Defender el Estado del bienestar es defender la democracia
Europa atraviesa un momento inquietante. Las protestas que sacuden Francia, las reformas sociales discutidas en distintos países y el creciente protagonismo de discursos políticos que cuestionan derechos e instituciones democráticas reflejan tensiones que llevaban tiempo acumulándose. Detrás de las cifras del déficit, de las controversias sobre las pensiones y de los enfrentamientos parlamentarios hay millones de ciudadanos preocupados por algo bastante elemental: conservar unas condiciones de vida dignas y ofrecer a sus hijos un futuro razonablemente mejor.
Defender el Estado del bienestar vuelve a ser una cuestión central en el debate europeo. Y conviene hacerlo sin idealizaciones, reconociendo sus problemas y las reformas que necesita, pero sin aceptar que cada dificultad económica deba resolverse debilitando las conquistas sociales de las últimas generaciones.
Personalmente, me preocupa especialmente la facilidad con la que determinados discursos convierten la inseguridad económica en desconfianza hacia la democracia. Cuando la frustración encuentra como respuesta el enfrentamiento permanente, la búsqueda de culpables colectivos o la promesa de soluciones milagrosas, los problemas materiales continúan mientras se deteriora nuestra convivencia.
Frente a esa deriva, merece la pena reivindicar el valor de las instituciones democráticas, la solidaridad y una ciudadanía activa que sepa defender pacíficamente sus derechos.
Francia: las protestas revelan un malestar que viene de lejos
Francia está viviendo una de sus etapas de mayor conflictividad social y política de los últimos años. Las movilizaciones estudiantiles iniciadas por las condiciones de la educación pública han coincidido con protestas por el coste de la vida, el deterioro de los servicios públicos y unas expectativas económicas cada vez más inciertas.
Las grandes manifestaciones del 17 de octubre de 2026 desembocaron también en graves disturbios, con enfrentamientos, daños materiales y numerosas detenciones. Es necesario condenar los actos violentos, pero sería un error confundirlos con el conjunto de ciudadanos que ejercen pacíficamente su derecho a protestar.
El país atraviesa, además, una situación financiera complicada. El Gobierno intenta controlar un elevado endeudamiento y reducir el déficit presupuestario, mientras la fragmentación parlamentaria dificulta alcanzar acuerdos estables.
Los problemas económicos son reales y requieren respuestas. Sin embargo, las dificultades actuales no explican por sí solas el profundo descontento social. Durante años se han sucedido reformas, conflictos laborales y protestas que ponen de manifiesto la distancia creciente entre las decisiones gubernamentales y las expectativas de una parte importante de la sociedad.
Francia nos recuerda que una economía puede seguir funcionando mientras se debilita progresivamente la confianza de quienes viven de ella.
Cuando las cuentas públicas se convierten en un conflicto social
Los gobiernos tienen la obligación de administrar responsablemente los recursos públicos. El endeudamiento, los intereses de la deuda y los déficits persistentes condicionan la capacidad de financiar políticas sociales. Ignorar estas limitaciones sería tan poco responsable como utilizar cualquier desequilibrio presupuestario para justificar recortes indiscriminados.
El verdadero debate comienza cuando se decide cómo corregir esos desequilibrios.
Se puede actuar sobre los ingresos tributarios, revisar determinados beneficios fiscales, mejorar la gestión administrativa, combatir el fraude, modificar prioridades presupuestarias o reorganizar programas públicos. Cada alternativa produce efectos diferentes y reparte sus costes entre colectivos distintos.
Por eso, presentar los ajustes como decisiones exclusivamente técnicas oculta una parte esencial de la cuestión. La técnica permite calcular consecuencias, identificar riesgos y comparar escenarios. La política debe decidir qué intereses proteger y cómo distribuir los esfuerzos.
Una reducción del gasto sanitario puede mejorar temporalmente una partida presupuestaria, pero terminar generando listas de espera, problemas de salud y costes posteriores. Una política que dificulte el acceso a la educación puede comprometer oportunidades laborales durante décadas.
La responsabilidad fiscal exige mirar más allá del resultado inmediato de una hoja de cálculo. Las consecuencias sociales también forman parte del balance.
Bélgica, Alemania e Italia: distintas respuestas a una misma presión
Lo que ocurre en Francia encuentra correspondencias en otros países europeos, aunque sus circunstancias y decisiones sean diferentes.
En Bélgica, las propuestas de contención del gasto y las dificultades para cerrar acuerdos presupuestarios han provocado importantes movilizaciones sindicales, incluidas las huelgas de octubre de 2026. Los trabajadores cuestionan las consecuencias de determinadas reformas, mientras el Gobierno defiende la necesidad de corregir los desequilibrios financieros.
