El Franquismo S.A. (Parte 4): «Robar era Obedecer», la Corrupción como Sistema
Hasta ahora en «El Franquismo S.A.» hemos montado el puzle del gran expolio: vimos la herramienta legal que lo justificó, el enriquecimiento personal del dictador que sirvió de ejemplo y la red de familias que se beneficiaron del «capitalismo de amiguetes». Pero para que todo este engranaje funcionara a la perfección durante casi cuarenta años, se necesitaba algo más: un sistema donde la corrupción no fuera un fallo, sino el propio mecanismo de funcionamiento.
Durante el franquismo, la corrupción no fue una anomalía o una desviación de la norma. Fue la norma misma. Como argumenta el magistrado Joaquim Bosch en su obra «La patria en la cartera», fue bajo esta dictadura cuando la corrupción adquirió «dimensiones institucionales», convirtiéndose en un elemento estructural del Estado. El sistema no estaba simplemente afectado por la corrupción; estaba diseñado para ella.
Un Sistema sin Controles
La esencia de este modelo cleptocrático residía en la eliminación de cualquier mecanismo de control o rendición de cuentas. El poder absoluto del Caudillo se replicaba en todos los niveles de la administración, creando un entorno de impunidad total.
- Un Poder Judicial Sometido: La judicatura carecía de la más mínima independencia. Los jueces respondían en última instancia ante el Jefe del Estado, lo que hacía impensable cualquier investigación sobre las actividades económicas de las élites políticas o empresariales del régimen.
- Contratos Públicos a Dedo: La adjudicación de contratos públicos se realizaba sin transparencia, publicidad ni competencia. Se convirtió en la principal fuente de enriquecimiento ilícito a través del cobro de comisiones ilegales y la sobrefacturación. El Estado era un botín a repartir entre los leales.
- El Tráfico de Influencias como Norma: Como señala el investigador Mariano Sánchez Soler, el franquismo fue «en sí mismo, un sistema de corrupción». El concepto jurídico de «tráfico de influencias» era inaplicable, porque usar un cargo político para obtener beneficios privados era la práctica habitual y aceptada de gobierno. La línea que separaba el patrimonio del Estado del patrimonio de los gobernantes se borró por completo.
«Robar era Obedecer»
Este sistema pervirtió por completo la noción de servicio público. Ocupar un cargo no significaba servir al bien común, sino servirse del Estado para el beneficio propio. En este contexto, la lealtad al régimen no se medía por la integridad, sino por la participación eficaz en estas redes de enriquecimiento.
La lapidaria frase «robar era obedecer» captura a la perfección esta inversión de valores. Un acto corrupto, siempre que beneficiara a la jerarquía y reforzara las cadenas de lealtad, no era una traición al sistema, sino una prueba de adhesión a sus reglas no escritas.
El Miedo como Garante de la Impunidad
Toda esta arquitectura de expolio se sostenía sobre un pilar fundamental: el miedo. La represión brutal ejercida sobre cualquier forma de disidencia garantizaba el silencio de la sociedad. En un entorno donde la denuncia podía acarrear la cárcel, la tortura o la muerte, la impunidad de las élites era absoluta. El silencio de los expoliados era la garantía que permitía el funcionamiento ininterrumpido de la maquinaria corrupta.
Estos cuarenta años de corrupción institucionalizada dejaron una profunda herencia cultural. Como argumenta Bosch, esta larga experiencia histórica contribuyó a instalar una «naturalidad atávica» con la que una parte de la sociedad española ha llegado a asumir las conductas indecentes como parte del «paisaje institucional». Una cultura de la impunidad que, como veremos en la última entrega, no fue erradicada durante la Transición.
En el capítulo final de «El Franquismo S.A.», analizaremos la herencia intacta del régimen. Veremos cómo este entramado económico y de poder sobrevivió a la llegada de la democracia gracias a un «pacto de impunidad», y cómo sus estructuras y apellidos siguen influyendo en la España de hoy.
