El Desmantelamiento Silencioso: La Trampa de la Derecha para Erosionar lo Público
Nos encontramos inmersos en una narrativa política que, de tan repetida, corre el riesgo de ser aceptada sin el más mínimo escrutinio. «El dinero está mejor en el bolsillo de los ciudadanos», proclaman al unísono los líderes del Partido Popular y Vox. Es un eslogan seductor, casi intuitivo, que apela a la legítima aspiración de cada individuo a disponer de sus recursos. Sin embargo, tras esta simplificación se esconde una estrategia calculada, una auténtica trampa ideológica cuyas consecuencias estamos ya palpando: el desmantelamiento silencioso pero implacable de nuestros servicios públicos.
El desmantelamiento de los servicios públicos es un círculo vicioso perfectamente diseñado. Analicemos sus fases, no como una teoría abstracta, sino como una realidad contrastable con datos y ejemplos concretos.
Fase 1: La Promesa Fiscal Regresiva
Todo comienza con la promesa estrella: una masiva bajada de impuestos. Se presenta como un alivio universal, pero la letra pequeña revela su verdadero alcance. La supresión o bonificación casi total de impuestos como el de Patrimonio o el de Sucesiones y Donaciones, aplicadas sistemáticamente en comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, como la Comunidad de Madrid o Andalucía, no beneficia al trabajador medio ni al pequeño autónomo.
Según datos de la Agencia Tributaria, el Impuesto sobre el Patrimonio en 2021 (último año con liquidación completa disponible) fue declarado por poco más de 230,000 contribuyentes, aquellos con un patrimonio neto superior a los 700.000 euros (excluida la vivienda habitual hasta 300.000 euros). Su eliminación en Madrid, por ejemplo, supuso un «regalo» fiscal de más de 1.200 millones de euros anuales que benefició, fundamentalmente, al 0,2% más rico de la población. No es una medida para la clase media; es una transferencia directa de recursos que deberían sostener el bien común hacia las rentas más altas.
Fase 2: La Asfixia de los Servicios Públicos
Menos ingresos públicos se traducen, inevitablemente, en menos inversión. Esta es la consecuencia directa y premeditada. La sanidad y la educación públicas, pilares de nuestro estado del bienestar, son las primeras víctimas de este desmantelamiento de los servicios públicos.
Tomemos de nuevo el caso de la Comunidad de Madrid, laboratorio de este modelo neoliberal. Es la comunidad autónoma con el menor gasto sanitario público por habitante de toda España (1.467 € en 2023, frente a la media nacional de 1.886 €). ¿El resultado? Listas de espera quirúrgicas que superan los 84.000 pacientes, centros de atención primaria saturados con citas demoradas durante semanas y una fuga constante de profesionales sanitarios buscando mejores condiciones laborales.
En educación, el patrón se repite. Mientras se desgrava fiscalmente la educación privada o concertada, se reduce la inversión por alumno en la pública. Este desmantelamiento de los servicios públicos conduce a aulas más masificadas, menos profesores de apoyo y una brecha creciente entre quienes pueden permitirse una alternativa y quienes dependen exclusivamente de un sistema público deliberadamente debilitado.
Fase 3: La Privatización como «Única Solución»
Una vez que el servicio público se ha deteriorado hasta el punto de ser percibido como ineficiente, se presenta la siguiente fase del plan: la privatización. Se argumenta que la gestión privada es más ágil y eficaz. Lo que no se dice es que el objetivo de una empresa privada no es garantizar un derecho universal, sino obtener un beneficio económico.
Hemos visto cómo la gestión de hospitales, residencias de mayores o servicios de dependencia se ha ido externalizando, creando un lucrativo negocio para grandes corporaciones. Durante la pandemia de COVID-19, vimos las trágicas consecuencias de este modelo en las residencias de mayores, donde la priorización del beneficio sobre el cuidado costó miles de vidas. La sanidad deja de ser un derecho para convertirse en un bien de mercado, y la salud, en una mercancía.
Fase 4: La Socialización de las Pérdidas y la Derivación de la Culpa
El clímax de la estrategia llega con la crisis. Cuando un sistema público debilitado no puede hacer frente a una pandemia, a una ola de incendios devastadores por falta de brigadas forestales, o al colapso de los servicios sociales, la misma élite política que provocó la situación ejecuta un doble movimiento magistral.
Primero, piden el rescate al Estado. De repente, «papá Estado», ese ente del que tanto renegaban, debe acudir con fondos de emergencia, con el ejército (la UME) o con legislación excepcional. El desmantelamiento de los servicios públicos se complementa allí donde se han socializado las pérdidas después de haber privatizado los beneficios durante años.
Segundo, y aquí reside la perversión final, culpan al Gobierno central. Se construye un relato en el que la incompetencia del sistema es responsabilidad de «Sánchez» o del gobierno de turno, nunca de sus propias políticas de desinversión. Se presentan como víctimas inocentes de una situación que ellos mismos han creado, desviando la atención y eludiendo cualquier responsabilidad.
Conclusión: Un Patriotismo de Bandera y Carteras Llenas
Este no es un modelo de gestión basado en la eficiencia, sino un proyecto ideológico de transferencia de riqueza del conjunto de la sociedad a una minoría privilegiada. Es la destrucción de lo común para el beneficio de lo privado.
El verdadero patriotismo no consiste en agitar una bandera mientras se descapitaliza el sistema que cuida de nuestros mayores, educa a nuestros hijos y nos cura cuando enfermamos. El verdadero patriotismo es el fiscal: el que entiende que pagar impuestos en función de la capacidad de cada uno es la herramienta más poderosa para construir una sociedad justa, cohesionada y resiliente.
La trampa de PP y Vox es, en esencia, un ataque al corazón del contrato social. Nos prometen un alivio fiscal individual e inmediato a cambio de un empobrecimiento colectivo a largo plazo. Caer en ella es renunciar al futuro. Defender nuestros servicios públicos no es una cuestión de ideología trasnochada, sino de supervivencia como comunidad. En definitiva, el desmantelamiento de los servicios públicos es una amenaza a nuestro futuro compartido.
