El salario durante la baja no es un privilegio: la indecencia de Feijóo
Hay frases que retratan mejor un proyecto político que cien páginas de programa. Alberto Núñez Feijóo ha planteado que quienes se encuentren de baja médica deberían cobrar menos que quienes están trabajando. Lo dijo ante empresarios en Bilbao, calificó el absentismo como “un cáncer que no podemos pagar” y anunció que abordaría esta cuestión incluso “con o sin acuerdo sindical”.
No estamos ante un desliz, ni ante una frase mal medida. Estamos ante una declaración política de enorme gravedad: la idea de que enfermar debe tener una penalización económica adicional para quien vive de su salario.
Y sí: esta afirmación, por sí sola, debería ser suficiente para que ningún trabajador votara a Feijóo. No hace falta coincidir con la izquierda en todo ni asumir un paquete ideológico completo para entender algo elemental: quien propone recortar ingresos a una persona enferma está diciendo con claridad de qué lado se sitúa cuando aparece el conflicto entre la dignidad del trabajo y la cuenta de resultados.
No, estar de baja no es cobrar sin trabajar
Conviene empezar por desmontar una de las trampas del discurso. Una baja médica no es una decisión caprichosa de una persona que prefiere quedarse en casa cobrando. Es una situación de incapacidad temporal reconocida por el sistema sanitario cuando una enfermedad o accidente impide trabajar.
La propia Seguridad Social establece que, en una baja por enfermedad común o accidente no laboral, no existe prestación durante los tres primeros días; del cuarto al vigésimo día la prestación es del 60 % de la base reguladora y, desde el día vigesimoprimero, del 75 %. Es decir: la regla general ya implica una reducción considerable de ingresos para muchísimas personas trabajadoras.
Por tanto, cuando Feijóo cuestiona que algunos trabajadores mantengan el salario completo durante una baja, omite un dato decisivo: ese complemento no es una dádiva, ni un privilegio concedido desde arriba, ni una anomalía del sistema. En muchos casos es un derecho pactado en convenios colectivos tras años de negociación sindical.
La Constitución reconoce expresamente el derecho a la negociación colectiva y la fuerza vinculante de los convenios. El Estatuto de los Trabajadores incluye esos convenios entre las fuentes que regulan derechos y obligaciones laborales.
Lo que Feijóo está cuestionando, por tanto, no es un abuso. Está cuestionando una mejora salarial conquistada por trabajadores y trabajadoras para evitar que una enfermedad se convierta, además, en un golpe económico para la familia.
Confundir enfermedad con fraude es una forma de desprecio
El fraude existe en todos los ámbitos de la vida social. También puede existir en algunas bajas médicas. Pero precisamente para eso existen mecanismos de control, inspección, seguimiento sanitario y sanción.
Las ausencias repetidas e injustificadas pueden ser causa de despido disciplinario. Además, la empresa puede verificar el estado de salud alegado por una persona trabajadora mediante reconocimiento médico, en los términos previstos por la ley.
Por eso resulta especialmente dañino mezclar en el mismo discurso el fraude, las faltas injustificadas y las bajas médicas reconocidas. Una cosa es perseguir a quien incumple. Otra muy distinta es sospechar de entrada de quien tiene una enfermedad, una lesión, una depresión, una crisis de ansiedad, una operación, un cáncer o una dolencia incapacitante.
No es lo mismo una ausencia injustificada que una incapacidad temporal. No debería ser necesario recordarlo, pero parece que hay que hacerlo: quien está de baja no está eludiendo su obligación de trabajar; está temporalmente impedido para hacerlo.
El problema de este discurso no es solo económico. Es moral. Convierte al trabajador enfermo en sospechoso. Hace que quien necesita recuperarse tema perder una parte decisiva de su nómina. Y coloca a muchas personas ante una disyuntiva cruel: cuidar su salud o conservar la capacidad de pagar el alquiler, la hipoteca, la compra o los gastos de sus hijos.
Castigar económicamente la enfermedad no mejora la economía
Feijóo presenta su propuesta como si fuera una cuestión de sentido común empresarial. Pero el sentido común no puede consistir en mandar a trabajar enfermo a quien no puede permitirse perder ingresos.
Reducir el salario durante la baja no elimina las causas de las enfermedades laborales, no mejora las listas de espera sanitarias, no reduce la sobrecarga de trabajo, no corrige los problemas de salud mental ni evita los accidentes laborales. Solo desplaza el coste hacia la persona más vulnerable de la cadena: quien depende exclusivamente de su nómina.
