La Política de lo Posible: Promesas Electorales y Pactos de Gobierno
En el fragor del debate público, a menudo se recurre a la hemeroteca para señalar las aparentes contradicciones de nuestros líderes políticos. Una de las críticas más recurrentes hacia el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se fundamenta en dos episodios concretos: su afirmación de que «no podría dormir tranquilo» con ministros de Podemos en su gabinete y su posterior cambio de postura respecto a la amnistía para los implicados en el procés catalán. Estos «cambios de opinión» son presentados por la oposición como una traición a su palabra, un engaño al electorado. Sin embargo, un análisis riguroso de la política parlamentaria nos obliga a formular una pregunta fundamental: ¿es lo mismo una declaración de intenciones que un programa de gobierno inmutable?
La respuesta, en una democracia parlamentaria como la nuestra, es un rotundo no. La política no es un ejercicio de voluntarismo, sino el arte de lo posible, una disciplina que exige adaptar los principios. Esto se debe a una realidad a menudo tozuda: la aritmética parlamentaria.
Del «No Dormiría Tranquilo» a la Coalición Progresista
Es crucial, en primer lugar, recordar con exactitud las palabras de Pedro Sánchez en septiembre de 2019. En una entrevista, y en un contexto de bloqueo político y repetición electoral, afirmó: «sería un presidente del gobierno que no dormiría por la noche […] junto con el 95% de los ciudadanos de este país que tampoco se sentirían tranquilos». Esto fue al referirse a un hipotético gobierno de coalición en el que ministerios clave del Estado, como Hacienda o Transición Ecológica, estuvieran en manos de Unidas Podemos, dada su «poca experiencia política o de gestión pública».
La frase, descontextualizada y simplificada, se convirtió en un arma arrojadiza. No obstante, lo que Sánchez expresaba era una preocupación por la cohesión y la estabilidad. Especialmente, de un ejecutivo con dos almas en áreas estratégicas. Tras la repetición electoral de noviembre de 2019, el escenario cambió. La alternativa a un gobierno de coalición progresista era o bien un gobierno de derechas con el apoyo de la ultraderecha, o bien un nuevo bloqueo. Dicho bloqueo habría sumido al país en una parálisis institucional inaceptable.
Ante esta disyuntiva, la responsabilidad se impuso. Formar un gobierno de coalición no fue una traición, sino la única vía para implementar una agenda de progreso. Esto incluía la subida del Salario Mínimo Interprofesional, la reforma laboral, la ley de eutanasia, los impuestos a las grandes fortunas, y a los beneficios extraordinarios de la banca y las energéticas. También, el impulso decidido a la transición ecológica. Estos avances habrían sido imposibles sin el pragmatismo de alcanzar un acuerdo.
La Amnistía: Una Apuesta por la Convivencia Forzada por la Necesidad
Un argumentario similar se puede aplicar a la ley de amnistía. Durante la campaña electoral de julio de 2023, Pedro Sánchez y otros dirigentes socialistas se mostraron contrarios a esta medida. «La amnistía no entra en la legislación ni en la Constitución española», llegó a afirmar el presidente. Una vez más, el resultado electoral dictó un nuevo escenario. La investidura dependía del apoyo de formaciones independentistas catalanas, que pusieron la amnistía como condición indispensable.
La elección era clara: o se exploraba una vía para la desjudicialización del conflicto catalán, enmarcada en la Constitución, o se entregaba el gobierno a una coalición de Partido Popular y Vox. El programa recentralizador y de confrontación prometía agravar la tensión territorial. Pedro Sánchez admitió públicamente que la amnistía «no era el siguiente paso que quería dar». Sin embargo, la defendió como «un paso coherente» con la política de diálogo y desinflamación iniciada en la anterior legislatura a través de los indultos.
Gobernar es tomar decisiones, y en una democracia sin mayorías absolutas, esas decisiones son fruto de la negociación. Renunciar a postulados iniciales para alcanzar un bien mayor —en este caso, la gobernabilidad del país y la continuación de políticas progresistas— no es una debilidad, sino una exigencia del sistema parlamentario. Es, en esencia, la diferencia entre la rigidez dogmática y la flexibilidad democrática.
Gobernar no es Prometer, es Pactar
La clave para entender estos giros reside en un concepto fundamental: la mayoría absoluta. Cuando un partido obtiene más de la mitad de los escaños del Congreso de los Diputados, tiene la capacidad de desplegar su programa electoral sin necesidad de hacer concesiones. Sin embargo, en un panorama político cada vez más fragmentado, las mayorías absolutas son una excepción, no la norma.
Sin esa mayoría, un candidato a la presidencia se ve obligado a buscar apoyos parlamentarios. Este proceso de negociación implica, por definición, una cesión mutua. Cada partido debe renunciar a una parte de su programa. Todo esto para construir un consenso que permita formar un gobierno estable. Criticar a un presidente por no cumplir al 100% sus promesas electorales en un gobierno de coalición o con apoyos externos es, o bien un acto de cinismo político, o bien un profundo desconocimiento de las reglas del juego democrático.
En última instancia, la ciudadanía no solo vota un programa, sino también la capacidad de sus representantes para dialogar, negociar y alcanzar acuerdos que permitan al país avanzar. La alternativa es el bloqueo, la parálisis y la polarización estéril. La política útil, la que transforma la realidad, es aquella que entiende que el pacto no es una traición, sino la más alta expresión de la inteligencia democrática.