Alemania debate cómo adaptar sus pensiones al envejecimiento de la población. En junio de 2026, una comisión oficial presentó 33 recomendaciones que incluyen cambios en la edad de jubilación, la ampliación de los colectivos incorporados al seguro público y nuevas fórmulas complementarias de financiación. Son propuestas que requieren decisiones posteriores y que no pueden calificarse indiscriminadamente como recortes.
Italia ofrece otro ejemplo interesante. Su Gobierno conservador ha planteado una mayor contribución del sector financiero para ayudar a financiar el presupuesto de 2027, combinándola con ajustes del gasto y medidas de apoyo a los hogares.
Estas diferencias demuestran que existen alternativas y que las reformas no responden siempre a divisiones ideológicas perfectamente delimitadas.
Lo que merece una discusión pública rigurosa es su impacto real: cuánto aportan, qué problemas resuelven, a quién benefician y quién soporta finalmente sus costes.
El Estado del bienestar es mucho más que una partida presupuestaria
Conviene recordar lo que representa el modelo social europeo.
La sanidad pública, la educación, las pensiones, la atención a la dependencia, la protección frente al desempleo y los servicios sociales forman parte de un sistema de seguridad colectiva que ha contribuido decisivamente a mejorar las condiciones de vida.
Su importancia resulta especialmente evidente cuando atravesamos circunstancias que no podemos controlar individualmente.
Una enfermedad grave puede alterar por completo la economía familiar. La pérdida del empleo puede llegar después de décadas de cotizaciones. La dependencia aparece frecuentemente cuando las personas y sus familias disponen de menos capacidad para afrontar sus consecuencias.
Los sistemas públicos permiten compartir esos riesgos mediante mecanismos de solidaridad, contribuciones y derechos legalmente reconocidos. Naturalmente, necesitan financiación y una gestión eficiente. También necesitan adaptarse a los cambios económicos y demográficos.
Pero sería profundamente injusto describirlos como una carga que soportan unos ciudadanos para beneficio exclusivo de otros.
Todos podemos necesitarlos. Incluso quienes creen que nunca dependerán de una prestación pública se benefician de vivir en una sociedad con mejores condiciones sanitarias, educativas y de convivencia.
Defender el Estado del bienestar significa reconocer ese interés colectivo y exigir que sus instituciones funcionen adecuadamente.
Una Europa rica que todavía convive con la pobreza
Hay un dato que debería ocupar un lugar mucho más destacado en las discusiones sobre el futuro económico europeo.
Según la Estrategia de la Unión Europea contra la Pobreza, presentada por la Comisión Europea el 6 de mayo de 2026, aproximadamente 93 millones de personas se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social. Entre ellas hay alrededor de 19,3 millones de menores.
Estas cifras permiten comprender por qué el bienestar material continúa siendo una cuestión central para las democracias europeas.
El problema afecta a personas desempleadas, pero también a trabajadores cuyos salarios no bastan para afrontar la vivienda y otros gastos esenciales. La precariedad laboral, las diferencias territoriales y las dificultades de acceso a servicios básicos impiden que la prosperidad económica se distribuya de manera suficientemente amplia.
La propia Comisión Europea reconoce que combatir la pobreza contribuye a fortalecer la cohesión social y a reducir la desconfianza institucional.
A mi juicio, esa relación merece especial atención. Cuando una persona trabaja, cumple sus obligaciones y aun así contempla cómo se aleja la posibilidad de independizarse o mantener una familia, resulta comprensible que cuestione la eficacia de las instituciones.
La respuesta democrática debería abordar las causas de esa frustración antes de que otros la conviertan en un instrumento de enfrentamiento social.
El peligro de los discursos que buscan culpables fáciles
Las dificultades económicas ofrecen un terreno favorable a los mensajes que prometen recuperar un pasado idealizado mediante decisiones aparentemente sencillas.
La inmigración, los sindicatos, los empleados públicos, los beneficiarios de prestaciones o determinadas minorías aparecen en ocasiones convertidos en responsables de problemas cuya explicación es bastante más compleja.
Esta forma de interpretar la realidad resulta especialmente preocupante cuando se acompaña de hostilidad hacia el pluralismo, descrédito sistemático de los medios independientes o intentos de presentar los controles judiciales como obstáculos ilegítimos para gobernar.
Conviene ser precisos: defender una política migratoria restrictiva, proponer reformas del sistema público o cuestionar determinadas actuaciones judiciales forma parte del debate democrático. Es legítimo discrepar profundamente sobre esas cuestiones.
