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Programa de Alvise: análisis crítico del 29N

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Programa electoral de SALF para el 29N sobre una mesa institucional, con el Congreso de los Diputados al fondo y elementos relacionados con vivienda, sanidad, inmigración, justicia y energía.

Programa de Alvise para el 29N: promesas contundentes y demasiadas preguntas por resolver

Alvise Pérez ya no puede ser analizado únicamente como un fenómeno de las redes sociales. El programa de Alvise para las elecciones del 29N, presentado por Se Acabó la Fiesta (SALF) bajo la fórmula de un «contrato electoral», contiene 119 medidas suficientemente concretas como para someterlas a algo más exigente que la discusión ideológica: comprobar si los números cuadran, si las propuestas son jurídicamente posibles y si las soluciones anunciadas pueden producir realmente los resultados prometidos.

Y ahí empiezan los problemas. El documento tiene una virtud que reconozco: se moja. Habla de impuestos, vivienda, inmigración, sanidad, pensiones, justicia, corrupción, educación, Canarias y relaciones con Europa. Incluso cuantifica muchos costes. Pero precisamente esa concreción permite descubrir que algunas de sus grandes promesas descansan sobre estimaciones extraordinariamente optimistas, reformas constitucionales de enorme profundidad y una visión de las instituciones que merece bastante más discusión de la que permite un eslogan.

Conviene, por tanto, hacer exactamente lo mismo que hemos hecho en este blog con el programa electoral de Vox, el programa del PSOE o el reciente programa de Frente Amplio: leerlo sin prejuicios, pero también sin concederle inmunidad frente a las preguntas incómodas.

De las redes sociales a aspirar a gobernar España

Luis Pérez Fernández, conocido como Alvise Pérez, nació en Sevilla en 1990. Estudió Ciencias Políticas en la UNED, aunque no terminó la carrera. Antes de construir su enorme comunidad en las redes sociales pasó por el entorno de UPyD y posteriormente trabajó como asesor parlamentario de Toni Cantó en Ciudadanos.

No estamos, por tanto, ante alguien completamente ajeno a la política que haya aparecido de repente desde fuera del sistema. Su trayectoria combina experiencia dentro de partidos convencionales con una posterior transformación en comunicador político digital, donde encontró una vía mucho más eficaz para construir una relación directa con sus seguidores.

El salto electoral llegó en las europeas de 2024. Se Acabó la Fiesta obtuvo 800.763 votos, el 4,58 % del total, y tres eurodiputados. Fue un resultado indiscutiblemente importante para una candidatura prácticamente construida alrededor de una personalidad y de su capacidad de comunicación en internet.

Sin embargo, aquella primera experiencia institucional también dejó una señal que no debería ignorarse. Los otros dos eurodiputados elegidos en su lista, Nora Junco y Diego Solier, terminaron rompiendo políticamente con Alvise y anunciaron en mayo de 2025 que ya no mantenían vínculo político ni operativo con él.

Cuando alguien pretende reformar profundamente el funcionamiento del Estado, su propia capacidad para construir equipos estables y gestionar discrepancias internas también forma parte legítima del análisis político.

Infografía del programa electoral de SALF para el 29N con sus 119 medidas agrupadas en diez compromisos

Un «contrato electoral» que funciona muy bien como mensaje

SALF ha tenido una buena intuición comunicativa al denominar su programa «contrato electoral». Frente a los documentos interminables que casi nadie lee, ofrece diez grandes compromisos y 119 medidas identificables. El propio documento electoral de Se Acabó la Fiesta establece incluso que el sueldo público de Alvise quedaría bloqueado y sujeto al cumplimiento de las medidas mediante sus votaciones parlamentarias.

Como gesto político es potente. Como mecanismo jurídico plantea muchas más dudas.

Un programa electoral no se ejecuta votando simplemente 119 veces a favor de las propias propuestas. Gobernar implica presupuestos, mayorías parlamentarias, competencias autonómicas, legislación europea, negociación, sentencias, acontecimientos imprevistos y compromisos entre grupos políticos. El documento tampoco desarrolla suficientemente el instrumento jurídico mediante el cual el Banco de España debería bloquear esa remuneración y posteriormente adjudicarla al Estado.

El problema no está en querer introducir responsabilidad por los compromisos electorales, una aspiración perfectamente comprensible. Está en presentar como contrato jurídicamente verificable algo que continúa dependiendo en gran medida de decisiones políticas que el candidato no controla individualmente.

La gran rebaja fiscal depende de encontrar 57.000 millones

Aquí aparece, para mí, la cuestión económica fundamental del programa de Alvise.

