistido a un espectáculo que sonrojaría a cualquier democracia consolidada de nuestro entorno. Estamos viendo cómo investigaciones que afectan al núcleo duro del poder regional madrileño y a sus allegados se manejan con una delicadeza administrativa pasmosa.
Resulta, cuanto menos, curioso observar la ausencia total de medidas cautelares en casos flagrantes de fraude fiscal confeso. Mientras que a cualquier ciudadano de a pie o a activistas sociales se les requisan dispositivos electrónicos al primer indicio de sospecha, aquí vemos cómo los teléfonos y ordenadores de los investigados permanecen en sus bolsillos, intactos, sin que nadie se preocupe por la posible destrucción de pruebas., denostando una auténtica doble vara de medir.
Es una asimetría que hiela la sangre. No hemos visto a la policía judicial entrar en ciertos áticos de lujo para asegurar evidencias, una imagen que, sin embargo, se repite con celeridad mediática cuando el investigado pertenece a la izquierda política. Esa falta de «teatralidad» policial, que en otros casos se busca deliberadamente para la pena de telediario, brilla aquí por su ausencia.
Viajes a Miami y calendarios a medida
Pero la gota que colma el vaso de la paciencia ciudadana es la sensación de que el sistema judicial actúa, en ocasiones, más como un bufete de defensa de lujo que como un garante de la legalidad. ¿Cómo se explica que, en medio de una investigación penal, se permita a los implicados viajar libremente a Miami o moverse internacionalmente sin que se retiren pasaportes?
Y lo más grave: el manejo de los tiempos. El tiempo en política y en justicia es oro. Ver cómo se dilatan los informes de la UCO o cómo se fijan fechas de juicio para el año 2027 no es un simple problema de burocracia atascada. Es una decisión que huele a estrategia. Un juicio en 2027 significa impunidad política hoy. Significa que las urnas no podrán juzgar con toda la información sobre la mesa. Es, en definitiva, dopaje electoral.
Lawfare: La celeridad como arma política
Para entender la gravedad de esta «justicia a la carta», debemos compararla con su reverso tenebroso: el lawfare o guerra judicial.
Cuando el objetivo es un líder sindical, una política de izquierdas o un activista climático, la maquinaria del Estado no espera a 2027. La maquinaria se acelera. Los autos judiciales se filtran a la prensa amiga antes de que lleguen a los abogados defensores, los registros se hacen al amanecer y las acusaciones, aunque luego queden en nada, sirven para destruir reputaciones en tiempo récord.
Esta doble vara de medir no es casualidad; es síntoma de un problema estructural. Parte de la cúpula judicial en España sigue operando como un bastión ideológico que resiste los cambios sociales. No se trata solo de ser «facha» o «rojo», como se dice coloquialmente, se trata de que la pertenencia a ciertas élites tradicionales parece otorgar un escudo de invisibilidad ante el rigor de la ley.
La erosión de la confianza democrática
Lo más peligroso de esta doble vara de medir no es solo la injusticia individual de que alguien se libre de pagar sus impuestos o de asumir sus responsabilidades. Lo verdaderamente trágico es el mensaje que envía a la sociedad: el esfuerzo, la honestidad y el cumplimiento de las normas son para los «pringados», para la clase trabajadora que no tiene amigos en las altas esferas.
Desde una perspectiva progresista, no podemos tolerar esto. La defensa de la democracia pasa obligatoriamente por la limpieza de las instituciones. No pedimos venganza, ni pedimos que se atropellen los derechos de la derecha (eso sería caer en su juego). Pedimos igualdad. Que si hay indicios de delito, se investigue con el mismo rigor en un barrio obrero que en el Barrio de Salamanca. Pedimos que la UCO tenga los recursos y la independencia para emitir sus informes a tiempo, y que el Tribunal Supremo no sea percibido como el «tercer turno» de la defensa de nadie.
Conclusión: Recuperar la Justicia para el pueblo
La sensación generalizada es que tener ciertas ideologías o amistades son, hoy por hoy, todo ventajas procesales. Y eso es un cáncer para la convivencia.
Como ciudadanos críticos, debemos seguir señalando estas anomalías. No podemos normalizar que un juicio tarde tres años para unos y tres meses para otros. La transición energética y la justicia social por las que luchamos en josereflexiona.es necesitan un suelo firme sobre el que pisar, y ese suelo es un Estado de Derecho que no mire a quién juzga antes de decidir la prisa que se da.
La justicia lenta no es justicia, pero la justicia selectiva es, directamente, corrupción institucional.
