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Programa electoral del PSOE: ambición y realidad

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“Programa electoral del PSOE abierto sobre una mesa de análisis, con el Congreso de los Diputados al fondo y referencias visuales a vivienda, sanidad, pensiones, empleo y transición energética.”

Programa electoral del PSOE: ambición social con los pies en el suelo

El programa electoral del PSOE para las elecciones generales del 29 de noviembre tiene una virtud que conviene reconocer antes de entrar en sus debilidades: permite saber con bastante claridad qué modelo de país propone. Son 114 páginas y 500 compromisos sobre economía, vivienda, empleo, pensiones, servicios públicos, transición ecológica, derechos, democracia y política exterior. El programa electoral completo presentado por el PSOE puede consultarse públicamente y merece una lectura bastante más sosegada que los eslóganes inevitables de una campaña electoral.

Mi impresión después de analizarlo no es la de un programa rupturista. Tampoco la de una simple recopilación de promesas. Hay una orientación socialdemócrata bastante reconocible: crecimiento económico apoyado en innovación e industria, fortalecimiento del Estado del bienestar, mayor intervención pública sobre la vivienda, ampliación de algunos derechos laborales, transición ecológica y una fiscalidad más progresiva.

Hay propuestas interesantes y otras demasiado abiertas. Medidas que un Gobierno podría poner en marcha con relativa facilidad y otras que dependerían del Congreso, de las comunidades autónomas o incluso de una reforma constitucional.

Y existe, sobre todo, una pregunta que atraviesa todo el documento: ¿cómo se financia conjuntamente tanta ambición?

El programa electoral del PSOE tiene una dirección bastante clara

El documento no pretende esconder los problemas que siguen pendientes. Reconoce las dificultades de los jóvenes para acceder a una vivienda, la presión del coste de la vida, las necesidades de los servicios públicos y la incertidumbre provocada por las transformaciones económicas y tecnológicas.

Ese punto me parece relevante.

Un partido que lleva años gobernando podría construir su programa exclusivamente sobre sus logros. Aquí existe bastante reivindicación de lo realizado desde 2018, como es lógico en un documento electoral, pero también se admite implícitamente que crecer, aumentar el empleo o aprobar nuevas leyes no ha resuelto algunas de las dificultades más importantes de la vida cotidiana.

La vivienda es probablemente el ejemplo más evidente.

“Resumen visual del programa electoral del PSOE con sus 114 páginas, 500 compromisos y principales ejes sobre vivienda, servicios públicos, transición ecológica y fiscalidad.”

Vivienda: quizá la apuesta social más ambiciosa

El PSOE plantea combinar construcción, regulación, rehabilitación, movilización de suelo, vivienda pública permanente, ayudas a inquilinos, garantías para propietarios y medidas fiscales contra determinados comportamientos especulativos.

Esa combinación tiene sentido porque el problema tampoco tiene una única causa.

En este blog he defendido una propuesta integral para afrontar el problema de la vivienda precisamente desde esa perspectiva: si queremos resultados, habrá que actuar simultáneamente sobre suelo, construcción, financiación, alquiler, vivienda pública, rehabilitación y capacidad administrativa.

El programa propone movilizar anualmente el equivalente al 1 % del PIB para vivienda, aumentar el parque público hasta acercarlo al existente en otros países europeos y constituir mediante CASA 47 un parque estatal de 100.000 viviendas.

Además, plantea más de 25.000 millones de euros mediante instrumentos del ICO, 4.700 millones procedentes del Plan Social del Clima y 400 millones anuales para vivienda de impacto social.

No son cifras menores.

Pero aquí debemos evitar un error muy habitual: financiar, avalar, movilizar y gastar no significan lo mismo. Un préstamo del ICO no tiene el mismo impacto presupuestario que una subvención directa.

También sabemos que disponer del dinero no construye automáticamente las viviendas. Hace falta suelo urbanizado, proyectos, licencias, empresas, trabajadores, materiales y administraciones capaces de tramitarlo todo.

Lo comprobé al desarrollar un modelo concreto de vivienda pública municipal en Candelaria. Pasar del anuncio a las llaves exige bastante más que aprobar una partida presupuestaria.

Aun así, que un programa estatal coloque la creación de un parque público permanente entre sus prioridades supone una apuesta estructural que merece ser seguida y, llegado el momento, medida por resultados.

“Principales propuestas de vivienda del programa electoral del PSOE, con objetivos de inversión pública, parque estatal de 100.000 viviendas y financiación para rehabilitación y acceso asequible.”

El gran interrogante está en las cuentas

Aquí es donde mi valoración se vuelve más prudente.

El programa electoral del PSOE promete simultáneamente más inversión en vivienda, sanidad, educación, dependencia, universidades, ciencia, cuidados, pensiones, infraestructuras, transición ecológica y cooperación internacional.

