Las encuestas no votan: el 29-N abre una oportunidad progresista
Pedro Sánchez ha decidido que España vuelva a las urnas el próximo 29 de noviembre. Lo ha anunciado este 5 de octubre después de que el Congreso rechazara los dos decretos de vivienda aprobados por el Gobierno y tras varios días en los que la crisis habitacional ha pasado de ser un grave problema social a ocupar el centro mismo de la política española. La convocatoria ya es oficial.
Las encuestas dicen hoy que PP y Vox parten con una ventaja considerable. Sería absurdo negarlo. Pero también sería un error confundir una encuesta realizada antes de los acontecimientos de esta última semana con una sentencia pronunciada por anticipado.
Creo que aquí se abre una oportunidad progresista mucho más interesante de lo que sugiere la fotografía demoscópica actual. No porque las encuestas carezcan de valor, sino porque todavía no han medido el país que va a votar el 29-N. Y porque, después de mucho tiempo discutiendo sobre los temas que mejor movilizan a la derecha, la vivienda puede trasladar la campaña al terreno en el que una mayoría social piensa de forma bastante más progresista de lo que indican las estimaciones electorales.
Una encuesta no es una urna
El último barómetro de 40dB. sitúa al PP en el 31,6%, al PSOE en el 27,4% y a Vox en el 18,4%. Sumar obtendría un 5,6% y Podemos un 2,7%. La suma de PP, Vox y SALF alcanzaría el 52%, mientras PSOE, Sumar y Podemos se quedarían en el 35,7%. Son datos muy malos para la izquierda y esconderlos no serviría absolutamente para nada.
Pero hay un pequeño detalle que cambia mucho su interpretación: el trabajo de campo se realizó entre el 25 y el 28 de septiembre.
Es decir, la encuesta terminó antes de que el Gobierno aprobara los dos decretos de vivienda el 29 de septiembre, antes de que PP, Vox y Junts los tumbaran el 2 de octubre y antes de que Sánchez anunciara este 5 de octubre la convocatoria electoral.
La encuesta que hoy ocupa titulares está describiendo políticamente un país que, en varios aspectos relevantes, ya no existe.
Esto no significa que PP y Vox hayan dejado repentinamente de tener ventaja. Significa algo bastante más sencillo: todavía no existe una encuesta que haya medido el escenario electoral actual.
Conviene además recordar algo que muchas veces desaparece cuando la demoscopia se transforma en propaganda política. Una estimación de voto no es el resultado de introducir una papeleta en una urna. Incluye respuestas declaradas, recuerdo de voto, ponderaciones, probabilidades de participación y modelos estadísticos.
Uso político y mediático de las encuestas
No tengo ningún elemento serio para afirmar que una empresa demoscópica concreta falsifique intencionadamente sus resultados para favorecer a la derecha. Decirlo así sería irresponsable. Otra cosa distinta es el uso político y mediático que se hace de determinadas encuestas, convirtiéndolas en una especie de profecía destinada a instalar una idea sencilla: la derecha ya ha ganado; la izquierda solo tiene que esperar la derrota.
Esa batalla psicológica también existe.
Y precisamente por eso conviene recordar que las encuestas no votan.
El dato oculto detrás de la ventaja de la derecha
Dentro de los propios sondeos aparece además un elemento que debería interesar mucho al espacio progresista.
La derecha está hoy considerablemente más movilizada que la izquierda. Entre quienes votaron PSOE y Sumar en 2023 existe aproximadamente el doble de indecisos que entre los antiguos votantes de PP y Vox. Parte del retroceso progresista no está, por tanto, únicamente en electores que hayan cruzado definitivamente hacia la derecha. Está también en personas que dudan, se han distanciado o sencillamente consideran quedarse en casa.
La diferencia es enorme.
Recuperar a una persona progresista decepcionada es bastante más probable que convencer a un votante plenamente identificado con Vox.
Por eso la posibilidad de remontada depende fundamentalmente de una palabra: movilización.
Ya ocurrió en 2023. Una campaña electoral que comenzó con una mayoría PP-Vox prácticamente descontada terminó sin que ese bloque pudiera formar Gobierno. La situación actual es más difícil porque la distancia demoscópica es mayor, pero la enseñanza sigue siendo válida: una campaña electoral puede cambiar el comportamiento de millones de personas.
