Licencias en Candelaria: cómo reducir las esperas sin rebajar controles
Cuando una familia, un profesional o una empresa presenta un proyecto para construir una vivienda, lo razonable es esperar que el Ayuntamiento lo estudie con rigor, compruebe que cumple la normativa y resuelva dentro de un plazo previsible. Sin embargo, las licencias en Candelaria, como ocurre también en otros municipios canarios, han acumulado en determinados momentos retrasos suficientes como para plantear una pregunta que va más allá de cuánto tarda un expediente: ¿está bien organizado el sistema que debe tramitarlo?
La cuestión importa porque detrás de cada licencia hay viviendas, inversiones, créditos, empleos y decisiones familiares que no pueden permanecer indefinidamente detenidas. Pero agilizar tampoco puede significar rebajar controles urbanísticos o sustituir el rigor técnico por prisas. El verdadero reto consiste en conseguir una Administración más rápida porque trabaja con un proceso mejor organizado.
Con esa idea he intentado analizar la tramitación de las licencias desde una perspectiva poco habitual en el debate público: la de la ingeniería de procesos. El resultado es un informe técnico que acompaña esta entrada y un simulador que permite experimentar con diferentes volúmenes de expedientes, personal disponible, tiempos de tramitación y bolsas de atraso.
La conclusión principal es bastante intuitiva cuando se observa el procedimiento con detenimiento: muchas veces el problema no está en las horas que requiere estudiar un expediente, sino en las semanas que permanece esperando entre una actuación y la siguiente.
Candelaria ya ha tenido que actuar sobre los retrasos
En junio de 2026, el Ayuntamiento de Candelaria firmó un convenio con el Colegio Oficial de Arquitectos para emitir informes técnicos sobre expedientes que llevaban demasiado tiempo pendientes de resolución. Dos meses después incorporó también apoyo técnico de Gesplan para otros expedientes acumulados, en su mayoría vinculados a viviendas unifamiliares.
Por tanto, no estamos ante una crítica construida sobre una percepción subjetiva. El propio Ayuntamiento ha detectado una acumulación y ha buscado mecanismos para reducirla. Conviene reconocerlo porque afrontar un problema es siempre mejor que negarlo.
En el análisis del Pleno de Candelaria de septiembre de 2026 ya señalé positivamente que el Ayuntamiento estuviera intentando adaptar sus procedimientos a la nueva normativa autonómica y buscar fórmulas que combinen rapidez y control público. La cuestión que merece ahora atención es cómo evitar que estas medidas extraordinarias tengan que repetirse cada cierto tiempo.
Una licencia puede tardar seis meses sin necesitar seis meses de trabajo
Pensemos en un expediente que tarda seis meses en resolverse. Eso no significa que un arquitecto municipal haya pasado medio año estudiándolo.
En realidad, el expediente recorre distintas manos. Primero alguien comprueba la documentación. Después un técnico analiza el proyecto y, si detecta problemas, solicita correcciones. El arquitecto del promotor responde, el técnico vuelve a revisar lo presentado, el expediente pasa a informe jurídico y finalmente se prepara y notifica la resolución.
El trabajo efectivo puede sumar unas pocas decenas de horas. El resto del tiempo se consume fundamentalmente esperando: esperando que llegue el turno de revisión, que se presente una subsanación, que esa subsanación vuelva a revisarse o que el expediente pase de una fase a la siguiente.
Desde fuera vemos una licencia que ha tardado seis meses. Desde dentro podemos tener unas cuantas horas de trabajo real dispersas a lo largo de esos seis meses.
Ahí es donde el problema deja de ser exclusivamente urbanístico y se convierte también en un problema de organización.
El plazo legal son tres meses, pero no siempre son tres meses de calendario
La Ley 4/2017 del Suelo de Canarias establece, con carácter general, un plazo de tres meses para resolver y notificar las licencias urbanísticas.
Ese plazo, sin embargo, no equivale necesariamente a tres meses naturales continuos. Puede suspenderse legalmente en determinadas circunstancias, por ejemplo mientras el promotor corrige deficiencias o aporta documentación requerida.
Esta precisión es importante porque permite distinguir un retraso municipal real de un tiempo durante el cual la Administración está legítimamente esperando una actuación del interesado.
La nueva Ley 7/2026 de Canarias reconoce además que la emisión del informe técnico constituye una de las fases que más dificultades está generando en la tramitación y habilita mecanismos de colaboración para reforzar esa capacidad cuando los medios municipales no son suficientes.
La cuestión, por tanto, no es discutir si se pueden utilizar apoyos externos. La cuestión es conseguir que el sistema detecte la sobrecarga antes de que aparezcan expedientes acumulados durante meses.
