En el corazón de la gestión municipal, existen debates que, aunque áridos en apariencia, definen el rumbo de nuestra comunidad hacia un futuro más o menos sostenible. Uno de ellos ha tenido lugar recientemente en el Ayuntamiento de Candelaria, con la aprobación de la modificación de la tasa de recogida de residuos urbanos. Una medida impopular, sin duda, pero cuya necesidad y trasfondo merecen un análisis sereno y profundo, alejado del ruido y la confrontación partidista.
El Pleno y el Déficit: Crónica de una Subida Anunciada
El debate plenario puso sobre la mesa una realidad incontestable: el servicio de recogida de residuos en Candelaria arrastra un déficit del 72%. Como bien expusieron la Alcaldesa y el Concejal de Hacienda, Airán Pérez, no se trata de una decisión caprichosa, sino de una obligación legal para garantizar la viabilidad del sistema. La oposición, por su parte, centró sus críticas en la magnitud del aumento y en una calidad del servicio que, a su juicio, no justifica tal incremento.
Ambas posturas son comprensibles desde una perspectiva política. Pero es en el análisis de la normativa supramunicipal donde encontramos las claves para entender la encrucijada en la que se encuentra nuestro ayuntamiento, y tantos otros en España.
El Corazón del Asunto: Desgranando la Ley 7/2022 de Residuos
Para comprender en su totalidad la decisión tomada por el Ayuntamiento de Candelaria, es imprescindible sumergirse en la normativa que la motiva. No estamos ante una simple directriz, sino ante un cambio de paradigma en la gestión ambiental de nuestro país. La Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, es la pieza legislativa que obliga a ayuntamientos como el de Candelaria a recalcular y redefinir sus tasas.
Un Cambio de Paradigma: De Basura a Recurso ♻️
El espíritu de esta ley, que emana directamente de las directivas de la Unión Europea sobre economía circular, es revolucionario. Nos exige dejar de pensar en la «basura» como un desecho inútil y empezar a verla como un recurso valioso. El objetivo es transitar desde el modelo lineal de «producir, usar y tirar» hacia un modelo circular. Modelo circular donde se priorice la reducción, la reutilización y el reciclaje.
Esta visión tiene implicaciones directas en la lucha contra el cambio climático y el agotamiento de recursos. Al reintroducir materiales en la cadena de producción, disminuimos la necesidad de extraer nuevas materias primas, reducimos el consumo de energía y agua. Además minimizamos las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas tanto a la producción como a la gestión de los vertederos. La ley, por tanto, no es un mero instrumento de gestión de residuos, sino una herramienta estratégica de política ambiental y económica.
El Principio «Quien Contamina, Paga» y la Tasa Finalista
Uno de los pilares de la Ley 7/2022 es la aplicación sin ambages del principio europeo de «quien contamina, paga». Para materializarlo, la norma exige a las entidades locales que establezcan una prestación patrimonial pública de carácter no tributario (es decir, una tasa específica y no un impuesto general) que sea finalista.
¿Qué significa esto? Significa que los ingresos recaudados a través de esta tasa deben cubrir la totalidad de los costes asociados a la gestión de los residuos. Por tanto abarca la recogida, el transporte, el tratamiento, la vigilancia de estas operaciones y la limpieza de los puntos de depósito. Se prohíbe, por tanto, que el servicio sea deficitario.
Aquí radica la clave para entender el caso de Candelaria. El déficit del 72% que arrastraba el servicio no solo era un problema de sostenibilidad económica para las arcas municipales, sino que, con la nueva ley en la mano, se convirtió en una ilegalidad. La normativa obliga a la transparencia. A que el ciudadano conozca el coste real del servicio que recibe. Y a que este se financie íntegramente con la tasa pagada por los usuarios del mismo.
La Cuenta Atrás: ¿Por Qué Justo Ahora? ⏳
La oposición puede cuestionar el momento elegido para esta subida, pero la realidad es que el margen de maniobra era nulo. La Ley 7/2022 fue aprobada y publicada en el Boletín Oficial del Estado en abril de 2022. Consciente de la complejidad que suponía para las administraciones locales adaptar sus ordenanzas fiscales y sus modelos de gestión, el legislador otorgó un plazo de tres años para su completa aplicación.
