La Ley de la Ciencia Canaria: Un brindis al sol.
El recientemente presentado Proyecto de Ley de la Ciencia de Canarias llega con la promesa de modernizar y dinamizar un sector clave para el futuro del archipiélago. Sin embargo, un análisis riguroso de su articulado, más allá de la cuidada exposición de motivos, revela una profunda decepción. Lejos de ser la herramienta transformadora que se necesita, el texto se asemeja más a un ejercicio de voluntarismo legislativo; un brindis al sol que, si bien luce bien en el papel, carece de la contundencia, la especificidad y la valentía necesarias para catalizar un cambio real. La norma adolece de una preocupante vaguedad, perpetúa un modelo de gobernanza que amenaza con incrementar la burocracia y, lo que es más grave, ignora por completo algunos de los mayores retos y oportunidades estratégicas de Canarias.
Financiación Condicionada: La Promesa Rota del Crecimiento Sostenido
Toda política de fomento se sustenta en su dotación económica. El proyecto lo sabe y, por ello, en su Disposición Adicional Primera, establece unos «Objetivos de Financiación Pública en I+D+i» que, a primera vista, podrían parecer ambiciosos, proyectando alcanzar un 3,00% del presupuesto autonómico para 20301. Sin embargo, la promesa se desvanece al leer la letra pequeña. El propio artículo 29 supedita este esfuerzo financiero a las «disponibilidades presupuestarias» y al «cumplimiento del objetivo de estabilidad», una cláusula de escape que, en la práctica, convierte un objetivo que debería ser vinculante en una mera sugerencia sujeta a la discrecionalidad política del momento.
La experiencia nos ha enseñado que sin compromisos presupuestarios blindados por ley, los fondos para I+D+i son los primeros en sufrir recortes ante cualquier eventualidad. Una ley de ciencia que no garantiza una financiación estable, predecible y creciente no es una ley de futuro, sino un rehén del ciclo económico y político.
La Ilusión de la Agilidad: Más Órganos para la Misma Burocracia
Resulta asombroso que una ley que persigue la «simplificación de los procedimientos administrativos» proponga, como una de sus grandes novedades, la creación de más estructuras burocráticas. El Consejo Canario Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación (art. 8) y el Comité Canario de Ética de la Investigación (art. 10) nacen con funciones puramente consultivas. Sus competencias, descritas en los artículos 9 y 11, se limitan a «asesorar», «proponer», «emitir informes» y «establecer códigos de buenas prácticas», sin capacidad ejecutiva alguna.
Lejos de agilizar, esta arquitectura añade nuevas capas a la toma de decisiones, amenazando con ralentizar los procesos en lugar de simplificarlos. La comunidad científica canaria no necesita más comités cuyas valiosas recomendaciones puedan ser ignoradas, sino una administración ágil, que confíe en sus investigadores y que elimine las trabas que hoy frenan su trabajo. La verdadera simplificación no pasa por crear nuevos entes, sino por reformar y dotar de eficacia a los ya existentes.
Inteligencia Artificial: ¿Innovación Real o Espejismo Normativo?
El proyecto dedica un título completo, el Título IV, a la Inteligencia Artificial (IA), lo que podría interpretarse como una loable apuesta de futuro. Sin embargo, una lectura atenta del articulado revela una preocupante falta de concreción. El texto se limita a establecer una serie de principios generales y fines etéreos, como «impulsar la IA» o «prevenir los riesgos inherentes». La verdadera sustancia se delega, una vez más, a un futuro incierto. El artículo 42.4 es explícito al respecto: serán «las bases reguladoras y las convocatorias de incentivos» las que «concretarán los requisitos que deben reunir» los sistemas de IA.
Esto convierte a la ley en una cáscara vacía. No se establecen programas específicos, no se detallan inversiones estratégicas ni se contempla la creación de infraestructuras críticas, como podría ser un centro de supercomputación canario, herramienta fundamental para el desarrollo de la IA que nos permitiría competir en igualdad de condiciones. La IA es una realidad presente que exige medidas valientes y concretas, no una colección de vaguedades y promesas de futuro desarrollo reglamentario.
Una Ceguera Incomprensible: La Ausencia de la Transición Energética
Quizás el fallo más flagrante e inexcusable de este proyecto de ley es su silencio atronador sobre el mayor desafío y, a la vez, la mayor oportunidad estratégica de Canarias: la transición energética. Es inconcebible que un texto que pretende definir el futuro de la ciencia en las islas ignore por completo la necesidad de investigar en campos como las energías renovables, el almacenamiento energético, las redes inteligentes o la movilidad eléctrica.
Canarias, por su condición de Sistemas Eléctricos no Peninsulares (SENP), constituye un laboratorio natural de incalculable valor para el desarrollo de estas tecnologías. La gestión de nuestros sistemas aislados, con sus estrictos criterios de seguridad y sus complejos equilibrios entre generación y demanda, está exhaustivamente detallada en los Procedimientos de Operación del sistema eléctrico. Documentos como el P.O. SENP 1 detallan la necesidad de mantener unos márgenes de frecuencia extremadamente estrechos (entre 49,85 y 50,15 Hz) y la obligación de disponer de enormes reservas de regulación (primaria, secundaria y terciaria) para garantizar la estabilidad ante la pérdida de un gran grupo de generación o la variabilidad de la producción renovable (denominada de «categoría B»).
Estos desafíos técnicos, lejos de ser un problema, son una oportunidad única para liderar la investigación en soluciones de almacenamiento, gestión de la demanda y estabilidad de red con alta penetración renovable. Que la Ley de la Ciencia obvie esta realidad, renunciando a posicionar a Canarias como un polo de referencia mundial en I+D+i energética, no es solo una oportunidad perdida, es una irresponsabilidad histórica que demuestra una profunda desconexión con las necesidades y potencialidades de nuestro territorio.
El Talento Investigador: El Gran Olvidado
Finalmente, el proyecto vuelve a fallar en lo más importante: el cuidado de su capital humano. A pesar de las menciones a la retención y atracción del talento en el artículo 28, el texto no propone ninguna medida concreta, ni un solo derecho estatutario nuevo, ni un solo programa con dotación económica garantizada para combatir la precariedad y la fuga de cerebros. Se utilizan verbos como «fomentar», «impulsar» o «favorecer», que expresan deseo pero no obligación. Se habla de reconocer el valor del personal investigador, pero no se articula una carrera investigadora digna y estable. Sin un compromiso firme y tangible con las personas que hacen ciencia, cualquier ley, por muy bienintencionada que sea, estará condenada al fracaso.
En conclusión, este proyecto legislativo representa una oportunidad manifiestamente mejorable. En lugar de una apuesta decidida por un modelo de ciencia ágil, bien financiado y enfocado en los retos estratégicos de Canarias como la transición energética, nos encontramos con un texto tímido, que se refugia en la vaguedad y que amenaza con perpetuar los mismos problemas que dice querer resolver. La comunidad científica canaria merece y necesita mucho más que este brindis al sol. Necesita visión, valentía y, sobre todo, un compromiso real que vaya más allá de las meras declaraciones de intenciones.
