18 de julio de 1936: el golpe militar que condenó a España a una larga noche

Han pasado noventa años desde el golpe militar de 1936, pero aquella fecha sigue siendo una frontera moral en nuestra historia. El 18 de julio no comenzó una simple disputa entre dos bandos equivalentes. Una parte del Ejército se levantó contra un Gobierno legítimo y contra el orden constitucional de la Segunda República. El fracaso parcial de la sublevación abrió una guerra devastadora. Su victoria final impuso una dictadura que mantuvo a España sin libertades durante casi cuatro décadas.

Recordarlo no significa reabrir heridas. Significa impedir que la mentira las cierre en falso. Una democracia madura no teme examinar su pasado. Lo estudia, reconoce a las víctimas y extrae de él una obligación: proteger las instituciones frente a quienes vuelven a presentar el autoritarismo como una respuesta aceptable al conflicto político.

Qué ocurrió realmente en julio de 1936

La sublevación comenzó en el Protectorado español de Marruecos el 17 de julio y se extendió a la península durante el día 18. El golpe había sido preparado durante meses por una conspiración militar. No fue una reacción improvisada ante el asesinato de José Calvo Sotelo, aunque aquel crimen agravó una situación política ya muy violenta. La conspiración se había puesto en marcha después de las elecciones de febrero de 1936, ganadas por el Frente Popular.

Los sublevados pretendían derribar al Gobierno republicano y hacerse con el control del Estado. Esperaban una victoria rápida. Sin embargo, el golpe triunfó en una parte del territorio y fracasó en otra. Esa división del país, unida a la intervención de la Alemania nazi y la Italia fascista en favor de los militares rebeldes, convirtió la intentona en una guerra que se prolongó hasta 1939.

Conviene llamar a las cosas por su nombre. No fue un «alzamiento» legítimo, ni una operación destinada a restablecer una legalidad perdida. Fue un golpe de Estado contra un régimen constitucional. Así lo reconoce hoy la legislación democrática española, que repudia expresamente el golpe del 18 de julio y declara ilegal el régimen surgido de la guerra.

Una República imperfecta, pero democrática y legítima

La Segunda República tuvo graves problemas. Vivió una intensa polarización política, conflictos sociales, violencia callejera, insurrecciones y errores cometidos por gobiernos de distinto signo. Nada de eso debe ocultarse. La historia democrática no se defiende sustituyendo una propaganda por otra.

Pero una democracia con conflictos sigue siendo una democracia. El Gobierno surgido de las elecciones de febrero de 1936 tenía legitimidad electoral y constitucional. La Constitución de 1931 había reconocido la soberanía popular, el sufragio universal, derechos sociales y económicos y garantías constitucionales. También incorporó avances decisivos para las mujeres e impulsó reformas educativas, laborales, territoriales y agrarias.

Aquellas reformas generaron apoyos, resistencias y fuertes tensiones. Se puede criticar con dureza la actuación de los gobiernos republicanos. También se deben condenar los crímenes cometidos por organizaciones revolucionarias y grupos armados de izquierda. Lo que no se puede hacer con rigor es convertir esos hechos en una autorización retroactiva para derribar el sistema parlamentario mediante las armas.

Las democracias se corrigen con elecciones, leyes, tribunales y debate público. Cuando los militares deciden qué Gobierno merece seguir existiendo, la democracia deja de ser imperfecta para dejar de existir.

El golpe militar de 1936 no evitó el caos: lo multiplicó

Uno de los relatos más persistentes del franquismo sostiene que el golpe fue necesario para salvar a España del desorden. Los hechos muestran lo contrario. La sublevación no frenó la violencia. La extendió, la militarizó y la convirtió en una guerra total.

Antes de julio de 1936 existían asesinatos políticos, enfrentamientos armados y una grave crisis de convivencia. Después del golpe hubo frentes de batalla, bombardeos sobre ciudades, ejecuciones masivas, cárceles, depuraciones y desplazamientos de población. La violencia se produjo en ambos territorios, aunque no tuvo siempre la misma naturaleza, organización ni continuidad.

En la zona republicana se cometieron asesinatos, persecuciones religiosas y graves crímenes contra personas identificadas con la derecha. Deben ser reconocidos y condenados sin reservas. En la zona controlada por los sublevados, la represión formó parte desde el comienzo de una estrategia de ocupación, eliminación del adversario y control social. Las investigaciones históricas y arqueológicas han documentado el carácter sistemático de buena parte de aquella violencia.

