Introducción: Cuando la toga actúa por impulso y no por derecho
El llamado “caso Begoña Gómez” comenzó con una denuncia basada en recortes de prensa y bulos, y ha terminado por retratar una instrucción judicial plagada de errores, carente de pruebas sólidas y rectificada en múltiples ocasiones por tribunales superiores. Al frente de esta causa está el juez Juan Carlos Peinado, cuya actuación ha sido tan polémica como jurídicamente frágil.
La justicia no puede ser utilizada como herramienta de erosión política, ni como altavoz de plataformas ultras que buscan notoriedad a través de querellas temerarias. Pero eso es justamente lo que este caso parece evidenciar. Y lo más preocupante: tras más de quince meses de instrucción no hay pruebas concluyentes contra Begoña Gómez.
Una causa construida sobre conjeturas y recortes de prensa
Origen turbio, instrucción expansiva
El 24 de abril de 2024, el juez Peinado abre diligencias tras una denuncia de Manos Limpias, basada exclusivamente en noticias sin contrastar. A partir de ahí, el procedimiento se extiende como una mancha de aceite, hurgando en todas las actividades profesionales y personales de Begoña Gómez: su cátedra universitaria, su agenda en Moncloa, sus relaciones con empresarios, incluso correos institucionales sin contenido penal.
Una causa sin hechos concretos, con múltiples ramificaciones, es terreno abonado para la sospecha sin fundamento y el desgaste reputacional. Eso es lo que se ha producido aquí.
Una instrucción desautorizada en múltiples ocasiones
La Audiencia Provincial: una enmienda permanente
A lo largo de 2024 y 2025, la Audiencia Provincial de Madrid ha tumbado buena parte de las decisiones del juez Peinado:
- Ha anulado diligencias por considerarlas “basadas en conjeturas”.
- Ha rechazado imputaciones por falta de motivación jurídica.
- Ha rectificado sanciones impuestas a abogados por vulneración de derechos.
Peinado ha llegado a dar por fallecida a Begoña Gómez en un escrito dirigido al Supremo. No es un error menor, es el síntoma de una instrucción desordenada y precipitada. ¿Puede un juez mantener una causa de esta relevancia con tal nivel de torpeza?
¿Perseguir al ministro de Justicia? Un desatino jurídico
El caso Bolaños: el delirio procesal de Peinado
Uno de los episodios más bochornosos de esta instrucción fue el intento de imputar al ministro Félix Bolaños por “malversación y falso testimonio” en relación con una asesora de Moncloa. El Tribunal Supremo rechazó por unanimidad la petición, señalando con claridad la inexistencia de pruebas y la falta de argumentación legal.
Es difícil encontrar una desautorización más clara y contundente hacia un juez instructor. Sin embargo, el caso sigue abierto, como si el sistema no supiera cómo frenar una instrucción que se desangra por sí sola.
Una causa sostenida por la presión mediática y acusaciones populares
Manos Limpias y Hazte Oír: la justicia como trinchera
La causa contra Begoña Gómez se mantiene a flote gracias a acusaciones populares de marcado perfil ideológico, como Hazte Oír o Manos Limpias. Estas organizaciones utilizan los tribunales como plataformas políticas, en una suerte de lawfare castizo: instrumentalización del derecho penal para destruir reputaciones sin necesidad de probar delitos.
El juez Peinado ha dado curso a rastreos de llamadas, citaciones absurdas y análisis de correos que no han arrojado ningún indicio sólido de conducta delictiva. No hay contratos irregulares, ni hay mordidas, ni hay favores a cambio de dinero. Solo ruido.
El verdadero peligro: que el desgaste se convierta en condena sin juicio
Este caso es un ejemplo paradigmático de cómo una instrucción errática, un juez permeable al sensacionalismo y un ecosistema político-mediático hostil pueden convertir la justicia en castigo sin pruebas. La causa contra Begoña Gómez debería haber sido archivada hace meses, pero sigue viva porque sirve a intereses ajenos al derecho.
La justicia no es neutra cuando sus decisiones se corrigen una y otra vez desde arriba. No es ciega cuando permite filtraciones, errores graves y acusaciones sin sustento. Y no es justa cuando permite que la vida de una persona se vea arrasada por una sospecha jamás confirmada.