El 29-N no está ganado por nadie.
La vivienda puede cambiar el terreno de juego
Durante buena parte de los últimos meses, la conversación pública se ha desarrollado sobre asuntos especialmente favorables para Vox: inmigración, inseguridad, Ceuta, corrupción, enfrentamiento territorial y rechazo a Pedro Sánchez.
La vivienda introduce una discusión completamente diferente.
Ya expliqué al analizar los propios decretos que algunas de las medidas aprobadas por el Gobierno eran discutibles y que por sí solas no solucionaban el problema estructural. Reforma de la vivienda: qué cambian los nuevos decretos Pero también defendí algo esencial: construir más vivienda no basta si después esa vivienda vuelve a incorporarse a un mercado incapaz de garantizar precios compatibles con los salarios.
Los datos sociales son extraordinariamente reveladores.
Según 40dB., el 67,5% de los españoles está de acuerdo con limitar los precios de la vivienda aunque eso reduzca la rentabilidad del propietario. Lo apoya el 82,6% de quienes votarían PSOE, pero también el 56,5% de los votantes del PP y el 55,2% de los de Vox.
El 82,4% quiere aumentar la oferta de vivienda social. El 79,7% apoya incentivos fiscales para pequeños propietarios que alquilen a precios asequibles. Y porcentajes situados entre el 70% y el 75% respaldan medidas para aplazar desahucios de personas vulnerables, limitar las subidas del alquiler o regular determinadas prácticas del mercado.
Aquí aparece una contradicción política formidable.
Hay personas que hoy dicen que votarán PP o Vox y, al mismo tiempo, defienden políticas de vivienda mucho más cercanas a las propuestas de la izquierda que al modelo de mercado que tradicionalmente ha defendido la derecha.
Esa contradicción es una oportunidad electoral.
El error progresista sería limitarse a asustar con Vox
Una campaña progresista no debería construirse únicamente alrededor del miedo a una coalición PP-Vox.
La posibilidad existe y debe explicarse con claridad. Si las urnas reprodujeran aproximadamente las encuestas actuales, Vox tendría un peso enorme en el próximo Gobierno o en su mayoría parlamentaria. Pero decir solamente «que viene la extrema derecha» probablemente no sea suficiente para movilizar a quien dejó de votar porque considera que la política no ha mejorado su vida.
Hay que ofrecer algo por lo que merezca la pena votar.
Vivienda pública permanente. Regulación efectiva de los alquileres abusivos. Protección frente a desahucios sin alternativa habitacional. Lucha contra la utilización especulativa de la vivienda. Fiscalidad diferenciada entre quien tiene una segunda vivienda y quien acumula cientos. Salarios dignos. Sanidad y educación públicas. Dependencia. Transición ecológica justa.
Y, como he defendido anteriormente, avanzar hacia un reconocimiento constitucional de la vivienda con una protección jurídica mucho más intensa que la actual. En mayo ya señalaba en este blog que la vivienda estaba desplazando al ruido político para convertirse en una de las grandes preocupaciones sociales del país. CIS mayo 2026: la vivienda marca la preocupación social
La izquierda tiene una posibilidad de remontar si consigue que las elecciones se celebren alrededor de estas cuestiones.
Si vuelve a dejar que la campaña se dispute exclusivamente sobre inmigración, identidades, miedo y enfrentamiento cultural, tendrá muchos más problemas.
Y mañana puede producirse una jugada política extraordinaria
Aquí aparece otra pieza que puede cambiar el comienzo de la campaña.
Según la información publicada este lunes, el Gobierno prepara la aprobación mañana de nuevos decretos de vivienda para que, una vez disueltas las Cortes, sean sometidos a la Diputación Permanente del Congreso. A estas horas todavía queda por conocer la redacción definitiva y si se recuperarán ambos textos o se introducirán cambios.
La operación tiene una enorme inteligencia política.
Y, conviene aclararlo frente al ruido que inevitablemente llegará, la Diputación Permanente no es ningún truco institucional inventado por Pedro Sánchez.
