Regularización migratoria: cuando el miedo no puede sustituir al derecho
La regularización migratoria extraordinaria aprobada por el Gobierno ha superado, al menos de momento, su primera gran batalla judicial. El Tribunal Supremo ha rechazado paralizar cautelarmente el real decreto que permite abrir una vía de residencia y trabajo para cientos de miles de personas migrantes que ya estaban en España antes del 1 de enero de 2026. No hablamos, por tanto, de una llegada masiva provocada por una decisión administrativa, sino de personas que ya viven aquí, trabajan aquí, cuidan aquí, pagan aquí, consumen aquí y forman parte, aunque algunos se empeñen en no verlo, de la realidad cotidiana del país. (RTVE)
La decisión del Supremo no resuelve todavía el fondo del asunto. Eso vendrá después, cuando se analicen los recursos presentados. Pero sí tiene un valor político y social evidente: impide que una medida de enorme impacto humano quede suspendida por una estrategia de bloqueo cautelar impulsada por la Comunidad de Madrid, Vox y varias entidades. Según RTVE, hasta el 21 de mayo el Gobierno había recibido 549.596 solicitudes y 91.505 habían sido admitidas a trámite. (RTVE)
Una medida para personas que ya están aquí
Conviene empezar por lo básico, porque en este debate se ha deformado casi todo. La regularización migratoria no consiste en “abrir las fronteras”, ni en “regalar papeles”, ni en hacer desaparecer de golpe los controles administrativos. El Real Decreto 316/2026 establece requisitos concretos: encontrarse en España antes del 1 de enero de 2026, acreditar una permanencia ininterrumpida de al menos cinco meses en el momento de la solicitud, carecer de antecedentes penales y no representar una amenaza para el orden público, la seguridad pública o la salud pública. (BOE)
Es decir, se trata de ordenar una realidad que ya existe. La alternativa no es entre migración y no migración. La alternativa real es entre personas invisibles, vulnerables y explotables, o personas identificadas, documentadas y sometidas a derechos y obligaciones.
Quien convierte esta medida en una amenaza apocalíptica debería explicar qué propone exactamente. ¿Mantener a cientos de miles de personas en una situación irregular permanente? ¿Facilitar que trabajen sin contrato, sin cotizar y sin capacidad de denunciar abusos? ¿Construir una economía que se beneficia de su presencia mientras les niega reconocimiento jurídico?
El miedo como programa político
La derecha más dura ha encontrado en la inmigración un terreno fértil para hacer política emocional. No necesita demostrar demasiado. Le basta con insinuar. Habla de colapso, de inseguridad, de servicios públicos saturados y de pérdida de identidad nacional. Luego, cuando se pide concreción, aparecen los tópicos de siempre.
El problema es que gobernar un país no puede consistir en alimentar reflejos de miedo. Una sociedad adulta necesita datos, normas y capacidad institucional. Si una persona vive en España, trabaja en la economía española y forma parte de nuestras ciudades, lo razonable no es fingir que no existe. Lo sensato es saber quién es, en qué situación se encuentra, qué derechos tiene y qué obligaciones debe cumplir.
Hay un cinismo de fondo en buena parte de este discurso. Se demoniza públicamente a la población migrante, pero se acepta silenciosamente su trabajo en los cuidados, la hostelería, el campo, la construcción, el reparto, la limpieza o el servicio doméstico. Se agita el miedo en campaña, mientras muchos sectores económicos funcionan gracias a personas que, durante años, han sostenido tareas esenciales desde la precariedad.
Regularizar también es proteger el trabajo
Una persona sin papeles no desaparece del mercado laboral. Simplemente entra en él por la puerta más débil. Puede aceptar peores condiciones, sufrir abusos con más dificultad para denunciarlos y quedar atrapada en una economía sumergida que perjudica también al conjunto de trabajadores.
Por eso, la regularización migratoria no es solo una cuestión humanitaria. También es una cuestión laboral, fiscal y democrática. Cuando una persona puede trabajar legalmente, puede cotizar, firmar contratos, acceder a derechos básicos y ser menos vulnerable ante la explotación. Esa transformación no resuelve todos los problemas, pero reduce una bolsa de injusticia que lleva demasiado tiempo normalizada.