Muchas de esas medidas pueden defenderse individualmente.

El problema aparece cuando las sumamos.

El propio documento reconoce que la siguiente legislatura será fiscalmente más exigente por la finalización de los fondos Next Generation y por el aumento de las necesidades de inversión y cuidados. Al mismo tiempo se compromete a mantener una trayectoria descendente del déficit y de la deuda y a presentar en 2027 un nuevo Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo.

Ahí falta una pieza.

No he encontrado en el programa una memoria económica consolidada que sume el coste de las nuevas políticas, estime la recaudación adicional y proyecte el resultado presupuestario de todo el paquete.

Y el contexto obliga a hacerlo.

La última evaluación fiscal de la AIReF estima que el gasto primario neto crecerá de media un 5,7 % entre 2026 y 2028, frente al 3,2 % comprometido en el Plan Fiscal. También sitúa el déficit de 2026 en el 2,8 % del PIB y advierte de nuevas presiones estructurales relacionadas con el envejecimiento, los intereses y la defensa.

Esto no significa que las políticas propuestas sean imposibles.

Significa que habrá que priorizar.

Y quizá esa sea la pregunta económica más importante que debería responder el PSOE durante la campaña: si no puede financiar todo simultáneamente, ¿qué compromisos considera realmente irrenunciables?

Estado del bienestar: no basta con gastar más

El programa propone consolidar el gasto sanitario alrededor del 7 % del PIB, extender progresivamente la salud bucodental pública, reforzar la atención primaria y garantizar una primera consulta de atención psicológica en un máximo de 30 días.

En educación aparecen la universalización del tramo de 0 a 3 años, ampliación de becas, reducción de determinadas ratios y gratuidad del primer curso universitario. También se amplían políticas de dependencia, cuidados y protección familiar.

La orientación resulta coherente con una concepción fuerte de los servicios públicos.

Pero, como defendí al analizar la relación entre Estado del bienestar y democracia en Europa, defender lo público también obliga a exigir resultados.

Un centro sanitario no mejora simplemente porque aumente su presupuesto. Necesita profesionales, organización, planificación y evaluación. Lo mismo ocurre con la dependencia o la educación.

Por eso algunas promesas deberían formularse con especial cautela.

«Acabar con las listas de espera» expresa una intención política comprensible, pero difícilmente puede considerarse un compromiso verificable en términos literales. Garantizar una consulta psicológica en treinta días, en cambio, sí establece un objetivo cuya ejecución podría comprobarse.

Ese tipo de concreción mejora mucho cualquier programa electoral.

“Medidas sociales del programa electoral del PSOE sobre jornada laboral, pensiones, sanidad, educación, dependencia y cuidados, junto a sus principales retos de financiación y gestión.”

Trabajo: propuestas claras, pero necesitarán votos

La reducción de la jornada máxima a 37,5 horas semanales sin disminución salarial vuelve a aparecer entre los compromisos del PSOE. El programa también plantea incentivar mediante negociación colectiva avances hacia las 35 horas, reforzar el control de las horas extraordinarias y modificar determinados aspectos del despido.

Aquí tenemos un magnífico ejemplo de por qué no debe confundirse programa con capacidad de Gobierno.

El anterior proyecto para reducir la jornada fue rechazado por el Congreso el 10 de septiembre de 2025: las enmiendas de devolución recibieron 178 votos frente a 170. La tramitación oficial del Congreso de los Diputados deja constancia de aquel resultado.

Por tanto, la viabilidad de esta medida dependerá fundamentalmente de la composición del próximo Parlamento.

El debate tampoco puede separarse de una cuestión más amplia que abordé recientemente con motivo de la huelga general del 11N y las condiciones materiales de los trabajadores: crecimiento económico y creación de empleo resultan insuficientes cuando una parte de quienes trabajan continúa teniendo serias dificultades para acceder a vivienda, ahorrar o afrontar el coste de la vida.

Pensiones: protegerlas exige también financiar su futuro

El PSOE mantiene la revalorización de las pensiones conforme al IPC, pretende blindarla constitucionalmente y propone continuar mejorando determinadas pensiones mínimas y condiciones de jubilación.

También plantea reforzar los ingresos del sistema y buscar nuevas fuentes de financiación relacionadas, entre otras cuestiones, con las ganancias de productividad derivadas de la automatización.

Aquí conviene evitar tanto el alarmismo como la complacencia.

En mi análisis sobre la sostenibilidad de las pensiones públicas defendía precisamente esa posición: el sistema no está «quebrado», pero tiene desafíos financieros y demográficos que necesitan respuestas serias.

