La inejecución presupuestaria en Canarias: 3.300 millones perdidos frente a la emergencia social y climática
Nos encontramos a finales de febrero de 2026. En un momento histórico donde las crisis superpuestas —desde la emergencia climática hasta el ensanchamiento de la brecha de desigualdad— exigen respuestas contundentes desde las instituciones públicas. Sin embargo, la realidad de la gestión administrativa a menudo choca frontalmente con las necesidades urgentes de la ciudadanía. El reciente balance de las cuentas de la Comunidad Autónoma de Canarias (CAC) arroja una cifra que debería ser motivo de profunda reflexión y alarma cívica. Casi 3.300 millones de euros han dejado de gastarse en los tres ejercicios presupuestarios liquidados de la actual legislatura (2023-2025).
No estamos hablando de un simple desajuste contable. Hablamos de recursos públicos, provenientes de los impuestos y de la solidaridad europea, que estaban destinados a mejorar la vida de las personas y que, por una gestión deficiente, se han quedado en un cajón. En el espacio de análisis de josereflexiona.es, debemos diseccionar qué significa realmente esta parálisis. Especialmente en lo que respecta a nuestro futuro medioambiental y a la defensa del Estado del bienestar.
Radiografía de una parálisis administrativa
Los datos, facilitados por la propia Consejería de Hacienda, dibujan una trayectoria de ineficacia estructural. El acumulado de recursos económicos no utilizados bajo el mandato de Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP), con el apoyo de ASG y AHI, alcanza los 3.352 millones de euros.
La cronología de esta inejecución presupuestaria en Canarias se desglosa de la siguiente manera:
- 2023: 1.090 millones de euros sin utilizar (ejercicio compartido con el anterior gobierno progresista).
- 2024: 1.289 millones de euros, un año calificado con razón como «desastroso», marcando una ejecución de apenas el 89,8%.
- 2025: 973 millones de euros, con una leve mejora hasta el 92,6% de ejecución, pero aún muy lejos del grado óptimo necesario.
Lo verdaderamente preocupante no es solo el volumen total, sino dónde se produce la asfixia del gasto. Este se produce en los capítulos de inversiones reales y transferencias de capital (capítulos VI y VII). Es decir, el dinero destinado a transformar la realidad material del archipiélago.
El colapso de los fondos Next Generation y el abandono de la transición energética
Si hay un aspecto crítico en este análisis sociopolítico, es el manejo de los fondos vinculados al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). Canarias, por su insularidad y biodiversidad, es uno de los territorios más vulnerables de Europa frente al cambio climático antropogénico. Los fondos Next Generation representaban, y aún representan, una oportunidad histórica para acelerar la descarbonización, impulsar las energías renovables y diversificar una economía excesivamente dependiente.
Sin embargo, el gobierno autonómico ya ha tenido que devolver 53,8 millones de euros al Estado por incapacidad de gestión. Y el reloj sigue corriendo: la fecha límite del 31 de agosto de este año 2026 para el gasto efectivamente pagado es improrrogable. Las proyecciones actuales sugieren que el sobrante por inejecución podría superar los 500 millones de euros de los 1.727 millones adjudicados.
Devolver fondos europeos destinados a la resiliencia climática mientras el archipiélago sigue dependiendo de combustibles fósiles altamente contaminantes para su generación eléctrica no es solo un error burocrático; es una irresponsabilidad intergeneracional. La transición ecológica no puede esperar a que la maquinaria administrativa decida desatascarse. Cada parque eólico no construido, cada instalación fotovoltaica paralizada y cada proyecto de movilidad sostenible frustrado por la inacción del gobierno supone un paso atrás en la defensa de nuestro entorno.
Consecuencias para la justicia social y la democracia
Desde una perspectiva progresista, la ejecución del presupuesto es el reflejo más fiel de las prioridades de un gobierno. Un presupuesto no ejecutado es una promesa incumplida. Cuando la administración falla en invertir 1.510 millones de euros en 2025 en obras, infraestructuras y programas de capital, los más perjudicados son siempre los sectores más vulnerables de la sociedad.
La buena gobernanza y la eficiencia administrativa son pilares fundamentales de la calidad democrática. Si los ciudadanos perciben que las instituciones son incapaces de canalizar los recursos hacia mejoras tangibles en sanidad, educación, vivienda y sostenibilidad, se abona el terreno para la desafección política. Defender la democracia implica, necesariamente, exigir una administración pública robusta, ágil y capaz de ejecutar al 100% las herramientas de las que dispone para combatir la desigualdad.
Hacia una solución estructural
La Consejería de Hacienda se escuda en el cumplimiento de las «previsiones» y en el mantenimiento de las obligaciones corrientes (el gasto diario del Estado del bienestar). Aunque esto último es vital, no exime de la responsabilidad de gobernar para el futuro.
Para corregir este rumbo, es imperativo:
- Reforzar la administración pública: Dotar a los departamentos técnicos de los recursos humanos necesarios para agilizar la licitación y ejecución de proyectos complejos.
- Priorizar la descarbonización: Crear unidades de gestión específica (y acelerada) para asegurar que ni un solo euro del MRR destinado a la transición energética sea devuelto.
- Transparencia proactiva: Establecer mecanismos de rendición de cuentas trimestrales sobre el estado de las inversiones, permitiendo el escrutinio público y la participación ciudadana.
Los 3.300 millones de euros perdidos en estos tres años son una lección severa. En tiempos de urgencia climática y social, la mediocridad en la gestión pública es un lujo que ni Canarias ni el planeta se pueden permitir y esta inejecución presupuestaria en Canarias debería ser un toque de atención para toda la sociedad.
