Solución a la vivienda: una propuesta para vivir sin depender de una herencia
Una solución a la vivienda debería permitir algo bastante sencillo: que una persona pueda encontrar un hogar adecuado, pagarlo con sus ingresos y conservarlo sin vivir pendiente de la próxima subida o de la finalización del contrato.
Ese es el objetivo de la propuesta integral que presento aquí. Un documento pensado para que organizaciones políticas, asociaciones y cualquier persona interesada puedan utilizarlo, debatirlo y mejorarlo.
Porque después de criticar lo que falla también hay que explicar qué proponemos hacer. Con qué instrumentos, quién debe ejecutarlos y cómo comprobaremos que funcionan.
Qué debe conseguir una solución a la vivienda
Pensemos en alguien que trabaja, tiene unos ingresos normales y quiere independizarse. No cuenta con una vivienda heredada ni con familiares que puedan pagarle la entrada. Tampoco debería necesitar una pareja para completar unos ingresos suficientes.
La pregunta es qué alternativa le ofrece nuestro sistema.
Una política residencial debe responder a esa situación, además de atender a quienes sufren una emergencia. También debe permitir que una familia afronte una pérdida de ingresos y que una persona mayor encuentre una vivienda adaptada a sus necesidades.
El diagnóstico del Banco de España sobre el mercado residencial, publicado en 2024, explica por qué las medidas aisladas tienen dificultades para resolver un problema de esta magnitud. Señala la necesidad de actuar durante un periodo amplio, coordinar administraciones y atender a la oferta, especialmente al alquiler social.
La propuesta parte de esa necesidad de conjunto. Debe haber viviendas disponibles, deben poder pagarse y debe existir capacidad para responder cuando cambien las necesidades.
Un parque asequible que siga siendo asequible
La primera pieza para la solución a la vivienda es ampliar de forma sostenida un parque residencial con protección duradera.
Puede incluir vivienda pública, cooperativas en cesión de uso y entidades con rentabilidad limitada. También pueden participar empresas privadas mediante contratos que establezcan las condiciones del servicio y las obligaciones asociadas al apoyo recibido.
La cesión de uso permite habitar una vivienda a través de una cooperativa sin convertirla en una propiedad individual destinada a venderse libremente. Su diseño debe facilitar también la entrada de personas con poco ahorro.
Lo decisivo es que la inversión conserve su utilidad social. Si una vivienda recibe suelo, financiación o ayudas públicas, ese apoyo debe dejar un servicio asequible durante un periodo acorde con los recursos aportados.
Además, hay que financiar el mantenimiento. Un parque que se deteriora deja de cumplir su función, aunque siga figurando en las estadísticas.
La siguiente generación debe recibir viviendas utilizables y protegidas, junto con los recursos necesarios para conservarlas.
Pagar el alquiler y poder vivir después
Un alquiler puede ser inferior al del mercado y seguir resultando imposible para una familia.
Por eso, la propuesta relaciona la aportación del hogar con sus ingresos y necesidades. El conocido 30 % sirve como referencia orientativa, pero hay que comprobar cuánto dinero queda después de pagar.
Dos hogares pueden dedicar el mismo porcentaje a la vivienda y encontrarse en situaciones completamente diferentes. Importan los hijos, la discapacidad, los cuidados y los gastos necesarios para trabajar.
Cuando el alquiler del parque asequible supere la capacidad de pago, debe existir una ayuda explícita y financiada. También hay que retirarla gradualmente cuando mejoren los ingresos, para evitar que una subida salarial provoque una pérdida desproporcionada de apoyo.
Esto obliga a reconocer un coste público real. La diferencia entre lo que cuesta prestar el servicio y lo que puede pagar el hogar tiene que aparecer en el presupuesto.
Construir más donde realmente hace falta
La propuesta incluye aumentar la oferta. Hace falta construir, rehabilitar y recuperar viviendas cuando resulte viable.
Pero cada actuación debe responder a una necesidad localizada. Una vivienda alejada del empleo, sin transporte adecuado o sin servicios suficientes puede ofrecer un alquiler reducido y resultar muy cara para quien la habita.
También necesitamos administraciones capaces de tramitar y ejecutar. Agilizar expedientes exige equipos técnicos, coordinación y procedimientos claros. Los controles de seguridad y ambientales deben funcionar bien, con plazos y medios suficientes.
La vivienda vacía merece atención, aunque no toda está disponible ni puede ocuparse inmediatamente. Hay que comprobar habitabilidad, situación jurídica, localización y coste de recuperación.
Del mismo modo, comprar una vivienda existente puede proteger a una familia o ampliar el parque asequible. Conviene distinguir ese resultado del aumento del número total de viviendas.
Cada instrumento tiene una utilidad. Elegirlo exige comparar costes, plazos y servicio.
