El amigo de Facebook Josep Marbthe me puso este comentario: «Gracias por tu respuesta y dedicación. No puedo estar más de acuerdo contigo. Coincido en que en un sistema insular como el de Canarias no basta solo con autoconsumo y que hacen falta infraestructuras que garanticen estabilidad. Nadie lo sabe mejor que tú, tomo tus palabras.
Pero luego vemos la realidad: parques eólicos en todo el sur de Tenerife o proyectos que se quieren llevar a cabo por grandes corporaciones y que cuentan con el rechazo de la población en su mayoría. Ahí es donde me cuesta ver cómo se articula ese equilibrio:
¿qué mecanismos concretos garantizarían que esos proyectos no respondan solo a intereses empresariales?
¿cual es el beneficio que va a recibir el ciudadano y a qué coste?
¿qué papel real tendría lo público o la ciudadanía en la toma de decisiones y en los beneficios?
Creo que ese es el punto clave para que la transición sea no solo viable técnicamente, sino también aceptada socialmente».
Para las primeras preguntas ya lo remití a una publicación anterior, concretamente: https://josereflexiona.es/proyectos-de-disa-en-fasnia-y-guimar/
Para la última he preferido desarrollar esta entrada. Espero que sea de su agrado.
Extracto:
La transición energética en Canarias no puede decidirse a golpe de eslogan. Ni todo vale en nombre de las renovables, ni cualquier rechazo constituye una alternativa seria. El debate real exige combinar territorio, regulación, participación local y rigor técnico.
Renovables sí, pero bien: territorio, regulación y verdad en la transición energética de Canarias
La transición energética en Canarias necesita convicción. Pero también necesita verdad. En los últimos años se han instalado tres ideas que suenan bien, movilizan emociones y simplifican mucho el debate.
La primera dice: “renovables sí, pero así no”.
La segunda repite: “las grandes corporaciones se quedan con nuestro sol y nuestro viento”.
La tercera remata: “el sistema eléctrico está en manos de empresas que esquilman a la ciudadanía”.
Las tres contienen algo de verdad. Pero, tal como suelen formularse, las tres deforman la realidad. Y en Canarias, deformar la realidad sale caro.
El problema no es querer renovables. El problema es discutirlas mal
Europa no está planteando la transición como un adorno retórico. La Directiva europea revisada de renovables fijó para 2030 un objetivo vinculante de al menos el 42,5 % de energías renovables en el mix energético de la UE, con la ambición de llegar al 45 %. Además, esa revisión reforzó medidas para acelerar permisos e impulsar figuras como las comunidades energéticas. (Energy)
España tampoco ha planteado ese despliegue como una barra libre territorial. El resumen ambiental estratégico de la actualización del PNIEC reconoce al mismo tiempo dos hechos: que aumentar las renovables es imprescindible para reducir emisiones y que ese despliegue puede generar impactos relevantes sobre biodiversidad y territorio si se hace mal. (Ministerio de Transición Ecológica)
Ese es el punto de partida serio: la transición energética de Canarias no consiste en elegir entre renovables o territorio. Consiste en hacer renovables compatibles con el territorio sin convertir esa exigencia en una coartada para no hacer nada.
“Renovables sí, pero así no”: una objeción legítima que a veces se convierte en veto
La frase tiene una versión respetable. Nadie sensato debería defender una transición energética de Canarias chapucera, mal ubicada, mal explicada y socialmente arrogante. Es razonable exigir evaluación ambiental rigurosa, integración paisajística, planificación y participación local real. Eso no es frenar la transición. Eso es pedir que se haga bien. (Ministerio de Transición Ecológica)
El problema llega cuando el “así no” nunca se acompaña de un “entonces así sí”. Ahí la frase deja de ser una crítica de calidad y pasa a ser una fórmula de bloqueo. Porque si un proyecto no vale, hay que decir dónde sí. Si una implantación no convence, hay que explicar con qué combinación tecnológica sí se pretende cubrir demanda, dar estabilidad al sistema y recortar emisiones en plazos compatibles con la emergencia climática. Lo contrario no es prudencia. Es evasión.
