Pleno de Candelaria: entre la gestión, las cuentas y el ruido político
El pleno de Candelaria celebrado el 28 de septiembre dejó una sesión de más de cuatro horas en la que se mezclaron cuentas municipales, vivienda, urbanismo, convivencia, cultura, Policía Local, comercio, Barranco Hondo y Punta Larga. Hubo momentos de discusión áspera y también acuerdos prácticamente unánimes que seguramente explican mejor la política municipal que algunos de los enfrentamientos.
Mi impresión, después de escuchar el conjunto del debate, es que el grupo de gobierno salió razonablemente bien parado. No porque todo esté bien hecho ni porque algunas críticas de la oposición carezcan de fundamento. Hay problemas que necesitan explicación y proyectos que deben pasar de la tramitación a la ejecución. Pero tampoco se corresponde con lo escuchado en el pleno la imagen de un Ayuntamiento paralizado, sin planificación o instalado en una gestión económica descontrolada.
La realidad parece bastante más matizada.
Las cuentas: un problema que no debe esconderse
El debate más incómodo para el gobierno fue el económico. La Cuenta General de 2025 refleja un Ayuntamiento sin endeudamiento a largo plazo y con un remanente de tesorería muy elevado, superior a los 32 millones de euros al cierre del ejercicio. Pero también existe incumplimiento de la estabilidad presupuestaria y de la regla de gasto, lo que ha obligado a aprobar un Plan Económico-Financiero para 2026-2027.
Conviene distinguir ambas cosas.
Un Plan Económico-Financiero no significa que el Ayuntamiento esté quebrado ni que carezca de recursos. La propia Ley Orgánica 2/2012 obliga a elaborarlo cuando se incumple el objetivo de estabilidad, deuda o regla de gasto. El problema existe y requiere corrección, pero no debe confundirse con una situación de insolvencia.
El gobierno sostiene que el desequilibrio tiene carácter coyuntural y que una parte responde al momento en que se contabilizaron determinados ingresos y gastos. La oposición cuestionó esta interpretación y puso el foco en el incremento del gasto de personal y de los gastos corrientes. Ambas posiciones merecen atención. Lo que no parece discutible es que la solvencia financiera municipal continúa siendo considerable y que buena parte del antiguo remanente se ha ido incorporando para financiar inversiones. Según explicó el concejal de Hacienda, después de las incorporaciones realizadas quedaría en torno a cinco millones de euros disponibles.
Aquí el gobierno tiene una obligación añadida: explicar con precisión las futuras revisiones de tasas. Decir que determinadas ordenanzas llevan muchos años sin actualizarse puede ser razonable; trasladar cualquier incremento a la ciudadanía exige, además, justificar cuánto, por qué y para financiar exactamente qué servicios.
Gastar el remanente también es gestionar
Uno de los debates más interesantes del pleno de Candelaria fue precisamente sobre qué hacer con ese dinero acumulado.
El Ayuntamiento aprobó una modificación presupuestaria de 598.162 euros destinada fundamentalmente a adquirir inmuebles para las futuras instalaciones de la Policía Local y a completar la financiación municipal del proyecto conmemorativo del bicentenario del aluvión de 1826. La propuesta terminó aprobándose por unanimidad.
La nueva sede policial resulta difícil de cuestionar en su necesidad. El municipio ha crecido y las instalaciones actuales se han quedado pequeñas. Además, se aclaró que permanecerá en el edificio municipal una oficina para denuncias y trámites, mientras las dependencias operativas y el parque móvil se trasladarán al nuevo emplazamiento.
Más discusión produjo la aportación de unos 45.000 euros al proyecto sobre el aluvión de 1826. Pero durante el pleno se explicó algo que cambia sustancialmente la valoración: no se trata simplemente de organizar un acto conmemorativo, sino de un programa con investigación histórica y artística, exposición, publicaciones, fotografía y trabajos especializados. Puede discutirse si esa cantidad es prioritaria, naturalmente. Reducirla a pagar una ceremonia parece, sin embargo, demasiado simplificador.
El pleno de Candelaria avanzó en asuntos menos vistosos, pero importantes
Más allá del enfrentamiento económico hubo decisiones que probablemente tendrán consecuencias más duraderas.
Una de ellas afecta a la tramitación de licencias urbanísticas. El Ayuntamiento adaptó su procedimiento a la nueva Ley 7/2026 de Canarias, permitiendo determinados informes de colegios profesionales sufragados por los interesados, pero manteniendo el control municipal y rechazando que cualquier entidad urbanística privada pueda sustituirlo indiscriminadamente. La propuesta recibió el apoyo unánime de los 17 concejales presentes.
La legislación autonómica pretende precisamente facilitar mecanismos de colaboración que reduzcan los retrasos administrativos en la concesión de licencias, especialmente ante el problema de la vivienda.
Me parece una decisión equilibrada: agilizar sin privatizar de facto el control urbanístico. Y resulta significativo que gobierno y oposición coincidieran en ella.
También hubo unanimidad para adaptar el plan municipal de control de viviendas vacacionales a la nueva legislación, dando hasta el 31 de julio de 2027 para que determinadas viviendas ya declaradas puedan completar la comunicación previa de actividad clasificada exigida legalmente.
