La Resolución 187/2025 y el desprecio de Milei por los más vulnerables .
El 14 de enero de 2025, el gobierno de Javier Milei promulgó la Resolución 187/2025, un documento que, en un acto de crueldad institucional, revive términos como «idiota», «imbécil» y «débil mental» para clasificar a personas con discapacidad intelectual. No es solo un arcaísmo, es una afrenta deliberada a la dignidad de miles de argentinos, un retroceso que refuerza la exclusión y el desprecio por los más vulnerables. Concretamente la clasificación que se hizo fue la siguiente:
CI 0-30: «Idiota”: Personas sin capacidad de lectura ni escritura, sin control de esfínteres y sin posibilidad de subsistencia autónoma.
CI 30-50: «Imbécil»: Individuos capaces de realizar tareas rudimentarias y atender necesidades básicas, pero con limitaciones significativas en habilidades académicas y de independencia.
CI 50-60: «Débil mental profundo»: Personas con capacidad de firmar, vocabulario simple y habilidades limitadas para el manejo del dinero.
CI 60-70: «Débil mental moderado»: Individuos con conocimiento de operaciones simples y capacidad para trabajos de baja exigencia intelectual.
CI 70-90: «Débil mental leve»: Personas con escolaridad primaria o secundaria y posibilidad de desempeñar tareas más complejas.
No es casualidad que esto ocurra bajo el gobierno de Milei. Desde su llegada al poder, ha demostrado su absoluto desinterés por la justicia social, eliminando programas de protección, recortando derechos laborales y promoviendo la desregulación como si la desigualdad fuera una virtud. En su mundo, la discapacidad es un «problema del individuo» y no una responsabilidad del Estado. Con esta resolución, el insulto deja de ser solo parte de su retórica violenta y se convierte en norma institucionalizada.
Las palabras importan. Llamar «idiotas» o «imbéciles» a personas con discapacidad no es solo una torpeza administrativa, es una declaración de principios de un gobierno que no solo abandona a los más vulnerables, sino que los humilla abiertamente. Argentina es signataria de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, que exige garantizar la dignidad y la inclusión. Este decreto va en la dirección contraria, reinstalando un lenguaje que pertenece a la época más oscura de la historia.
Ante el escándalo, el gobierno intentó minimizarlo, pero la realidad es clara: no se trata de un simple «error». Se trata de la visión de Milei, quien desprecia todo lo que huela a protección social, justicia o equidad. No es casualidad que quien habla con su perro muerto a través de un médium, niega el cambio climático, defiende la compraventa de órganos y ataca la educación pública, sea el mismo que ahora legitima la discriminación en documentos oficiales. La deshumanización no es un accidente en su gobierno, es su esencia.
La Resolución 187/2025 debe ser derogada de inmediato. Pero más allá de eso, es urgente comprender que este gobierno no solo es una amenaza económica, sino una agresión a los derechos humanos más básicos. Si se permite que la exclusión y el desprecio se instalen como norma, Argentina se encamina hacia un futuro de regresión y deshumanización.
