Financiación climática: cuando la solidaridad se convierte en deuda
No hay nada más cómodo que parecer generoso con un dinero que, en realidad, se cobra después. Esa es la conclusión incómoda que deja el nuevo análisis de Oxfam Intermón sobre la financiación climática que los países ricos declaran aportar a los países de ingresos bajos y medios. Sobre el papel, la cifra parece elevada. En la vida real, bastante menos. Y en la contabilidad moral de la crisis climática, mucho menos todavía.
Según Oxfam Intermón, los países ricos habrían vuelto a inflar en 2024 el valor real de la financiación climática destinada al Sur Global, con una sobreestimación aproximada de 100.000 millones de dólares. La organización calcula que, frente a los casi 137.000 millones declarados, el valor real estaría entre 33.000 y 45.000 millones: no más de un tercio de lo anunciado. (Oxfam Intermón)
La diferencia no es un tecnicismo. Es una cuestión política, ética y democrática. Porque cuando se presentan préstamos como si fueran solidaridad, cuando se confunden instrumentos financieros reembolsables con ayuda efectiva, cuando se maquilla la cooperación climática con contabilidad creativa, no solo se engaña a la opinión pública. Se abandona, una vez más, a quienes menos han contribuido al problema y más sufren sus consecuencias.
El problema no es solo cuánto se promete, sino cómo se cuenta
La OCDE informó de que los países desarrollados movilizaron 136.700 millones de dólares en financiación climática en 2024, superando por tercer año consecutivo el objetivo anual de 100.000 millones que se venía arrastrando desde los compromisos internacionales previos. Ese dato, aislado, permite construir un relato complaciente: los países ricos cumplen, la financiación crece y el sistema internacional avanza. (OECD)
Pero el análisis de Oxfam Intermón introduce una pregunta decisiva: ¿cuánto de ese dinero es realmente apoyo y cuánto es deuda disfrazada de cooperación?
La respuesta es inquietante. De los 106.000 millones de dólares de financiación pública declarada en 2024, unos 69.000 millones —el 65%— se habrían canalizado como préstamos. Y muchos de esos préstamos, según la organización, se conceden en condiciones de mercado o con una lógica financiera que no alivia necesariamente la carga de los países receptores. (Oxfam Intermón)
No todos los préstamos son iguales. No es lo mismo un préstamo concesional, con condiciones muy favorables, que un crédito comercial que genera rentabilidad para quien lo concede. Pero ahí está precisamente el núcleo del debate: si la financiación climática debe servir para reparar una injusticia histórica, no puede convertirse en una nueva fuente de dependencia financiera.
La deuda climática no puede pagarse con más deuda
La crisis climática tiene responsables desiguales. No todos los países han emitido lo mismo, no todos se han enriquecido quemando carbón, petróleo y gas durante dos siglos, y no todos disponen de la misma capacidad fiscal, tecnológica e institucional para proteger a su población ante sequías, inundaciones, olas de calor, pérdida de cosechas o subida del nivel del mar.
Por eso la financiación climática no es caridad. Es responsabilidad.
Conviene decirlo con claridad: los países ricos no están “ayudando” desde una posición moralmente neutra. Están contribuyendo, de forma todavía insuficiente, a afrontar una crisis cuya causa histórica está profundamente vinculada al modelo de desarrollo industrial del Norte Global. La cuestión no es solo cuánto se transfiere, sino si esa transferencia repara, acompaña y fortalece; o si, por el contrario, endeuda, condiciona y abre nuevos espacios de negocio.
Oxfam Intermón calcula que la financiación climática realmente destinada a adaptación en los países del Sur Global apenas habría alcanzado entre 15.000 y 18.000 millones de dólares en 2024. Es una cifra dramáticamente baja si se compara con las necesidades estimadas por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente: entre 310.000 y 365.000 millones de dólares anuales para 2035 en los países en desarrollo. (Oxfam Intermón)
El PNUMA advierte, además, de que las necesidades de financiación para la adaptación son entre 12 y 14 veces superiores a los flujos actuales. Dicho de otra forma: mientras la emergencia avanza, la respuesta financiera internacional sigue funcionando a una escala muy inferior a la necesaria. (UNEP – UN Environment Programme)
Adaptarse no es un lujo: es sobrevivir
En los debates climáticos se habla mucho de mitigación, y con razón. Reducir emisiones es imprescindible. Pero para muchos países vulnerables, la adaptación no es una agenda secundaria: es la diferencia entre resistir o colapsar.
Adaptación significa proteger cultivos, reforzar infraestructuras, garantizar agua, mejorar sistemas sanitarios, prevenir desastres, proteger costas, reorganizar asentamientos humanos y sostener medios de vida. No son proyectos abstractos. Son escuelas que no se inundan, hospitales que no quedan inutilizados, campesinos que pueden seguir cultivando, familias que no tienen que migrar porque su tierra se vuelve inhabitable.
La COP30 de Belém situó la adaptación en el centro de la agenda climática y llamó a reforzar los esfuerzos para triplicar la financiación destinada a ese objetivo de aquí a 2035. El propio balance del Ministerio para la Transición Ecológica subrayó que la financiación para la adaptación fue uno de los asuntos más relevantes de aquella cumbre. (Ministerio de Transición Ecológica)
Pero incluso ese compromiso, según Oxfam, sería claramente insuficiente. La organización estima que triplicar la financiación de adaptación solo cubriría alrededor de un tercio de las necesidades de los países más pobres. Y en las negociaciones climáticas de Bonn de junio de 2026, Oxfam denunció que los países ricos evitaron asumir una responsabilidad mayor en materia de financiación pública climática. (Oxfam International)
Ahí aparece de nuevo la distancia entre el lenguaje solemne de las cumbres y la dureza material de los compromisos reales.
