Canarias Ante el Espejo: Una Ley de Conciliación para Suturar la Brecha de Género
En el complejo tablero de la política, pocas veces asistimos a momentos de una unanimidad tan significativa como la que se ha presentado en el Parlamento de Canarias con la Ley de Conciliación canaria. Aunque la consulta inicial se centraba en la iniciativa del Grupo Socialista, lo que revela el Boletín Oficial es aún más profundo y esperanzador: una Proposición de Ley de conciliación corresponsable impulsada por la casi totalidad de los grupos parlamentarios, desde el Socialista Canario hasta el Popular, pasando por Nacionalista Canario, Nueva Canarias y el resto de fuerzas salvo VOX. Esta amplia mayoría no es un detalle menor; es la primera y más potente declaración de intenciones: la lucha por la igualdad y la conciliación no es patrimonio de una ideología, sino una urgencia social que interpela a toda la ciudadanía.
Nos encontramos ante un texto legislativo que aspira a ser mucho más que una simple reforma laboral. Es un intento ambicioso de rediseñar parte del contrato social canario, poniendo en el centro el derecho de las personas a desarrollar un proyecto vital pleno, sin que el trabajo remunerado anule la vida personal y familiar, y viceversa. Esta ley, de ser implementada con la valentía que su redactado propone, podría marcar un antes y un después en la construcción de una sociedad más justa, equitativa y, en última instancia, más sostenible.
Diagnóstico de una Realidad Insostenible
La exposición de motivos de la ley es un crudo recordatorio de por qué esta iniciativa es tan necesaria. Pese a la igualdad formal consagrada en la Constitución y en nuestro Estatuto de Autonomía, la realidad cotidiana para miles de mujeres en Canarias es una carrera de obstáculos. El texto reconoce que los empleos feminizados siguen teniendo menor remuneración, que la precariedad y el trabajo a tiempo parcial afectan principalmente a las mujeres , y que sobre ellas recae de forma desproporcionada la carga histórica de los cuidados.
Esta situación no solo perpetúa una injusticia flagrante, sino que lastra nuestro desarrollo como sociedad. En Canarias, con más de 100.000 hogares monoparentales, de los cuales más del 82% están encabezados por una mujer, la falta de políticas de conciliación efectivas es una condena a la vulnerabilidad económica y social para miles de familias. La ley, por tanto, no es un lujo, sino una herramienta de primer orden para combatir la pobreza y la exclusión.
Los Pilares de la Transformación: Corresponsabilidad y Enfoque Integral
La propuesta legislativa se articula sobre varios principios rectores, pero es el de corresponsabilidad el que vertebra todo el texto. Se trata de un cambio de paradigma fundamental: la conciliación deja de ser un «asunto de mujeres» para convertirse en un deber compartido. La ley busca implicar a los hombres en las tareas de cuidado en igualdad de condiciones, promoviendo un reparto equilibrado que es esencial para desmantelar los roles de género tradicionales.
Para ello, la ley despliega una batería de medidas que abarcan tanto el sector público como el privado:
Planificación Estratégica
Se ordena la creación de un Plan Autonómico de Conciliación de carácter quinquenal. Este plan deberá ser replicado con planes locales en los cabildos y en los municipios de más de 50.000 habitantes. Esta planificación, que partirá de un diagnóstico previo de la realidad canaria, es clave para que las medidas no sean meros parches, sino parte de una estrategia coherente.
Sector Público como Motor del Cambio
La administración deberá dar ejemplo. Se impulsarán horarios racionales, medidas de flexibilidad horaria, teleformación y una adaptación de la normativa de permisos para incentivar un uso equilibrado por parte de hombres y mujeres.
Incentivos en el Sector Privado
La ley entiende que sin la implicación del tejido empresarial, cualquier avance será limitado. Por ello, promueve que la negociación colectiva incorpore medidas de conciliación. Que las empresas con buenas prácticas sean valoradas en la contratación pública. Y se establecen subvenciones para compensar reducciones de jornada o para contratar a sustitutos. Además, se priorizará el trabajo a distancia para personas con menores de 12 años o dependientes a su cargo, especialmente en familias monoparentales.
Lucha Directa contra la Brecha Salarial
La propuesta no se queda en la superficie y aborda directamente la brecha salarial de género. Esta se define como la diferencia en los ingresos brutos por hora. Se promoverán campañas de sensibilización y, de forma crucial, se impulsarán inspecciones de trabajo para verificar el cumplimiento de los planes de igualdad y eliminar la discriminación retributiva.
Una Visión Progresista: Justicia Social y Sostenibilidad Ambiental
Desde una perspectiva progresista, esta ley es un avance civilizatorio. Defender la conciliación es defender los derechos humanos. Garantiza que la dignidad de las personas no quede supeditada a las exigencias de un mercado laboral a menudo deshumanizado. Es, también, una política profundamente democrática. Facilita la participación social y política de las mujeres, tradicionalmente apartadas de la esfera pública por la imposición de los roles de cuidado.
Además, no podemos disociar la justicia social de la justicia climática. Un modelo social que promueve la racionalización de horarios, el teletrabajo y la vida en comunidad es también un modelo que reduce desplazamientos innecesarios. Disminuye la presión sobre nuestras infraestructuras y, por ende, reduce nuestra huella de carbono. Avanzar hacia una sociedad de los cuidados es un paso indispensable en la transición energética y ecológica. Cuidar de las personas y cuidar del planeta son dos caras de la misma moneda.
Retos y Oportunidades: De la Ley al Hecho
El mayor desafío, ahora, será transformar la letra de esta ley en una realidad tangible. La aprobación de la norma es el primer paso, pero su éxito dependerá de tres factores cruciales:
- Financiación Suficiente: La disposición adicional primera establece una asignación del 0,2% del presupuesto general de la Comunidad Autónoma para la conciliación. Es un punto de partida concreto y valorable, pero será necesario vigilar si esta cifra es suficiente para desplegar todo el potencial de la ley.
- Voluntad Política Sostenida: El consenso inicial es una excelente noticia, pero la implementación de los planes autonómicos y locales requerirá de un compromiso político firme y constante a lo largo del tiempo, más allá de los ciclos electorales.
- Cambio Cultural: Ninguna ley puede, por sí sola, erradicar prejuicios y roles de género arraigados durante siglos. La aplicación de la norma debe ir acompañada de una profunda labor de sensibilización social en medios de comunicación, en el sistema educativo y en el seno de las empresas.
Canarias se posiciona con esta ley en la vanguardia de las políticas de igualdad en España. Tenemos ante nosotros una oportunidad histórica para construir una sociedad más amable, justa y corresponsable. Ahora, la responsabilidad recae en la sociedad civil y en las propias administraciones para vigilar, exigir y colaborar en convertir esta ley en una realidad palpable en cada hogar, en cada escuela y en cada puesto de trabajo. ¿Estaremos a la altura del desafío?