Canarias no puede permitirse una transición sentimental
Canarias no discute sobre una red continental robusta y mallada. Discute sobre sistemas insulares aislados, con limitaciones físicas, costes elevados y dependencia histórica de combustibles fósiles. Por eso aquí el debate no puede quedarse en preferencias abstractas. Tiene que aterrizar en proyectos reales, regulación real, costes reales y tiempos reales. Y aquí entra una evidencia incómoda: impedir sistemáticamente cualquier implantación útil no conduce a una transición más justa. Conduce a una transición más lenta, más cara y más dependiente de lo fósil. Esa es una interpretación técnica razonable a partir del propio marco regulatorio y de la lógica de los sistemas no peninsulares. (Ministerio de Transición Ecológica)
“Se quedan con nuestro sol y nuestro viento”: una consigna potente, pero imprecisa
La frase conecta porque toca una sensación real. Muchos territorios sienten que soportan el impacto visual, el uso del suelo y el conflicto social, mientras una parte sustancial del valor económico termina lejos del lugar donde se instala el proyecto. Ese malestar no debe despreciarse. Tiene base política y territorial. Pero conviene afinar. Nadie se queda literalmente con el sol ni con el viento. Lo que se captura es el derecho a desarrollar el proyecto, ocupar un emplazamiento, conectarse a la red, vender la energía y apropiarse de buena parte de la renta asociada. Ahí sí está el debate serio.
La respuesta madura no es vetarlo todo, sino cambiar las reglas del reparto
La Comisión Europea subraya que las comunidades energéticas pueden aumentar la aceptación social, movilizar inversión local y repartir mejor los beneficios de la transición. Además, según el décimo informe del Estado de la Unión de la Energía, en la UE ya existen más de 8.000 comunidades energéticas. Ahora bien, el Tribunal de Cuentas Europeo advirtió en marzo de 2026 que la UE solo había alcanzado el 27 % del objetivo político de contar con al menos una comunidad energética por municipio de más de 10.000 habitantes antes de 2025. (Energy). La conclusión es sencilla: la participación ciudadana y comunitaria es real, valiosa y deseable. Pero hoy no basta por sí sola para levantar toda la transición.
Canarias ha introducido aquí un elemento interesante. La norma aprobada en enero de 2026 considera proyectos renovables con participación local aquellos en los que el promotor acredite haber ofrecido, al menos, el 20 % del proyecto a personas o entidades radicadas en la isla. Además, esa oferta es obligatoria para proyectos en suelo de más de 2 MW. (Gobierno de Canarias). Eso apunta en la dirección correcta. El problema no es que entre inversión privada. El problema es que el territorio solo ponga suelo, paisaje y conflicto mientras el grueso del beneficio sale fuera.
El sistema eléctrico español no es una jungla sin Estado
Aquí conviene despejar otra caricatura. La CNMC explica que, tras la liberalización, la generación y el suministro final se abrieron a la competencia, pero el transporte y la distribución siguen siendo actividades reguladas y con rasgos de monopolio natural. La Ley 24/2013 del Sector Eléctrico sigue siendo la pieza central de ese marco. Dicho sin rodeos: no todo el sistema está “en manos del mercado”, ni mucho menos. El transporte y la distribución están regulados. Sus peajes y retribuciones están sometidos a metodología regulatoria. Y en generación y comercialización tampoco existe una libertad pura y ajena al poder público. Hay autorizaciones, normas de acceso y conexión, regulación del PVPC, comercializadores de referencia, bono social y, en los territorios no peninsulares, un régimen singular de despacho y compensación.