SALF calcula que sus rebajas fiscales y nuevos gastos supondrían aproximadamente 81.700 millones de euros anuales en 2030. Para financiarlos asegura haber identificado 88.500 millones de ahorro e ingresos adicionales, dejando incluso 6.800 millones para reducir deuda.

A primera vista parece una cuadratura impecable. El problema aparece cuando miramos de dónde sale el dinero.

Nada menos que 57.000 millones de euros anuales, alrededor de dos tercios de todos los recursos previstos, procederían de eliminar lo que SALF denomina «sobrecoste autonómico por duplicidades y redundancias». Otros 8.000 millones llegarían mediante efectos dinámicos derivados del crecimiento, el empleo, el consumo y la reducción de la economía sumergida.

Puede haber ineficiencias en las comunidades autónomas. Sin ninguna duda. Y cualquier administración responsable debería perseguirlas.

Pero afirmar que pueden recuperarse 57.000 millones todos los años exige una auditoría extraordinariamente sólida que permita comprobar comunidad por comunidad qué gasto se eliminaría, qué servicio resulta duplicado, qué estructura desaparece y por qué las diferencias de gasto respecto de otras autonomías se consideran ineficiencias y no consecuencia de población, envejecimiento, dispersión territorial, insularidad o distintas necesidades sanitarias y sociales.

He revisado el documento y esa demostración no aparece con el nivel necesario para sustentar una cifra de semejante magnitud.

Resulta significativo que el propio programa diga que ninguna rebaja entrará en vigor sin ahorro certificado por la AIReF. La AIReF fiscaliza las cuentas públicas y la sostenibilidad presupuestaria, pero eso no significa que haya certificado previamente los 57.000 millones que SALF incorpora a sus cálculos.

Por tanto, el equilibrio presupuestario del programa depende decisivamente de que esa hipótesis termine siendo cierta.

Infografía sobre las cuentas del programa de SALF, con 88.500 millones de euros en ahorros e ingresos, 81.700 millones en rebajas y gasto y 57.000 millones vinculados al supuesto ahorro autonómico.

SALF propone suprimir completamente el IBI. No rebajarlo ni bonificarlo: eliminarlo para todos los propietarios.

El propio programa reconoce que los ayuntamientos perderían aproximadamente 13.400 millones de euros al año y añade expresamente que no existirían compensaciones, porque las corporaciones locales deberían absorber la reducción mediante ahorro.

Aquí ya no hablamos solamente de fiscalidad. Hablamos también de servicios públicos locales.

La Constitución establece en su artículo 142 que las haciendas locales deben disponer de medios suficientes para desempeñar las funciones que legalmente tienen encomendadas y que se financiarán fundamentalmente mediante tributos propios y participación en ingresos estatales y autonómicos.

Eliminar 13.400 millones de ingresos municipales puede defenderse políticamente. Pero entonces hace falta explicar qué gastos concretos desaparecerán.

Recogida de residuos, limpieza, parques, policía local, servicios sociales municipales, instalaciones deportivas, mantenimiento urbano, transporte o cultura cuestan dinero con IBI y seguirán costándolo sin IBI. Decir que los ayuntamientos simplemente deberán ahorrar desplaza el problema, pero todavía no lo resuelve.

Una vivienda un 35 % más barata «por ley»

La promesa seguramente más llamativa del capítulo de vivienda consiste en garantizar que la primera vivienda cueste al menos un 35 % menos.

SALF plantea poner el ITP y el AJD al 0 %, devolver el IVA reducido, utilizar suelo público sin coste y acortar radicalmente las licencias. El documento utiliza como ejemplo una vivienda de 300.000 euros cuyo precio terminaría en 195.000.

Algunas de esas medidas pueden reducir costes. Liberar suelo, simplificar trámites o aliviar impuestos al comprador son instrumentos perfectamente discutibles dentro de una política de vivienda.

Lo difícil de demostrar es el salto entre esas medidas y garantizar por ley una rebaja mínima del 35 % para cualquier primera vivienda.

Los precios no dependen únicamente de los impuestos. Intervienen el suelo, los costes de construcción, financiación, disponibilidad de oferta, demanda, ubicación, salarios, márgenes empresariales y condiciones del mercado hipotecario. El programa establece un resultado numérico extraordinariamente preciso sin demostrar suficientemente cómo puede garantizarse en mercados tan distintos como Madrid, Santa Cruz de Tenerife, Zamora o una localidad rural.

La vivienda merece medidas mucho más contundentes de las aplicadas durante décadas. Precisamente por eso conviene distinguir entre una política capaz de abaratarla y una garantía electoral de reducción porcentual cuyo cumplimiento no depende exclusivamente del legislador.

