Envejecer con derechos: la deuda democrática con las personas mayores
Hay debates que llegan tarde porque una parte de la sociedad ha preferido mirar hacia otro lado durante demasiado tiempo. El de los derechos de las personas mayores es uno de ellos. Durante años se ha hablado de pensiones, dependencia, residencias, sanidad o soledad, pero muchas veces desde una mirada fragmentada, asistencial o incluso paternalista, como si envejecer fuera simplemente pasar a una sala de espera.
Envejecer no debería significar desaparecer lentamente de la vida común. Debería significar continuar formando parte de la sociedad con dignidad, autonomía, seguridad, vínculos, participación y derechos. No como una concesión amable ni como una política decorativa, sino como una exigencia democrática.
Este 25 de mayo de 2026, la Sala Ernest Lluch del Congreso de los Diputados acoge la jornada “España ante la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas Mayores: avances, retos y compromisos”, organizada por la Plataforma de Mayores y Pensionistas. El Imserso la recoge en su agenda como una jornada destinada a analizar el impulso de una convención internacional específica para las personas mayores. (IMSERSO)
No estamos ante un asunto menor, sino ante una señal política y moral. Una democracia no se mide solo por cómo trata a quienes producen, compiten, consumen o votan desde una aparente utilidad inmediata. También se mide, y quizá sobre todo, por cómo reconoce a quienes envejecen. Ahí se comprueba si los derechos son una convicción profunda o una simple retórica para los días solemnes.
Personas mayores: derechos, no caridad
Durante demasiado tiempo, el lenguaje público ha tratado a las personas mayores como un colectivo homogéneo, vulnerable y pasivo. “Nuestros mayores”, se dice a menudo con aparente ternura. La expresión puede nacer de una buena intención, pero también encierra a veces una mirada posesiva y condescendiente, porque las personas mayores no son “nuestras”: son ciudadanas.
Tienen historia, criterio, deseos, contradicciones, proyectos, miedos, memoria y derecho a decidir. Algunas necesitan apoyos intensos. Otras mantienen una vida autónoma, activa y plenamente participativa. Muchas sostienen todavía a sus familias, cuidan nietos, ayudan económicamente a hijos adultos, participan en asociaciones, votan, opinan, consumen cultura y forman parte de la conversación pública. Reducirlas a una imagen única de fragilidad es profundamente injusto.
El debate actual sobre una futura Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas Mayores va precisamente en esa dirección: dejar de considerar la vejez como un asunto puramente asistencial y empezar a tratarla como una cuestión de derechos humanos. En abril de 2025, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó una resolución para iniciar la redacción de una convención internacional específica sobre los derechos de las personas mayores, un proceso que España ha apoyado desde sus inicios. (IMSERSO)
La pregunta de fondo incomoda: si existen instrumentos internacionales específicos para proteger derechos de otros colectivos, ¿por qué la vejez ha tardado tanto en ocupar ese lugar? La respuesta es sencilla, aunque no agradable. El edadismo sigue siendo una de las discriminaciones más toleradas.
El edadismo se disfraza de normalidad
Este fenómeno no siempre se presenta con crueldad explícita. A veces aparece en forma de broma. Otras, en forma de silencio. También se expresa en una decisión médica tomada sin escuchar suficientemente a la persona afectada, en una oficina bancaria que la expulsa hacia una aplicación que no domina, en una administración que digitaliza trámites sin alternativas reales o en una conversación familiar donde alguien decide por ella “por su bien”.
Puede que no siempre haya mala intención, pero sí existe un patrón. La edad se convierte en una excusa para restar autonomía, credibilidad o presencia social. A una persona joven se le promete futuro. A una persona mayor, demasiadas veces, se le administra espera.
Esa mirada tiene consecuencias reales. Afecta al empleo, a la salud, a la tecnología, al acceso a servicios, al diseño urbano, al crédito, al transporte, a la cultura y a la participación política. También condiciona la imagen que la sociedad proyecta sobre la vejez: una etapa que se tolera mientras no moleste demasiado, no cueste demasiado y no exija demasiado.
Una democracia madura debe combatir el edadismo con políticas públicas, pero también con cultura democrática. Hace falta cambiar leyes, servicios y presupuestos. Sin embargo, también hay que modificar una mirada social que todavía confunde vejez con incapacidad, lentitud con inutilidad y necesidad de apoyo con pérdida de dignidad.