Está expresamente prevista en el artículo 78 de la Constitución. Cuando las Cámaras han sido disueltas, asume determinadas funciones del Congreso, entre ellas las relacionadas con los decretos-leyes previstas en el artículo 86. El propio Reglamento del Congreso establece que la convalidación o derogación de un real decreto-ley puede celebrarse ante el Pleno o ante la Diputación Permanente.
Su composición también es conocida: 69 miembros, incluida la presidenta del Congreso, distribuidos proporcionalmente entre los grupos parlamentarios.
Y aquí cambia la aritmética.
El primer decreto de vivienda cayó el viernes por 172 votos frente a 178. PP, Vox, Junts y UPN votaron en contra. El segundo obtuvo 166 votos favorables y 184 contrarios, porque PNV y Coalición Canaria se sumaron también al rechazo.
En la Diputación Permanente, sin embargo, Junts dispone de un solo representante. Si se reprodujeran los apoyos del primer decreto, el bloque favorable podría imponerse aproximadamente por 35 votos frente a 34. RTVE ha señalado este mismo escenario.
Sería difícil imaginar un comienzo de campaña políticamente más potente.
Recuperar derechos antes de pedir el voto
La operación podría resumirse de una forma extremadamente sencilla.
El Gobierno aprobó unas medidas de vivienda.
PP, Vox y Junts las tumbaron.
El presidente convocó elecciones.
Y, utilizando un mecanismo expresamente previsto por la Constitución para los periodos en los que las Cortes están disueltas, el Gobierno intenta recuperarlas.
Después, que hablen las urnas.
Naturalmente, existen límites. Cada nuevo real decreto-ley tendrá que justificar nuevamente la extraordinaria y urgente necesidad exigida por el artículo 86 de la Constitución. Y repetir exactamente un texto que acaba de ser rechazado facilitaría a la oposición construir el argumento de que se intenta eludir políticamente la decisión anterior del Congreso.
Por eso creo que la jugada verdaderamente inteligente no consiste simplemente en copiar y pegar.
El primer decreto tiene una aritmética potencialmente favorable y debería recuperarse. El segundo necesita probablemente una nueva negociación que incorpore algunas de las objeciones del PNV y de otras fuerzas que respaldaron el paquete principal pero rechazaron la prórroga prácticamente indefinida de determinados contratos.
Gobernar también significa corregir.
Una oportunidad progresista, no una victoria anticipada
Hace apenas dos días defendía aquí que un adelanto electoral podía convertirse en una oportunidad para situar la vivienda en el centro de la política. Adelanto electoral: vivienda y oportunidad progresista Hoy esa hipótesis ya no existe: las elecciones han sido convocadas.
Ahora empieza lo realmente difícil.
La izquierda alternativa tendrá que decidir si quiere maximizar su representación o continuar fragmentándose hasta dejar miles de votos sin traducción parlamentaria. El PSOE deberá asumir sus propios errores y explicar por qué algunas decisiones que ahora presenta como urgentes no se adoptaron antes. Las organizaciones sociales tienen todo el derecho a mantener su autonomía y exigir mucho más de lo que proponga cualquier Gobierno.
Pero también la derecha tendrá que responder.
Tendrá que explicar por qué votó contra medidas que apoyan mayoritariamente incluso sus propios electores. Tendrá que decir qué hará con los alquileres, con los desahucios, con los fondos de inversión y con quienes destinan la mitad del salario a conseguir algo tan elemental como un lugar donde vivir.
Y tendrá que aclarar algo más: qué parte de su programa estará dispuesta a entregar a Vox para alcanzar La Moncloa.
Las encuestas dicen hoy que PP y Vox ganarían.
Hay que tomarlas en serio.
Lo que no hay que hacer es rendirse ante ellas.
Quedan casi dos meses, una campaña electoral completa, millones de personas aún indecisas y un conflicto social —la vivienda— en el que la mayoría de este país está bastante más cerca de posiciones progresistas de lo que algunos quisieran hacernos creer.
El 29 de noviembre no elegiremos entre una encuesta y otra.
Elegiremos entre dos modelos de sociedad.
Y esa partida acaba de empezar.