Los riesgos aparecen cuando las propuestas se sustentan en la discriminación, en la eliminación de garantías fundamentales o en la idea de que una mayoría electoral concede autoridad para actuar sin límites.
La democracia permite a los gobiernos aplicar programas diferentes, pero les exige respetar unas reglas comunes.
Esas reglas protegen también a quienes pierden unas elecciones y a quienes mantienen posiciones minoritarias.
La experiencia histórica europea debería habernos enseñado el peligro de utilizar el malestar ciudadano para justificar restricciones de derechos y concentraciones de poder.
Los valores democráticos no son patrimonio de ningún partido
La Unión Europea reconoce entre sus valores fundamentales la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos.
Estos principios están recogidos en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea y constituyen compromisos que deben respetar los Estados miembros, independientemente de la orientación política de sus gobiernos.
Sin embargo, los textos jurídicos no garantizan por sí solos su cumplimiento.
El Informe sobre el Estado de Derecho de 2026 de la Comisión Europea examina la independencia judicial, la lucha contra la corrupción, la libertad de los medios de comunicación y los mecanismos institucionales de control.
Es una labor importante porque las democracias pueden deteriorarse gradualmente, incluso mientras mantienen elecciones y parlamentos.
La independencia judicial, la libertad de prensa, la separación de poderes y la capacidad de los ciudadanos para organizarse constituyen garantías frente al ejercicio arbitrario de la autoridad.
Su defensa debería formar parte de una cultura democrática compartida, capaz de superar las simpatías y antipatías partidistas.
No tendría sentido exigir independencia institucional únicamente cuando gobiernan nuestros adversarios. La coherencia democrática consiste precisamente en aceptar esos límites también cuando afectan a quienes preferimos.
La desconfianza institucional tiene consecuencias
Los datos franceses permiten comprender hasta qué punto el problema ha adquirido profundidad.
La encuesta de confianza de la OCDE publicada en junio de 2026, basada en entrevistas realizadas en 2025, señalaba que solamente el 22 % de la población francesa expresaba una confianza elevada o moderadamente elevada en su Gobierno nacional. En 2023 ese porcentaje había alcanzado el 34 %.
La confianza en los partidos políticos se situaba en el 15 %.
No son cifras que permitan atribuir automáticamente responsabilidades a un partido o reforma concreta. Pero sí muestran un deterioro preocupante del vínculo entre representantes y representados.
Cuando una parte muy importante de la ciudadanía deja de confiar en las instituciones políticas, aumenta la dificultad para adoptar decisiones complejas y sostener acuerdos de largo plazo.
También se abre espacio para quienes presentan cualquier negociación como una traición, cualquier discrepancia como una conspiración y cualquier control institucional como un impedimento para actuar.
La confianza no se recupera mediante campañas publicitarias. Necesita transparencia, instituciones eficaces, compromisos cumplidos y capacidad para reconocer los errores.
Los ciudadanos pueden aceptar decisiones difíciles. Lo que resulta mucho más complicado es pedirles sacrificios mientras perciben arbitrariedad, desigualdad de trato o ausencia de explicaciones convincentes.
La resistencia pacífica forma parte de la democracia
Ante situaciones de retroceso social o deterioro institucional, la ciudadanía tiene derecho a expresar públicamente su desacuerdo.
La movilización pacífica, la actividad sindical, el derecho de huelga, las asociaciones vecinales, las organizaciones sociales y la participación en iniciativas cívicas han contribuido históricamente a consolidar derechos que hoy consideramos fundamentales.
Muchos avances laborales y sociales fueron precedidos por largos procesos de negociación y presión colectiva. Resultaría difícil comprender la historia de las democracias europeas sin reconocer ese protagonismo ciudadano.
La Constitución española protege la libertad de expresión, el derecho de reunión pacífica y el derecho de huelga, con sus correspondientes garantías y límites legales.
Ejercer estos derechos no implica cuestionar la legitimidad democrática de un Gobierno. Significa utilizar los instrumentos que el propio sistema constitucional reconoce para defender intereses colectivos y reclamar cambios.
La resistencia pacífica exige también responsabilidad. Los daños a personas o bienes, las amenazas y la intimidación contradicen los principios que deberían orientar una movilización democrática.
Del mismo modo, las autoridades tienen la obligación de garantizar que las protestas legítimas puedan desarrollarse con respeto a los derechos fundamentales.
Una sociedad democrática necesita ciudadanos capaces de aceptar resultados electorales, cuestionar decisiones gubernamentales y participar activamente entre unas elecciones y las siguientes.
Defender lo público también exige reconocer sus problemas
La defensa del Estado del bienestar pierde credibilidad cuando se convierte en una justificación automática de cualquier actuación administrativa.