España ya es una sociedad envejecida
No hablamos de un problema futuro, sino del presente. Las proyecciones del INE publicadas en 2024 indican que la población de 65 años y más representa ya en torno al 20,4 % del total y podría alcanzar un máximo del 30,5 % alrededor de 2055, si se mantienen las tendencias demográficas actuales. (Instituto Nacional de Estadística)
Es decir, una de cada cinco personas en España tiene ya 65 años o más. Además, la Estadística Continua de Población del INE situó la población residente en España en 49.687.120 habitantes a 1 de abril de 2026, el valor máximo de la serie histórica. (Instituto Nacional de Estadística)
Estos datos obligan a abandonar una idea cómoda: la vejez no es un asunto sectorial. Es una cuestión central de país. Afecta al sistema sanitario, a las pensiones, a la vivienda, a la movilidad, al urbanismo, al mercado laboral, a los cuidados, a la fiscalidad y a la organización del tiempo familiar.
También afecta a la democracia, porque una sociedad envejecida que no escucha a sus mayores se empobrece moral y políticamente. La longevidad es una conquista civilizatoria. Vivir más años es una victoria de la medicina, la alimentación, la higiene, la seguridad laboral, las vacunas, las pensiones y los servicios públicos. El problema no es que vivamos más. El problema sería permitir que esos años añadidos se conviertan en años de soledad, precariedad, dependencia mal atendida o exclusión silenciosa.
Dependencia: cuando un derecho llega tarde
Uno de los puntos más sensibles es la dependencia. El Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia ha mejorado sus cifras recientes. Según los datos difundidos por el Gobierno en abril de 2026, el número de personas beneficiarias con prestación efectiva alcanzó un nuevo máximo, con 1.655.446 personas atendidas en el primer trimestre de 2026. (Ciudades Amigables)
La mejora es importante y debe reconocerse. Sería injusto no hacerlo. Pero el mismo dato exige mirar también la otra cara: en marzo de 2026 todavía había 152.249 personas esperando recibir una prestación, aunque la cifra se había reducido un 16,6 % respecto al año anterior. (Ciudades Amigables)
Detrás de cada expediente hay una vida concreta. Hay una persona que necesita ayuda para levantarse, asearse, desplazarse, comer, recordar una medicación o no quedarse sola durante todo el día. También hay familias que sostienen cuidados con agotamiento, con culpa y muchas veces sin apoyos suficientes.
En dependencia, el tiempo administrativo no es neutro. Una resolución que tarda demasiado puede significar deterioro físico, sobrecarga emocional, ingresos evitables, empobrecimiento familiar o pérdida de autonomía. Por eso la dependencia no debe tratarse como un trámite. Es un derecho vinculado a la dignidad, y cuando un derecho llega tarde, llega peor.
Cuidar no puede seguir descansando sobre la espalda invisible de las familias
España ha vivido durante décadas sobre una ficción cómoda: que los cuidados se resolvían solos dentro de casa. Esa ficción nunca fue verdad. Los cuidados los han sostenido mayoritariamente las familias y, dentro de ellas, de forma abrumadora, las mujeres.
Hijas, esposas, hermanas, nueras y madres han cubierto con esfuerzo invisible muchas carencias del sistema público. Han renunciado a empleos, reducido jornadas, perdido ingresos, aplazado proyectos y cargado con una responsabilidad emocional enorme. Esa realidad merece reconocimiento, pero no resignación.
Una democracia avanzada no puede limitarse a elogiar a las familias mientras descarga sobre ellas lo que corresponde organizar colectivamente. Hablar de cuidados exige hablar de servicios públicos, financiación suficiente, empleo digno en el sector, inspección, centros de día, ayuda a domicilio, teleasistencia, apoyos comunitarios, conciliación real y corresponsabilidad masculina.
No basta con decir que hay que cuidar a las personas mayores. Hay que decidir quién cuida, en qué condiciones, con qué recursos, con qué derechos laborales y con qué apoyo público. La retórica familiarista, tan frecuente en determinados discursos conservadores, se queda corta si no va acompañada de políticas materiales.
Invocar a los abuelos en los mítines sale barato. Financiar bien la dependencia, reforzar la atención primaria, mejorar residencias, ampliar centros de día y profesionalizar cuidados cuesta dinero, organización y voluntad política. Ahí se distingue la sensibilidad real de la simple decoración moral.
