Tráfico de influencias y puertas giratorias: la frontera incómoda del poder
Hay casos judiciales que no solo obligan a mirar un expediente. Obligan también a mirar un país. El caso abierto en torno a José Luis Rodríguez Zapatero y Plus Ultra pertenece a esa categoría incómoda: no permite una lectura simple, no admite una condena anticipada y tampoco debería servir para esconder bajo la alfombra un problema mucho más profundo.
Conviene empezar por lo evidente: Zapatero no ha sido condenado. Está investigado. La presunción de inocencia no es una cortesía, sino una garantía democrática. Según la información publicada el 21 de mayo de 2026, el juez José Luis Calama ha acordado el bloqueo de 490.780 euros en cuentas del expresidente dentro de la investigación del caso Plus Ultra, una medida cautelar que, por sí sola, no equivale a una declaración de culpabilidad. El propio Zapatero ha negado las acusaciones y ha defendido que su actividad pública y privada se ha desarrollado respetando la legalidad. (El País)
Pero una democracia adulta no debería conformarse con repetir dos consignas opuestas: “todo es corrupción” o “todo es lawfare”. Entre ambos extremos hay un terreno más serio, más incómodo y más necesario. Ese terreno consiste en distinguir tres cosas que se mezclan demasiado a menudo: el lobby lícito, el delito de tráfico de influencias y las puertas giratorias.
No todo lobby es delito
La actividad de lobby no es, por sí misma, corrupción. En una sociedad compleja, empresas, sindicatos, organizaciones sociales, colegios profesionales, plataformas ciudadanas y sectores económicos intentan influir en las decisiones públicas. Eso ocurre en España, en Bruselas y en cualquier democracia liberal.
El problema no está en que alguien defienda intereses ante las instituciones. El problema aparece cuando esa influencia se ejerce de forma opaca, desigual, privilegiada o mediante relaciones personales que sustituyen al interés general por el acceso reservado al poder.
La propia Comisión Europea define su registro de transparencia como una base de datos de organizaciones que tratan de influir en la elaboración de políticas y legislación de las instituciones europeas. Su finalidad es hacer visible qué intereses se persiguen, quién los defiende y con qué presupuesto. También exige inscripción para determinadas reuniones con representantes de intereses. (European Commission)
Esa es la clave: transparencia. El lobby democrático no debería consistir en llamadas discretas, favores cruzados, agendas invisibles o intermediarios con apellidos ilustres. Debería consistir en identificar quién influye, sobre quién influye, para qué influye y con qué recursos.
España sigue arrastrando un déficit evidente en esta materia. Civio advertía en febrero de 2026 de que el proyecto para regular la transparencia de los grupos de interés continuaba bloqueado en el Congreso, con la ponencia abierta y sin horizonte de cierre. La organización resumía muy bien el problema: no se trata de negar el derecho a influir, sino de hacerlo visible, trazable y controlable. (Civio)
Ahí está una primera frontera. Influir puede ser legítimo. Influir a escondidas, no tanto. Cobrar por explicar un sector puede ser perfectamente lícito. Cobrar por abrir puertas que otros no pueden abrir empieza a oler distinto.
Qué castiga realmente el tráfico de influencias
El tráfico de influencias no castiga cualquier gestión, recomendación o intermediación. El Código Penal español lo sitúa dentro de los delitos contra la Administración Pública y distingue entre la conducta cometida por autoridades o funcionarios y la cometida por particulares.
El artículo 429 castiga al particular que influya en un funcionario público o autoridad prevaliéndose de una relación personal con este, o con otro funcionario o autoridad, para conseguir una resolución que pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico propio o de un tercero. Las penas previstas incluyen prisión de seis meses a dos años, multa y prohibición de contratar con el sector público, además de la pérdida de subvenciones, ayudas o beneficios fiscales y de Seguridad Social durante un periodo determinado. (BOE)
La palabra decisiva es “prevaliéndose”. No basta con conocer a alguien. Con haber sido importante. No basta con tener agenda. Lo penalmente relevante aparece cuando esa relación se utiliza como palanca indebida para orientar una decisión pública con beneficio económico.