España tampoco sale bien parada
El dato relativo a España merece una reflexión propia. Según Oxfam Intermón, el valor real estimado de la financiación climática española en 2024 estaría entre 140 y 220 millones de dólares, frente a los 1.768 millones declarados. Es decir, apenas entre el 8% y el 12% de la cifra comunicada. Además, en 2023 y 2024, la financiación climática declarada por España habría alcanzado de media un 85% de préstamos y otros instrumentos reembolsables. (Oxfam Intermón)
España puede y debe defender una posición climática más ambiciosa en Europa y en las cumbres internacionales. Pero esa ambición pierde fuerza si sus propios instrumentos de financiación exterior reproducen una lógica excesivamente financiera.
Oxfam Intermón ya había señalado en su informe sobre financiación climática justa que España aparece entre los países con mayor proporción de préstamos e instrumentos dominados por una lógica comercial e inversora, y reclamaba priorizar la adaptación de las comunidades más golpeadas sin empeorar su deuda ni reproducir patrones de dependencia. (Oxfam Intermón)
La transición ecológica no puede ser solo una política industrial para abrir mercados. Debe ser también una política de justicia global. Si el dinero climático se orienta preferentemente a grandes inversiones en países de renta media o alta, donde además operan empresas del país donante, la frontera entre cooperación, diplomacia económica y expansión empresarial se vuelve demasiado borrosa.
Y cuando esa frontera se borra, la palabra solidaridad empieza a perder contenido.
La contabilidad también es política
Hay una tentación muy extendida en la política contemporánea: gobernar con titulares y justificar con agregados estadísticos. Se anuncia una cifra grande, se acompaña de una declaración solemne y se da por cumplido el deber. Pero la democracia exige mirar debajo de las cifras.
¿Son subvenciones o préstamos?
¿Son recursos nuevos o partidas recicladas?
¿Llegan a los países más vulnerables o a los más atractivos para la inversión?
¿Financian adaptación real o proyectos que principalmente interesan al país que presta?
¿Reducen desigualdad o la refinancian?
Estas preguntas no son antipáticas ni maximalistas. Son las preguntas básicas de cualquier política pública decente.
La financiación climática debería medirse por su capacidad para proteger vidas, reducir vulnerabilidades y acelerar una transición justa. No por su utilidad para adornar informes internacionales. Y mucho menos por su capacidad para convertir una deuda histórica en deuda financiera.
Una prueba de calidad democrática
Este asunto no pertenece solo a la agenda ambiental. Pertenece también a la calidad democrática del mundo que estamos construyendo. Porque una democracia madura no se limita a proclamar valores; acepta ser evaluada por la coherencia entre lo que dice y lo que hace.
Los países ricos hablan de responsabilidad climática, pero siguen sin poner sobre la mesa una financiación pública suficiente, previsible y basada mayoritariamente en subvenciones. Hablan de cooperación, pero una parte muy relevante de esa cooperación se devuelve con intereses. Hablan de justicia, pero el coste de la adaptación sigue recayendo sobre quienes menos responsabilidad tienen en la crisis.
La paradoja es brutal: quienes más contaminaron tienen más capacidad para protegerse; quienes menos contaminaron tienen menos recursos para sobrevivir a los daños. Y encima se les ofrece, demasiadas veces, endeudarse para resistir los efectos de un desastre que no provocaron.
Eso no es justicia climática. Es una versión verde de la desigualdad de siempre.
Lo que debería cambiar
La primera exigencia es transparencia. La ciudadanía tiene derecho a saber qué parte de la financiación climática declarada son subvenciones reales, qué parte son préstamos concesionales, qué parte son préstamos comerciales y qué parte responde a operaciones con retorno económico para el país donante.
La segunda es honestidad contable. No se puede seguir presentando como ayuda plena lo que en realidad es deuda, ni inflar el valor climático de proyectos cuyo componente ambiental es parcial o discutible.
La tercera es prioridad política. La adaptación debe ocupar un lugar mucho más relevante, especialmente en los países más vulnerables. No todo puede girar alrededor de proyectos rentables, bancables o atractivos para grandes actores financieros. Hay necesidades humanas que no generan dividendos, pero sostienen vidas.
La cuarta es coherencia española. España debe revisar la composición de su financiación climática internacional para aumentar el peso de las subvenciones, orientar mejor los recursos hacia los países y comunidades más expuestas y evitar que la cooperación climática quede subordinada a una lógica de internacionalización empresarial.
No se trata de negar el papel de la inversión privada ni de demonizar cualquier instrumento financiero. Se trata de no confundir inversión con reparación, préstamo con solidaridad, negocio con justicia.
Cerrar la brecha entre el discurso y la verdad
El análisis de Oxfam Intermón pone el dedo en una herida que muchos gobiernos preferirían mantener cubierta por tecnicismos. La financiación climática se ha convertido en uno de los grandes campos de disputa moral de nuestro tiempo. No basta con prometer miles de millones. Hay que mirar su origen, su forma, su destino y su efecto real.
La crisis climática no admite una solidaridad de escaparate. Necesita recursos públicos suficientes, estables, verificables y justos. Subvenciones allí donde la deuda ya asfixia. Necesita adaptación donde la vida está en riesgo. Necesita que los países ricos dejen de usar la contabilidad como refugio político.
Porque al final, la pregunta es sencilla: si una ayuda vuelve convertida en deuda, ¿a quién está ayudando realmente?
