Crónica de una condena anunciada: El ‘Lawfare’ se quita la careta en España
La condena ha caído como un mazo, no sobre un individuo, sino sobre la propia credibilidad de nuestras instituciones. Con la reciente condena al Fiscal General del Estado, el ala más dura y reaccionaria de la judicatura española ha decidido cruzar el Rubicón. Ya no se trata de interpretar la ley, sino de intervenir directamente en la política nacional, respondiendo con una obediencia casi militante al célebre mandato de José María Aznar: «El que pueda hacer, que haga».
Lo que estamos presenciando no es justicia ciega; es una maquinaria política que se ha quitado la venda para apuntar mejor.
La sentencia fantasma: Condenado antes del juicio
Como observador de la realidad política, resulta desolador analizar un proceso donde los hechos empíricos han sido irrelevantes. Da igual que durante el juicio no se presentara una sola prueba de cargo concluyente. Es lo mismo que los testimonios de los periodistas hayan sido exculpatorios. Da igual, incluso, el dato abrumador de que más de 600 personas tenían acceso a los datos filtrados.
La realidad es que el Fiscal General ya estaba condenado en los titulares y en los despachos mucho antes de que comenzara la vista oral. Se ha vulnerado la presunción de inocencia para enviar un mensaje aterrador: nadie está a salvo si el establishment conservador decide que eres un obstáculo.
La doble vara de medir: De Ayuso a la Moncloa
Mientras se consuma este atropello institucional, observamos con estupor cómo, en paralelo, se colocan las primeras piedras para edificar la sentencia exculpatoria de la pareja de la presidenta madrileña. La celeridad y el garantismo que se aplican en unos casos contrastan obscenamente con la inquisición aplicada al entorno del Gobierno central.
El guion parece escrito por un mal novelista de suspense, pero las consecuencias son reales. Ya han dictado sentencia mediática y social —y probablemente judicial en breve— contra la esposa y el hermano del presidente del Gobierno. La estrategia es clara: el desgaste personal y familiar como arma política.
Y no nos engañemos: van a por el Presidente. Tendremos que dar gracias si la cacería se detiene en su círculo cercano. Porque no importará la acusación, no importará el hecho (o la ausencia del mismo); bastará con que una acusación popular —financiada por grupos de ultraderecha— presente una denuncia basada en recortes de periódicos para que un juez «avizor» y predispuesto acepte la demanda. Se fabrica el caso, se abre el telediario, se destruye la reputación y se deja bien claro quien manda.
España ante el espejo latinoamericano: ¿Somos una república bananera?
Durante años, ciertos sectores conservadores utilizaron el término «república bananera» de forma despectiva para referirse a naciones hermanas de Hispanoamérica. La ironía es cruel: hoy, esos mismos sectores están arrastrando a España hacia ese escenario.
Estamos viviendo un caso de manual de lawfare de extrema derecha. Ya no hacen falta tanques ni militares en las calles; ahora basta con togas sesgadas para subvertir la voluntad popular. Pedro Sánchez y su gobierno están sufriendo el mismo acoso y derribo que sufrieron Lula da Silva en Brasil, Rafael Correa en Ecuador o Evo Morales en Bolivia. Estos exmandatarios ya tienen un nuevo compañero en Europa, otro miembro de este club de líderes progresistas asediados por un poder judicial que se cree por encima de las urnas. La democracia está siendo secuestrada por quienes, habiendo perdido las elecciones, pretenden ganar en los tribunales lo que el pueblo les negó.
La reacción necesaria: Defender la democracia del asalto judicial
Ante este panorama, el lamento no es suficiente. El bloque progresista y la sociedad civil deben despertar. La inacción ante el deterioro del Estado de Derecho es cómplice de su caída. Es imperativo reaccionar con medidas legislativas y democráticas, que estén a la altura de este envite histórico, siempre dentro del marco constitucional, para rescatar al tercer poder de su secuestro ideológico.
Hoja de ruta para la regeneración democrática
No se trata de controlar la justicia, sino de democratizarla y asegurar su imparcialidad. Algunas medidas urgentes deberían incluir:
- Reforma integral del acceso a la judicatura: Debemos acabar con el sistema endogámico actual. Es necesario democratizar el acceso a la carrera judicial, implementando becas públicas potentes y sistemas de evaluación que valoren no solo la memoria, sino la comprensión de la realidad social y los valores democráticos.
- Rendición de cuentas real (Accountability): Los jueces no pueden ser intocables. Se deben establecer mecanismos de control independientes que sancionen el lawfare y la prevaricación manifiesta sin que ello suponga una injerencia del ejecutivo.
- Renovación automática de órganos constitucionales: Legislar para que ningún partido pueda bloquear sine die la renovación del CGPJ, impidiendo que una mayoría caducada siga dictando el rumbo judicial del país contra la mayoría parlamentaria actual.
- Limitación de las «Acusaciones Populares» instrumentales: Regular esta figura para evitar que sindicatos de ultraderecha la utilicen como herramienta de acoso político basada en noticias falsas o recortes de prensa sin sustento probatorio.
Conclusión
La democracia española está en una encrucijada. Permitir que un sector reaccionario de la justicia marque la agenda política es el camino más rápido hacia el autoritarismo. Nos jugamos mucho más que un gobierno; nos jugamos la calidad de nuestra convivencia y el respeto a los Derechos Humanos. Es hora de que la política, la verdadera política democrática, recupere su lugar.