Tras el final de la guerra, esa represión no terminó. Se transformó en consejos de guerra, ejecuciones, prisión, trabajos forzados, depuración profesional, confiscaciones y miedo. La dictadura no buscaba únicamente castigar a quienes habían combatido. Pretendía reorganizar la sociedad y eliminar cualquier posibilidad de oposición.

La condena de todas las víctimas no exige borrar la responsabilidad de quienes destruyeron el orden constitucional. La compasión debe ser universal. La explicación histórica, en cambio, debe ser precisa.

Muerte, desaparición, cárcel y exilio

No existe una cifra única e indiscutida sobre las víctimas de la guerra y la represión. Las investigaciones continúan y las estimaciones varían según los criterios utilizados. Sin embargo, la magnitud de la tragedia está fuera de duda. Murieron cientos de miles de personas por los combates, la violencia política, los bombardeos, las ejecuciones, el hambre y las enfermedades.

A las muertes se sumaron las desapariciones y las fosas comunes. Muchas familias siguen sin saber dónde están los restos de sus padres, abuelos o bisabuelos. Durante décadas, el Estado no ofreció verdad, reconocimiento ni reparación. El silencio no fue una consecuencia accidental. Formó parte de la victoria de quienes podían imponer su relato y castigar cualquier memoria alternativa.

El exilio fue otra de las grandes pérdidas nacionales. En febrero de 1939, alrededor de 475.000 españoles cruzaron hacia Francia. Unos 350.000 fueron confinados inicialmente en campos. Otros terminaron en México, Argentina, Chile, la Unión Soviética y diversos países europeos.

España perdió científicos, docentes, médicos, escritores, artistas, juristas, técnicos y trabajadores cualificados. No se marchó una minoría sin importancia. Se fue una parte esencial del país que podía haber contribuido a su reconstrucción intelectual, cultural y económica.

Buena parte de aquella España siguió creando fuera porque dentro no podía vivir en libertad.

Casi cuatro décadas sin democracia

La consecuencia política más duradera fue la dictadura franquista. Desde el final de la guerra hasta la muerte de Franco, España careció de elecciones libres, pluralismo político, libertad sindical, libertad de prensa y separación efectiva de poderes.

Los partidos fueron prohibidos. Los sindicatos libres fueron sustituidos por la organización sindical del régimen. La censura vigiló los libros, los periódicos, el teatro, el cine y el pensamiento. La oposición política fue perseguida. Las instituciones se organizaron alrededor de la autoridad personal del dictador, el Ejército, Falange y el nacionalcatolicismo.

La dictadura no fue una pausa administrativa entre dos periodos democráticos. Moldeó varias generaciones. Enseñó a callar, a desconfiar, a no preguntar y a confundir el orden con la ausencia de libertad. También dejó una cultura política donde demasiadas personas aprendieron que la autoridad no debía ser controlada, sino obedecida.

La democracia española de 1978 tuvo que construirse sobre ese terreno. Lo hizo mediante acuerdos, movilización social y renuncias difíciles. Su éxito no convierte la dictadura en una etapa neutra. Al contrario, permite comprender el valor de las libertades recuperadas.

El retroceso de las mujeres, la educación y la cultura

La República había reconocido el sufragio femenino y había incorporado a las mujeres a la ciudadanía política. También abrió espacios para la igualdad civil, la educación y la participación pública. El franquismo desmontó gran parte de esos avances.

Las mujeres fueron devueltas a un modelo basado en la obediencia, la dependencia económica y la subordinación familiar. La legislación, la moral oficial y la educación las situaron bajo la autoridad del padre o del marido. El Código Civil franquista mantenía al marido como administrador de los bienes conyugales y restringía gravemente la autonomía jurídica femenina. Muchas conquistas civiles tardaron décadas en recuperarse.

La depuración alcanzó al profesorado, la universidad, la Administración y numerosas profesiones. Maestros y maestras fueron apartados, sancionados, encarcelados, ejecutados o empujados al exilio. Las investigaciones del Ministerio de Educación han documentado la represión ideológica sufrida por el profesorado durante los primeros años del franquismo.

La escuela pública, laica y renovadora impulsada durante la República fue sustituida por un sistema autoritario, confesional y nacionalista. El daño cultural fue inmenso. No solo por quienes murieron o se exiliaron. También por los libros que no pudieron publicarse, las investigaciones que no se hicieron y las carreras que quedaron truncadas.

