🟠 Lo público frente a lo privado: la verdadera batalla por el alma del Estado
Durante décadas, se nos vendió que lo privado era sinónimo de eficiencia y lo público de ineficacia. Que los servicios del Estado eran un lastre y que el mercado era el único motor del bienestar. Esta narrativa neoliberal —tan profundamente arraigada en la política española— ha dejado un legado de desmantelamiento progresivo, externalizaciones encubiertas y mercantilización de derechos.
El Gobierno de Pedro Sánchez prometía revertir esa tendencia. Prometía una defensa firme de lo público como eje vertebrador del Estado del bienestar. Y aunque ha habido avances concretos, especialmente durante la pandemia y en el ámbito laboral, lo cierto es que no se ha producido una auténtica refundación de lo público, ni una ruptura clara con la lógica privatizadora.
Porque no basta con gestionar lo público. Hay que defenderlo políticamente, financiarlo adecuadamente y blindarlo jurídicamente.
📌 La sanidad y la educación: terreno en disputa
En sanidad, el Gobierno central aumentó el gasto y coordinó respuestas cruciales frente al COVID-19. Pero la fragmentación autonómica ha permitido que comunidades gobernadas por la derecha hayan seguido desmantelando hospitales, precarizando personal o fomentando conciertos privados. Y frente a eso, la respuesta del Estado ha sido tibia o inexistente.
En educación, aunque se impulsó la LOMLOE con avances en equidad, se sigue permitiendo el desvío masivo de fondos públicos a centros concertados que segregan por sexo, por renta o por religión. Es una contradicción estructural: se aprueba una ley progresista mientras se sostienen con dinero público modelos educativos elitistas.
Lo público no puede ser solo una red de emergencia para los pobres. Debe ser el orgullo del país, la referencia de calidad, la garantía de igualdad real.
📌 La vivienda: cuando el mercado manda
La vivienda es uno de los fracasos más dolorosos de los últimos años. Sí, se ha aprobado por fin una ley de vivienda que regula precios, obliga a destinar parte de la oferta al alquiler social y reconoce derechos hasta ahora ignorados. Pero llega tarde, y con escasa capacidad de aplicación real en muchos territorios.
Mientras tanto, los fondos buitre siguen campando a sus anchas, comprando barrios enteros, especulando con la necesidad básica de tener un techo, con la complicidad de gobiernos locales o autonómicos. Y el parque de vivienda pública sigue siendo ínfimo, muy por debajo de la media europea.
¿Dónde está el plan de choque para revertir décadas de desinversión? ¿Dónde la ofensiva política y comunicativa para explicar que la vivienda no es un activo financiero, sino un derecho?
📌 Externalizaciones y negocios encubiertos
Uno de los cánceres silenciosos del Estado es la externalización sistemática de servicios públicos a empresas privadas: limpieza, atención domiciliaria, ambulancias, comedores escolares, mantenimiento de hospitales, atención telefónica, etc. Todo bajo la promesa de ahorrar costes… a costa de precarizar empleos, recortar calidad y fomentar empresas que viven exclusivamente del dinero público.
Y en muchos casos, estas privatizaciones parciales son la antesala de corrupción, clientelismo o conflictos de interés. Pero el Gobierno no ha puesto freno a esta dinámica. Se ha limitado a “gestionar mejor”, sin cuestionar el modelo.
Un progresismo real no puede aceptar que el dinero público acabe en dividendos privados sin control ni exigencia de calidad. Hay que reconstruir la capacidad del Estado de prestar servicios directamente, con condiciones dignas y con evaluación ciudadana.
📌 Los nuevos campos de batalla
Hoy, la defensa de lo público no solo se juega en la sanidad, la educación o la vivienda. También se libra en el terreno digital, en la energía, en el agua, en el transporte, en el acceso a los datos, en los algoritmos que toman decisiones que antes tomaban humanos.
Si no se actúa ya, los nuevos derechos sociales nacerán privatizados desde el minuto uno, como ha ocurrido con las residencias de mayores o con la atención psicológica en muchos territorios.
El Estado tiene que dejar de ser un gestor externo del mercado y recuperar su papel como garante activo del interés general.
🟢 Conclusión: lo público no es un gasto, es la base de la libertad
La gran batalla de nuestro tiempo no es solo ideológica. Es estructural. Es la lucha entre un modelo que considera la salud, la educación, la vivienda o la energía como derechos… y otro que los trata como mercancías.
Pedro Sánchez y su Gobierno han dado pasos, pero no han levantado con suficiente contundencia la bandera de lo público. Han gestionado lo que había, pero han dudado a la hora de enfrentar a los intereses privados que se lucran con el bienestar común.
Es hora de dejar la tecnocracia y pasar a la política con mayúsculas. Porque lo público no es solo más justo: es más democrático. Y defenderlo no es un gesto ideológico, sino un acto de justicia social. Porque sin lo público, la libertad queda reducida a un privilegio para quienes pueden pagarla.