Inmigración: cuando la contundencia choca con el Derecho

El programa promete ejecutar expulsiones en 48 horas y el 100 % de las órdenes en un máximo de 90 días. También propone paralizar la inmigración procedente de países que no colaboren en las readmisiones y endurecer las condiciones para obtener la nacionalidad española.

Aquí no basta con preguntar si se desea una política migratoria más estricta. Hay otra cuestión: si los mecanismos propuestos pueden aplicarse respetando procedimientos administrativos, recursos judiciales, derecho de asilo, protección internacional y acuerdos con los países de origen.

Hay además una contradicción especialmente llamativa.

SALF habla de conceder prioridad a la inmigración hispanoamericana, pero simultáneamente propone exigir diez años de residencia legal para conseguir la nacionalidad. Actualmente, el artículo 22 del Código Civil establece solamente dos años para nacionales de origen iberoamericano, además de Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial y Portugal.

Si la propuesta se aplicara también a esos ciudadanos, la llamada prioridad hispanoamericana supondría simultáneamente multiplicar por cinco su plazo actual para acceder a la nacionalidad.

Infografía sobre cuatro áreas principales del programa de SALF: vivienda, sanidad, inmigración, pensiones y empleo, con sus principales compromisos electorales.

Sanidad: buenas ideas acompañadas de ahorros demasiado perfectos

SALF propone una central nacional de compras sanitarias, cirugía en un máximo de 60 días, más camas, mejores salarios profesionales, historia clínica interoperable y refuerzo de la salud mental. Algunas de estas ideas merecen una discusión seria.

El problema vuelve a aparecer en las cuentas.

El programa calcula que centralizando 41.000 millones de compras sanitarias puede conseguirse exactamente un 15 % de ahorro, unos 6.000 millones anuales. Ese dinero financiaría prácticamente la mejora salarial prevista para médicos, enfermería y demás profesionales sanitarios.

Centralizar compras puede generar economías de escala. Es razonable estudiarlo.

Pero convertir directamente un porcentaje teórico de ahorro en financiación estructural permanente exige demostrar qué compras pueden centralizarse realmente, qué ahorro se obtiene por cada familia de productos y cómo se respetan las competencias autonómicas de gestión sanitaria.

Una vez más, el programa encuentra prácticamente el dinero exacto que necesita para pagar la siguiente promesa. Eso merece comprobación antes de tratarlo como ingreso disponible.

Luchar contra la politización suprimiendo el Tribunal Constitucional

El programa de SALF incluye propuestas interesantes sobre transparencia, protección de denunciantes, contratación pública y persecución de la corrupción. Pero mezcla esas iniciativas con una reforma institucional de enorme alcance: propone suprimir el Tribunal Constitucional y transferir sus funciones a una sala especial del Tribunal Supremo cuyos miembros serían seleccionados mediante mecanismos vinculados a la propia judicatura.

No estamos hablando de cambiar el sistema de elección de algunos magistrados.

El Título IX de la Constitución regula expresamente el Tribunal Constitucional y establece su composición. La Ley Orgánica 2/1979 lo define además como intérprete supremo de la Constitución y le atribuye, entre otras funciones, los recursos de inconstitucionalidad, cuestiones de inconstitucionalidad, amparos y conflictos competenciales entre el Estado y las comunidades autónomas.

Puede discutirse si su sistema de nombramiento favorece excesivamente la negociación partidista. Yo mismo creo que la calidad institucional española necesita reformas profundas.

Pero sustituir el Tribunal Constitucional por una sala del Supremo no significa simplemente «despolitizar la Justicia». Significa modificar uno de los principales contrapesos institucionales establecidos por la Constitución de 1978.

Y una transformación semejante merece explicar mucho mejor quién controlaría al nuevo controlador.

La anticorrupción y la trayectoria personal de Alvise

Aquí aparece inevitablemente una cuestión incómoda.

Alvise ha construido gran parte de su identidad política alrededor de la denuncia de la corrupción, los privilegios, la financiación de los partidos y los abusos del poder. Eso hace especialmente relevante analizar con rigor su propia relación con las reglas que exige a los demás.

El eurodiputado reconoció haber recibido 100.000 euros del empresario Álvaro Romillo, aunque niega que ese dinero se utilizara para financiar la campaña electoral de SALF. La investigación judicial continúa y debe respetarse escrupulosamente su presunción de inocencia.

También existen varias resoluciones civiles relacionadas con vulneraciones del honor o de la propia imagen. La más reciente, dictada por la Audiencia Provincial de Bizkaia en noviembre de 2026, le condenó a indemnizar con 20.000 euros a un ciudadano al que había atribuido sin pruebas la posesión de explosivos; la sentencia es recurrible.

No traigo estos asuntos aquí para convertir investigaciones en condenas ni para negar su derecho a defenderse. Sería exactamente el tipo de comportamiento que tantas veces criticamos cuando afecta a otros dirigentes políticos.