Ese plazo finaliza en abril de 2025. Por lo tanto, el Ayuntamiento de Candelaria no está actuando de forma precipitada. Lo hace con la responsabilidad que exige el cumplimiento de la ley dentro de los márgenes establecidos. Dejar pasar más tiempo habría supuesto entrar en una situación de incumplimiento legal, con las posibles consecuencias que ello acarrearía. La acción del gobierno municipal, en este sentido, ha sido prudente y garantista.
Más Allá del Recibo: Fomento del Reciclaje y la Prevención
Finalmente, es un error reducir esta ley a un simple mecanismo recaudatorio. Su objetivo último es modificar nuestros hábitos. Para ello, establece obligaciones concretas como la implantación de la recogida separada de nuevas fracciones de residuos. Como los biorresiduos (el contenedor marrón), los residuos textiles o los aceites de cocina usados.
Al obligar a los ayuntamientos a ofrecer estas recogidas separadas, la ley incentiva la creación de sistemas de bonificación. Si un ciudadano separa correctamente sus biorresiduos para el compostaje, está reduciendo el volumen de basura que acaba en el vertedero y, por ende, el coste de su tratamiento. Es de justicia que ese esfuerzo individual se vea recompensado con una rebaja en su tasa. Las bonificaciones medioambientales propuestas por el gobierno de Candelaria no son un adorno, sino el desarrollo lógico y coherente del espíritu de la ley.
Críticas y Realidades: ¿Es Justo el Incremento?
La oposición argumenta que la subida es «agresiva», pasando de 71,40 € a 122,81 € anuales para una vivienda. Es innegable que el impacto en la economía familiar existe y debe ser tenido en cuenta. Sin embargo, calificarla de desproporcionada sin atender al contexto es simplificar el debate. El grupo de gobierno defiende que la tasa resultante sigue siendo prudente y se encuentra en la media de otros municipios que ya se han adaptado a la nueva ley.
El verdadero reto no está en negarse a la actualización, sino en asegurar que esta transición sea justa y vaya acompañada de mejoras tangibles. Aquí es donde la acción del gobierno municipal cobra sentido, implementando un sistema de bonificaciones que actúa como un colchón social y un incentivo ambiental.
Se establece una bonificación del 100% de la cuota fija para las familias vulnerables, una medida de justicia social imprescindible para que la transición ecológica no deje a nadie atrás. Al mismo tiempo, se introducen bonificaciones de hasta el 25% para quienes participen activamente en la reducción de sus residuos, como el compostaje o el uso del futuro quinto contenedor. Es cierto, como señala la oposición, que algunas de estas medidas aún no están plenamente implantadas, pero es precisamente la aprobación de esta ordenanza el primer paso necesario para poder desplegarlas. No se puede construir el tejado sin haber puesto antes los cimientos.
Una Mirada Supramunicipal: La Responsabilidad Compartida
El equipo de gobierno de Candelaria ha demostrado altura de miras al no limitar el debate a la esfera municipal. Ha exigido, con razón, que el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife reinviertan en los municipios los ingresos obtenidos a través del impuesto y el canon sobre residuos. Esta es una reclamación fundamental: el esfuerzo económico de los ciudadanos debe traducirse en mejores infraestructuras, plantas de compostaje y tecnologías que nos permitan reciclar más y mejor, y que, a largo plazo, puedan incluso reducir la propia tasa.
Conclusión: Un Paso Incómodo pero Responsable
La subida de la tasa de basura en Candelaria es una de esas decisiones incómodas que definen a un gobierno responsable. Es fácil caer en la demagogia y oponerse a cualquier aumento de la carga fiscal. Lo verdaderamente complejo y valiente es afrontar la realidad, cumplir con la legalidad europea y nacional, y sentar las las bases para un sistema de gestión de residuos moderno, autofinanciado y alineado con los objetivos de la lucha contra el cambio climático.
Este paso no es el final del camino, sino el principio. Es el pilar sobre el que se construirán las mejoras en el servicio, se desplegarán los incentivos para el reciclaje y se caminará hacia un modelo de «pago por generación» más justo y eficaz. Asumir los costes reales de lo que generamos es el primer paso para tomar conciencia y empezar, de una vez por todas, a reducirlo. Candelaria, con esta medida, no hace más que asumir su responsabilidad en el reto colectivo más importante de nuestro tiempo: la construcción de un futuro sostenible.
Se puede ver el tratamiento de este tema en el debate plenario a partir del minuto 1:12:01.
