Cuando mentir en política deja de avergonzar: las falsedades de Feijóo y el deterioro democrático
El cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo dejó numerosas afirmaciones falsas, cifras descontextualizadas y acusaciones sin acreditar. Pero la cuestión más inquietante no está únicamente en lo que se dijo, sino en nuestra creciente tolerancia hacia la mentira política.
Hay algo profundamente inquietante en el debate electoral celebrado el pasado 19 de noviembre entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. No es que un candidato utilizara datos incorrectos, exagerara determinadas cifras o tratara de presentar la realidad de la forma más favorable a sus intereses. Eso, desgraciadamente, no constituye ninguna novedad. Lo verdaderamente preocupante es la naturalidad con la que pueden encadenarse afirmaciones falsas sobre asuntos de enorme trascendencia pública sin que esa conducta provoque necesariamente un descrédito moral proporcional.
¿En qué momento hemos normalizado que mentir reiteradamente en política pueda considerarse una forma legítima de defender unas ideas? ¿Cuándo hemos aceptado que la deshonestidad intelectual deje de ser un motivo suficiente para cuestionar la credibilidad de quien aspira a gobernarnos?
Estas preguntas merecen una reflexión que va bastante más allá del resultado de un debate o de las preferencias electorales de cada ciudadano.
Al revisar la intervención de Feijóo, contrastarla con estadísticas oficiales y examinar las verificaciones publicadas por distintos medios, aparece un patrón difícil de ignorar: una sucesión de afirmaciones falsas, cifras utilizadas fuera de contexto y acusaciones que presentan como demostrado aquello que todavía está sometido a investigación.
No se trata de sostener que Pedro Sánchez dijera siempre la verdad. Tampoco de negar los problemas reales que atraviesa España. Se trata de recordar algo elemental: la crítica política puede ser muy dura, incluso despiadada, sin necesidad de deformar los hechos.
Las falsedades de Feijóo sobre vivienda: cuando las cifras dejan de describir la realidad
La vivienda fue uno de los primeros asuntos del debate. Y también uno de los que mejor permite comprender cómo puede manipularse la percepción de un problema real.
Feijóo aseguró que Sánchez había prometido 184.000 viviendas y únicamente había entregado 540. Según su razonamiento, el grado de cumplimiento era del 0,29%.
La afirmación resulta demoledora si quien la escucha desconoce los datos. Sin embargo, las verificaciones de El País sobre el debate muestran que esa cifra de 540 viviendas no representa el total de viviendas construidas o entregadas durante el periodo.
Solo entre el primer trimestre de 2023 y el segundo de 2026 terminaron de construirse 47.346 viviendas protegidas. La cifra incluye actuaciones de distinta naturaleza y no equivale al cumplimiento íntegro de las promesas gubernamentales, pero basta para desmontar la imagen de que únicamente se habían materializado 540 viviendas.
Conviene añadir algo que afecta también a Sánchez. Su afirmación de que durante sus gobiernos se había construido un millón de viviendas tampoco coincide con los datos disponibles. VerificaRTVE contabiliza 719.602 viviendas terminadas entre el tercer trimestre de 2018 y el segundo de 2026.
Reconocer ambas incorrecciones no debilita la crítica a Feijóo. La fortalece, porque demuestra que el mismo criterio debe aplicarse a cualquier dirigente.
Los desahucios
El candidato popular utilizó otra cifra llamativa: 276.000 desahucios durante los gobiernos socialistas. En esta ocasión, el dato era sustancialmente correcto. Según el Consejo General del Poder Judicial, se habían practicado 276.897 lanzamientos desde el tercer trimestre de 2018.
Lo que no explicó fue que los desahucios habían descendido considerablemente respecto a la década anterior. En 2015 se produjeron alrededor de 67.000 lanzamientos, frente a poco más de 24.500 en 2025.
El problema de la vivienda sigue siendo gravísimo y el Gobierno tiene responsabilidades que no puede eludir. Pero presentar una cifra acumulada sin mostrar su evolución temporal puede inducir una interpretación muy distinta de la realidad.
Algo semejante ocurrió cuando Feijóo sostuvo que la oferta de alquiler en Barcelona había caído un 69% o cuando habló de 400.000 viviendas desaparecidas del mercado. Una reducción de anuncios disponibles o de nuevos contratos no demuestra, por sí misma, que hayan desaparecido físicamente esas viviendas del parque arrendado.
Confundir anuncios, contratos, viviendas existentes y viviendas efectivamente disponibles no es un detalle estadístico. Es alterar el significado de lo que se está contando.

