Barómetro de vivienda 2026: un acuerdo social pendiente de resultados
Hay algo especialmente revelador en el Barómetro de Vivienda 2026 que acaba de publicar el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Mientras el debate político sobre la vivienda se desarrolla frecuentemente entre posiciones enfrentadas, las respuestas de los ciudadanos muestran coincidencias bastante más amplias de lo que cabría esperar. Coincidencias que no eliminan las diferencias, pero que deberían ayudarnos a discutir con mayor seriedad uno de los problemas sociales más importantes de nuestro tiempo.
El estudio, realizado mediante 6.019 entrevistas entre el 22 y el 30 de junio de 2026 y publicado el 8 de octubre, dibuja una sociedad profundamente preocupada por el acceso a la vivienda. Sus resultados invitan a una reflexión: quizá exista más acuerdo sobre la gravedad del problema y sobre algunas de sus soluciones de lo que somos capaces de trasladar a las decisiones públicas.
Una preocupación que va mucho más allá de quienes la sufren
El primer dato impresiona por su amplitud: el 87 % de las personas entrevistadas manifiesta estar mucho o bastante preocupado por la situación de la vivienda. Sin embargo, solamente el 41,6 % considera que le perjudica personalmente, mientras que el 52,6 % afirma que ni le perjudica ni le beneficia.
Esta diferencia merece una lectura cuidadosa. No sabemos qué motivos concretos explican la preocupación de cada persona, pero resulta evidente que el problema se percibe más allá del perjuicio individual. La vivienda ha adquirido una dimensión colectiva que difícilmente puede reducirse a las circunstancias particulares de quienes buscan comprar o alquilar.
Es posible tener una casa pagada y observar las dificultades de los hijos para independizarse. También se puede disfrutar de estabilidad residencial y comprender que una sociedad donde trabajar no garantiza acceder a una vivienda afronta un problema que termina afectando a su cohesión y a sus oportunidades de futuro.
La desigualdad residencial tiene edad y condición económica
Si hay un resultado especialmente preocupante es el que aparece cuando examinamos las diferencias generacionales.
Entre las personas de 25 a 34 años, el 68 % declara sentirse perjudicado por la situación de la vivienda. Entre quienes tienen 75 años o más, el porcentaje desciende al 12,9 %. La desigualdad también aparece por posición social: se considera perjudicado el 60,5 % de quienes se identifican como clase baja o pobre, frente al 30,1 % de quienes se sitúan en la clase alta o media-alta.
Son diferencias demasiado importantes para ignorarlas.
El Instituto Nacional de Estadística aporta otro dato que ayuda a comprender esta realidad: en 2025, el 44,3 % de los jóvenes de entre 26 y 34 años convivía con sus padres. Entre ellos, el 47,3 % señalaba como motivo principal no poder permitirse comprar o alquilar una vivienda.
La emancipación no es únicamente cambiar de domicilio. Significa adquirir autonomía, tomar decisiones propias y construir un proyecto vital. Cuando ese paso depende cada vez más de la capacidad económica familiar, el punto de partida condiciona profundamente las oportunidades.
El CIS añade una aparente contradicción: el 93,5 % manifiesta preferir vivir en propiedad. Sin embargo, entre quienes desean ser propietarios pero no planean comprar en los próximos dos años, el 80,7 % señala que carece de dinero para la entrada y el 71,3 % que sus ingresos son insuficientes para afrontar las cuotas.
La aspiración sigue existiendo. Lo que falla para muchas personas es la posibilidad real de alcanzarla.
El barómetro de vivienda muestra acuerdos que atraviesan las ideologías
Quizá el descubrimiento políticamente más interesante del estudio sea la amplitud de determinados consensos.
El 91,4 % considera necesario construir más vivienda pública. Y ese respaldo aparece también cuando se examina el recuerdo de voto en las elecciones generales de 2023: el 93,6 % entre quienes recuerdan haber votado al PP, el 94,8 % entre los del PSOE, el 91,6 % entre los de Vox y el 87,6 % entre los de Sumar.
No significa que todos esos ciudadanos compartan una misma política de vivienda. Pero demuestra que ampliar el parque público constituye un objetivo ampliamente aceptado por personas con preferencias electorales diferentes.
Otras medidas también reciben apoyos importantes: el 95,4 % respalda reducir los impuestos a la compra de la primera vivienda; el 85,7 %, ofrecer mayores garantías a propietarios frente a impagos; el 75,6 %, limitar los pisos turísticos; y el 70,6 %, congelar los alquileres durante dos años.
En cambio, las medidas expropiatorias generan mayores discrepancias. La expropiación de viviendas vacías, por ejemplo, obtiene un respaldo del 40 %.
La conclusión del barómetro de la vivienda no es que todos pensemos igual. Es que las preferencias ciudadanas son bastante más complejas que los bloques ideológicos con los que acostumbramos a interpretar la realidad.