La Cadena SER ha recogido testimonios de personas admitidas a trámite que explican el cambio vital que supone poder obtener un NIE y trabajar legalmente mientras se resuelve su solicitud. Desde el 16 de abril, más de 91.000 personas habrían sido admitidas a trámite, lo que les permite iniciar un camino administrativo y laboral más estable. (Cadena SER)
El Estado de derecho no es un decorado
La reacción al pronunciamiento del Supremo también permite comprobar una doble vara de medir bastante habitual. Hay quienes invocan solemnemente la justicia cuando creen que una resolución les favorece, pero la desprecian cuando no confirma su relato político.
El Tribunal Supremo no ha dicho todavía que todo el real decreto sobre regularización migratoria sea impecable desde el punto de vista jurídico. Lo que ha dicho ahora es que no procede paralizarlo cautelarmente. Esa distinción importa. En democracia, los tribunales resuelven conforme a procedimientos, legitimaciones, riesgos y ponderaciones jurídicas. No están para convertir en sentencia cada consigna lanzada desde una rueda de prensa.
También debe decirse con claridad que recurrir una norma es legítimo. Lo que resulta políticamente discutible es convertir ese recurso en una campaña de miedo contra personas concretas. La crítica jurídica forma parte de la democracia. La utilización de la inmigración como munición electoral erosiona la convivencia.
La falsa amenaza a los servicios públicos
Uno de los argumentos más repetidos contra la regularización es el supuesto impacto insoportable sobre los servicios públicos. El razonamiento parece sencillo, pero es profundamente tramposo. Muchas de esas personas ya están utilizando servicios, ya viven en municipios concretos, ya tienen hijos escolarizados o necesidades sanitarias, y ya forman parte de la vida social.
La regularización no crea de la nada una población nueva. Lo que hace es reconocer administrativamente una presencia existente. A partir de ahí, el debate serio debería ser otro: cómo reforzar los servicios públicos, cómo dotar mejor a los ayuntamientos, cómo evitar la explotación laboral y cómo garantizar una integración efectiva.
Cargar contra los migrantes para tapar déficits de gestión es una vieja maniobra. Si faltan médicos, viviendas, plazas escolares o recursos sociales, la pregunta no puede reducirse a “cuántos migrantes hay”. También hay que hablar de inversión pública, planificación urbana, precariedad laboral, mercado inmobiliario y desigualdad territorial.
Una política migratoria con rostro humano
España necesita una política migratoria seria. Eso significa fronteras ordenadas, cooperación internacional, recursos administrativos suficientes, lucha contra las mafias, protección de menores, integración laboral, respeto a los derechos humanos y una narrativa pública que no convierta al migrante en sospechoso permanente.
La regularización extraordinaria no debe presentarse como una solución mágica. No lo es. Puede tener problemas de gestión, retrasos, cuellos de botella y dificultades administrativas. De hecho, algunas organizaciones han advertido de complicaciones en la tramitación y de falta de colaboración en determinados niveles administrativos. (RTVE)
Pero una medida imperfecta puede ser mucho más justa que una indiferencia perfecta. Dejar a cientos de miles de personas atrapadas en la irregularidad no es orden. Es hipocresía organizada.
La sociedad que queremos ser
Este debate habla de migración, pero también habla de nosotros. Habla de qué entendemos por convivencia, por legalidad, por trabajo digno y por dignidad humana. Una democracia no se mide solo por cómo trata a quienes tienen todos los papeles en regla, sino también por cómo afronta las zonas grises donde viven quienes trabajan, cuidan y sostienen parte de nuestra vida cotidiana sin pleno reconocimiento administrativo.
La regularización migratoria extraordinaria no debería ser presentada como una amenaza. Debería verse como una oportunidad para poner orden donde había invisibilidad, derechos donde había miedo y cotizaciones donde había economía sumergida.
Quienes han intentado convertir este proceso en un espantajo político seguirán haciéndolo. Es su terreno favorito: simplificar problemas complejos, señalar a los más vulnerables y vender dureza como si fuera eficacia. Pero un país serio no puede legislar desde el sobresalto permanente ni gobernar mirando de reojo a la extrema derecha.
Regularizar no significa mirar hacia otro lado. Significa mirar de frente. Reconocer que esas personas ya están aquí. Aceptar que la clandestinidad administrativa no beneficia a nadie salvo a quienes se aprovechan de ella. Comprender que una sociedad más ordenada también puede ser una sociedad más humana.
Y asumir, de una vez, que el miedo nunca debería sustituir al derecho.
