Listas de Espera en la Sanidad Canaria: Cuando los Números Esconden Pacientes y se Resquebraja la Confianza
Septiembre de 2025. Un nuevo fantasma recorre los pasillos de la sanidad pública canaria. Uno que no se combate con bisturís ni medicamentos, sino con la cruda luz de la transparencia. Diversas voces, desde el principal partido de la oposición hasta sindicatos y medios de comunicación, han levantado una alfombra. Bajo esta podría esconderse una realidad inaceptable. La presunta falsificación y manipulación sistemática de las listas de espera canarias en la sanidad. Un escándalo que no solo cuestiona la gestión del actual gobierno. Además atenta directamente contra el derecho fundamental a la salud de miles de ciudadanos.
1. La Voz de Alarma: ¿Quiénes Denuncian y con qué Argumentos?
La denuncia principal ha sido articulada con contundencia por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en Canarias. Sus portavoces parlamentarios, Sebastián Franquis y Miguel Ángel Pérez del Pino, han acusado formalmente al Gobierno de Canarias de «maquillar» las cifras oficiales. De «esconder» a miles de pacientes de las estadísticas públicas.
Según los datos esgrimidos por la oposición, existiría una diferencia de casi 9.000 pacientes entre las cifras reales y las publicadas por la Consejería de Sanidad. Esta discrepancia no sería fruto de un error administrativo. Sería fruto de una «estrategia deliberada de manipulación» que buscaría proyectar una imagen de eficiencia. Eficiencia que, a juicio de los denunciantes, no se corresponde con la realidad que sufren los canarios.
Aunque los grandes sindicatos de clase no han emitido comunicados específicos sobre este episodio concreto, la denuncia se enmarca en un clima de profundo malestar y movilización por parte de diversas organizaciones sindicales del sector (SEPCA, SATSE, Intersindical Canaria). Estas llevan meses alertando sobre el deterioro del servicio. La precarización del personal y lo que consideran un paulatino desmantelamiento de la sanidad pública en favor de intereses privados. Sus críticas, por tanto, abonan el terreno de la desconfianza y otorgan verosimilitud a las acusaciones de mala gestión.
2. El Modus Operandi: El Trasvase de Pacientes a un Limbo Estadístico
El mecanismo de esta presunta manipulación es tan sencillo en su concepción como perverso en sus consecuencias. La clave reside en el uso fraudulento de la denominada «lista de espera no estructural».
Oficialmente, esta lista está reservada para pacientes cuya espera para una intervención quirúrgica no es directamente atribuible a la falta de recursos del sistema. Hablamos de personas que, por motivos clínicos transitorios (una gripe, una descompensación) o por decisión propia (motivos laborales, personales), solicitan aplazar la operación. Son, en teoría, excepciones justificadas.
Sin embargo, la denuncia apunta a que el Servicio Canario de la Salud (SCS) estaría trasvasando de forma masiva a pacientes de la lista de espera «estructural» (la oficial, la que se publica) a esta otra «no estructural». De este modo, miles de personas que simplemente aguardan a que el sistema les dé una cita, desaparecerían de un plumazo de las estadísticas que miden la eficacia de la gestión sanitaria. Se les saca del foco, se les invisibiliza, convirtiéndolos en un número oculto que no computa en los balances de éxito que el gobierno presenta a la opinión pública.
3. El Doble Fin de la Maniobra: Propaganda Política a Costa de la Salud
¿Qué se busca con estas prácticas? El fin es doble y responde a una lógica puramente política, alejada por completo del bienestar del paciente.
- El fin inicial (y propagandístico): A corto plazo, el objetivo es presentar a la ciudadanía unas cifras de listas de espera más bajas, un tiempo de demora medio menor y, en definitiva, una imagen de gestión sanitaria exitosa. Es una herramienta de marketing político que permite al gobierno de turno presumir de eficiencia, neutralizar las críticas de la oposición y tranquilizar a una población cada vez más preocupada por el estado de su sanidad.
- El fin último (y estructural): A largo plazo, estas prácticas, al enmascarar la verdadera magnitud del problema, justifican la inacción y la falta de inversión en la sanidad pública. Si los números oficiales son buenos, ¿por qué destinar más recursos? ¿Por qué contratar a más personal? Esta lógica abre la puerta a un discurso que favorece los conciertos con la sanidad privada como única «solución» a problemas que, oficialmente, no son tan graves. Se crea un problema, se oculta y luego se ofrece una solución privatizadora. Es un ataque directo a la línea de flotación de nuestro sistema público.
4. Situación Actual: De la Denuncia a la Propuesta Legislativa
En estos momentos, el escándalo se encuentra en plena efervescencia política y mediática. La Consejería de Sanidad, hasta la fecha, ha optado por un silencio elusivo ante las acusaciones directas, sin ofrecer una refutación detallada de los datos presentados por la oposición.
Como respuesta a esta opacidad, el Grupo Parlamentario Socialista ha anunciado la presentación de una Proposición de Ley de Garantías de Tiempos Máximos de Espera. El objetivo de esta iniciativa es blindar por ley los derechos de los pacientes, establecer plazos máximos de espera para intervenciones y consultas, y, fundamentalmente, obligar a la publicación de todas las listas de espera canarias, incluyendo las no estructurales. Se busca, en definitiva, poner fin a los «cajones B» de la sanidad y que la transparencia sea total.
La tramitación de esta ley en el Parlamento de Canarias se prevé como un intenso campo de batalla político en los próximos meses, donde se confrontarán dos modelos de gestión: uno basado en la opacidad y los resultados aparentes, y otro que aboga por la transparencia y el fortalecimiento del sistema público como eje vertebrador de la cohesión social.
5. Conclusiones: Más Allá de los Números, la Dignidad
La presunta manipulación de las listas de espera Canarias no es solo un debate sobre cifras; es una profunda reflexión sobre la calidad de nuestra democracia y el respeto a los derechos humanos. Jugar con los números de la salud es jugar con la angustia, el dolor y la incertidumbre de las personas. Es una traición a la confianza que los ciudadanos depositan en las instituciones.
Un gobierno democrático debe entender que la sanidad no es un producto con el que hacer marketing, sino un derecho inalienable. La solución no pasa por esconder a los enfermos en los pliegues de la burocracia, sino por invertir decididamente en la sanidad pública, contratar a más profesionales, optimizar los recursos con transparencia y poner al paciente, y no a la estadística, en el centro del sistema.