Impuestos y economía: transformar una realidad compleja en un relato de agravio
La fiscalidad ofreció otro ejemplo especialmente significativo.
Feijóo preguntó si España tenía los impuestos más altos y recurrió repetidamente a la idea de que los españoles soportan una presión fiscal extraordinaria.
Los datos de Eurostat publicados en octubre de 2026 ofrecen una imagen diferente. En 2025, los impuestos y las cotizaciones sociales representaban el 38,1% del PIB español, frente al 40,7% de media de la Unión Europea.
España había experimentado uno de los mayores incrementos anuales de presión fiscal, un hecho que merece ser analizado y debatido. Sin embargo, continuaba por debajo de la media comunitaria.
Ambas cosas pueden ser ciertas simultáneamente. Lo que no resulta intelectualmente aceptable es utilizar únicamente una de ellas para transmitir que España encabeza una clasificación que, en realidad, no encabeza.
También afirmó que los alimentos habían subido un 43% desde 2018. El dato estaba correctamente aproximado: el incremento acumulado fue del 42,8%. La leche, los huevos y las patatas también habían experimentado subidas cercanas a las que mencionó.
Pero entre esas cifras introdujo que las legumbres habían aumentado un 110%, cuando el incremento de las legumbres secas, según el INE, fue del 24,3%.
Aquí aparece una característica especialmente dañina de esta forma de comunicación: mezclar cifras correctas con otras falsas dentro de una misma secuencia.
El oyente que reconoce como cierto el encarecimiento de la leche puede dar por buenas, casi automáticamente, las demás cifras.
Fondos europeos
Y todavía hubo una afirmación más reveladora. Feijóo aseguró que los 80.000 millones de euros de fondos europeos Next Generation recibidos por España tendrían que devolverse.
No es cierto. La financiación europea distingue entre transferencias no reembolsables y préstamos. Según los datos de la Comisión Europea recogidos por VerificaRTVE, de los casi 80.000 millones recibidos, aproximadamente 21.449 millones correspondían a financiación que debía devolverse.
La diferencia es esencial. No estamos discutiendo una décima de crecimiento o una estimación sometida a incertidumbre. Estamos confundiendo dos instrumentos financieros jurídicamente diferentes.

Pensiones y servicios públicos: utilizar el miedo como argumento
Cuando el debate llegó a las pensiones, Feijóo atribuyó al vicepresidente Carlos Cuerpo una afirmación particularmente alarmante: que el sistema público estaba a punto de quebrar.
La verificación publicada por Maldita.es recogió el contenido de la intervención original de Cuerpo, que sostenía precisamente que la sostenibilidad del sistema estaba garantizada, aunque reconocía el aumento previsto del gasto por la jubilación de la generación del baby boom.
Es perfectamente legítimo debatir sobre el futuro financiero de las pensiones. Existen desafíos demográficos, presupuestarios y económicos reales. Lo inadmisible es atribuir a un responsable público una declaración que cambia sustancialmente el sentido de lo que manifestó.
La diferencia entre advertir de un incremento del gasto y anunciar el colapso del sistema no necesita demasiadas explicaciones.
En sanidad, Feijóo aseguró que durante su presidencia de Galicia había construido más hospitales públicos que ningún otro presidente autonómico. Las comprobaciones periodísticas publicadas después del debate contradicen esa afirmación al comparar su trayectoria con la etapa de Manuel Fraga.
Y en materia ferroviaria, al margen de las responsabilidades que deban determinarse por los graves accidentes ocurridos, recurrió a incidencias técnicas del sistema de señalización presentándolas indiscriminadamente como fallos de seguridad.
Una incidencia técnica puede ser relevante y exigir investigación. Pero un sistema ferroviario dispone de mecanismos de protección y respaldo precisamente para evitar que cualquier anomalía derive automáticamente en un accidente.
Las víctimas merecen explicaciones rigurosas, responsabilidades cuando procedan y medidas preventivas eficaces. No merecen que su sufrimiento se convierta en terreno propicio para simplificaciones técnicamente cuestionables.
Corrupción: la peligrosa desaparición de la presunción de inocencia
Probablemente, el aspecto más inquietante del debate fue el tratamiento de la corrupción.
Feijóo afirmó que Sánchez estaba imputado por financiación irregular en dos sumarios y le atribuyó 131 personas investigadas, presentadas prácticamente como integrantes de una misma trama política.