Convivencia y cultura: dos normas que llevaban tiempo pendientes
El pleno aprobó inicialmente además una extensa Ordenanza de Convivencia Ciudadana, con 133 artículos, elaborada tras consultas y mesas comunitarias. Regula desde limpieza, espacios públicos y descanso vecinal hasta grafitis, publicidad, actividades comerciales, animales, playas y régimen sancionador.
Hay detalles que seguramente deberán mejorarse durante la exposición pública. Para eso está precisamente ese trámite. Pero me parece positivo que Candelaria disponga por fin de un instrumento actualizado que permita a la Policía Local actuar con mayor seguridad jurídica ante comportamientos incívicos y que el texto haya incorporado previamente participación vecinal.
Algo parecido sucede con el Reglamento de la Red Municipal de Espacios Culturales. Llevaba años pendiente, ha sido trabajado con usuarios, colectivos y grupos políticos y busca establecer criterios claros para el uso de los equipamientos culturales municipales. Recibió un amplio respaldo.
No son decisiones espectaculares. Son precisamente esas normas administrativas que apenas producen titulares, pero que distinguen una institución que funciona con reglas conocidas de otra que resuelve cada problema improvisando.
Cuando la oposición propone algo que ya está en marcha
Las mociones dejaron otra lectura interesante.
El Partido Popular propuso estudiar soportes publicitarios municipales para favorecer al pequeño comercio. La idea tiene sentido. Sin embargo, la concejala responsable explicó que desde marzo el Ayuntamiento ya estaba solicitando propuestas y presupuestos para soportes digitales, estudiando emplazamientos y costes y desarrollando paralelamente una nueva plataforma digital gratuita para las empresas del municipio. También anunció el programa Candelaria Comercio Inteligente, con formación práctica en inteligencia artificial aplicada a los negocios.
En esas circunstancias, que el gobierno votara contra la moción no equivale necesariamente a rechazar su finalidad. Puede discutirse la conveniencia política de aprobarla igualmente, pero difícilmente puede acusarse a la Concejalía de Comercio de ignorar el problema cuando estaba trabajando precisamente sobre él.
Algo parecido ocurrió con Barranco Hondo y Punta Larga.
La oposición puso sobre la mesa problemas reales: saneamiento, asfaltado, zonas verdes, sombra, aparcamientos, mantenimiento o espacios públicos. Son reclamaciones que deben escucharse. Pero el gobierno respondió detallando proyectos ya redactados, presupuestados, adjudicados o en tramitación. En Barranco Hondo se expusieron actuaciones importantes en saneamiento, reasfaltado y rehabilitación urbana; en Punta Larga se recordó, entre otras cosas, que la remodelación del parque infantil de Alsaca ya estaba adjudicada por unos 174.000 euros y que existían actuaciones sobre otros espacios del barrio.
La oposición tiene aquí un argumento que no debería despreciarse: un proyecto redactado todavía no es una obra terminada. Los vecinos viven de resultados, no de expedientes.
Pero el argumento inverso también es cierto: una obra pública no aparece de la nada. Antes necesita proyecto, financiación, permisos, contratación y licitación. Presentar como abandono aquello que ya tiene detrás ese recorrido administrativo tampoco ayuda a comprender lo que realmente ocurre.
Menos “populismo” y más argumentos
Sí creo que el grupo de gobierno podría mejorar algo evidente: el tono.
El concejal de Hacienda utilizó reiteradamente el término “populismo” para responder a varias críticas de la oposición. Puede que algunas intervenciones simplificaran cuestiones complejas, pero repetir la etiqueta termina debilitando precisamente los argumentos que se pretenden defender.
Cuando existen datos, expedientes y actuaciones concretas, resultan mucho más eficaces que cualquier descalificación.
Y la oposición cumple una función democrática imprescindible cuando pregunta por los taxis nocturnos, por las bonificaciones de la tasa de basura, por los cementerios, por la limpieza o por la seguridad vial. De hecho, el propio gobierno reconoció en algunos casos que existen deficiencias que deben corregirse.
Eso también es un pleno útil.
Una administración que avanza, pero a la que hay que exigir resultados
La impresión final que me deja este pleno de Candelaria es algo mejor de la que podría desprenderse de sus momentos más broncos.
El gobierno municipal tiene un problema presupuestario que debe corregir y explicar con transparencia. Tiene proyectos que llevan demasiado tiempo esperando. Y tiene actuaciones anunciadas cuya verdadera prueba llegará cuando las máquinas entren en obra y los vecinos perciban las mejoras.
Pero también puede exhibir unas cuentas con capacidad financiera, inversiones relevantes, nuevas instalaciones policiales, modernización de la gestión urbanística, regulación de viviendas vacacionales, una nueva ordenanza de convivencia, un reglamento para los espacios culturales y numerosos proyectos municipales en diferentes fases de ejecución.
No parece poco.
La oposición debe fiscalizarlo y señalar dónde no se llega. El gobierno debe escuchar sin convertir automáticamente la discrepancia en demagogia. Pero también conviene distinguir entre criticar lo que falta y negar lo que ya se está haciendo.
Porque la política municipal debería medirse precisamente así: menos por quién gana una discusión de pleno y más por si, cuando volvamos dentro de unos meses sobre estos mismos asuntos, Candelaria habrá avanzado un poco más.