Reglas para que las ayudas cumplan su finalidad
En el análisis sobre los decretos de vivienda planteé una cuestión que sigue siendo central: cómo proteger a quien ya tiene un hogar y facilitar el acceso de quien continúa buscándolo.
La propuesta combina estabilidad de los contratos, prevención de impagos y ampliación del parque asequible. Incluye garantías y mediación para facilitar la participación de pequeños arrendadores.
También plantea controlar los usos turísticos según la presión de cada zona y perseguir los contratos ficticios utilizados para eludir obligaciones.
Las medidas sobre alquileres deberán evaluar sus efectos sobre precios, oferta y calidad. Si producen consecuencias adversas importantes, habrá que corregirlas. Defender una política progresista exige examinar sus resultados, también cuando incomodan.
En materia fiscal, proponemos recuperar para la sociedad parte del valor del suelo creado por decisiones públicas. Si una infraestructura o un cambio de planeamiento genera una plusvalía, existe una razón para que una parte contribuya a financiar las necesidades colectivas.
Su recaudación, sin embargo, debe estimarse antes de comprometer gasto con cargo a ella.
Financiación y responsabilidades claras
La solución a la vivienda necesita presupuestos sostenidos y cuentas comprensibles.
Hay que separar la inversión en edificios de las ayudas a los hogares, el mantenimiento, la deuda y las garantías. El suelo público tiene valor. Los préstamos deben devolverse. Los ingresos por alquiler no cubren automáticamente todos los costes.
También debe quedar claro quién responde.
El Estado, las comunidades autónomas y los municipios tienen funciones distintas. En Canarias participan además los cabildos, dentro de sus competencias. Los acuerdos deben concretar recursos, tareas y mecanismos para corregir incumplimientos.
La evaluación independiente ayudará a comprobar costes, adjudicaciones y resultados. Crear una nueva autoridad solo tendrá sentido si mejora esa función frente a reforzar organismos existentes.
Y una vivienda anunciada no debe confundirse con una vivienda entregada. La ciudadanía necesita conocer cuántos hogares han encontrado una solución estable y cuánto han esperado.
Canarias necesita su propio plan
En Canarias debemos programar por islas y áreas de empleo, incorporando agua, saneamiento, energía, transporte y límites ambientales.
Para Tenerife y Gran Canaria importa la relación entre vivienda y desplazamientos cotidianos. En Lanzarote y Fuerteventura, la planificación debe prestar especial atención al empleo turístico y al acceso residencial. Las islas menores necesitan asistencia técnica suficiente.
La Palma requiere distinguir con claridad el alojamiento provisional de la recuperación de una vivienda estable.
Por eso, el documento propone priorizar rehabilitación y suelo con servicios cuando sean adecuados, justificar las nuevas actuaciones y adaptar la financiación al marco fiscal canario.
Una vivienda cumple su función cuando permite desarrollar la vida cotidiana. Su localización forma parte de esa garantía.
Empezar ahora y evitar que la crisis vuelva
El horizonte del programa es 2027–2045, con atención de urgencias y actuaciones viables desde el inicio.
Los primeros años deben servir para aprobar financiación, preparar proyectos y reforzar la ejecución. Después habrá que acumular parque permanente, mantenerlo y adaptarlo al envejecimiento y a las nuevas necesidades.
El programa deberá responder a recesiones, crecimiento de hogares, cambios turísticos o encarecimiento de materiales. Si la necesidad aumenta de forma persistente, habrá que revisar capacidad y recursos.
Un presupuesto fijo puede quedarse corto. Una garantía creíble necesita mecanismos de corrección y atención durante las demoras.
Hay cuestiones pendientes: cuánto necesita cada territorio, cuánto costará el conjunto y qué plazos pueden garantizarse. Presentar esas cifras sin una memoria económica sería ofrecer una seguridad que todavía no tenemos.
La propuesta queda disponible para quien quiera utilizarla
Dejo disponible el documento «Propuesta integral para garantizar el acceso a la vivienda», con el desarrollo de las medidas, las responsabilidades, el calendario y el capítulo específico para Canarias.
Quien quiera puede utilizarlo como base de debate, adaptarlo a su ámbito o convertirlo en propuestas concretas. Está pensado especialmente para organizaciones progresistas, asociaciones vecinales y colectivos que quieran llevar esta discusión a las instituciones.
La versión PDF permite compartirlo y la versión Word facilita su adaptación. Ambas acompañan esta entrada como documentos de descarga.
Como planteé al hablar de la vivienda y una oportunidad progresista, pedir confianza exige explicar qué se hará y cómo se cumplirá.
Mi propuesta de solución a la vivienda es poner el acceso estable en el centro y juzgar la política por la vida que permite. Que trabajar, cuidar o envejecer en este país pueda hacerse con un hogar adecuado y un gasto asumible. Ese es el compromiso que merece convertirse en programa.