La primera afirmación era falsa. Ni Pedro Sánchez ni el PSOE como persona jurídica estaban formalmente imputados por financiación ilegal en esos procedimientos, según las comprobaciones publicadas tras el debate.
La segunda cifra tampoco equivalía a 131 dirigentes socialistas investigados. Los recuentos empleados incluían personas con relaciones muy diferentes con el partido, entre ellas empresarios, particulares y otros implicados sin vinculación orgánica acreditada.
Nada de esto significa que deban minimizarse las investigaciones que afectan a antiguos responsables socialistas. La corrupción debe perseguirse con independencia del partido involucrado, y la responsabilidad política puede exigir explicaciones y consecuencias incluso antes de que exista una condena firme.
Pero hay una frontera democrática que no deberíamos permitir que se borre.
Una denuncia no es una imputación. Una imputación no es una condena. Y la existencia de personas investigadas en el entorno de un dirigente no demuestra automáticamente su responsabilidad penal.
Cuando esas distinciones desaparecen deliberadamente del discurso político, la presunción de inocencia termina tratándose como un obstáculo propagandístico.
La gravedad aumenta cuando se repite el procedimiento en múltiples asuntos, mezclando investigaciones reales, sospechas, noticias periodísticas y conclusiones todavía no acreditadas.
La lucha contra la corrupción necesita pruebas, independencia judicial, transparencia y responsabilidades. No necesita convertir los tribunales en instrumentos narrativos de las campañas electorales.

Inmigración y seguridad: cifras que alimentan percepciones
El tratamiento de la inmigración mostró otra dimensión del problema.
Feijóo sostuvo que el Gobierno impedía la presencia de Frontex en España, pese a que la agencia europea lleva años participando en operaciones relacionadas con nuestras fronteras.
También afirmó que una de cada tres personas que llegan en cayuco muere durante la travesía. No existe una estadística fiable que permita sostener semejante proporción como dato general.
La tragedia migratoria en la ruta atlántica es suficientemente grave sin necesidad de introducir cifras que no están acreditadas. Miles de personas han perdido la vida intentando alcanzar las costas españolas. Precisamente por respeto a esas víctimas, las estimaciones deben manejarse con prudencia y explicar sus limitaciones.
En materia de seguridad ciudadana, Feijóo aseguró que la delincuencia había aumentado de manera exponencial.
Sin embargo, los datos contrastados por Maldita.es con las estadísticas de Interior muestran una evolución mucho más compleja. La criminalidad convencional ha descendido respecto a 2018, mientras que los ciberdelitos han experimentado un incremento considerable.
También existen categorías delictivas que han aumentado y merecen respuestas específicas. Pero describir toda la evolución de la criminalidad como una explosión generalizada de inseguridad resulta engañoso.
La consecuencia política de estas simplificaciones no es inocua. Cuando inmigración, delincuencia y deterioro de la convivencia aparecen sistemáticamente asociados, se puede alimentar una percepción social que no responde necesariamente a la relación real entre esos fenómenos.
El problema no es equivocarse: es convertir la falsedad en método
Llegados a este punto conviene distinguir dos situaciones.
Un dirigente puede equivocarse al citar una cifra, confundir un periodo estadístico o interpretar incorrectamente un documento. Nadie está libre de cometer errores, y menos durante un debate sometido a presión y confrontación.
Otra cosa es utilizar reiteradamente afirmaciones incorrectas en cuestiones muy diferentes y continuar presentándolas con absoluta seguridad.
No podemos conocer la intención íntima de Feijóo en cada intervención. No sería riguroso afirmar que todas sus falsedades fueron deliberadas. Pero tampoco hace falta demostrar esa intención para exigir responsabilidad política por la reiteración de información incorrecta.
Un candidato a la presidencia del Gobierno dispone de asesores, equipos técnicos, documentación y recursos suficientes para preparar un debate. La exigencia de precisión debe ser proporcional a la responsabilidad institucional que aspira a asumir.
Y aquí aparece la idea que considero fundamental.
Hemos avanzado peligrosamente hacia una cultura política en la que mentir puede resultar rentable, mientras decir la verdad parece haberse convertido en una obligación secundaria.
Se encadena una acusación con otra. Se pasa de la vivienda a los impuestos, de las pensiones a la corrupción, de los trenes a la inmigración. Antes de que una afirmación pueda ser contrastada, aparece la siguiente. Cuando los verificadores terminan su trabajo, el debate ya ha concluido y buena parte de las impresiones iniciales permanece.