Licencias en Candelaria: medir trabajo, no solo expedientes
Contar expedientes, por sí solo, dice bastante poco sobre la carga real de Urbanismo.
Diez licencias nuevas en un mes pueden parecer muchas o pocas, pero depende de qué contienen. No consume el mismo trabajo una actuación sencilla que una vivienda unifamiliar, un edificio de diez viviendas o una promoción de gran complejidad.
El informe técnico propone por eso introducir una medida adicional: las horas de trabajo estimadas que entran en el sistema.
La pregunta deja de ser únicamente «¿cuántos expedientes tenemos pendientes?» y pasa a incorporar otra mucho más útil: «¿cuántas horas de trabajo tenemos pendientes y cuántas horas de capacidad tenemos disponibles?».
Ese cambio permite anticiparse. Si cada mes entran 120 horas de trabajo técnico y la capacidad disponible permite absorber razonablemente 100, no hace falta esperar medio año para descubrir que existe un problema. Sabemos desde el principio que la cola crecerá.
Trabajar permanentemente al límite también genera retrasos
Hay otro error frecuente: dimensionar una oficina para que funcione permanentemente al cien por cien de su capacidad.
Si un equipo puede resolver aproximadamente diez expedientes al mes y recibe exactamente diez, puede parecer que la plantilla está perfectamente ajustada. Pero basta una baja, unas vacaciones, un proyecto especialmente complejo o un mes con mayor demanda para empezar a generar retrasos.
Un sistema estable necesita margen de maniobra.
Por eso la propuesta no busca mantener a cada técnico permanentemente saturado. Pretende que la capacidad ordinaria pueda absorber la demanda habitual y que exista además una reserva flexible para responder a situaciones excepcionales.
Esa capacidad adicional puede adoptar distintas formas: redistribución interna, refuerzo temporal o mecanismos de colaboración como los que Candelaria ya ha utilizado con el Colegio de Arquitectos y Gesplan.
Un expediente corregido no debería empezar de nuevo
Hay mejoras que no dependen necesariamente de aumentar recursos.
Si un técnico analiza un proyecto, detecta tres deficiencias y solicita su corrección, lo razonable es que, cuando el arquitecto presente la documentación modificada, el expediente vuelva rápidamente a ese mismo técnico.
Él ya conoce el proyecto. Solo tiene que comprobar si los problemas detectados se han resuelto.
Si la subsanación vuelve al final de una cola general, puede esperar semanas. Y si además termina revisándola otra persona, parte del trabajo tendrá que repetirse simplemente para entender nuevamente el expediente.
El criterio debería ser sencillo: quien empieza la revisión técnica debería, siempre que sea posible, terminarla, y las subsanaciones deberían disponer de un plazo corto y específico para su comprobación.
Eso no reduce controles. Evita repetir trabajo que ya estaba hecho.
Una revisión completa es mejor que varias correcciones sucesivas
También conviene reducir las subsanaciones fragmentadas.
El técnico detecta un defecto, el promotor lo corrige y, cuando el expediente regresa, aparece otro problema que obliga a una segunda ronda. Si ocurre nuevamente, cada corrección puede añadir varias semanas.
Siempre habrá proyectos que necesiten modificaciones sucesivas, especialmente cuando las propias correcciones introduzcan nuevos elementos. Pero la primera revisión debería intentar identificar conjuntamente todas las deficiencias razonablemente detectables.
El simulador incorpora por eso un indicador interesante: el porcentaje de expedientes que obtienen informe favorable en la primera revisión, lo que en gestión de procesos se conoce como First Pass Yield.
Si ese porcentaje es muy bajo, merece la pena investigar la causa. Puede que los proyectos lleguen insuficientemente preparados, que la documentación municipal no sea suficientemente clara o que determinados criterios necesiten mejores instrucciones.
Medirlo permite actuar sobre la causa y no únicamente sobre el resultado.
Tres relojes para saber quién tiene detenido el expediente
Una licencia que tarda ocho meses no significa automáticamente que el Ayuntamiento haya tardado ocho meses.
Para saber qué ha ocurrido necesitamos separar tres tiempos diferentes.
El primero es el tiempo municipal, durante el cual corresponde actuar al Ayuntamiento. El segundo es el tiempo del promotor, cuando el expediente está esperando una subsanación o documentación adicional. El tercero es el tiempo externo, cuando depende de informes de otras administraciones.
Esta distinción protege también a la propia Administración. Si un expediente lleva parado dos meses porque el interesado no ha corregido el proyecto, esos dos meses no deberían utilizarse para evaluar la eficacia municipal.