Existen servicios públicos mal organizados, inversiones poco eficaces, procedimientos innecesariamente complejos y decisiones políticas que merecen una crítica severa.
Ignorarlo solo facilita el trabajo de quienes pretenden presentar todo lo público como ineficiente.
Precisamente porque considero esenciales los servicios públicos, creo que debemos exigirles buena gestión, transparencia, evaluación independiente y responsabilidad sobre sus resultados.
Una sanidad pública fuerte necesita profesionales suficientes, planificación, medios materiales adecuados y procedimientos que permitan atender a las personas en plazos razonables. La educación requiere financiación, estabilidad y capacidad para corregir desigualdades. Los sistemas de pensiones necesitan análisis rigurosos de sus perspectivas demográficas y financieras.
El compromiso con estos derechos obliga a afrontar sus dificultades, aunque las soluciones resulten incómodas.
La alternativa al deterioro de los servicios públicos no tiene por qué ser necesariamente su privatización. Pero tampoco podemos asumir que cualquier incremento presupuestario produzca automáticamente mejores prestaciones.
Las reformas deben examinarse por su capacidad para resolver problemas concretos, mantener la accesibilidad y preservar la igualdad de trato.
Ese es el terreno donde la defensa de lo público adquiere mayor solidez.
España también debe aprender de lo que está sucediendo
Sería un error contemplar los acontecimientos franceses como si pertenecieran a una realidad completamente ajena.
España comparte con otros países europeos preocupaciones relacionadas con las pensiones, la financiación sanitaria, las dificultades de acceso a la vivienda y la precariedad laboral de parte de las nuevas generaciones.
Nuestra Constitución define España como un Estado social y democrático de Derecho. Su artículo 41 establece que los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social que garantice prestaciones suficientes ante situaciones de necesidad.
Ese compromiso constitucional no elimina los debates legítimos sobre su financiación ni determina una única política económica. Pero recuerda que la protección social forma parte de las obligaciones fundamentales de los poderes públicos.
También resulta necesario preservar una cultura política en la que los adversarios puedan discrepar sin cuestionarse mutuamente su condición de ciudadanos legítimos.
La polarización permanente deteriora esa cultura. Cuando cualquier negociación se presenta como una claudicación y cada debate parlamentario se transforma en una confrontación identitaria, resulta mucho más difícil abordar reformas que requieren continuidad.
Las políticas sociales necesitan financiación, acuerdos institucionales y capacidad para sobrevivir a los cambios de Gobierno.
Esa estabilidad difícilmente puede construirse si convertimos cada discrepancia en una batalla contra la legitimidad del otro.
Una sociedad que se defiende sin renunciar a sus principios
Europa afrontará decisiones difíciles durante los próximos años. Tendrá que adaptar sus sistemas de protección social, responder al envejecimiento demográfico, mejorar sus perspectivas económicas y mantener unos servicios públicos capaces de atender las necesidades de una población cambiante.
No disponemos de soluciones sencillas para todos esos desafíos. Tampoco podemos garantizar que cada derecho o prestación conservará indefinidamente su configuración actual.
Pero sí podemos defender unos principios que deberían orientar cualquier reforma: proteger a quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad, repartir razonablemente los esfuerzos, respetar las instituciones democráticas y garantizar que la ciudadanía pueda participar en las decisiones que afectan a su vida.
Me parece especialmente importante evitar que el miedo nos lleve a aceptar como inevitables medidas que todavía no han sido suficientemente debatidas.
La indignación
La indignación puede ser legítima. La protesta pacífica también. Ambas encuentran su mejor expresión cuando se acompañan de argumentos, organización cívica y respeto hacia quienes piensan de otra manera.
El Estado del bienestar necesita ciudadanos que lo valoren, gobiernos que lo administren responsablemente e instituciones que hagan efectivos sus derechos. Su defensa exige tanto compromiso social como honestidad para reconocer aquello que necesita cambiar.
No sabemos cómo evolucionarán las tensiones que hoy recorren Francia y otros países europeos. Pero sí conocemos el valor de lo que está en juego.
Europa ha construido durante décadas un modelo de convivencia que combina libertades políticas, protección social y derechos individuales. Sus resultados son imperfectos, sus instituciones necesitan mejoras y sus contradicciones merecen críticas. Precisamente por eso conviene cuidarlo, reformarlo y defenderlo.
Porque una democracia no se mide solamente por la libertad que reconoce sobre el papel, sino también por las posibilidades reales que ofrece a las personas para vivir con dignidad y ejercer esa libertad.
Y esa es una conquista colectiva demasiado importante como para contemplar pasivamente su deterioro.
