Florentino Pérez y el poder: ACS, los medios y el palco del Bernabéu
El palco del Santiago Bernabéu tiene una utilidad que va bastante más allá de contemplar un partido de fútbol. Durante décadas ha reunido a ministros, presidentes de grandes empresas, banqueros, responsables de medios de comunicación y representantes de las principales instituciones del país. En el centro de ese escenario aparece Florentino Pérez, un empresario cuya trayectoria permite comprender cómo se construyen, conservan y multiplican las relaciones de poder en España.
Sería absurdo negar sus éxitos empresariales o deportivos. ACS es una multinacional de enormes dimensiones y el Real Madrid ha conseguido resultados extraordinarios bajo su presidencia. Pero esos logros no deberían impedirnos examinar con rigor sus relaciones institucionales, las prácticas empresariales sancionadas, sus vínculos con determinados medios y las controversias urbanísticas que afectan al club.
Después de investigar su trayectoria y elaborar dos auditorías documentales, considero que hay razones suficientes para abrir una reflexión crítica sobre la concentración de poder y sobre los controles democráticos que deben acompañarla. Y esta vez contamos con hechos bastante más sólidos que unas cuantas fotografías de empresarios y políticos compartiendo un palco.
Florentino Pérez: una carrera que comenzó en la Administración
Antes de levantar su imperio empresarial, Florentino Pérez conoció desde dentro el funcionamiento de las administraciones públicas. Ingeniero de Caminos, fue director general de la Asociación Española de la Carretera entre 1973 y 1976, ocupó responsabilidades municipales en Madrid y llegó a dirigir el área de Infraestructuras del Transporte en el Ministerio correspondiente.
También participó en Unión de Centro Democrático y posteriormente fue secretario general del Partido Reformista Democrático, vinculado a la conocida Operación Roca.
Estos antecedentes están recogidos en su biografía de la Fundación Transición Española.
Su trayectoria muestra que el conocimiento de las instituciones y las relaciones profesionales precedieron a su gran expansión empresarial. Algunas de aquellas relaciones han mantenido una continuidad verificable. Miquel Roca, figura central del proyecto reformista de los años ochenta, ocupa actualmente la vicepresidencia de la Fundación ACS.
Después llegaron Construcciones Padrós, Cobra, Dragados y Hochtief. Mediante adquisiciones, fusiones y expansión internacional, Pérez participó en la construcción de un grupo que facturó 49.848 millones de euros en 2025.
Por supuesto, semejante crecimiento no puede explicarse únicamente mediante contactos políticos. Pero tampoco deberíamos ignorar que la construcción y las grandes infraestructuras son sectores estrechamente relacionados con decisiones administrativas, regulación y contratación pública.
La pregunta relevante es si las reglas garantizan oportunidades comparables a todas las empresas, con independencia de sus relaciones institucionales.

El palco del Bernabéu y la construcción de una red de relaciones
La presidencia del Real Madrid proporcionó a Florentino Pérez algo diferente de su posición en ACS: una plataforma excepcional de prestigio, visibilidad y relaciones sociales.
Un extenso reportaje de Relevo publicado en enero de 2024 recoge testimonios de antiguos invitados y personas conocedoras del funcionamiento del palco. Varios describen su importancia como lugar de encuentro profesional y establecimiento de contactos.
Pérez había negado en una entrevista con Jordi Évole que allí se hicieran negocios. Algunos testimonios recogidos por Relevo ofrecen una interpretación diferente.
No tenemos pruebas para afirmar que en ese espacio se adjudicaran contratos públicos concretos. Pero su función como punto de encuentro de personas influyentes merece atención.
Una relación empresarial puede comenzar con una conversación informal y desarrollarse posteriormente por cauces perfectamente legales. Precisamente por ello, resulta importante distinguir la legítima representación institucional del eventual acceso privilegiado a decisiones públicas.
Además, el palco pertenece a una institución deportiva propiedad de sus socios. No es patrimonio personal de su presidente.
Cuando examinamos los órganos de gobierno de ACS y del Real Madrid encontramos también personas que comparten responsabilidades, como Pedro López Jiménez, José Luis del Valle y Catalina Miñarro.
La coincidencia no demuestra irregularidades, pero justifica prestar especial atención a los mecanismos de separación de intereses y prevención de conflictos.
García Ferreras: del Real Madrid a la dirección de La Sexta
Entre las relaciones profesionales de Florentino Pérez destaca la que mantiene con Antonio García Ferreras.
