Sánchez en la ONU: defender las reglas cuando vuelve la ley del más fuerte
Hay momentos en los que defender algo que durante décadas pareció formar parte del consenso termina convirtiéndose en una posición política. Eso ocurrió con Sánchez en la ONU. El presidente español subió a la tribuna de la Asamblea General para reivindicar el multilateralismo, el derecho internacional, la cooperación y unas Naciones Unidas reformadas precisamente cuando una parte creciente del mundo parece caminar en dirección contraria.
Su discurso admite matices y contiene propuestas muy difíciles de llevar a la práctica. También incluye alguna omisión significativa y un error factual que conviene señalar. Pero, en conjunto, la intervención tuvo una virtud que merece ser reconocida: situó en el centro del debate internacional una cuestión que hoy resulta decisiva. ¿Queremos un mundo sometido, aunque sea imperfectamente, a reglas comunes o aceptamos que la capacidad económica, tecnológica y militar vuelva a determinar cada vez más quién puede imponer su voluntad?
Ese debate trasciende a Pedro Sánchez. Afecta a la clase de orden internacional que estamos dispuestos a defender.
Sánchez en la ONU: un discurso deliberadamente político
Pedro Sánchez comenzó su intervención con una declaración poco habitual en el lenguaje diplomático. Había subido a aquella tribuna, dijo, para defender aquello que «muchos están intentando destruir». Después habló de gobiernos que cuestionan las reglas, debilitan los organismos multilaterales y utilizan posteriormente su ineficacia como argumento para desacreditarlos.
La transcripción oficial de su intervención permite comprobar que no estamos ante una lectura construida desde fuera. La defensa del multilateralismo constituye el verdadero hilo conductor del discurso.
Donald Trump no fue mencionado. Tampoco hacía falta para percibir el contraste.
Un día antes, el presidente estadounidense había pronunciado ante la misma Asamblea una intervención en la que la soberanía estadounidense, su superioridad militar y su capacidad de coerción ocupaban un lugar central. Frente a esa lógica, Sánchez reivindicó unas instituciones internacionales capaces de limitar también a los poderosos.
Convertirlo todo en una simple confrontación personal entre Sánchez y Trump sería empobrecer el debate. Lo relevante es que ambos discursos expresan concepciones muy diferentes de las relaciones internacionales. Una confía prioritariamente en la capacidad de los Estados para proteger sus intereses mediante su propia fuerza; la otra insiste en que incluso las grandes potencias deben quedar sometidas a normas, tribunales y organizaciones comunes.
En el momento internacional actual, defender esa segunda posición no parece irrelevante. Al contrario, empieza a requerir una voluntad política que durante años se daba casi por descontada.
Defender una ONU imperfecta sigue teniendo sentido
Sánchez tuvo además el acierto de no presentar Naciones Unidas como una institución ideal. Reconoció sus contradicciones y carencias. Habría resultado difícil sostener otra cosa cuando el Consejo de Seguridad permanece bloqueado ante algunos de los conflictos más graves de nuestro tiempo.
Ucrania, Gaza y otras crisis recientes muestran una realidad incómoda. Naciones Unidas puede aprobar resoluciones, organizar ayuda humanitaria, documentar violaciones de derechos, mantener abiertas vías diplomáticas y establecer marcos jurídicos comunes, pero carece muchas veces de capacidad para detener a quien dispone de suficiente poder político o militar para desafiarla.
La cuestión realmente importante es qué conclusión extraemos de esa impotencia.
Sánchez propone reformar el sistema: ampliar la representatividad del Consejo de Seguridad, reforzar las instituciones internacionales, reconstruir los mecanismos de desarme y no proliferación y llegar incluso a eliminar el derecho de veto de los cinco miembros permanentes.
Son propuestas ambiciosas. Algunas, además, extraordinariamente difíciles de materializar.
El artículo 108
El artículo 108 de la Carta de Naciones Unidas establece que una modificación de la Carta necesita la aprobación de dos tercios de la Asamblea General y la posterior ratificación de dos tercios de los Estados miembros, incluidos todos los miembros permanentes del Consejo de Seguridad.
