La responsabilidad frente a la hipocresía: una defensa serena del gobierno y sus aliados
Un ejercicio de responsabilidad democrática
La sesión parlamentaria que hemos presenciado constituye, sin duda, una de las expresiones más claras de responsabilidad democrática de las últimas décadas. El presidente Sánchez compareció en sede parlamentaria para asumir errores, pedir disculpas y detallar un ambicioso Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción que ningún gobierno anterior se atrevió a articular con semejante profundidad. Frente a la tentación de la negación o la minimización, el Ejecutivo y sus grupos de apoyo asumieron la única actitud digna: reconocer lo sucedido, proponer reformas y sostener con serenidad el compromiso de regenerar la vida pública.
Mientras tanto, quienes hoy se proclaman adalides de la decencia política son, precisamente, los mismos que durante años blindaron las redes clientelares, los sobresueldos y la financiación irregular que degradaron las instituciones hasta extremos bochornosos.
La oposición y su memoria selectiva
Resulta llamativo que las mismas fuerzas que reclamaron con vehemencia la dimisión inmediata del presidente no hayan dedicado ni un solo minuto a recordar que el Partido Popular acumuló más de 200 imputados y decenas de macrocausas abiertas por corrupción, ni a reconocer su propia responsabilidad en haber implantado una cultura de impunidad. La memoria selectiva se ha convertido en su principal estrategia: levantar la voz, banalizar el concepto de corrupción sistémica y lanzar acusaciones sin respaldo jurídico, mientras omiten su propia historia.
Se hace imprescindible recordar que el propio Sánchez recalcó que su gobierno y los de Zapatero han sido los más limpios de la democracia reciente, un hecho corroborado por los datos y por la simple comparación de magnitudes: cinco millones de euros frente a los 123 millones del caso Gürtel. Esta desproporción, que la oposición pretende borrar con retórica crispada, desvela la pobreza intelectual de sus argumentos.
Una derecha incapaz de aportar alternativas
Más allá de las acusaciones y la gesticulación, la oposición fue incapaz de presentar una sola propuesta articulada de regeneración democrática. Ni Feijóo ni Abascal dedicaron un instante a detallar cómo mejorar los controles internos, qué mecanismos de transparencia proponen o qué reformas legislativas asumirían en caso de gobernar. Su única oferta política consistió en exigir elecciones anticipadas, difamar la honestidad personal del presidente e instrumentalizar un caso que, por grave que sea, no puede confundirse con una corrupción sistémica.
Esa incapacidad para elevarse por encima del ruido evidencia que su verdadero objetivo no es fortalecer las instituciones, sino derrocar por desgaste mediático a un gobierno legítimamente constituido.
Los autoproclamados fiscales de la moral
No menos reveladora fue la actitud de la extrema derecha, que en su ensañamiento con el Ejecutivo llegó a calificar el plan anticorrupción de “peliculón” y a ridiculizar medidas que internacionalmente han sido valoradas por su rigor. Quienes hoy se rasgan las vestiduras ante los audios y las comisiones ilegales son los mismos que, en cuanto tienen ocasión, instrumentalizan la justicia, hostigan al periodismo independiente y promueven el negacionismo sobre la violencia machista o el cambio climático.
Es un sarcasmo histórico que los partidos que han alimentado el fango mediático y la polarización extrema pretendan erigirse en jueces morales de la izquierda. Si algo ha quedado claro en este debate es que su compromiso con la ética pública es tan frágil como su respeto a los hechos.
La dignidad del proyecto progresista
Frente a todo ello, el gobierno de coalición progresista demostró que no se amedrenta ante las crisis. Reconocer los errores no es debilidad, sino fortaleza democrática. Asumir responsabilidades no es claudicar, sino responder con transparencia al mandato recibido de la ciudadanía. Y desplegar un conjunto de medidas tan exhaustivo y valiente es, sencillamente, lo que la sociedad española espera de un gobierno decente.
Resulta significativo que, en un contexto tan adverso, el Ejecutivo y sus aliados hayan aprovechado para reforzar su compromiso con la agenda social, la transición ecológica y la modernización del Estado. Mientras otros gritan, el gobierno actúa. Mientras otros especulan con elecciones, el gobierno trabaja. Y mientras otros se envuelven en banderas que no respetan, el gobierno se somete al escrutinio democrático sin reservas.
La gran contradicción de la oposición
Finalmente, conviene subrayar la mayor de las paradojas: quienes hoy claman por la regeneración democrática son los mismos que se niegan a condenar la corrupción de su pasado, que protegen a sus imputados con silencios cómplices y que nunca pidieron disculpas por las cloacas del Estado. Su discurso no es una propuesta de futuro, sino un relato de rencor y oportunismo.
La ciudadanía merece un debate serio, riguroso y honesto. Y por eso resulta indispensable recordar que la ética pública no se mide por la vehemencia con que se acusa, sino por la coherencia con que se actúa. Y en ese terreno, la oposición que hoy se presenta como paladín de la limpieza política ha demostrado carecer de autoridad moral para dar lecciones a nadie.
En definitiva, la comparecencia de Pedro Sánchez ha puesto de manifiesto que la verdadera diferencia entre el progresismo y la derecha española no estriba solo en su modelo social, sino en su capacidad de asumir responsabilidades y mirar de frente a la ciudadanía. Y esa es la diferencia que, por más que les pese, hace del proyecto progresista la única esperanza de regeneración democrática real en nuestro país.
