Incendios y Competencias: La Pirueta Política de Desviar el Foco y Ocultar la Ineptitud
En el teatro de la política española, hay maniobras tan recurrentes que rozan la caricatura. Una de ellas, infalible cada verano, es la de utilizar la tragedia de nuestros montes calcinados como arma arrojadiza contra el Gobierno central. Este año, con una virulencia notable, el Partido Popular ha desempolvado el guion y apunta a la Moncloa. Acusa a Pedro Sánchez de inacción y falta de medios ante la oleada de incendios que asola el país. Sin embargo, esta estrategia de «tierra quemada» política no es más que una densa cortina de humo. Intenta ocultar una verdad jurídica y administrativa incontestable: la responsabilidad principal en la prevención y extinción de incendios forestales recae, de manera abrumadora, en las Comunidades Autónomas.
Las Leyes no Arden: El Marco Legal de las Competencias
Para desmantelar esta falacia, no es necesario acudir a complejas interpretaciones politológicas. Basta con remitirse al Boletín Oficial del Estado. La Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, es meridiana en su articulado. En su Título IV, dedicado a los incendios forestales, establece sin ambages que son las administraciones autonómicas las competentes en la materia. Esto abarca desde la planificación de la prevención, la gestión forestal, la regulación de usos del suelo que puedan entrañar riesgo, hasta la organización y mando de los dispositivos de extinción.
El artículo 149.1.23ª de la Constitución Española reserva al Estado la «legislación básica sobre protección del medio ambiente». Sin embargo, la gestión directa, la ejecución de políticas y el despliegue de medios sobre el terreno es una competencia transferida y asumida plenamente por las autonomías. El Gobierno central, a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ejerce una función de apoyo, coordinación y refuerzo, pero nunca de sustitución.
Los medios estatales, como los hidroaviones de gran capacidad o las prestigiosas Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF), son un recurso extraordinario. Su movilización, así como la de la Unidad Militar de Emergencias (UME), se produce siempre a petición expresa de la comunidad autónoma que se ve desbordada. Pretender que el Presidente del Gobierno dirija personalmente la lucha contra las llamas en cada comarca es, además de un disparate logístico, una ignorancia deliberada de la arquitectura institucional de nuestro país. Es, en esencia, pedirle al director de orquesta que toque el violín mientras la partitura la tiene y la debe ejecutar el concertino autonómico.
El Presupuesto como Espejo: ¿Recortes o Insuficiencia Crónica?
El argumentario del Partido Popular se centra en la supuesta merma de recursos estatales por la falta de Presupuestos Generales. Sin embargo, obvian maliciosamente que el foco del análisis presupuestario debe situarse en las consejerías de Medio Ambiente de sus propios gobiernos. Y aquí, la narrativa del agravio se desmorona.
Si bien es cierto que la inversión en prevención ha sido históricamente la hermana pobre de la extinción en todas las administraciones, los datos recientes de varias comunidades gobernadas por el PP, como Andalucía o Galicia, reflejan incrementos presupuestarios para sus planes anti-incendios en los ejercicios de 2024 y 2025. El problema, por tanto, no es tanto una cuestión de recortes actuales. Se trata de una insuficiencia endémica y, sobre todo, de un modelo de gestión que sigue fiándolo todo a la extinción. Desoye las advertencias de la comunidad científica.
Organizaciones ecologistas como Greenpeace o WWF, junto a los colegios de ingenieros forestales, llevan años clamando en el desierto. La clave no está en tener más hidroaviones, sino en tener paisajes menos inflamables. Esto se consigue con una gestión forestal activa y sostenida durante todo el año. También se logra con el fomento de la ganadería extensiva que limpie el monte. Además, con políticas valientes que aborden el drama del despoblamiento rural y con una selvicultura preventiva. Y es en estas políticas estructurales, en esta visión a largo plazo, donde el suspenso de las administraciones autonómicas es más estrepitoso.
La Emergencia Climática y la Negación como Estrategia
El trasfondo de esta polémica es ineludible: la crisis climática antropogénica. Los incendios de hoy no son como los de hace treinta años. Son más virulentos, rápidos e impredecibles, auténticas tormentas de fuego alimentadas por olas de calor más frecuentes e intensas y una sequía pertinaz. Este nuevo paradigma, denominado «incendios de sexta generación», exige un cambio radical de enfoque.
Mientras el Gobierno de Sánchez ha hecho de la transición ecológica una de sus banderas, con una apuesta decidida por las energías renovables y la descarbonización, el Partido Popular mantiene una postura ambigua. A menudo está lastrada por sus pactos con la ultraderecha, que coquetea con el negacionismo. Criticar la falta de medios mientras se oponen a las políticas que mitigan la raíz del problema es un ejercicio de cinismo político difícilmente superable.
Conclusión: Asumir Responsabilidades, Abandonar la Demagogia
Resulta profundamente irresponsable que, mientras las llamas devoran nuestro patrimonio natural y ponen en jaque la seguridad de miles de personas, la principal estrategia de la oposición sea fabricar un chivo expiatorio en el Gobierno central. La legislación española es clara y atribuye las competencias de gestión, prevención y extinción a las Comunidades Autónomas. Son ellas las que deben rendir cuentas ante sus ciudadanos. Deben responder por la eficacia de sus planes y por la inversión real en la gestión del territorio durante los 365 días del año. Además, por su capacidad para adaptar sus políticas a la incuestionable realidad del cambio climático.
Exigir la intervención del Estado cuando el fuego ya está desatado, después de haber descuidado la prevención durante años, no es un acto de lealtad institucional. Es la confesión de un fracaso. La ciudadanía merece más que cortinas de humo y acusaciones infundadas. Merece líderes autonómicos que asuman sus competencias con la seriedad que la emergencia climática y la protección de nuestras vidas y ecosistemas demandan. El resto es, simple y llanamente, demagogia incendiaria.