Soledad no deseada: una herida social
La soledad no deseada es otro de los grandes retos del envejecimiento. El Barómetro de la Soledad No Deseada en España 2024 señala que una de cada cinco personas sufre soledad no deseada. Además, dos de cada tres personas que la padecen, el 67,7 %, llevan más de dos años en esa situación. (SoledadES)
La soledad no afecta únicamente a las personas mayores. De hecho, también golpea con fuerza a sectores jóvenes. Pero en la vejez puede adquirir una dureza especial cuando se combina con viudedad, pérdida de amistades, problemas de movilidad, bajos ingresos, brecha digital, enfermedad o viviendas poco adaptadas.
Conviene decirlo claramente: la soledad no deseada no se arregla solo con buena voluntad. Hace falta una política pública que entienda la soledad como un fenómeno social, urbano, sanitario y comunitario. Necesitamos barrios caminables, bancos donde sentarse, transporte público accesible, centros cívicos vivos, bibliotecas, atención primaria cercana, servicios sociales de proximidad, programas intergeneracionales y vivienda adaptada.
También necesitamos tiempo. Una sociedad acelerada, precarizada y obsesionada con la productividad deja poco espacio para el vínculo. La soledad de muchas personas mayores no es solo consecuencia de la edad. Es también el reflejo de una comunidad que se ha debilitado.
La brecha digital también puede excluir
Hay otra frontera menos visible: la digitalización. La modernización administrativa y bancaria puede ser positiva, pero se convierte en injusta cuando no garantiza alternativas reales. Pedir una cita médica, hacer un trámite público, gestionar una cuenta bancaria, consultar una factura o resolver una incidencia puede transformarse en una carrera de obstáculos para quienes no manejan bien determinadas herramientas.
No se trata de negar la tecnología, sino de impedir que se convierta en una nueva ventanilla cerrada. Una persona mayor no pierde derechos porque no use una aplicación móvil. Tampoco debería depender de un hijo, una vecina o un empleado voluntarioso para ejercer derechos básicos.
La administración digital debe ser accesible, comprensible y acompañada. La banca digital debe mantener atención humana suficiente. La sanidad digital debe sumar, no sustituir sin más. La eficiencia no puede convertirse en coartada para la exclusión, porque cuando un sistema solo funciona para quien domina sus códigos, no es moderno: es selectivo.
Envejecer también es participar, aprender y disfrutar
Hay un riesgo frecuente en este debate: hablar de las personas mayores solo desde la enfermedad, la dependencia o la carga presupuestaria. Eso también es edadismo. La vejez incluye necesidades de cuidado, sí, pero también deseo, cultura, aprendizaje, amistad, participación, ocio, sexualidad, compromiso social y vida política.
No todo envejecimiento es dependencia. No toda persona mayor está esperando ser atendida. Muchas están reclamando seguir presentes. Por eso son importantes las políticas que entienden la vejez como una etapa de ciudadanía plena.
El Consejo de Ministros aprobó en mayo de 2026 la continuidad del programa Cine Sénior, que permite a las personas mayores de 65 años acudir al cine los martes por 2 euros hasta 2027. La extensión del programa cuenta con una dotación de 11,5 millones de euros. (RTVE)
Es una medida pequeña en términos presupuestarios si se compara con otros grandes capítulos del Estado. Pero tiene un valor simbólico y práctico: reconoce que la cultura también forma parte del bienestar. Una sociedad que solo piensa en las personas mayores cuando enferman está llegando tarde.
La política pública debe mirar antes: en la prevención, en la participación, en el envejecimiento activo, en el acceso cultural, en el deporte adaptado, en la formación permanente y en los espacios de encuentro. La dignidad también se expresa en poder ir al cine, participar en una asociación, estudiar, viajar, pasear con seguridad o tomar decisiones sobre la propia vida.
Pensiones, sanidad y vivienda: tres columnas de dignidad
Hablar de derechos de las personas mayores obliga a mirar tres pilares materiales: pensiones, sanidad y vivienda. Las pensiones no son una dádiva. Son salario diferido, derecho contributivo y mecanismo básico de cohesión social. En España, además, han sostenido a muchas familias durante crisis sucesivas.
No pocas personas jubiladas han ayudado a hijos y nietos cuando el mercado laboral, la vivienda o la precariedad golpeaban con fuerza. Conviene recordarlo cuando algunos discursos presentan las pensiones como una carga generacional.
