Zapatero y el auto de Calama: cuando la sospecha judicial se convierte en munición política

La imputación de José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra exige una lectura serena, pero no ingenua. No estamos ante un asunto menor: un expresidente del Gobierno ha sido citado como investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales, en una resolución judicial de enorme impacto político. Ahora bien, precisamente por esa gravedad, conviene no confundir un auto de instrucción con una sentencia, ni una hipótesis judicial con una verdad demostrada.

El auto dictado el 18 de mayo de 2026 por el juez José Luis Calama cita a Zapatero para declarar el 2 de junio en calidad de investigado. La cédula incorporada al procedimiento señala que la citación se produce por presuntos delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales. La investigación se inserta en la causa relativa al rescate público de Plus Ultra, aerolínea que recibió 53 millones de euros del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas durante la pandemia. Reuters también ha informado de la colaboración de Homeland Security Investigations en la extracción de datos de un dispositivo móvil vinculado a Rodolfo Reyes, figura relacionada con Plus Ultra. (Reuters)

Hasta aquí, los hechos procesales. Otra cosa distinta es el salto político, mediático y narrativo que se está intentando construir alrededor del auto. Y ahí es donde empieza el problema.

Una imputación no es una condena

El primer punto que conviene recordar es básico, pero parece haberse evaporado del debate público: estar investigado no equivale a ser culpable. El propio auto reconoce que la atribución de la condición de investigado se produce cuando existen indicios racionales de criminalidad, sin que sea exigible en esta fase una prueba plena ni una calificación jurídica definitiva.

Esa frase debería estar presidiendo cualquier análisis honesto del caso. Sin embargo, buena parte de la reacción política y mediática ha funcionado exactamente al revés: se toma el relato indiciario del instructor como si fuera una verdad judicial consolidada. Se seleccionan las frases más llamativas, se amplifican los motes, se convierten las conversaciones de terceros en prueba directa y se construye una imagen pública de culpabilidad antes de que el investigado haya declarado.

Eso no es justicia. Es una trituradora reputacional.

El problema del auto: una arquitectura de sospecha muy expansiva

El auto es extenso, minucioso y grave. Pero también presenta una característica que debería preocupar a cualquier demócrata: construye buena parte de su relato mediante una acumulación de inferencias. Hay conversaciones de terceros, referencias indirectas, expresiones coloquiales, motes, alusiones a “Grupo Zapatero”, menciones a “nuestro pana Zapatero detrás” y frases que sugieren influencia, pero que no siempre acreditan por sí mismas una actuación directa, concreta y penalmente típica del expresidente.

Naturalmente, un juez instructor puede trabajar con indicios. Esa es precisamente la lógica de la fase de investigación. El problema aparece cuando esos indicios se redactan con una contundencia narrativa que parece ir mucho más allá de su valor probatorio real. Una cosa es decir que existen elementos que justifican tomar declaración a Zapatero. Otra muy distinta es presentar una supuesta “estructura jerarquizada” liderada por él como si esa conclusión estuviera ya cerrada.

Ese desliz no es menor. En causas de alto impacto político, el lenguaje judicial tiene consecuencias públicas inmediatas. Una resolución de instrucción puede convertirse en una sentencia mediática antes de que exista juicio, defensa contradictoria o valoración probatoria completa.

Lawfare no significa negar la justicia

Hablar de lawfare no debería entenderse como un ataque automático a los jueces ni como una coartada para blindar a nadie. El concepto no exige afirmar que cada magistrado actúe con intencionalidad política. Puede referirse también a un fenómeno más amplio: la utilización política, mediática y partidista de procedimientos penales para destruir reputaciones, condicionar gobiernos o erosionar adversarios antes de que los tribunales se pronuncien definitivamente.

En ese sentido, el caso Zapatero tiene todos los ingredientes para convertirse en una pieza de lawfare: un expresidente socialista, una causa con enorme carga simbólica, un relato judicial de gran dureza, filtraciones o difusión intensiva del contenido, utilización inmediata por la oposición y una dinámica mediática que transforma indicios en titulares condenatorios. El País ha señalado el enorme impacto político de la imputación y la necesidad de explicaciones, mientras que otros medios han recogido una reacción parlamentaria marcada por la tensión y el uso partidista del caso. (El País)

Lo preocupante no es que se investigue. Si hay indicios, debe investigarse. Lo preocupante es que la investigación pueda ser convertida en un mecanismo de demolición política antes de que se haya comprobado si esos indicios resisten una prueba seria.

La paradoja del propio auto

Hay un detalle especialmente revelador. El Ministerio Fiscal informó favorablemente a varias diligencias solicitadas, pero no a la entrada y registro en el domicilio particular de Zapatero, según recoge el propio auto. Además, el juez rechaza finalmente ese registro domiciliario porque no aprecia indicios concretos que conecten el domicilio privado con fuentes de prueba relevantes, instrumentos del delito o documentación vinculada a los hechos investigados.

Esta parte es importante porque introduce una grieta en la lectura maximalista del caso. Si el relato fuera tan compacto, tan cerrado y tan evidente como algunos titulares sugieren, cabría esperar una conexión probatoria más directa con determinados espacios personales del investigado. El propio auto, sin embargo, reconoce límites. Reconoce que una medida tan intrusiva no puede convertirse en una actuación exploratoria o prospectiva.