En la práctica, para que Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido perdieran su derecho de veto tendrían que aceptar una reforma que redujera su propio poder.
Eso convierte la propuesta de Sánchez en un horizonte político más que en una reforma inmediata. Pero señalar esa dificultad no debería llevarnos a minusvalorar el problema que plantea. El Consejo de Seguridad sigue reflejando una distribución del poder nacida al terminar la Segunda Guerra Mundial y cada vez cuesta más justificar que cinco países mantengan una capacidad de bloqueo tan determinante sobre asuntos que afectan al conjunto de la humanidad.
Que una reforma sea difícil no significa que carezca de sentido defenderla.
La fuerza del derecho y la exigencia de coherencia
Una de las ideas centrales de la intervención fue la necesidad de sustituir «el derecho del más fuerte» por «la fuerza del derecho». La expresión puede sonar solemne, pero resume con bastante precisión uno de los problemas esenciales de nuestro tiempo.
Una de las críticas más persistentes al denominado orden internacional basado en reglas es la existencia de dobles raseros. La severidad con la que se responde a una vulneración del derecho internacional puede variar considerablemente dependiendo del Estado responsable, de sus alianzas o de su importancia estratégica.
Ese problema ha deteriorado la credibilidad de Occidente en buena parte del mundo.
Precisamente por eso resulta relevante que Sánchez tratara de construir una posición española basada en una mayor coherencia: respaldar las sanciones contra Rusia por la invasión de Ucrania y mantener, simultáneamente, una posición muy crítica con el Gobierno israelí por Gaza.
Puede discutirse hasta dónde alcanza esa coherencia en la práctica. La política exterior nunca se construye únicamente desde los principios; también intervienen intereses económicos, estratégicos, energéticos y de seguridad. Pero la pretensión de aplicar un mismo marco jurídico a aliados y adversarios constituye, al menos, una dirección política defendible.
Hay además una precisión jurídica que no debería perderse.
Sánchez volvió a utilizar el término «genocidio» para referirse a Gaza. Esa es la posición política mantenida por el Gobierno español y existen acusaciones internacionales de extraordinaria gravedad, pero la Corte Internacional de Justicia no ha dictado todavía una sentencia definitiva sobre el fondo que determine que Israel haya cometido genocidio. El procedimiento iniciado por Sudáfrica puede consultarse en la ficha oficial del caso ante la Corte Internacional de Justicia.
La diferencia es importante. Reconocer el valor político de la posición española no exige anticipar una resolución judicial que todavía no existe.
Ceuta: derechos humanos sin renunciar al control fronterizo
Uno de los pasajes más interesantes de Sánchez en la ONU fue el dedicado a Ceuta. El presidente vinculó la reciente crisis migratoria con la desigualdad, la desesperación y la desinformación, y defendió que España puede proteger su frontera sin convertir al migrante en enemigo ni renunciar a la legalidad y a los derechos humanos.
Es una posición que merece ser valorada.
Una democracia no debería tener que elegir entre controlar sus fronteras y respetar la dignidad de las personas. Presentar esas dos obligaciones como incompatibles conduce demasiado fácilmente a un debate público en el que cualquier defensa de los derechos se presenta como ingenuidad y cualquier defensa del control fronterizo como insensibilidad.
En este mismo blog hemos analizado esa tensión en Crisis de Ceuta: frontera, derechos y Europa. La respuesta democrática exige control, cooperación internacional, procedimientos eficaces y reglas claras, pero también proporcionalidad y respeto a los derechos fundamentales.
La intervención de Sánchez se situó precisamente en ese terreno.
Es cierto que el discurso pronunciado en Nueva York dejó fuera una parte relevante de lo ocurrido. Marruecos prácticamente desapareció de la explicación ofrecida ante la Asamblea General, pese a que el propio presidente había reconocido previamente problemas en los mecanismos marroquíes de control fronterizo y había reclamado explicaciones a Rabat.