Redeia tampoco encaja en el relato de “todo lo mandan las corporaciones”
Redeia no es una empresa estatal pura. Pero tampoco es una sociedad privada cualquiera, desligada del interés público. Según la información societaria de la propia compañía, la SEPI mantenía el 20 % del capital a 31 de diciembre de 2025. Ese dato, por sí solo, no convierte a Redeia en una empresa pública integral. Pero sí desmonta la idea de una pieza estratégica del sistema completamente ajena al Estado. (Redeia)
La crítica al sector eléctrico puede ser legítima. La caricatura de que todo funciona como un cortijo sin regulación ni presencia pública, no.
El caso canario: el dato que suele desaparecer del debate
Aquí está uno de los puntos más importantes de todo el artículo. Generar electricidad en un sistema aislado como el canario cuesta mucho más que hacerlo en la Península. Y, sin embargo, el consumidor canario no asume íntegramente ese coste en su factura. El MITECO lo explica con claridad: en los territorios no peninsulares, la diferencia entre los costes de generación y lo que perciben las instalaciones en el despacho se denomina extracoste, y esa cuantía se financia al 50 % como coste del sistema eléctrico y al 50 % con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. (Ministerio de Transición Ecológica)
Ese solo hecho debería introducir un poco de sobriedad en el debate. Porque significa que Canarias no vive abandonada a un supuesto saqueo sin control. Vive dentro de un sistema muy intervenido y, además, muy compensado.
Los números ayudan a enfocar el asunto
Para no quedarnos en generalidades, conviene bajar a dos cifras concretas. La CNMC previó para Canarias unos ingresos de acceso de 360,079 millones de euros en 2025. Esa cifra recoge peajes de transporte y distribución más cargos del sistema en el subsistema canario. En 2024 la previsión fue de 362,069 millones. A la vez, en el plano del extracoste de los territorios no peninsulares, la CNMC señaló que la compensación prevista para 2025 con cargo al sistema eléctrico ascendía a 836,187 millones de euros, y recordó que la Ley 24/2013 lleva implícita una cuantía equivalente con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. No es una cifra exclusiva de Canarias, sino del conjunto de los territorios no peninsulares, pero sirve para dimensionar el tamaño real del esfuerzo público que corrige la insularidad eléctrica. (CNMC). Dicho de otra forma: cuando alguien habla del sistema canario como si fuera un negocio privado sin contrapesos, omite un dato esencial. Hay una compensación pública enorme para evitar que el coste real de la insularidad lo pague directamente el ciudadano canario. Y eso cambia mucho el marco moral del debate.
La posición seria no es “todo vale”, pero tampoco “nada vale”
Una posición seria debería sostener al menos seis cosas:
- Primera: renovables sí, pero con planificación inteligente.
- Segunda: protección territorial sí, pero sin convertirla en una cultura del veto permanente.
- Tercera: participación local sí, y no como adorno, sino como parte del reparto del valor. La norma canaria del 20 % apunta justamente a eso. (Gobierno de Canarias).
- Cuarta: comunidades energéticas sí, pero sin venderlas como si por sí solas pudieran sustituir todo el despliegue a escala que exige la descarbonización. Los datos europeos muestran su potencial, pero también sus límites actuales. (Energy).
- Quinta: inversión privada sí, pero sometida a reglas, transparencia y retorno territorial.
- Sexta: regulación pública sí, pero sin engañarse. Regular mucho no significa que todo funcione bien. Significa, simplemente, que el relato del “saqueo sin Estado” no describe bien la realidad.
Canarias necesita menos consigna y más verdad
Ese es, en el fondo, el núcleo del asunto. La transición energética en Canarias necesita renovables, autoconsumo, participación local y comunidad. Necesita regulación pública fuerte. Y necesita aceptar una evidencia muy básica: una isla no se electrifica solo con simpatías sociales, ni solo con cubiertas, ni solo con frases felices. Se electrifica con proyectos reales, con red, con regulación, con inversión, con aceptación social suficiente y con un reparto más justo del valor. Ese es el terreno serio.
No renovables de cualquier manera. Pero tampoco renovables en ninguna parte.
