La muerte de Maricarmen: cuando la solución llega demasiado tarde
La muerte de Maricarmen obliga a mirar su historia desde un lugar distinto. Hace apenas dos semanas analizaba en estas páginas su desahucio y sostenía que aquel caso representaba la legalidad de un fracaso. Hoy no tiene demasiado sentido volver a discutir el contrato de 1956, las subrogaciones, las resoluciones judiciales o las responsabilidades de cada administración. Todo eso continúa siendo importante, pero ha ocurrido algo que cambia inevitablemente nuestra mirada.
Maricarmen Abascal murió este 7 de octubre, a los 87 años, en el Hospital Gregorio Marañón. Habían pasado catorce días desde que salió en camilla de la casa madrileña en la que había vivido durante más de siete décadas. Permaneció hospitalizada desde aquel 23 de septiembre. Entretanto, se había conseguido lo que pocas jornadas antes parecía imposible: un acuerdo para que regresara a su vivienda.
No llegó a hacerlo.
Y es precisamente ahí, en ese espacio diminuto y enorme que separa una solución conseguida de una solución que llega a tiempo, donde el caso de Maricarmen adquiere una dimensión que trasciende definitivamente su propia historia.
La solución existía
El 28 de septiembre, cinco días después del desahucio, la mediación de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid permitió alcanzar un acuerdo con la propiedad. Maricarmen podría regresar a su casa con un nuevo contrato de alquiler de ocho años y una renta que no superaría el 30% de sus ingresos. Al día siguiente aceptó las condiciones.
Era una buena noticia.
Después de años de litigios, varios intentos de lanzamiento, movilizaciones vecinales y un desahucio finalmente ejecutado, aparecía una solución que conciliaba lo que durante tanto tiempo había parecido irreconciliable: la propiedad mantenía sus derechos y Maricarmen podía continuar viviendo en su hogar pagando un alquiler adaptado a sus posibilidades.
Pero había una condición que ninguna negociación podía controlar ya: que ella pudiera salir del hospital.
No ocurrió.
Según ha publicado El País, Maricarmen murió horas antes de que se formalizara el contrato que debía permitirle recuperar su casa.
Resulta difícil imaginar una metáfora más dolorosa de uno de los principales problemas de nuestras instituciones: ser capaces de encontrar una solución cuando ya ha llegado demasiado tarde.
El tiempo también forma parte de la justicia
Hablamos mucho de derechos, procedimientos, competencias y recursos. Hacemos bien. Una democracia necesita reglas y necesita respetarlas.
Pero existe otra dimensión que con frecuencia desaparece detrás de los expedientes: el tiempo.
El tiempo administrativo no significa lo mismo para todos.
Un procedimiento que dura meses puede ser simplemente una demora para una institución. Para una persona de 87 años puede representar una parte sustancial del tiempo que le queda. Un recurso residencial provisional puede ser soportable durante unas semanas para alguien joven y autónomo; para una persona anciana, con problemas de salud y profundamente vinculada a su entorno, puede significar una ruptura mucho más grave.
Eso debería obligarnos a incorporar una idea sencilla a nuestras políticas públicas: la vulnerabilidad no solamente determina qué protección necesita una persona, sino también con qué rapidez debe recibirla.
No todos disponemos del mismo tiempo.
Y cuando las instituciones intervienen sobre la vivienda de personas ancianas, dependientes o especialmente vulnerables, cada semana puede importar tanto como la solución finalmente adoptada.
El caso de Maricarmen debería servir, al menos, para comprenderlo.
Una casa puede tener propietario y seguir siendo un hogar
En la entrada anterior analicé las razones jurídicas que terminaron permitiendo recuperar la vivienda a su propietario. No voy a repetirlas. Existía una resolución firme y eso forma parte inseparable de los hechos.
Pero reconocer el derecho de propiedad no obliga a negar algo igualmente evidente: para quien ha vivido setenta años en una misma vivienda, aquello difícilmente puede reducirse a unas paredes ocupadas en virtud de un contrato.
Un inmueble puede comprarse y venderse.
Un hogar acumula otra clase de valor.
Allí quedan las fotografías, los objetos aparentemente insignificantes, los vecinos, las costumbres, los recuerdos familiares, la habitación en la que alguien enfermó, la mesa en la que se celebraron cumpleaños, los sonidos que permiten recorrer una casa casi a oscuras.
Nada de eso aparece en una nota registral.
Y, sin embargo, también existe.
Quizá una de las aportaciones más importantes que deja esta historia sea precisamente recordarnos esa diferencia. El mercado puede atribuir un precio a una vivienda, pero no sabe calcular el valor emocional de un hogar. Esa dimensión no anula los derechos patrimoniales, pero una sociedad que se pretenda humana tampoco debería comportarse como si fuera irrelevante.
En la vejez adquiere todavía más importancia. La casa no es únicamente el lugar donde una persona reside. Con frecuencia es también el escenario que mantiene unidos sus recuerdos, sus rutinas, su autonomía y una parte esencial de su identidad.
No sabemos que el desahucio causara su muerte
Precisamente porque la historia es suficientemente dura, conviene no añadir aquello que no podemos demostrar.
