Pacto PP Vox Andalucía: estabilidad a cambio de retrocesos
No todos los pactos son iguales. Algunos sirven para desbloquear una investidura, aprobar unos presupuestos o dar continuidad a una legislatura. Otros, además, alteran el sentido mismo de las políticas públicas. El pacto PP Vox Andalucía pertenece a esta segunda categoría.
No estamos ante un acuerdo limitado a distribuir consejerías o fijar prioridades económicas. Es un programa de 150 medidas que incorpora a Vox al Gobierno andaluz con una vicepresidencia y competencias en Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local. También le concede una vicepresidencia de la Mesa del Parlamento y un senador por designación autonómica. (www.20minutos.es – Últimas Noticia)
La cuestión no es que PP y Vox hayan decidido entenderse. En democracia, los acuerdos entre fuerzas parlamentarias son legítimos. El problema es qué se acuerda, a quién se señala y qué derechos quedan debilitados en nombre de una supuesta estabilidad.
Porque la estabilidad no puede ser una coartada para desmontar principios democráticos, convertir la exclusión en política pública o tratar la solidaridad, la memoria y la acción climática como gastos prescindibles.
Una estabilidad que ata al Parlamento
El pacto PP Vox en Andalucía no se limita a comprometer la aprobación de los presupuestos. Establece una disciplina de voto conjunta para las iniciativas gubernamentales y para asuntos que afecten a la estabilidad de la coalición. También incluye la actuación coordinada ante iniciativas de la oposición, incluidas las comisiones de investigación o estudio. (Canal Sur)
No es ilegal que dos partidos de gobierno coordinen sus posiciones. Sería ingenuo fingir lo contrario. Pero hay una diferencia entre la lealtad de una coalición y la voluntad de blindar el poder frente al control parlamentario.
Las comisiones de investigación no son una extravagancia incómoda. Son una herramienta de fiscalización democrática. Cuando una mayoría pacta anticipadamente que actuará como un bloque compacto también ante la posibilidad de investigar la actuación del propio Gobierno, el Parlamento pierde parte de su función esencial: controlar al Ejecutivo.
La estabilidad democrática no consiste en que nadie incomode al Gobierno. Consiste en que el Gobierno pueda gobernar sin miedo a ser vigilado.
La “prioridad nacional” no es una política social
El núcleo ideológico más preocupante del pacto está en la llamada “prioridad nacional”. El acuerdo plantea que ayudas, subvenciones, prestaciones y vivienda protegida se inspiren en un criterio de prioridad para quienes acrediten arraigo, empadronamiento prolongado, cotización y vinculación territorial.
En vivienda, el texto fija incluso referencias de diez años de empadronamiento para compra y cinco años para alquiler, además de reforzar criterios de cotización y vínculo familiar o laboral con Andalucía.
El problema no es reconocer que las políticas públicas deben combatir el fraude ni que la vivienda pública debe adjudicarse con reglas claras. Eso es razonable. El problema aparece cuando la necesidad social deja de ser el criterio principal y se sustituye por una jerarquía de merecimiento basada en origen, antigüedad o condición administrativa.
La legislación española ya reconoce que las personas extranjeras residentes tienen derecho a acceder a prestaciones y servicios sociales en las mismas condiciones que las personas españolas. Además, las normas relativas a los derechos fundamentales deben interpretarse conforme a la igualdad y la dignidad humana. (BOE)
Por eso la “prioridad nacional” no es una fórmula neutra. Es una forma de convertir el miedo y la escasez en una competición entre quienes necesitan ayuda. En vez de ampliar vivienda pública, reforzar servicios sociales o combatir la precariedad laboral, se busca decidir quién merece quedar fuera de la fila.
No se resuelve la crisis de vivienda expulsando simbólicamente a quienes tienen menos poder. Tampoco se fortalece un sistema público negando que la pobreza, la exclusión o la necesidad pueden afectar a cualquier persona, tenga o no el apellido, el pasaporte o el tiempo de empadronamiento que el Gobierno considere suficientes.
Menores migrantes y ONG: la política de la sospecha
El pacto rechaza la acogida de más menores extranjeros no acompañados, plantea reducir al mínimo el gasto en inmigración, insiste en la repatriación y propone eliminar subvenciones a organizaciones que, según su formulación, favorezcan la inmigración irregular.
Perseguir redes de trata, fraude documental o explotación laboral no sólo es legítimo: es necesario. Las mafias existen y deben ser combatidas. Pero el acuerdo mezcla deliberadamente conceptos distintos: menores solos, personas migrantes en situación irregular, entidades sociales, acogida humanitaria y organizaciones criminales.
Ese desplazamiento no es inocente. Convierte la atención a la infancia vulnerable en un problema de seguridad. Presenta a las ONG como posibles cooperadoras de mafias. Y transforma una obligación legal y humanitaria en una carga de la que conviene desprenderse.