Por eso hay que ser muy cuidadosos. Una cosa es que un expresidente asesore a una empresa. Otra, que actúe como intermediario ante instancias públicas. Y otra mucho más grave, que utilice su antigua posición o sus relaciones personales para condicionar una resolución administrativa en favor de un tercero, esto es tráfico de influencias.
En el caso Zapatero, será la investigación judicial la que deba determinar si existen indicios suficientes, si esos indicios se consolidan y si la conducta encaja realmente en los tipos penales investigados. Desde fuera, lo prudente es no dictar sentencia. Desde la política democrática, sin embargo, sí podemos formular una pregunta legítima: ¿por qué tantos antiguos responsables públicos terminan convirtiendo su capacidad de acceso en un activo económico privado?
La zona gris de las puertas giratorias
Las puertas giratorias no siempre son delito. De hecho, casi nunca lo son. Ahí reside precisamente su potencia corrosiva. Funcionan muchas veces dentro de la legalidad formal, pero dejan una sensación persistente de desigualdad democrática.
La Ley 3/2015, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, establece que los altos cargos, durante los dos años siguientes a su cese, no pueden prestar servicios en entidades privadas afectadas por decisiones en las que hayan participado. También impone una restricción más intensa a quienes proceden de órganos reguladores o supervisores, que no pueden prestar servicios en entidades sometidas a su supervisión durante ese mismo periodo. (BOE)
Esa regulación existe, pero no resuelve el problema de fondo. Dos años pasan rápido. La memoria institucional dura mucho más. Las agendas sobreviven. Los contactos permanecen. El prestigio del cargo no se evapora al terminar una legislatura.
Una democracia no puede impedir que una persona trabaje después de haber ocupado responsabilidades públicas. Sería absurdo e injusto. Pero sí puede preguntarse qué se está pagando realmente cuando una gran empresa ficha a un antiguo presidente, a un exministro o a un alto cargo con poca o ninguna experiencia técnica en el sector.
Porque conviene decirlo sin rodeos: muchas veces no se compra conocimiento. Se compra acceso.
El cinismo del mercado cuando ficha poder
El caso de las eléctricas es especialmente expresivo. En enero de 2011, RTVE informó de que José María Aznar había fichado como asesor externo de Endesa con una retribución cercana a los 200.000 euros anuales. La información señalaba que no entraba en el consejo de administración y que su trabajo consistiría en asesorar sobre Iberoamérica. (RTVE)
Unas semanas antes, Gas Natural Fenosa había aprobado el nombramiento de Felipe González como consejero independiente. La compañía justificó la incorporación por su reconocimiento como estadista y su conexión con Latinoamérica, la Unión Europea y el arco mediterráneo. (RTVE)
Todo eso puede ser legal. Incluso puede estar correctamente formalizado. Pero la pregunta política sigue ahí, intacta: ¿de verdad alguien cree que Aznar fue contratado por Endesa porque dominaba los entresijos técnicos del sistema eléctrico? ¿Alguien sostiene seriamente que Felipe González llegaba a Gas Natural Fenosa como especialista en redes gasistas, mercados energéticos, operación del sistema o regulación tarifaria?
No hace falta insultar a nadie para ver la evidencia. Su valor empresarial no residía en saber más de energía que los ingenieros, economistas, juristas y técnicos de esas compañías. Su valor residía en haber presidido el Consejo de Ministros.
Esa es la parte cínica del asunto. El mercado presume de meritocracia, pero cuando ficha poder no busca siempre mérito profesional. Busca agenda, reputación, interlocución, influencia, lectura política y capacidad de abrir puertas. Luego se envuelve todo en palabras respetables: asesoría estratégica, conocimiento institucional, visión internacional, experiencia de Estado.
La expresión puede sonar elegante. El fondo es bastante menos noble.
Lo legal, lo penal y lo decente
Aquí conviene hilar fino. No todo fichaje de un ex alto cargo por una empresa privada es corrupción. Tampoco toda actividad de consultoría institucional es tráfico de influencias. Sería demagógico sostenerlo.