La consecuencia previsible es el presentismo. Personas que acuden a trabajar lesionadas, medicadas, agotadas o enfermas porque no pueden soportar una merma salarial. Y eso no es eficiencia. Es una forma de deteriorar la salud, aumentar riesgos y convertir el puesto de trabajo en un espacio donde se castiga la fragilidad humana.
Hay una diferencia de clase evidente. Quien tiene patrimonio, ahorros, rentas complementarias o capacidad de teletrabajar puede afrontar una baja de otro modo. Quien cobra un sueldo modesto, vive al día y sostiene una familia no tiene ese margen. Para esa persona, perder una parte de la nómina no es un debate teórico: es una amenaza concreta.
Por eso el salario durante la baja no es un privilegio. Es una red mínima de protección frente a una situación que nadie elige.
El “con o sin acuerdo sindical” revela el fondo de la propuesta
Hay otra parte de las palabras de Feijóo que merece especial atención: su disposición a actuar “con o sin acuerdo sindical”.
No es una coletilla. Es una declaración de intenciones.
La negociación colectiva no es un estorbo para la economía ni una extravagancia ideológica. Es una pieza central de la democracia laboral. Equilibra, al menos parcialmente, la desigualdad de poder entre una empresa y cada trabajador individual.
Cuando un dirigente político anuncia que pretende intervenir sobre derechos pactados en convenios incluso sin acuerdo con los sindicatos, está diciendo que considera prescindible la voz de quienes representan a millones de personas trabajadoras.
Eso no es modernización. Es una vieja aspiración de la derecha económica: reducir la capacidad colectiva de defensa de quienes trabajan y presentar como inevitable lo que en realidad es una decisión política.
Porque no hay ninguna ley natural que obligue a castigar a quien enferma. Hay una elección. Feijóo ha elegido proteger primero el margen empresarial y colocar después la salud y el salario de los trabajadores.
La maquinaria que normaliza lo inaceptable
Lo más preocupante es que declaraciones como esta no siempre tienen la factura política que deberían tener. No porque los trabajadores no comprendan lo que se está diciendo, sino porque el debate público suele envolver estas propuestas en palabras aparentemente técnicas: absentismo, productividad, competitividad, costes, sostenibilidad.
De pronto, la persona enferma desaparece. Ya no vemos a una auxiliar con una lesión de espalda, a un operario con ansiedad, a una trabajadora en tratamiento oncológico, a un empleado que espera una operación o a alguien que no puede dormir por el estrés acumulado. Solo queda una cifra en una presentación empresarial.
No hay base para afirmar que exista una orden directa o una coordinación formal entre Feijóo y determinados medios de comunicación. Sería irresponsable sostenerlo sin pruebas. Pero sí existe un problema estructural: los estudios europeos sobre pluralismo mediático advierten de carencias en transparencia, independencia editorial y eficacia práctica de las garantías existentes en España.
No hace falta una conspiración para que determinadas ideas se conviertan en sentido común. Basta con que se repitan desde tribunas empresariales, tertulias, columnas y discursos políticos hasta que el problema parezca ser la persona enferma y no las condiciones que enferman a miles de trabajadores.
Ese es el músculo real que protege a discursos como este: la capacidad de presentar un recorte social como una reforma razonable, de transformar un derecho en un coste y de hacer que algunos trabajadores terminen votando contra su propia seguridad.
Una línea roja para cualquier trabajador
Se puede discutir sobre impuestos, modelo territorial, política exterior, inmigración, energía o gestión pública. En democracia se discute casi todo. Pero hay asuntos que deberían marcar una frontera clara y el salario durante la baja es una de ellas.
Quien propone que una persona de baja cobre menos está diciendo que la enfermedad debe pagarse con una pérdida adicional de ingresos. Quien cuestiona los complementos pactados en convenio está atacando derechos negociados colectivamente. Y quien anuncia que lo hará con o sin sindicatos está anticipando un modelo de poder donde la voz de los trabajadores importa poco.
Por eso esta cuestión debería bastar para que cualquier persona que vive de su salario se lo piense muy seriamente antes de votar a Feijóo.
No se trata de pedir fidelidad a unas siglas. Se trata de defender algo mucho más básico: nadie debería ver reducida su dignidad porque se ha puesto enfermo.
Una sociedad decente no convierte la enfermedad en culpa. Una democracia laboral digna no castiga a quien necesita recuperarse. Y un dirigente político que aspira a gobernar España debería entender que proteger a quien trabaja cuando peor lo pasa no es un exceso: es lo mínimo exigible.
