Canarias 2025: Entre la recuperación estadística y la fractura social persistente
Como observador de la realidad política, pocas cosas resultan tan reveladoras —y a menudo tan dolorosas— como la disección de las estadísticas de pobreza. El último Informe sobre el Estado de la Pobreza en Canarias (AROPE 2025) no es solo un compendio de cifras; es una radiografía de la dignidad humana en el archipiélago.
Si bien los titulares podrían celebrar un descenso en la tasa general de riesgo de pobreza y exclusión, una lectura profunda y progresista nos obliga a no caer en la complacencia. Canarias mejora, sí, pero lo hace dejando atrás a los más vulnerables y consolidando una crisis habitacional que amenaza con devorar el futuro de las clases trabajadoras.
Luces y sombras: La bajada del AROPE y la trampa de la desigualdad
Los datos macro son, a primera vista, un alivio. La tasa AROPE (el indicador europeo que mide el riesgo de pobreza y exclusión social) se situó en 2024 en un 31,2%, lo que supone una reducción de 2,6 puntos respecto al año anterior. Esto significa que unas 50.000 personas han logrado salir técnicamente de esta zona de riesgo. Es la cuarta mayor reducción de todo el Estado y confirma una tendencia positiva por cuarto año consecutivo.
Sin embargo, como analista aficionado, debo advertir sobre el peligro de los promedios. A pesar de esta mejora, Canarias sigue siendo la quinta región con la tasa AROPE más alta de España, muy lejos de la media nacional. Pero lo más preocupante no es la velocidad de la recuperación, sino su calidad. Mientras la economía parece repuntar, la desigualdad de rentas se ha ensanchado. El Índice de Gini ha repuntado hasta el 31,6, convirtiendo a Canarias en la tercera comunidad más desigual del país, solo por detrás de Madrid y la Comunidad Valenciana.
¿Qué nos dice esto? Que el crecimiento económico no se está redistribuyendo. La riqueza generada se está concentrando en los estratos superiores, mientras que la mejora de las rentas medias no llega con la misma intensidad a quienes más lo necesitan.
El drama oculto: Pobreza severa y privación material
Donde la estadística se vuelve carne y hueso es en los indicadores de carencia extrema. Aquí es donde el discurso triunfalista se desmorona. Aunque la pobreza general ha bajado, la pobreza severa ha repuntado hasta el 10,1%. Estamos hablando de ciudadanos que viven en hogares con ingresos indignos, incapaces de cubrir sus necesidades más básicas.
Más alarmante aún es la Carencia Material y Social Severa (CMSS). Canarias ostenta el triste récord de ser la comunidad autónoma con el valor más alto del Estado: un 10,8% de la población. Esto se traduce en 243.000 personas que no pueden permitirse ítems esenciales para una vida digna.
Un dato devastador ilustra esta precariedad cotidiana: el 45,4% de la población canaria no puede permitirse ir de vacaciones ni siquiera una semana al año , y casi la mitad (48,9%) no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos. Esto no es «vivir», es «sobrevivir» en un estado de ansiedad permanente.
La vivienda: El gran motor de la exclusión
Desde una perspectiva ecosocial, no podemos desligar la pobreza de las condiciones materiales de vida. El informe señala a la vivienda como el gran agujero negro de la economía familiar en las islas. El precio del alquiler en Canarias es el segundo que más ha crecido en España desde 2014, con un aumento brutal del 68,1%.
Esta especulación inmobiliaria tiene consecuencias directas en la salud y la dignidad:
- La falta de espacio en la vivienda afecta ya al 21,1% de la población, una cifra que se ha triplicado desde 2018.
- El 31,9% de las personas pobres destina más del 40% de su renta a la vivienda, lo que las deja sin margen para alimentación, energía o educación.
Estamos ante una crisis de derechos humanos. La vivienda ha dejado de ser un bien social para convertirse en un activo de mercado inaccesible, expulsando a las familias trabajadoras a los márgenes.
El Estado como escudo (y sus grietas)
Como defensores de lo público, es vital reconocer el papel del Estado. Sin las transferencias públicas (pensiones, prestaciones, ayudas), la tasa de pobreza en Canarias se dispararía del 24,6% actual a un inasumible 47,3%. El escudo social funciona y evita el colapso total de casi la mitad de la sociedad canaria.
No obstante, el sistema tiene grietas. La infancia sigue siendo el eslabón más débil: la tasa AROPE en menores de 18 años es del 40,2%. Que cuatro de cada diez niños en Canarias estén en riesgo de pobreza es una mancha moral que ninguna sociedad democrática debería tolerar.
Conclusión: Hacia una transición justa
Los datos de 2025 nos muestran una Canarias que avanza a dos velocidades. La recuperación macroeconómica es real, pero insuficiente para sanar las heridas estructurales de una década de crisis.
Como sociedad progresista, no podemos conformarnos con que «los números cuadren». Necesitamos políticas valientes que aborden la raíz de la desigualdad: una reforma fiscal redistributiva, una intervención decidida en el mercado de la vivienda y una transición energética que no deje a nadie atrás. La lucha contra la pobreza en Canarias no es solo una cuestión de caridad, es una exigencia democrática y de derechos humanos.