Ese mismo principio debería aplicarse al debate público: una imputación no puede convertirse en una exploración ilimitada de la biografía política de una persona hasta destruirla por asociación.

Zapatero debe explicarse, pero no ser linchado

José Luis Rodríguez Zapatero debe dar explicaciones. Eso es evidente. No basta con invocar su trayectoria, su papel en la paz, su peso internacional o su condición de expresidente. Si se le atribuyen relaciones económicas, sociedades interpuestas, pagos, asesoramientos o contactos vinculados a Plus Ultra, tiene que aclararlo con precisión.

Ahora bien, exigir explicaciones no significa aceptar un linchamiento. Zapatero ha negado cualquier actuación ilícita y, según Reuters, ha rechazado haber cometido irregularidades, mientras Pedro Sánchez ha defendido el respeto al procedimiento judicial y a la presunción de inocencia. (Reuters) Esa debe ser la línea democrática: transparencia, sí; investigación, sí; condena anticipada, no.

El problema de fondo es que en España se ha instalado una dinámica venenosa: la mera apertura de una investigación ya sirve para dictar sentencia política. Después, si la causa se archiva años más tarde, el daño queda hecho. La absolución llega en letra pequeña; la imputación ocupa portadas.

Una izquierda que no puede ser ingenua

La izquierda tiene que ser muy cuidadosa en este terreno. No puede caer en el reflejo de cerrar filas acríticamente ante cualquier investigación que afecte a alguien de su espacio. Esa actitud sería un error. Pero tampoco puede aceptar sin más una lógica judicial-mediática que durante años ha operado de forma especialmente agresiva contra dirigentes progresistas, independentistas o figuras incómodas para determinados poderes.

El equilibrio es difícil, pero imprescindible: defender la independencia judicial no obliga a callar ante los excesos del uso político de la justicia. Respetar a los jueces no significa renunciar a analizar críticamente sus autos. Creer en el Estado de derecho no exige aceptar que cualquier relato indiciario sea tratado como verdad revelada.

En este caso, el riesgo es evidente. La figura de Zapatero tiene un valor simbólico muy alto para el PSOE y para una parte de la memoria progresista reciente: derechos civiles, matrimonio igualitario, retirada de Irak, políticas sociales, diálogo territorial. Convertirlo en el rostro de una supuesta trama corrupta tiene un efecto político devastador. Precisamente por eso, la exigencia probatoria debe ser máxima.

La derecha ya ha dictado sentencia

La reacción de la derecha política y mediática era previsible. No ha esperado a la declaración de Zapatero, ni al contraste de pruebas, ni al desarrollo de la instrucción. El auto ha sido recibido como una oportunidad para presentar al expresidente como prueba viviente de una supuesta corrupción estructural del socialismo. Algunos dirigentes han utilizado la imputación para cargar contra el Gobierno y reforzar el relato de descomposición del PSOE, según han recogido medios que siguieron las reacciones del 19 y 20 de mayo. (elconfidencial.com)

Ese uso político inmediato confirma el riesgo de lawfare en sentido amplio. El procedimiento judicial pasa a ser solo una parte del proceso. La otra, quizá más efectiva, ocurre en televisiones, portadas, redes sociales y discursos parlamentarios. Ahí no se necesita condena. Basta con la sospecha.

El verdadero debate democrático

La pregunta de fondo no es si Zapatero debe ser investigado. Si existen indicios suficientes, debe serlo. La pregunta es si una democracia madura puede permitir que un auto de instrucción se convierta en una herramienta de destrucción reputacional antes de que haya juicio.

También debemos preguntarnos si todos los investigados reciben el mismo tratamiento mediático y político. No parece. Hay causas que se tratan con cautela exquisita y otras que se convierten en espectáculo nacional. Hay imputaciones que apenas rozan a sus protagonistas y otras que se transforman en una condena social inmediata. Esa doble vara de medir erosiona la confianza ciudadana en la justicia y en los medios.

El caso Zapatero exige investigación, pero también exige garantías. Exige transparencia, pero también prudencia. Exige explicaciones, pero también rechazo al linchamiento.

Conclusión: investigar sí, destruir no

A 20 de mayo de 2026, lo único jurídicamente sólido es que Zapatero ha sido citado como investigado en una causa grave. Lo demás forma parte de una instrucción abierta, sometida a contradicción y pendiente de prueba. El auto de Calama contiene indicios relevantes, pero también una construcción narrativa muy expansiva que deberá ser contrastada con enorme rigor.

Una democracia no se defiende convirtiendo a los jueces en enemigos. Pero tampoco se defiende convirtiendo cada auto judicial en una sentencia política. La justicia debe investigar sin presiones. La política debe debatir sin manipular. Los medios deberían informar sin fabricar culpables antes de tiempo.

Zapatero tiene que explicarse. El juez tendrá que probar. Y la sociedad debería resistirse a ese reflejo tan español de confundir sospecha con verdad, instrucción con condena y procedimiento penal con espectáculo político.

Porque cuando la justicia se utiliza como munición, aunque sea envuelta en lenguaje jurídico, la democracia siempre sale perdiendo.