Introducción
Lo ocurrido la pasada semana en el Ayuntamiento de Güímar no es simplemente un cambio de gobierno a mitad de mandato. Es una radiografía precisa y preocupante de las patologías que acechan a nuestra política local. La moción de censura que ha desalojado a Gustavo Pérez (Coalición Canaria) para investir a Carmen Luisa Castro (Partido Popular) es la crónica de una crisis anunciada. Este episodio trasciende las fronteras del municipio y nos interpela sobre la calidad de nuestra democracia, la lealtad a los pactos y, sobre todo, la ética en el ejercicio del poder.
Este evento no fue un acto súbito, sino la culminación de un proceso alimentado por una tormenta perfecta. Hubo una mayoría de gobierno frágil desde su nacimiento, profundas desavenencias personales y un calculado uso del transfuguismo como arma política para asaltar el poder. Analizar sus causas, protagonistas y consecuencias es fundamental. Solo así se puede entender las tensiones que recorren nuestras instituciones más cercanas.
El Caldo de Cultivo: Una Inestabilidad Endémica
Para comprender la crisis actual, es necesario observar que la inestabilidad política no es una anomalía en Güímar. Es casi una característica estructural. El municipio arrastra un historial de pactos rotos y mociones de censura. Ese es un patrón recurrente donde las alianzas postelectorales demuestran ser frágiles. De hecho, la propia Carmen Luisa Castro ya accedió a la alcaldía en 2013 a través de una moción similar. Esto evidencia una cultura política donde la oportunidad prevalece sobre la lealtad del pacto.
La arquitectura que emergió de las elecciones de 2023 ya sentó las bases del conflicto. El PP fue la fuerza más votada con 9 concejales. Sin embargo, un pacto entre CC (5), PSOE (5) y USP (1) sumó los 11 escaños necesarios para la mayoría absoluta, dejando en la oposición a la lista ganadora. Este gobierno nació con una debilidad estructural intrínseca. Dependía de la cohesión total de sus miembros frente a una oposición que se sentía legitimada por las urnas para gobernar. Cualquier fisura interna, por mínima que fuese, sería el punto de quiebre. Y la fisura, finalmente, apareció.
La Fractura Interna y la Herramienta del Transfuguismo
Toda moción de censura necesita un detonante y una herramienta. En Güímar, el detonante fue la ruptura total de la confianza dentro del pacto de gobierno. La herramienta fue el transfuguismo de dos concejales del PSOE y uno de Nueva Canarias.
Los ediles socialistas que apoyaron la moción, Patricia Encinoso y José Miguel Hernández, justificaron su decisión con acusaciones de extrema gravedad contra el ya exalcalde. Denunciaron un «trato desigual» en el reparto de recursos, un ambiente de trabajo tóxico y, más grave aún, la creación de una presunta «red clientelar para sus amigos y amigas»9. Desde su perspectiva, el gobierno estaba paralizado por la falta de liderazgo y la desconfianza.
Frente a ello, el gobierno saliente defendió su gestión con datos macroeconómicos: reducción del paro, más de 30 millones de euros en inversiones. Atribuyeron la crisis a «movimientos personales» y a la ambición de los concejales díscolos.
Sea como fuere, este descontento interno fue la oportunidad perfecta para la oposición. La moción se articuló sobre un argumentario que denunciaba desde una «profunda crisis en la Policía Local» hasta «falta de transparencia» y «paralización» municipal. Pero el elemento clave, lo que posibilitó el cambio, fue la decisión de tres cargos electos de romper la disciplina de sus partidos para entregarle el gobierno al PP.
La Batalla Legal y Ética: El Fraude al Pacto Antitransfuguismo
Aquí reside el núcleo del debate y la mayor amenaza para la salud democrática. La operación política en Güímar ha sido diseñada para sortear el espíritu y la letra del Pacto por la Estabilidad Institucional (conocido como Pacto Antitransfuguismo). Esta normativa, refrendada por todos los grandes partidos y reforzada por sentencias del Tribunal Supremo, es clara: busca desincentivar el transfuguismo evitando que sea recompensado1. La ley establece que los concejales tránsfugas no pueden asumir nuevos cargos ni ver mejorada su situación económica o política.
¿Cómo se ha intentado burlar la ley en Güímar? A través de una batalla semántica: los defensores de la moción argumentan que los ediles no son «tránsfugas» sino «no adscritos». Esto es porque sus partidos (PSOE y NC) aún no han finalizado formalmente sus expedientes de expulsión. Se trata de una interpretación formalista y torticera. Esta ignora la realidad política: el acto de transfuguismo se consuma al firmar una moción contra el propio gobierno, no cuando llega el burofax del partido.
La consecuencia inmediata ha sido la formación de un nuevo gobierno. En él, los concejales tránsfugas han sido recompensados con tenencias de alcaldía y concejalías de peso como Hacienda, Obras y Servicios. Se materializa así la «mejora política y económica» que la ley prohíbe explícitamente. Esto es un acto que pervierte el mandato de las urnas y sienta un precedente peligroso.
Consecuencias: Inestabilidad Futura y Tensiones Regionales
Las implicaciones de esta moción de censura van más allá de Güímar.
- Un Gobierno Débil y Condicionado: El nuevo ejecutivo de Carmen Luisa Castro nace con una mayoría mínima (12 de 21 concejales) que depende de la lealtad personal de quienes ya han demostrado no tenerla con sus anteriores formaciones. Su gobernabilidad será precaria. Además, estará permanentemente condicionada por los intereses de estos ediles, convirtiéndolos en piezas con un poder desproporcionado.
- Tensión en el «Pacto en Cascada»: A nivel regional, este movimiento genera una enorme tensión en el pacto de gobierno entre Coalición Canaria y el Partido Popular. Estos gobiernan juntos en el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife. Sin embargo, en Güímar, el PP ha desalojado activamente a su socio preferente, demostrando que las dinámicas locales pueden dinamitar las estrategias regionales.
- Desafección Ciudadana: Por encima de todo, estos espectáculos de reparto de poder y traiciones políticas alimentan la desafección y el cinismo de la ciudadanía. Refuerzan la percepción de que la política es un juego de intereses personales ajeno al bien común. Esto erosiona la confianza en las instituciones que deberían ser las más cercanas y representativas.
Reflexión Final
La moción de censura de Güímar debe servir como una señal de alarma. No podemos normalizar que el transfuguismo sea una herramienta legítima para alterar la voluntad expresada en las urnas. Es imperativo reformar la ley para cerrar los vacíos legales que permiten estas maniobras y exigir a los partidos políticos un compromiso férreo y sin fisuras contra esta práctica.
Lo que está en juego no es solo el gobierno de un municipio; es la integridad de nuestro sistema democrático. Permitir que la voluntad popular sea secuestrada por intereses individuales es un camino directo hacia la degradación de la vida pública. La reflexión, hoy más que nunca, es una obligación cívica.