Pero también sería ingenuo aceptar que todo lo legal es automáticamente decente. La democracia no se mide solo por el Código Penal. Se mide también por la confianza ciudadana, por la igualdad de acceso a las instituciones y por la percepción de que las decisiones públicas no están capturadas por quienes tienen mejores contactos.
El tráfico de influencias pertenece al terreno penal. Exige prueba, tipicidad, procedimiento y sentencia. Las puertas giratorias pertenecen a una zona más amplia: la ética pública, la cultura institucional y la calidad democrática.
Por eso el caso Zapatero debería servir para algo más que para alimentar trincheras. Si hay delito, deberá probarse. Si no lo hay, deberá archivarse o absolverse. Pero incluso en ausencia de delito, España tiene pendiente una conversación seria sobre el mercado privado de la influencia pública.
Esa conversación no puede depender del color político del afectado. Cuando el protagonista es de los nuestros, invocamos la presunción de inocencia. Cuando es de los otros, gritamos corrupción antes de leer el auto. Así no se construye una cultura democrática exigente. Así solo se cambia de vara de medir según convenga.
El problema no es solo quién llama, sino quién puede llamar
La cuestión de fondo es profundamente desigualitaria. Una pequeña empresa, una asociación vecinal, una cooperativa o un colectivo ciudadano rara vez puede contratar a un expresidente para que le facilite interlocución. Una gran corporación sí.
Ahí el sistema se inclina. No necesariamente mediante sobres, mordidas o delitos. A veces basta con algo más sutil: capacidad de acceso. Quien puede pagar prestigio institucional llega antes, se sienta mejor y consigue ser escuchado con más facilidad.
Ese es el daño democrático de las puertas giratorias. No siempre compran decisiones. A veces compran atención. No siempre garantizan resultados. A veces garantizan entrada. No siempre corrompen una resolución concreta. A veces corrompen la igualdad de condiciones en la conversación pública.
Y cuando la ciudadanía percibe eso, se rompe algo muy delicado. Se instala la sospecha de que gobernar bien importa menos que salir bien colocado. Se alimenta la idea de que la política es una antesala del negocio. Crece el desprecio hacia las instituciones. Después nos sorprendemos de que prosperen los discursos antipolíticos.
Regular sin hipocresía
España necesita una regulación más clara, más exigente y más transparente de la actividad de influencia. No para prohibir el lobby, sino para sacarlo de la penumbra. No para impedir que antiguos cargos trabajen, sino para evitar que conviertan el cargo público en una renta privada de influencia.
Eso implica registros efectivos, agendas públicas, trazabilidad de reuniones, periodos de incompatibilidad razonables, control independiente y sanciones reales. También exige una cultura política menos permisiva con los fichajes que, siendo legales, resultan democráticamente obscenos.
La cuestión no es impedir que un expresidente opine, asesore o trabaje. La cuestión es saber si una empresa lo contrata por lo que sabe o por a quién conoce. Y si lo contrata por a quién conoce, la ciudadanía tiene derecho a saberlo.
La frontera incómoda
El caso Zapatero, como cualquier investigación penal, debe resolverse en los tribunales. No en tertulias, no en campañas mediáticas, no en linchamientos digitales. La presunción de inocencia debe proteger también a quienes no nos caen bien, a quienes sí nos caen bien y a quienes han ocupado las más altas responsabilidades del Estado.
Ahora bien, proteger la presunción de inocencia no significa renunciar a la crítica política. Una democracia puede rechazar el lawfare y, al mismo tiempo, denunciar las zonas grises del poder. Puede exigir pruebas antes de condenar y exigir decencia antes de aplaudir.
La frontera penal entre el lobby lícito y el tráfico de influencias la marcarán los jueces. La frontera democrática entre el servicio público y el aprovechamiento privado del poder deberíamos marcarla como sociedad.
Porque la democracia no solo se deteriora cuando alguien comete un delito. También se deteriora cuando todo parece legal, pero demasiadas cosas resultan indecentes. Y en España llevamos demasiado tiempo aceptando como normal que quien ayer gobernaba para todos pueda mañana cobrar por abrir puertas que la mayoría ni siquiera sabe dónde están.