La falsedad deja de funcionar como un accidente ocasional y pasa a integrarse en una forma de comunicación que dificulta deliberadamente el contraste.
Lo preocupante es que una parte de la sociedad parece haber aceptado esta dinámica como inevitable. Incluso puede justificarla cuando beneficia a sus propias preferencias políticas.
Cuando la mentira deja de provocar descrédito moral
Durante mucho tiempo, descubrir que un responsable público había mentido sobre un asunto importante podía ocasionarle un coste reputacional considerable.
Hoy, en determinados ambientes políticos y mediáticos, ese mecanismo parece haberse debilitado.
No porque todos los ciudadanos hayan dejado de valorar la verdad, sino porque la identificación partidista puede imponerse sobre la valoración de la conducta.
Si quien miente pertenece al espacio político propio, se habla de errores, exageraciones o estrategias electorales. Si pertenece al adversario, se denuncia una falta intolerable de honestidad.
Esta doble vara de medir es una de las grandes derrotas de nuestra cultura democrática.
La honestidad no puede depender del partido al que votamos. Tampoco debería ser una virtud exigible exclusivamente a nuestros adversarios.
Por eso, aunque esta reflexión se centre en las falsedades de Feijóo, también debemos señalar los errores de Sánchez. Su afirmación de que se había construido un millón de viviendas no se corresponde con las estadísticas disponibles. Tampoco fue correcta su referencia a 360.000 nuevos asegurados privados en Madrid durante un único año.
Esas incorrecciones merecen ser corregidas con el mismo rigor.
No se trata de establecer una falsa equivalencia entre dos intervenciones que pueden presentar diferencias relevantes en frecuencia, gravedad o naturaleza de sus afirmaciones. Se trata de sostener un principio que no admita excepciones partidistas.
La verdad no puede ser progresista ni conservadora. Los valores y las interpretaciones sí pueden serlo; los hechos comprobables, no.
Y si queremos una democracia exigente, la credibilidad pública debe depender también de la disposición a reconocer los errores, rectificar las afirmaciones falsas y asumir sus consecuencias.

Una democracia no puede acostumbrarse a vivir sin verdad
El deterioro de la verdad pública tiene consecuencias que van mucho más allá de unas elecciones.
Cuando el ciudadano deja de confiar en las cifras, en los discursos institucionales y en los compromisos políticos, puede acabar desconfiando también de quienes producen información rigurosa. En ese escenario, la evidencia pierde fuerza frente a las emociones, y la indignación sustituye progresivamente al razonamiento.
La consecuencia más peligrosa no es que una persona termine creyendo una falsedad concreta. Es que llegue a convencerse de que la verdad resulta imposible de conocer o que todos mienten por igual. Porque entonces desaparece uno de los principales mecanismos de control ciudadano sobre el poder.
Una democracia necesita oposición, confrontación y crítica. Necesita periodistas que investiguen, tribunales independientes, instituciones transparentes y ciudadanos capaces de cuestionar a quienes gobiernan.
Pero también necesita una exigencia moral mínima: que mentir de forma reiterada no sea considerado una habilidad política.
No reclamo dirigentes infalibles. Reclamo dirigentes que entiendan que la verdad merece respeto incluso cuando perjudica sus intereses.
Feijóo tiene pleno derecho a cuestionar al Gobierno, denunciar sus errores y ofrecer una alternativa. Tiene, además, abundantes problemas reales sobre los que construir esa crítica: la vivienda, la precariedad, la pobreza infantil, las deficiencias de los servicios públicos o las investigaciones por corrupción.
Precisamente por eso resulta tan difícil justificar la utilización de cifras falsas o distorsionadas. Cuando existen motivos legítimos para criticar, recurrir a afirmaciones incorrectas debilita la credibilidad de quien las pronuncia.
Reflexión final
La reflexión final no debería centrarse únicamente en quién ganó el debate del 19 de noviembre.
Deberíamos preguntarnos qué clase de democracia estamos construyendo si llegamos a aceptar que un candidato pueda encadenar falsedades sobre asuntos fundamentales sin sufrir un descrédito moral significativo.
El verdadero problema comienza el día en que dejamos de escandalizarnos porque nos mientan.
Y quizá ese día esté más cerca de lo que queremos reconocer.
Porque una democracia puede soportar gobiernos mediocres, errores de gestión e incluso graves crisis políticas. Lo que difícilmente puede soportar indefinidamente es una ciudadanía que termine considerando normal que quienes aspiran a representarla no tengan la obligación moral de decir la verdad.
