Maricarmen fue desahuciada el 23 de septiembre, salió de su casa en camilla, ingresó en el Hospital Gregorio Marañón y murió allí catorce días después. Su estado de salud era delicado y su entorno había venido advirtiendo de un importante deterioro físico. Su abogada considera que el proceso sufrido tuvo una influencia decisiva y ha expresado públicamente esa convicción.
Pero la causa médica exacta de su fallecimiento no ha sido hecha pública.
Por tanto, no sería riguroso afirmar que el desahucio mató a Maricarmen.
Y tampoco hace falta hacerlo.
Los hechos conocidos son suficientemente graves sin establecer una causalidad médica que no podemos acreditar.
Lo que sí podemos decir es que una mujer de 87 años fue desalojada de la casa donde había transcurrido prácticamente toda su vida, ingresó inmediatamente después en un hospital, nunca volvió a salir y falleció cuando ya existía un acuerdo para que pudiera regresar.
Ese es el hecho.
Cada cual puede extraer después sus conclusiones morales y políticas.
Lo verdaderamente perturbador: podía haber una salida
Aquí encuentro la pregunta más difícil.
Si cinco días después del desahucio fue posible acordar un contrato de ocho años, establecer una renta proporcionada a sus ingresos y ofrecer garantías suficientes a ambas partes, merece la pena preguntarse por qué una solución negociada llegó después y no antes.
Esto no demuestra que exactamente ese mismo acuerdo pudiera haberse alcanzado meses atrás. Sería demasiado sencillo reconstruir el pasado desde lo que sabemos hoy.
Pero sí demuestra algo más modesto y, al mismo tiempo, más importante: había espacio para una solución.
Eso debería hacernos pensar sobre el diseño de nuestros mecanismos de protección.
Quizá el éxito de una política frente a los desahucios no deba medirse solamente por cuántas personas reciben alojamiento después de perder su vivienda. También deberíamos preguntarnos cuántas situaciones pudieron resolverse antes de llegar al lanzamiento.
Porque existe una enorme diferencia entre reparar y prevenir.
Una administración puede proporcionar una habitación después del desalojo y haber cumplido formalmente con determinado protocolo. Pero para una persona vulnerable puede resultar mucho más eficaz una mediación iniciada meses antes, una ayuda activada a tiempo, una alternativa estable o una negociación que evite que la ruptura llegue a producirse.
Maricarmen consiguió finalmente una solución.
Lo terrible es que tuvo que ser desahuciada para conseguirla.
Cuando una persona se convierte en símbolo
Maricarmen dejó de ser únicamente la protagonista de un conflicto particular desde el momento en que aquellas imágenes comenzaron a recorrer España.
La razón probablemente sea que su historia conectó con un temor que atraviesa generaciones muy diferentes.
Los mayores pueden reconocerse en el miedo a perder el lugar donde han envejecido.
Los jóvenes viven otra forma del mismo problema: la dificultad para encontrar un hogar en el que poder comenzar su propia vida.
Unos temen perderlo.
Otros temen no llegar nunca a conseguirlo.
Las circunstancias son distintas, pero ambas experiencias confluyen en una misma sensación de inseguridad residencial que explica por qué una mujer de 87 años terminó convirtiéndose en un símbolo de un problema que afecta especialmente a personas varias décadas más jóvenes.
Su caso provocó movilizaciones y entró de lleno en el debate nacional sobre vivienda. Desde el hospital siguió transmitiendo mensajes de agradecimiento y animando a continuar defendiendo el derecho a una vivienda.
Los símbolos, sin embargo, tienen un peligro.
Podemos emocionarnos con ellos y olvidar demasiado pronto aquello que representan.
El mejor homenaje sería que la próxima solución llegara antes
No creo que la muerte de Maricarmen deba convertirse en patrimonio de ningún partido, gobierno, sindicato o corriente ideológica.
Tampoco deberíamos utilizarla como arma para simplificar un problema tan complejo como el de la vivienda.
Su historia puede servir para algo bastante más importante.
Para preguntarnos qué protocolos deben activarse cuando una persona especialmente vulnerable afronta la pérdida de su vivienda habitual. Cuándo debe comenzar la mediación. Qué administraciones deben coordinarse. Qué alternativas residenciales deben estar preparadas. Cómo pueden protegerse simultáneamente los derechos legítimos del propietario y la dignidad de quien se encuentra en una situación extrema.
Y, sobre todo, cuándo debe producirse todo eso.
Porque quizá esa sea la enseñanza más dolorosa que deja Maricarmen.
Durante años pareció no existir una solución capaz de conciliar intereses. Cinco días después de su desahucio apareció una.
Entonces solamente quedaba esperar que pudiera salir del hospital.
No pudo.
Maricarmen nunca regresó a aquella casa.
Y cuando una sociedad descubre finalmente cómo resolver un problema pero la persona para la que había encontrado la solución ya no puede beneficiarse de ella, no basta con decir que el problema ha sido resuelto.
Hay que preguntarse por qué llegamos tan tarde.
Esa pregunta, más que cualquier consigna, debería permanecer después de Maricarmen.