No hay justicia intergeneracional atacando a los mayores. La hay garantizando buenos salarios para los jóvenes, vivienda asequible, empleos estables y un sistema público capaz de sostener derechos a lo largo de toda la vida.
La sanidad es otro eje decisivo. La vejez necesita una atención sanitaria pública fuerte, cercana y coordinada con los servicios sociales. No basta con hospitales tecnológicamente avanzados si la atención primaria está saturada o si una persona pluripatológica tiene que navegar sola por un sistema fragmentado.
La vivienda, por su parte, suele olvidarse en este debate. Pero una casa no adaptada puede convertir una limitación moderada en una dependencia grave. Escaleras, baños inseguros, falta de ascensor, aislamiento térmico deficiente o barrios sin servicios cercanos condicionan la vida cotidiana. Envejecer bien también depende del lugar donde se vive.
Canarias y la vejez: derechos también en el territorio
Aunque esta entrada tiene alcance nacional, conviene no olvidar la sensibilidad canaria. Canarias comparte los grandes retos del envejecimiento, pero con particularidades propias: insularidad, desigualdad territorial, dependencia del transporte, presión sobre los servicios públicos, dificultades de vivienda y diferencias entre islas capitalinas, islas no capitalinas y zonas rurales.
Envejecer en una gran ciudad no es lo mismo que hacerlo en un barrio periférico, en un municipio pequeño o en una isla con menos servicios especializados. La igualdad de derechos exige tener en cuenta el territorio.
La autonomía personal no depende solo de la edad o de la salud. También depende de si hay guaguas suficientes, centro de salud cercano, ascensor, farmacia, ayuda a domicilio, actividad comunitaria y acceso real a trámites públicos.
Una política seria de envejecimiento debe mirar el mapa completo. No basta con reconocer derechos en abstracto. Hay que hacerlos posibles allí donde vive la gente. En Canarias, esa mirada territorial no es un detalle, sino una condición para que los derechos no se queden en el papel.
Una convención para cambiar la mirada
La posible Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas Mayores llega en un momento oportuno. Puede ayudar a fijar estándares, obligaciones y principios comunes. También puede reforzar la lucha contra el edadismo y obligar a los Estados a mirar la vejez desde una perspectiva integral.
El proceso internacional no resolverá por sí solo los problemas cotidianos. Ninguna convención sustituye a un presupuesto, a una plaza pública bien diseñada, a una trabajadora de ayuda a domicilio con condiciones dignas o a una cita médica a tiempo.
Pero los marcos jurídicos importan. Nombran derechos. Ordenan obligaciones. Dan legitimidad a las reivindicaciones. Permiten exigir. Y, sobre todo, ayudan a desplazar la mirada: de la beneficencia al derecho, de la compasión a la ciudadanía, de la asistencia mínima a la dignidad plena.
España debería estar en primera línea de ese proceso, no solo por su estructura demográfica, sino por su propia tradición reciente de construcción de derechos sociales. Si queremos una democracia que no se limite a sobrevivir entre broncas, necesitamos ampliar la conversación pública hacia aquello que sostiene la vida. Y pocas cosas sostienen más la vida que cuidar bien el envejecimiento.
Una democracia también se mide en la vejez
Hay una pregunta incómoda que deberíamos hacernos con más frecuencia: ¿qué tipo de sociedad estamos construyendo para cuando todos, si la vida nos deja, seamos mayores? Este debate no habla de “otros”. Habla de todos, porque la vejez no es una anomalía, sino una posibilidad compartida.
Una sociedad obsesionada con la juventud, la velocidad y el rendimiento corre el riesgo de despreciar aquello que no encaja en su lógica productiva. Pero la vida humana no vale por su productividad inmediata. Vale por su dignidad. Por eso las personas mayores no necesitan homenajes vacíos, sino derechos efectivos: pensiones dignas, dependencia sin esperas insoportables, sanidad pública fuerte, barrios accesibles, cultura, compañía, autonomía, escucha y respeto.
Envejecer con derechos no es un lujo de sociedades ricas. Es una prueba básica de civilización. El progreso no consiste solo en vivir más años, sino en evitar que esos años se conviertan en una lenta pérdida de presencia, autonomía y reconocimiento. Una democracia madura no aparta a quienes envejecen: los escucha, los cuida y, sobre todo, los reconoce como ciudadanía plena.