Probablemente haya detrás una lógica diplomática comprensible. España mantiene con Marruecos una relación estratégica de enorme importancia y una tribuna internacional no parece el lugar más adecuado para abrir un enfrentamiento bilateral.
La omisión debe señalarse, pero no invalida el fondo de la idea defendida por Sánchez: que la seguridad fronteriza puede y debe gestionarse sin deshumanizar a quienes intentan cruzarla.
En el clima político europeo actual, no es una afirmación menor.
Regular también a quienes concentran poder tecnológico
A primera vista, Gaza, Ceuta, la reforma del Consejo de Seguridad y la inteligencia artificial pueden parecer cuestiones completamente distintas. Dentro del discurso están conectadas por una misma preocupación: qué ocurre cuando determinadas formas de poder superan la capacidad individual de los Estados para controlarlas.
Sánchez utilizó una expresión deliberadamente dura al reclamar límites para los «tecno-oligarcas». Durante su estancia en Nueva York participó además en iniciativas internacionales relacionadas con la protección de los menores y los riesgos derivados de la inteligencia artificial.
Más allá de la contundencia de la expresión, el problema existe.
Una plataforma tecnológica puede condicionar la información que reciben centenares de millones de ciudadanos. Una decisión empresarial adoptada en California puede modificar en pocas horas las condiciones del debate político en Europa, África o América Latina. Los sistemas de inteligencia artificial pueden influir sobre el empleo, la educación, la seguridad, los procesos electorales y la distribución del conocimiento.
Hace pocos días reflexionábamos en José Reflexiona sobre la advertencia de Asimov y Sagan acerca de la ignorancia y la democracia. Una sociedad tecnológicamente avanzada puede volverse extraordinariamente vulnerable cuando sus ciudadanos carecen de herramientas para distinguir conocimiento, opinión, manipulación y falsedad.
La pregunta adquiere ahora otra dimensión: ¿quién establece las reglas cuando el poder tecnológico funciona globalmente pero la capacidad legislativa continúa fragmentada entre Estados?
En este punto, la apuesta de Sánchez por una regulación multilateral parece especialmente razonable. Puede discutirse qué instituciones deben intervenir, qué límites son compatibles con la libertad de expresión o cómo evitar que la regulación frene la innovación. Lo difícil es sostener que un fenómeno de naturaleza global pueda gobernarse exclusivamente desde respuestas nacionales.
Una mujer latinoamericana para dirigir Naciones Unidas
Otro elemento significativo fue la propuesta de que la persona que suceda a António Guterres sea una mujer de América Latina y el Caribe.
Ninguna mujer ha ocupado hasta ahora la Secretaría General de Naciones Unidas. Sánchez utilizó ese hecho para vincular la reforma institucional con dos reivindicaciones: una mayor representación geográfica y la igualdad entre hombres y mujeres.
Puede discutirse legítimamente hasta qué punto el sexo o la procedencia regional deben influir en la elección. La competencia, la independencia y la capacidad diplomática deben ser criterios fundamentales.
Pero también resulta razonable preguntarse cómo es posible que, después de más de ocho décadas de existencia, una organización que pretende representar a toda la humanidad nunca haya sido dirigida por una mujer.
La representación importa especialmente cuando hablamos de una institución cuya autoridad depende en buena medida de que el mundo pueda reconocerse en ella.
Un error que también debe señalarse
Valorar favorablemente una intervención no obliga a ignorar sus errores.
Sánchez afirmó durante su discurso que en 2018 los 193 países miembros de Naciones Unidas habían aprobado la Agenda 2030. El dato es incorrecto.
La Agenda 2030 fue adoptada formalmente por la Asamblea General el 25 de septiembre de 2015, mediante la Resolución 70/1. La propia documentación oficial de Naciones Unidas sobre la aprobación de la Agenda 2030 fija claramente esa fecha.
Probablemente se trate de una confusión entre 2018, cuando Sánchez intervino por primera vez ante la Asamblea General como presidente del Gobierno, y 2015, cuando se aprobó la Agenda.