Ferreras llegó a la dirección de Comunicación del Real Madrid durante su primera presidencia. En abril de 2006 pasó a dirigir La Sexta, una trayectoria confirmada por la propia cadena y por las informaciones publicadas entonces.
La relación no terminó con aquel cambio profesional. Un reportaje de Relevo de noviembre de 2023 reconstruyó su continuidad mediante testimonios de antiguos colaboradores. El propio Ferreras había reconocido públicamente su estrecha amistad con Pérez.
Ese vínculo adquiere especial interés cuando se examinan las conversaciones privadas grabadas al empresario entre 2006 y 2012, difundidas parcialmente en 2021.
En ellas, según las informaciones publicadas entonces, Pérez hablaba de estrategias para disputar influencia dentro de los medios deportivos, de periodistas a los que consideraba adversarios y del papel que atribuía a Ferreras. También afirmaba haber intervenido, junto con este, ante Pedro J. Ramírez en relación con la dirección de Marca.
Son manifestaciones atribuidas al propio Pérez en aquellas grabaciones, no pruebas independientes de que todas las intervenciones relatadas ocurrieran exactamente como las describía.
Sin embargo, abren una cuestión de evidente interés público: cuando un gran empresario habla de sus relaciones con directores de medios en términos de apoyos, enfrentamientos e influencia, resulta legítimo examinar cómo se protege la independencia periodística.
La amistad no desacredita a un periodista. Pero tampoco debería servir para eludir las preguntas sobre las relaciones de poder que rodean a su actividad profesional.
Los audios y la batalla por la influencia mediática
Las grabaciones publicadas por El Confidencial en julio de 2021 provocaron una enorme controversia.
Las conversaciones fueron grabadas sin el consentimiento de Pérez por el periodista José Antonio Abellán. Incluían comentarios sobre futbolistas, entrenadores y responsables de medios, además de referencias a estrategias de comunicación.
Aquí es imprescindible incorporar su desenlace judicial.
El Tribunal Supremo confirmó en 2025 la sentencia que declaró que la difusión realizada por El Confidencial y su director constituyó una intromisión ilegítima en el derecho al honor de Florentino Pérez. La resolución consideró que se habían publicado fragmentos descontextualizados con una presentación dirigida al descrédito personal.
El propio periódico publicó el contenido de la sentencia.
Por respeto a esa resolución, no reproduciremos los fragmentos de las grabaciones.
Pero el procedimiento judicial no convierte automáticamente en inexistentes las relaciones profesionales que podemos comprobar mediante otras fuentes, ni impide investigar cómo se articulan las estrategias de comunicación de las grandes organizaciones.
Debemos separar el derecho de Pérez a proteger su honor de una cuestión diferente: el interés público por conocer las relaciones entre el poder económico y los responsables de medios de comunicación.
La independencia informativa debería poder sostenerse sin depender de la buena voluntad de empresarios, directores de comunicación o propietarios de medios.

Villarejo y las conexiones entre información, policía y poder
El nombre del excomisario José Manuel Villarejo aparece también en investigaciones relacionadas con el entorno del Real Madrid y con Antonio García Ferreras. Pero conviene distinguir cuidadosamente los episodios.
En julio de 2021, Público informó sobre el proyecto «Royal», identificado entre la documentación incautada a Villarejo.
El material estaba relacionado con controversias judiciales y mediáticas producidas durante la presidencia de Ramón Calderón, cuyo mandato terminó en enero de 2009, antes del regreso de Pérez al club.
La investigación menciona documentos y anotaciones que apuntaban a posibles actuaciones de influencia mediática. Sin embargo, no permite afirmar que Florentino Pérez contratara personalmente a Villarejo o dirigiera aquel proyecto. Esa conexión no ha quedado demostrada.
Existe otro episodio con una base documental diferente.
En 2022 se difundieron grabaciones de una conversación mantenida en 2016 entre Villarejo, Ferreras y otros participantes. En ella se abordaba la falsa información sobre una supuesta cuenta bancaria de Pablo Iglesias en un paraíso fiscal, publicada por OKDiario y difundida posteriormente en La Sexta.
La información de RTVE recoge las dudas expresadas sobre la credibilidad de aquella acusación. Ferreras defendió que nunca difundió conscientemente una noticia falsa, recordó que la conversación grabada fue posterior a la emisión y señaló que la cadena también publicó el desmentido bancario.
