155 Millones de Razones para Callar: El Caso Uzal y la Vergüenza Mediática
A veces, el ruido mediático es ensordecedor. Nos bombardean con polémicas estériles, tweets incendiarios y debates prefabricados que ocupan horas de tertulias. Sin embargo, lo que realmente define la salud de nuestra democracia no es lo que se grita, sino lo que se calla. Y esta semana, el silencio en torno a la condena José Norberto Uzal Tresandí ha sido, paradójicamente, estruendoso.
Como analista aficionado, y sobre todo como ciudadano preocupado por la integridad de nuestras instituciones, me veo en la obligación moral de poner el foco donde los grandes conglomerados mediáticos han decidido apagar la luz. No estamos hablando de un delito menor. Hablamos de 19 años y medio de prisión y un fraude de más de 150 millones de euros.
¿Por qué este caso no abre los telediarios? Quizás porque desmorona demasiados relatos sobre la «buena gestión» y destapa las vergüenzas de un modelo energético y político caduco.
La Trama: Hidrocarburos, codicia y crimen organizado
La Audiencia Nacional ha sido clara y contundente. José Norberto Uzal Tresandí no cometió un error administrativo; participó en el diseño y explotación de una estructura criminal. La trama, articulada en torno al Grupo Hafesa, defraudó al Estado —es decir, a ti y a mí, a nuestra sanidad y a nuestra educación— la friolera de 154,7 millones de euros entre 2016 y 2019.
El modus operandi es el síntoma de un sistema enfermo que perpetúa el uso de combustibles fósiles bajo cualquier coste ético:
- Competencia desleal: Ofrecían carburante más barato a costa de no ingresar el IVA.
- Ingeniería financiera: Utilizaban sociedades pantalla y testaferros para blanquear los beneficios.
- Organización criminal: La sentencia atribuye delitos de pertenencia a organización criminal, fraude masivo y blanqueo de capitales.
Es imposible no hacer una lectura sociológica y ambiental de la condena José Norberto Uzal. Mientras el planeta nos grita que debemos descarbonizar la economía y transicionar hacia energías renovables y limpias, seguimos permitiendo que el sector de los hidrocarburos sea un nido de opacidad. Este fraude no solo es un robo a la Hacienda Pública; es la demostración de que el negocio fósil a menudo opera en los márgenes de la ética, priorizando el lucro extractivista sobre el bienestar colectivo.
La sombra política: De la Falange a la Xunta de Feijóo
Lo que hace que el silencio mediático sea aún más sospechoso es el perfil político del condenado. José Norberto Uzal no es un empresario anónimo. Fue Director General de Administración Local de la Xunta de Galicia entre 2009 y 2013, nombrado nada menos que en el primer gobierno de Alberto Núñez Feijóo, bajo la tutela del actual presidente gallego, Alfonso Rueda.
Aquí es donde el relato de la «gestión impecable» del Partido Popular se agrieta:
- Puertas giratorias ideológicas: Uzal ya venía con equipaje. En 1994 fue candidato de la Falange a las elecciones europeas. ¿Cómo es posible que un perfil vinculado a la ultraderecha antidemocrática acabe gestionando la administración local de una comunidad autónoma democrática?
- Responsabilidad in vigilando: No basta con decir «ya no está en el partido». Este señor fue seleccionado, nombrado y mantenido en un puesto de altísima responsabilidad por quienes hoy lideran la oposición a nivel nacional.
La condena de Uzal es un misil a la línea de flotación de la credibilidad ética del PP de Galicia. Reabre el debate sobre la permeabilidad de las instituciones ante perfiles extremistas y la relación incestuosa entre el poder político y las tramas corruptas del sector energético.
El doble rasero de los medios de comunicación
Llegamos al punto más doloroso de este análisis. Si este nivel de corrupción, con estas cifras astronómicas (155 millones de euros, insisto) y esta condena José Norberto Uzal (casi 20 años de cárcel), hubiera afectado a un cargo nombrado por un gobierno progresista, estaríamos ante un «Watergate» nacional. Tendríamos especiales informativos, portadas a cinco columnas y exigencias de dimisiones en cadena.
Sin embargo, con Uzal, hay un perfil bajo vergonzoso.
El periodismo que ignora deliberadamente la corrupción de un bando mientras amplifica la del otro no es periodismo, es propaganda.
Este apagón informativo tiene consecuencias sociales devastadoras:
- Normalización de la corrupción: Al no informar, se traslada el mensaje de que el fraude fiscal masivo es «parte del juego» de las élites.
- Desafección democrática: La ciudadanía percibe que la justicia y el escrutinio público no son iguales para todos.
- Impunidad: Se protege a los responsables políticos que auparon a estos criminales a las instituciones.
Conclusión: Transición energética y regeneración democrática
El caso de José Norberto Uzal Tresandí es un recordatorio brutal de que la corrupción y el modelo de combustibles fósiles van a menudo de la mano. Necesitamos acelerar la transición energética no solo para salvar el clima, sino para limpiar nuestra economía de estructuras mafiosas que se lucran con el petróleo y el gas a costa del erario público.
Como sociedad, debemos ser exigentes. No podemos permitir que 155 millones de euros desaparezcan y que la noticia pase de puntillas. La democracia se defiende con transparencia, con justicia fiscal y con una prensa que no tenga miedo a señalar al poder, venga de donde venga.
La condena está ahí. Los hechos están probados. El silencio de los demás es lo que nos debe hacer reflexionar.