Hambre, aislamiento y atraso económico

La guerra destruyó infraestructuras, redujo la producción y empobreció a millones de personas. Después, el régimen adoptó una política autárquica que subordinó la economía a objetivos ideológicos de autosuficiencia y control.

La posguerra estuvo marcada por el racionamiento, el mercado negro, la escasez y el hambre. Mientras otros países europeos emprendían la reconstrucción, España permaneció aislada y al margen de las grandes dinámicas de cooperación occidental.

Un estudio publicado por el Banco de España explica que la autarquía significó el repliegue de la economía española sobre sí misma. También señala que el aislamiento supuso una importante rémora para el crecimiento en un contexto internacional de rápida expansión.

La apertura económica posterior y el Plan de Estabilización de 1959 permitieron abandonar parte de aquel fracaso. Sin embargo, el desarrollo de los años sesenta no borra las dos décadas perdidas. Tampoco convierte a la dictadura en autora de un milagro que llegó cuando empezó a rectificar su propia política.

España habría afrontado enormes dificultades sin guerra. Pero resulta difícil sostener que destruir su sistema político, expulsar capital humano y aislarla internacionalmente fuera una vía razonable hacia la modernización.

Canarias también estuvo en el origen y sufrió la represión

Desde Canarias, el 18 de julio no puede contemplarse como un episodio lejano. El archipiélago estuvo en el centro inicial del golpe. El bando de guerra firmado por Franco tuvo su origen en Santa Cruz de Tenerife. Las islas quedaron pronto bajo el control de los sublevados y no fueron escenario de grandes frentes militares.

Esa ausencia de guerra abierta no significó ausencia de violencia. Hubo detenciones, prisiones, campos, barcos utilizados como cárceles, desapariciones y asesinatos. El propio Boletín Oficial del Estado recuerda los campos de Fyffes, Paso Alto y Gando, las prisiones flotantes y las desapariciones en pozos volcánicos o en el mar.

El antiguo templo masónico de la calle San Lucas, en Santa Cruz, simboliza aquella persecución contra la libertad de conciencia. Sus archivos fueron incautados, sus integrantes perseguidos y el edificio terminó utilizado como espacio de interrogatorios y represión.

Esta dimensión canaria impide mantener una cómoda distancia. La dictadura no fue una historia que ocurrió en otros territorios. También atravesó nuestras islas, nuestras familias y nuestros silencios.

La falsa equidistancia no es reconciliación

Todavía se escucha que recordar el golpe divide a los españoles. Es un argumento extraño. Nadie sostiene que estudiar una dictadura europea divida necesariamente a la sociedad que la padeció. Lo que divide es negar a las víctimas, justificar a los verdugos o presentar como equivalentes la legalidad democrática y su destrucción.

Reconocer el origen del conflicto no significa idealizar la República. Tampoco obliga a negar los crímenes cometidos en su territorio. Significa aceptar una evidencia básica: en julio de 1936 había un Estado constitucional y una conspiración armada para derribarlo.

La reconciliación democrática no consiste en colocar verdad y mentira a la misma altura. Consiste en garantizar derechos a todas las víctimas, investigar los hechos y establecer una frontera clara frente al golpismo y la dictadura.

La vigente Ley de Memoria Democrática se fundamenta precisamente en los principios de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. También vincula la memoria con la convivencia, el pluralismo político, los derechos humanos y la cultura de paz.

Recordar para defender la democracia

Noventa años después, el 18 de julio conserva una inquietante actualidad. No porque España esté repitiendo mecánicamente los años treinta, sino porque vuelven a circular discursos que degradan el pluralismo, deshumanizan al adversario y presentan las instituciones democráticas como obstáculos.

La democracia no se pierde siempre de golpe. También se erosiona cuando se normaliza la mentira, se desprecia al Parlamento, se desacredita a los jueces sin pruebas y se convierte al rival en enemigo. Se debilita, además, cuando se acepta que cualquier método es legítimo para expulsar al adversario del poder.

Por eso la memoria democrática no es una ceremonia del pasado. Es una forma de prevención. Nos recuerda que ninguna crisis política justifica cancelar las libertades. También enseña que el autoritarismo suele prometer orden, pero termina imponiendo miedo, desigualdad y silencio.

El 18 de julio de 1936 no salvó a España. La rompió, la empobreció y la condenó a una larga noche. Honrar a quienes padecieron aquella tragedia exige algo más que recordar sus nombres. Exige defender cada día la democracia que ellos perdieron.