Este episodio no demuestra una coordinación de Pérez con Villarejo. Sí ilustra la proximidad que llegó a existir entre determinados responsables mediáticos y un comisario posteriormente investigado por numerosas actuaciones irregulares.
También debe recordarse que Pérez figuró como perjudicado en investigaciones sobre trabajos de información encargados a Villarejo en el contexto del enfrentamiento empresarial entre Iberdrola y ACS.
Es decir, su nombre aparece en distintas vertientes del caso, algunas muy alejadas de la imagen de colaborador que podría sugerir una lectura superficial.
La relación entre información, intereses empresariales y estructuras policiales necesita investigaciones precisas. Mezclar episodios sin distinguir responsabilidades terminaría perjudicando la credibilidad de cualquier denuncia fundada.

Las adjudicaciones de ACS: prácticas sancionadas y preguntas pendientes
Nuestra investigación documental ha permitido identificar actuaciones empresariales que sí fueron objeto de sanciones formales.
En 2015, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia sancionó a Dragados con 8,57 millones de euros por acuerdos contrarios a la competencia relacionados con construcciones modulares. ACS fue declarada responsable solidaria. La Audiencia Nacional desestimó su recurso mediante una resolución registrada como firme.
El expediente de la CNMC permite comprobarlo.
En 2022, el organismo impuso otra sanción de 57,1 millones a Dragados dentro de un procedimiento contra seis grandes constructoras por prácticas relacionadas con licitaciones de obra civil. Esta segunda resolución fue recurrida y no hemos podido verificar una sentencia firme definitiva sobre el recurso específico de Dragados.
Una parte de las conductas históricas investigadas comenzó antes de que Dragados pasara a integrarse en ACS.
No estamos ante condenas personales de Florentino Pérez ni ante una demostración de que los gobiernos favorecieran sus empresas.
Pero tampoco son simples rumores. Son actuaciones empresariales sometidas a procedimientos sancionadores que evidencian problemas reales de competencia en mercados ligados a grandes inversiones públicas.
Desde una perspectiva democrática, corresponde preguntar qué controles funcionaron, qué mecanismos fallaron y si las administraciones afectadas evaluaron correctamente sus consecuencias.
El Análisis histórico de adjudicaciones del Grupo ACS, que adjuntamos a esta entrada, examina estas cuestiones y explica también por qué todavía no disponemos de una base suficiente para afirmar que existiera un sistema generalizado de adjudicaciones políticas de favor.
Valdebebas: las cuentas públicas frente a una gran oportunidad privada
La operación urbanística Madrid Innovation District, promovida en terrenos del Real Madrid en Valdebebas, constituye un ejemplo actual de la importancia de controlar las decisiones administrativas.
La modificación del planeamiento contempla 172.550 metros cuadrados adicionales de edificabilidad y nuevas posibilidades de explotación privada. Según las estimaciones publicadas, podría incrementar en aproximadamente 185,5 millones de euros el valor urbanístico del suelo del club.
La actuación también contempla importantes cesiones de zonas verdes, equipamientos y derechos urbanísticos a la Administración.
Sin embargo, nuestra Auditoría económico-jurídica del expediente DO190 identifica un problema particularmente grave en la calidad de la justificación económica.
El estudio elaborado por Savills, contratado por el Ayuntamiento de Madrid, contenía un error que multiplicaba por cien determinados ingresos previstos del Impuesto sobre Actividades Económicas.
Según la investigación publicada por El País el 26 de octubre de 2026, corregir el cálculo reduce el saldo municipal anual previsto de unos 98,6 millones a aproximadamente 1,46 millones, manteniendo las demás hipótesis.
El alcalde José Luis Martínez-Almeida reconoció el error, aunque defendió que no frustraba la operación.
Que el proyecto pudiera continuar siendo viable es una cuestión que requiere una evaluación corregida. Lo preocupante desde la perspectiva del control público es que una diferencia económica tan importante apareciera en la documentación utilizada para justificar una modificación urbanística de gran alcance.
Además, Savills había trabajado previamente en documentación del promotor, según las informaciones periodísticas examinadas. Esa circunstancia no acredita un conflicto de intereses ilegal, pero obliga a comprobar las garantías de independencia y supervisión técnica.