Los menciono porque cuando la propuesta política central consiste en elevar radicalmente los estándares de responsabilidad, transparencia y castigo de quienes ejercen el poder, resulta razonable aplicar al propio proponente el mismo nivel de escrutinio que reclama para los demás.

Canarias aparece en el programa, pero con una mirada muy particular

SALF dedica medidas específicas a Canarias. Propone una deducción de 1.000 euros en la cuota del IRPF para cada contribuyente residente, reducir al 0 % el Impuesto sobre Sociedades para determinadas empresas acogidas a la ZEC y mantener la bonificación del 75 % en los desplazamientos de residentes. Calcula el coste conjunto en unos 880 millones anuales.

También plantea reforzar notablemente la presencia militar, instalar sistemas antiaéreos y antidrones en las islas, incrementar determinadas unidades y aumentar el plus de residencia de empleados públicos estatales destinados en Canarias.

Es una visión del archipiélago muy centrada en fiscalidad, defensa y relación estratégica con Marruecos.

Echo de menos, sin embargo, una aproximación equivalente a problemas estructurales que condicionarán mucho más nuestra vida cotidiana durante las próximas décadas: dependencia energética exterior, sistemas eléctricos aislados, almacenamiento, agua, territorio, sobrecarga turística, vivienda, movilidad interinsular o adaptación al cambio climático.

Resulta especialmente significativa la oposición general del programa al Pacto Verde Europeo. SALF propone vetarlo junto con otras políticas comunitarias, pero no desarrolla una estrategia climática y energética alternativa con una profundidad comparable.

Criticar medidas concretas del Pacto Verde es perfectamente legítimo. Negar sus instrumentos sin explicar cómo sustituir los objetivos de descarbonización, seguridad energética y reducción de dependencia exterior deja una parte importante del problema sin respuesta.

principales dudas de viabilidad del programa de SALF sobre la eliminación del IBI, la rebaja del precio de la vivienda, la supresión del Tribunal Constitucional y la sostenibilidad de sus cuentas.

El problema no es que Alvise sea incómodo

Sería demasiado sencillo reducir todo esto a una caricatura de Alvise.

Parte de su éxito nace de problemas reales. Existe hartazgo con la corrupción, burocracia absurda, instituciones excesivamente colonizadas por los partidos, dificultad para acceder a una vivienda, presión fiscal que muchas familias perciben como excesiva y una sensación extendida de que determinados responsables políticos rara vez responden personalmente por sus errores.

Ignorar ese malestar sería una equivocación.

También sería un error asumir que quien identifica correctamente un problema dispone automáticamente de una buena solución.

Ahí es donde este programa merece una lectura particularmente exigente. SALF ofrece respuestas extraordinariamente simples a problemas extraordinariamente complejos: 57.000 millones aparecen eliminando supuestas ineficiencias autonómicas; desaparecen 13.400 millones de IBI y los ayuntamientos simplemente ahorran; una vivienda cuesta un 35 % menos por mandato legal; una central de compras encuentra prácticamente todo el dinero necesario para subir los salarios sanitarios; y una profunda transformación constitucional se presenta como eliminación de la politización.

Puede haber ideas aprovechables dentro de todo ello. Algunas incluso merecen ser estudiadas seriamente.

Pero gobernar consiste precisamente en enfrentarse a aquello que los eslóganes eliminan: restricciones presupuestarias, competencias compartidas, derechos fundamentales, contrapesos institucionales, legislación europea y consecuencias imprevistas.

Del enfado a la responsabilidad

El fenómeno Alvise dice bastante sobre la España actual.

Dice que existe una parte del electorado profundamente desconfiada de los partidos tradicionales. Dice que las redes sociales pueden construir movimientos políticos al margen de los intermediarios habituales. Y dice también que denunciar privilegios, corrupción y contradicciones institucionales sigue teniendo una enorme capacidad movilizadora.

Todo eso merece ser escuchado.

Pero un candidato que aspira a gobernar ya no puede ser juzgado solamente por la eficacia con la que denuncia a los demás. También debe responder por la consistencia económica de sus propuestas, el respeto a las garantías constitucionales, la viabilidad jurídica de sus promesas y la calidad institucional del modelo que pretende construir.

Ese es, después de leer el programa de Alvise para el 29N, el verdadero debate que me interesa.

No si Alvise molesta a los partidos tradicionales. La democracia necesita personas capaces de incomodar al poder.

La cuestión verdaderamente importante es otra: qué ocurre cuando quien ha construido su éxito denunciando el sistema pide ahora el poder suficiente para transformarlo.

En ese momento dejan de bastar las denuncias.

Empiezan las cuentas.

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