Un menor migrante no es una amenaza presupuestaria. Es un menor bajo tutela pública. No hay manera decente de abordar esa realidad sin hablar de protección, educación, salud mental, integración y derechos.
La democracia se reconoce también por cómo trata a quien llega sin red familiar, sin recursos y sin capacidad de defenderse.
El retroceso climático disfrazado de realismo
El acuerdo revisa la Ley andaluza de cambio climático y transición energética, rechaza lo que denomina “agendas ideológicas” y establece que la Junta no financiará con fondos propios la creación, ampliación o endurecimiento de zonas de bajas emisiones.
Conviene decirlo sin rodeos: el cambio climático no es una agenda ideológica. Es una realidad física, científica, económica y social. Andalucía conoce bien sus efectos: olas de calor, sequías, incendios, estrés hídrico, desertificación y pérdida de productividad agraria.
La Ley andaluza de 2018 tiene como finalidad afrontar el cambio climático y avanzar hacia un nuevo modelo energético. No es una ocurrencia de laboratorio ni una imposición ajena a la realidad territorial. (BOE)
Tampoco las zonas de bajas emisiones son un capricho municipal. La legislación estatal obliga a los municipios de más de 50.000 habitantes a implantar medidas de movilidad sostenible que incluyan estas zonas. (BOE)
La decisión de retirar apoyo autonómico no elimina esa obligación. Sólo deja a los ayuntamientos con menos recursos para cumplirla. Y, como suele ocurrir, quienes más sufrirán esa falta de inversión serán los municipios con menor capacidad financiera y la población que vive en los barrios más expuestos a contaminación, tráfico y mala calidad del aire.
Defender al campo no exige negar la transición ecológica. Luchar por la industria no exige paralizar la descarbonización. Defender a los autónomos no exige condenarlos a depender eternamente de combustibles caros, importados y contaminantes.
El verdadero realismo consiste en prepararse para un mundo que ya ha cambiado.
Recortar el diálogo social no es ahorrar
El pacto contempla reducir al 50% las subvenciones destinadas a sindicatos y organizaciones empresariales por su participación institucional.
La medida se presenta como una lucha contra el gasto superfluo. Pero no lo es. La participación institucional de sindicatos y organizaciones empresariales no es un privilegio decorativo. Forma parte de la arquitectura democrática del trabajo, la negociación colectiva, la prevención de riesgos laborales y las políticas de empleo.
La normativa andaluza reconoce expresamente que esa participación sirve para representar y defender los intereses laborales, económicos y sociales de trabajadores y empresas en el diseño de políticas públicas. (BOE)
Puede y debe exigirse transparencia, evaluación y rendición de cuentas a cualquier entidad que reciba fondos públicos. Eso incluye a sindicatos, patronales, asociaciones y administraciones. Pero reducir por la mitad los recursos destinados al diálogo social no es una auditoría: es una decisión política.
Y tiene un objetivo evidente. Debilitar a quienes organizan a los trabajadores, cuestionan decisiones empresariales, negocian salarios, denuncian abusos y participan en la construcción de políticas laborales.
No hay sociedad moderna sin empresas. Pero tampoco hay democracia social sin trabajadores organizados.
Memoria democrática: la concordia no puede construirse sobre el olvido
El acuerdo anuncia una nueva Ley de Concordia para sustituir la normativa vigente sobre memoria histórica y democrática.
La palabra concordia es hermosa. El problema aparece cuando se utiliza para evitar hablar de verdad, reparación y responsabilidades. La concordia no puede consistir en pedir silencio a las víctimas, relativizar la dictadura o convertir la búsqueda de desaparecidos en una incomodidad ideológica.
La Ley de Memoria Democrática se fundamenta en políticas de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Su objetivo no es reabrir heridas, sino impedir que se cierren en falso. (BOE)
Una democracia madura no teme mirar su pasado. Lo estudia, lo reconoce y lo enseña para no repetirlo.
No todo el acuerdo es rechazable, pero su dirección sí lo es
El pacto incorpora medidas que, aisladas, pueden ser discutidas con normalidad: más vivienda protegida, mejora de la atención sanitaria, refuerzo de la dependencia, apoyo a la industria o inversiones hidráulicas.
No sería serio negar que algunas de esas propuestas responden a problemas reales.
Pero un acuerdo político no se evalúa sólo por la suma de sus medidas aceptables. Se evalúa por su dirección general, por sus prioridades y por el modelo de sociedad que impulsa.
Y aquí la dirección es clara: menos universalidad, menos igualdad, menos participación social, menos compromiso climático y menos memoria democrática. A cambio, más exclusión, más sospecha hacia el diferente y más poder para quienes quieren presentar los derechos como privilegios.
El pacto PP Vox Andalucía no representa una estabilidad serena. Representa una estabilidad construida a costa de derechos que costó décadas conquistar.
Y esa factura, tarde o temprano, la terminan pagando quienes menos responsabilidad tuvieron en redactarla.