Una operación puede ser legal, ofrecer beneficios públicos y seguir mereciendo un examen exigente sobre su motivación económica. Especialmente cuando el promotor es una institución de enorme capacidad de interlocución.
Una comparecencia que reabrió el debate sobre su relación con la prensa
La rueda de prensa ofrecida por Florentino Pérez el 12 de mayo de 2026 permitió observar públicamente su forma de responder a las críticas.
Durante la comparecencia, convocada para anunciar elecciones al Real Madrid, acusó a distintos periodistas y medios de participar en una campaña contra el club. También realizó comentarios despectivos sobre profesionales de la información, incluidas referencias al conocimiento futbolístico de una periodista por ser mujer.
La Asociación de la Prensa de Madrid condenó públicamente aquellas declaraciones, respaldando las críticas de la Asociación Española de la Prensa Deportiva. La APM consideró que se habían formulado acusaciones sin pruebas y empleado expresiones impropias hacia periodistas.
Pérez tiene pleno derecho a responder a informaciones que considere inexactas y a defender su reputación. Ese derecho no excluye la crítica pública a sus declaraciones.
No podemos saber si personalmente se considera inmune a los controles. Sería especular sobre sus motivaciones.
Lo que sí puede examinarse es el comportamiento observado y la respuesta de las organizaciones profesionales. Cuando un dirigente de tal notoriedad cuestiona públicamente a periodistas por sus informaciones y utiliza expresiones despectivas, la preocupación por la libertad de información resulta comprensible.
El problema tampoco afecta exclusivamente al Real Madrid. La periodista Mónica Marchante, en una entrevista publicada por El País el 26 de octubre de 2026, denunciaba la creciente presión de clubes y organizaciones sobre los periodistas deportivos y la debilidad de las empresas informativas para defender su independencia.
Su testimonio recuerda que el periodismo necesita capacidad real para investigar y cuestionar a quienes dirigen las instituciones deportivas, aunque sus decisiones puedan provocar incomodidad o represalias profesionales.

El verdadero límite del poder debería estar en las instituciones
La trayectoria de Florentino Pérez reúne elementos que normalmente estudiamos por separado: experiencia administrativa, participación política, dirección empresarial, patrimonio económico, relaciones mediáticas y presidencia de una gran institución deportiva.
Hay hechos que merecen reconocimiento y otros que requieren explicaciones, controles y responsabilidades. Las sanciones de competencia, los debates sobre la independencia de los medios y las deficiencias económicas de Valdebebas pertenecen a ámbitos distintos, aunque todos permiten reflexionar sobre la relación entre poder privado e instituciones públicas.
No necesitamos afirmar que Florentino Pérez controla gobiernos, periodistas o jueces para examinar críticamente la concentración de relaciones que rodea su trayectoria. Tampoco necesitamos convertir una investigación sobre Villarejo en una acusación personal que las pruebas no sostienen.
Lo esencial es que las grandes organizaciones estén sometidas a normas verificables y que ninguna trayectoria empresarial o deportiva, por extraordinaria que sea, proporcione privilegios frente al escrutinio público.
En una democracia, las instituciones deben poder explicar por qué adjudican un contrato, modifican un planeamiento, aceptan una valoración económica o adoptan una decisión que beneficia a una entidad privada. Y esa explicación debe resistir una comprobación independiente.
Porque el problema no consiste en que existan personas poderosas. Consiste en garantizar que sus relaciones, su patrimonio y su capacidad de influencia nunca sustituyan las reglas que deben proteger el interés general.
Dos investigaciones para contrastar los hechos
Adjuntamos al final de esta entrada dos informes que permiten profundizar en los asuntos examinados:
Análisis histórico de adjudicaciones del Grupo ACS. Contiene contratos públicos contrastados, resoluciones de la CNMC, referencias judiciales y un análisis de los límites documentales de las hipótesis sobre favoritismo.
Auditoría económico-jurídica del expediente DO190 de Valdebebas. Examina el incremento de aprovechamientos, las cesiones públicas, el error del informe económico, la contratación de Savills y las garantías de participación y transparencia.
Ambos trabajos distinguen los hechos acreditados de las cuestiones pendientes y permiten que el lector compruebe las bases documentales de esta reflexión.
PD: Esta entrada está confeccionada a iniciativa de mis amigos de «Liguita Los de Siempre», a los que tengo que agradecer, que a pesar de mi edad, me hagan sentir como uno más y además rejuvenecido.
