Alguien puede defender la construcción pública y, al mismo tiempo, reclamar seguridad jurídica para los propietarios. Puede apoyar una mayor regulación de determinados alquileres y considerar conveniente facilitar fiscalmente la primera compra.
Reconocer esa diversidad ayuda a entender mejor las posiciones sociales, aunque no demuestra que todas las medidas sean igualmente eficaces ni económicamente compatibles.
La vivienda como derecho y como patrimonio
Otro resultado merece especial atención: el 79 % de los encuestados considera que debe priorizarse el derecho constitucional a la vivienda frente a su consideración como bien de mercado.
Este dato no significa que ese porcentaje esté reclamando convertir la vivienda en un derecho fundamental mediante una reforma constitucional. La encuesta no formula esa pregunta. Pero sí refleja una preferencia social relevante sobre la función que debería desempeñar la vivienda.
Durante décadas hemos convivido con una tensión difícil de resolver. Para quien posee una vivienda, su revalorización puede representar seguridad patrimonial. Para quien necesita acceder a ella, esa misma subida puede convertirse en una barrera cada vez mayor.
Ambas realidades existen, pero no producen las mismas consecuencias sociales.
Como ya planteé al desarrollar una propuesta integral para resolver el problema de la vivienda, el objetivo no debería limitarse a construir más inmuebles. Debería consistir en garantizar que las personas puedan acceder a una vivienda adecuada, pagarla con sus ingresos y mantenerla sin quedar sometidas a una inseguridad permanente.
El Banco de España, en su Informe Anual 2025, documenta importantes restricciones de oferta y dificultades crecientes de acceso. Son problemas que exigen actuar sobre varias dimensiones simultáneamente, sin pretender que una única medida resuelva por sí sola un desequilibrio acumulado durante años.
Del acuerdo social a los resultados concretos
La vivienda necesita menos simplificaciones y una discusión más exigente sobre las soluciones.
Construir más es necesario donde la oferta resulta insuficiente, pero no basta con contar viviendas nuevas si no sabemos a qué precios se ofrecen ni quién puede acceder a ellas. Regular puede ser necesario para corregir determinados desequilibrios, pero tampoco deberíamos dar por supuesto que cualquier regulación conseguirá el efecto esperado.
Lo mismo sucede con las ayudas fiscales, la movilización de suelo, la rehabilitación o la recuperación del parque público. Cada instrumento necesita objetivos precisos, financiación, garantías jurídicas y evaluación de resultados.
Y existe otra responsabilidad que no podemos olvidar: la coordinación entre el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Los ciudadanos necesitan soluciones reales, no una sucesión interminable de explicaciones sobre quién tiene la competencia y quién debería haber actuado.
En Canarias
En Canarias ya hemos analizado por qué acelerar las licencias urbanísticas no garantiza, por sí solo, viviendas asequibles. Esa misma exigencia de comprobar los resultados debería extenderse a todas las medidas, independientemente de qué administración las impulse.
El CIS no proporciona una receta milagrosa. Tampoco acredita que la opción más popular sea necesariamente la más eficaz. Lo que sí ofrece es una radiografía suficientemente expresiva para reconocer que la crisis residencial constituye una preocupación colectiva y que existen espacios importantes de acuerdo.
Tal vez sea ahí donde debamos comenzar a cambiar nuestra manera de discutir sobre vivienda.
Porque el éxito de una política residencial no debería medirse únicamente por los anuncios realizados, las leyes aprobadas o las viviendas prometidas. Debería medirse por las personas que finalmente consiguen un hogar adecuado sin comprometer una parte insoportable de sus ingresos.
Una sociedad que comparte ampliamente la preocupación por la vivienda merece que sus instituciones sean capaces de convertir ese reconocimiento en resultados. El acuerdo social es un punto de partida. Una vivienda accesible para quienes la necesitan debe ser el resultado que permita comprobar si hemos avanzado.
Dosier documental: la vivienda en España ante el espejo del CIS
Esta entrada resume las conclusiones de un trabajo de análisis más amplio que he preparado a partir del Barómetro de Vivienda 2026 del CIS (estudio 3532).
El dosier, de 17 páginas, examina los resultados de la encuesta, las diferencias generacionales y sociales, las preferencias sobre políticas públicas, los cruces por recuerdo de voto y el reparto de responsabilidades institucionales. Además, contrasta los hallazgos con información oficial del INE, el Banco de España y la legislación vigente.
Incluye gráficos, tablas comparativas, referencias documentales y un apartado dedicado a distinguir lo que demuestra la encuesta de aquello que no permite concluir.
Su finalidad es ofrecer una base documental rigurosa para quienes deseen profundizar en los datos, contrastar argumentos o participar con mayor conocimiento en el debate público sobre vivienda.
Consultar y descargar el dosier completo en PDF: «La vivienda en España ante el espejo del CIS»
Fuente principal: CIS, Barómetro de Vivienda 2026, estudio 3532. Trabajo de campo realizado entre el 22 y el 30 de junio de 2026. Datos y cruces examinados en el dosier adjunto.