No invalida el sentido del discurso. Tampoco debería ocultarse.
La defensa de la verdad pública gana credibilidad precisamente cuando el nivel de exigencia no cambia en función de quién pronuncia una determinada afirmación.
Un discurso situado frente a un cambio de época
El contexto permite entender mejor el significado político de Sánchez en la ONU.
Esta Asamblea General se celebra mientras Naciones Unidas atraviesa una crisis de autoridad, continúan abiertas varias guerras, aumenta la competencia entre grandes potencias y emergen desafíos globales que ningún país puede afrontar por sí solo.
Por eso Trump estaba políticamente presente en buena parte de la intervención aunque Sánchez no pronunciara su nombre.
También lo estaban Putin, Netanyahu, Xi Jinping y cualquier otro dirigente que considere que el poder económico, militar o tecnológico de su Estado le proporciona un margen especial frente a determinadas reglas.
Pero el discurso español tuvo una virtud añadida: no planteó simplemente que unas potencias sean buenas y otras malas. Su mensaje central fue que necesitamos instituciones capaces de obligar a todos.
Ahí reside probablemente la parte más valiosa de la intervención.
Las democracias occidentales también han aplicado criterios diferentes en función de sus alianzas e intereses. Si quieren recuperar credibilidad cuando invocan el derecho internacional, tendrán que demostrar que las reglas sirven también cuando resultan incómodas para ellas mismas.
La defensa del multilateralismo solo tendrá futuro si implica esa coherencia.
Sánchez en la ONU y una defensa que merece ser escuchada
No hace falta idealizar Naciones Unidas para reconocer el valor de defenderla.
La organización ha sido incapaz de evitar guerras, invasiones, matanzas y enormes sufrimientos. El Consejo de Seguridad conserva una estructura profundamente desequilibrada. El veto permite bloquear decisiones esenciales y muchas resoluciones terminan teniendo una capacidad práctica limitada.
Todo eso exige reformas.
Pero debilitar todavía más las instituciones internacionales no parece una solución especialmente prometedora. La ausencia de reglas comunes no genera automáticamente libertad, justicia ni soberanía. A menudo aumenta el margen de quienes poseen mayor capacidad para imponer su voluntad: grandes potencias militares, Estados económicamente dominantes, corporaciones capaces de controlar infraestructuras esenciales o empresas tecnológicas que administran información y datos a una escala antes reservada a los gobiernos.
Por eso creo que la intervención de Sánchez merece una valoración globalmente positiva.
No porque cada una de sus propuestas sea realizable a corto plazo. No porque España actúe siempre con absoluta coherencia. Tampoco porque una intervención ante la ONU pueda alterar por sí sola el rumbo de la geopolítica mundial.
Su valor está en otra parte.
En un momento en el que vuelve a crecer la tentación de resolver los conflictos mediante la fuerza, de cuestionar los tribunales cuando sus decisiones resultan incómodas, de debilitar organismos internacionales y de convertir el interés nacional en argumento suficiente, el presidente de España defendió que todavía necesitamos reglas comunes, cooperación y límites para el poder.
La posible ingenuidad
Esa posición puede parecer ingenua a quienes consideran inevitable el regreso de una política internacional dominada por grandes potencias y áreas de influencia.
Quizá lo ingenuo sea pensar que un mundo sin reglas comunes favorecerá precisamente a los países medianos, a las sociedades democráticas o a quienes tienen menos capacidad para defenderse.
La ONU necesita reformas profundas. El derecho internacional necesita mayor coherencia. Las democracias necesitan recuperar credibilidad cuando hablan de valores universales. Y quienes defienden el multilateralismo deben demostrar que esas reglas también les obligan cuando resultan incómodas.
Pero ninguna de esas carencias convierte en prescindible la arquitectura internacional construida durante décadas.
Al contrario.
Cuanto más regresa la lógica de la fuerza, más razones existen para defender la fuerza de las reglas.