La AIReF confirmó en mayo de 2026 que la regla vigente sobre gasto en pensiones se cumple formalmente, pero advirtió de que ese cumplimiento no garantiza por sí solo la sostenibilidad de las finanzas públicas. Su escenario a políticas constantes sitúa la deuda pública en el 123 % del PIB en 2050.

Defender las pensiones públicas y analizar cómo financiarlas durante las próximas décadas no son posiciones contradictorias.

Son exactamente la misma responsabilidad.

Energía: una transición que empieza a hablar también del sistema

El capítulo energético me parece especialmente interesante por una razón: no reduce la transición ecológica a instalar más megavatios solares y eólicos.

El programa incluye renovables, pero también almacenamiento, bombeo hidroeléctrico, redes eléctricas, gestión de la demanda, autoconsumo e interconexiones.

Ese enfoque es más completo.

El objetivo de alcanzar un 81 % de generación eléctrica renovable en 2030 no es, además, una nueva promesa surgida durante la campaña. Ya está incorporado al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2023-2030 aprobado por el Gobierno.

Por tanto, en este terreno existe una planificación previa que aporta cierta continuidad al compromiso.

Desde Canarias, sin embargo, encuentro una carencia.

El programa promete desarrollar plenamente nuestro Régimen Económico y Fiscal y reconoce la singularidad de la insularidad y la condición de región ultraperiférica.

Pero eso sabe a poco después de los problemas eléctricos que estamos viviendo.

Los sistemas eléctricos canarios necesitan una estrategia específica sobre almacenamiento, bombeos, estabilidad de red, generación gestionable, interconexiones, vertidos renovables y sustitución ordenada de combustibles fósiles.

Como he defendido al abordar la transición energética en Canarias, aquí no basta con trasladar automáticamente las recetas diseñadas para un gran sistema continental. Una isla necesita renovables, pero también seguridad, flexibilidad y capacidad de respuesta.

Echo de menos ese nivel de detalle.

“Balance de fortalezas y límites del programa electoral del PSOE, con referencias a vivienda, servicios públicos, transición energética, financiación, mayorías parlamentarias y Canarias.”

Justicia y calidad democrática: avances y una ausencia llamativa

El programa propone un mandato de cinco años para la Fiscalía General del Estado desligado de la legislatura, prohibir instrucciones gubernamentales sobre casos concretos y trasladar la investigación penal a la Fiscalía bajo supervisión judicial.

También plantea una Ley Orgánica de Integridad Pública, una Agencia Independiente de Integridad, regulación de los grupos de interés y mayor transparencia en contratación, subvenciones y financiación política.

Son compromisos concretos.

Sin embargo, me sorprende que, después del enorme debate político e institucional producido alrededor del Poder Judicial, no exista una propuesta igualmente profunda sobre su gobierno, los nombramientos discrecionales y los mecanismos destinados a reforzar la percepción pública de imparcialidad.

Es una cuestión que he venido planteando al analizar la neutralidad judicial y la confianza en la Justicia española.

Si queremos recuperar confianza institucional, no basta con defender la independencia judicial cuando una resolución nos gusta o denunciar interferencias cuando nos perjudica.

Las garantías deben valer para todos.

Un programa que merece ser juzgado por lo que consiga ejecutar

Después de recorrer sus principales propuestas, veo en el programa electoral del PSOE una idea de país bastante definida.

Una economía más productiva e industrial. Más vivienda pública. Protección del poder adquisitivo. Servicios públicos fuertes. Pensiones garantizadas. Mayor protección laboral. Transición energética. Regulación de grandes poderes económicos y tecnológicos. Más integración europea.

No todas las medidas tienen el mismo grado de concreción.

Tampoco todas dependen exclusivamente del Gobierno.

Las reformas constitucionales necesitarán amplísimas mayorías. Muchas políticas sociales exigen cooperación de las comunidades autónomas. Las reformas laborales necesitarán votos parlamentarios. Y buena parte de la expansión del Estado del bienestar tendrá que enfrentarse a unas restricciones fiscales que el propio programa reconoce.

Pero hay algo positivo en disponer de 500 compromisos suficientemente identificables como para poder volver sobre ellos dentro de cuatro años.

Ahí debería estar el verdadero contrato democrático.

No en esperar que se cumplan literalmente 500 medidas, algo poco realista en cualquier legislatura, sino en poder comprobar cuáles se priorizaron, cuáles se ejecutaron, cuáles fracasaron y por qué.

Un programa electoral no debería pedir un cheque en blanco.

Debería permitir hacer cuentas después.

Y quizá esa sea finalmente la prueba más exigente para este programa: demostrar que la ambición social que transmite puede sobrevivir al presupuesto, al Parlamento, a la burocracia y a los inevitables imprevistos de gobernar.

Porque las buenas intenciones importan.

Pero la política empieza de verdad cuando hay que convertirlas en resultados.

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