La transparencia debe funcionar en ambas direcciones: permitir saber cuándo el Ayuntamiento tarda demasiado y cuándo el retraso procede de otro lugar.
Resolver el pasado sin fabricar el siguiente atasco
Cuando ya existe una bolsa importante de expedientes pendientes aparece otra dificultad.
Si todos los recursos disponibles se concentran en resolver el pasado, las nuevas solicitudes pueden empezar a acumularse. Cuando finalmente desaparece el primer atasco, hemos creado otro detrás.
La propuesta es separar temporalmente dos flujos.
Un primer carril mantiene al día los expedientes nuevos. El segundo concentra recursos extraordinarios en reducir la bolsa heredada. Cuando esa acumulación desaparece, deja de ser necesario mantener ese segundo dispositivo.
El apoyo del Colegio de Arquitectos o de Gesplan puede resultar especialmente útil dentro de este esquema: no como sustitución permanente de la capacidad municipal, sino como refuerzo para recuperar el equilibrio o responder a picos de trabajo.
Un semáforo que avise antes del atasco
Una de las propuestas más sencillas es también una de las más útiles: medir cuántas semanas de trabajo pendiente tiene acumuladas cada fase.
No hace falta esperar a que un expediente lleve seis meses sin resolver.
Si la oficina técnica acumula una o dos semanas de trabajo, la situación puede considerarse normal. Si pasa a tres, conviene vigilar. Cuando supere cuatro y continúa creciendo, es el momento de preparar capacidad adicional.
Es el mismo principio que utilizaríamos en cualquier sistema donde la demanda y la capacidad deben mantenerse equilibradas. El objetivo no es reaccionar cuando ya existe un problema grave, sino detectarlo mientras todavía es sencillo corregirlo.
Un simulador para comprobar diferentes escenarios
Junto al informe técnico se adjunta también un simulador de gestión de licencias urbanísticas.
No pretende predecir con exactitud matemática cuánto tardará cada expediente. Sería engañoso presentar algo así.
Su utilidad es otra: permite experimentar con las variables que determinan el funcionamiento del sistema.
Se puede modificar el número de expedientes que entran cada mes, su complejidad, la plantilla disponible, el porcentaje de jornada realmente dedicado a licencias, la bolsa de expedientes pendientes, la fase en que se encuentran, las subsanaciones o la capacidad externa disponible.
A partir de esos datos calcula carga de trabajo, utilización, colas, recursos necesarios y evolución previsible del atraso.
Además, cada resultado explica cómo se ha obtenido. El propósito no es sustituir una decisión administrativa o política por una fórmula, sino disponer de mejores datos antes de tomarla.
Agilizar sin debilitar el control público
En una entrada anterior defendí que agilizar las licencias urbanísticas en Canarias no basta por sí solo para resolver el problema de la vivienda, aunque reducir retrasos injustificados sea absolutamente necesario.
Mantengo esa posición.
Una Administración que tarda innecesariamente perjudica al ciudadano y también al interés general. Pero una Administración rápida no debe convertirse en una Administración más débil.
Los mecanismos de colaboración que permite la nueva normativa pueden ser útiles para reforzar capacidad, especialmente ante acumulaciones puntuales o cargas excepcionales. La responsabilidad pública, el control urbanístico y la igualdad de trato deben seguir siendo irrenunciables.
Rapidez y rigor no son objetivos incompatibles. Un proceso mejor organizado puede conseguir ambos.
La mejor licencia es la que nunca llega a atascarse
Mejorar las licencias en Candelaria exige algo más que eliminar la bolsa de expedientes actualmente pendiente. El objetivo debería ser construir un sistema capaz de detectar con anticipación cuándo empieza a perder capacidad.
Necesitamos saber cuánto trabajo entra, cuánto puede absorber la oficina, dónde se acumula la carga, cuánto tarda cada fase y en qué momento es necesario incorporar apoyo.
La buena gestión pública no consiste en pedir a los empleados que trabajen permanentemente bajo presión. Consiste en organizar los recursos para que esa presión extraordinaria no se convierta en la forma habitual de funcionamiento.
El informe técnico y el simulador que acompañan esta entrada quedan disponibles para quien quiera profundizar, discutir las hipótesis o probar escenarios diferentes.
Porque mejorar una Administración exige algo más útil que afirmar que funciona bien o mal: medir cómo funciona, localizar dónde pierde tiempo y comprobar qué cambios permiten hacerlo mejor sin rebajar las garantías.
Y quizá ahí esté la idea más importante de todo este análisis: una licencia debería tardar menos no porque alguien tenga que correr más, sino porque el sistema deja de desperdiciar tiempo entre una actuación y la siguiente.
