Causas judiciales: el foco selectivo de la indignación mediática
España vive un momento de causas judiciales intenso. Hay causas abiertas, juicios en marcha, investigaciones sensibles y procedimientos de enorme impacto político, institucional y social. Algunas afectan al entorno del Gobierno. Otras salpican al Partido Popular, a antiguos responsables públicos, a tramas policiales, a dirigentes autonómicos o a episodios con víctimas que merecen mucho más que una mención ocasional.
Sin embargo, basta mirar la agenda mediática para comprobar una evidencia incómoda: no todas las causas judiciales pesan igual en la conversación pública. Unos se convierten en martillo diario contra el Gobierno. Otros, igual o más graves desde el punto de vista institucional, aparecen de forma intermitente y desaparecen con sorprendente discreción.
La cuestión no es negar la relevancia de las causas judiciales que afectan al PSOE o al entorno del presidente del Gobierno. Sería absurdo. La cuestión es otra: ¿por qué unas investigaciones se transforman en relato nacional permanente y otras apenas reciben una atención sostenida?
La justicia no debería funcionar como munición política
Conviene empezar por lo elemental. Una investigación judicial no es una condena. Una imputación no es una sentencia. Un procesamiento no equivale a culpabilidad. Y un juicio pendiente no debería utilizarse como sustituto de las urnas ni como herramienta de demolición política antes de que los tribunales hablen.
Esto vale para todos. Para el Gobierno, para la oposición, para familiares de dirigentes políticos, para empresarios, para exministros, para presidentes autonómicos y para cualquier ciudadano.
El problema aparece cuando la presunción de inocencia se invoca con entusiasmo para los propios y se olvida con ligereza para los ajenos. Ahí la justicia deja de ser un principio democrático y pasa a convertirse en una simple palanca de combate partidista.
Los últimos meses
En los últimos meses, el foco mediático se ha concentrado de forma intensa en causas judiciales vinculadas al entorno del presidente del Gobierno: Begoña Gómez, David Sánchez, José Luis Ábalos, Koldo García, Santos Cerdán o las derivadas de investigaciones sobre presuntas maniobras para obstaculizar causas judiciales sensibles para el PSOE. El juicio a David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, comenzó el 28 de mayo de 2026 en la Audiencia Provincial de Badajoz por presuntas irregularidades en su contratación en la Diputación de Badajoz; su defensa ha pedido la nulidad de la causa y once personas están siendo juzgadas por delitos como prevaricación y tráfico de influencias. (Cadena SER)
También siguen vivas las causas judiciales derivadas del caso Koldo. La Fiscalía pidió en mayo de 2026 incorporar a la Audiencia Nacional declaraciones de Koldo García y Víctor de Aldama relacionadas con presuntos amaños de obra pública, mientras otras informaciones recientes han apuntado a nuevas diligencias vinculadas a Santos Cerdán y a supuestas maniobras para interferir en investigaciones. (rtve.es)
Todo eso debe investigarse. Sin excusas. Pero no puede presentarse como si fuera lo único relevante que ocurre en los tribunales españoles.
Kitchen: cuando el Estado pudo usarse contra la propia justicia
Mientras buena parte de la conversación pública gira alrededor del Gobierno, el juicio del caso Kitchen sigue su curso en la Audiencia Nacional. Y aquí no hablamos de una anécdota menor. Hablamos de una presunta operación parapolicial vinculada al Ministerio del Interior durante un Gobierno del Partido Popular para espiar al extesorero Luis Bárcenas y sustraerle información comprometedora para el partido.
Entre los acusados figuran el exministro Jorge Fernández Díaz y antiguos altos cargos policiales. Durante el juicio se han analizado, entre otros elementos, mensajes atribuidos al exministro y a su número dos, aunque la defensa ha cuestionado su autenticidad mediante informes periciales. (rtve.es)
Si esto no es grave, ya me dirán qué lo es. No se trata de una contratación discutible, ni de una irregularidad administrativa aislada, ni de una conversación desafortunada. Se trata de la posible utilización de aparatos del Estado para proteger a un partido frente a una investigación de corrupción.
Dicho sin adornos: hablamos de cloacas, poder policial y degradación institucional. Y, sin embargo, su presencia mediática no siempre guarda proporción con la gravedad democrática de lo investigado.
El caso del novio de Ayuso: el foco que cambia de dirección
Otro ejemplo evidente es Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. La Audiencia Provincial de Madrid confirmó en noviembre de 2025 su procesamiento por presunto fraude fiscal y falsedad documental. Según RTVE, Fiscalía y Abogacía del Estado pidieron tres años y nueve meses de cárcel por dos delitos fiscales y uno de falsedad documental. (rtve.es)
Este caso ha tenido presencia mediática, por supuesto. Pero buena parte de la discusión pública se desplazó rápidamente hacia la filtración de datos, el papel del fiscal general o el choque institucional entre poderes. Ese debate también puede ser relevante. Ahora bien, conviene no perder de vista el origen: una causa penal por presunto fraude fiscal que afecta a la pareja de una de las dirigentes políticas más influyentes de España.
La pregunta incómoda es sencilla: ¿por qué en unos casos el foco se mantiene sobre la conducta investigada y en otros se desplaza con tanta rapidez hacia quienes la denunciaron, comunicaron o filtraron?
No se trata de minimizar ninguna derivada institucional. Se trata de no hacer desaparecer el punto de partida.
Pujol, Gürtel, Lezo: la memoria judicial también cuenta
España arrastra, además, grandes procedimientos de corrupción que no pertenecen a una época remota, aunque algunos quieran tratarlos como arqueología política. El juicio a la familia Pujol quedó visto para sentencia el 14 de mayo de 2026, después de años de investigación sobre presunto enriquecimiento ilícito y fortuna oculta vinculada a una de las familias políticas más relevantes de la Cataluña contemporánea. (Cadena SER)
También siguen proyectando sombra las macrocausas vinculadas a etapas anteriores del Partido Popular, como Gürtel o Lezo. La Audiencia Nacional condenó en 2018 a 29 acusados en la primera época de Gürtel y al Partido Popular como responsable a título lucrativo. Aquella sentencia tuvo consecuencias políticas enormes, incluida la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a La Moncloa. (Cadena SER)
No se trata de vivir eternamente en el pasado. Pero tampoco de permitir que determinados pasados se borren justo cuando quienes los protagonizaron pretenden dar lecciones desde un pedestal de mármol bastante agrietado.
La corrupción no prescribe moralmente al ritmo que conviene a cada partido. Menos aún cuando sus estructuras, sus prácticas o sus silencios siguen teniendo efectos sobre la calidad democrática del presente.
Víctimas, residencias y catástrofes: el silencio también informa
La asimetría mediática se vuelve todavía más evidente cuando salimos del terreno estrictamente partidista. Hay causas con víctimas directas que no reciben una cobertura proporcional a su gravedad humana.
La investigación judicial sobre la gestión de la DANA en Valencia sigue teniendo una dimensión pública enorme. Más allá de las decisiones procesales concretas, hablamos de una catástrofe con víctimas, responsabilidades políticas debatidas y preguntas legítimas sobre prevención, alertas y gestión institucional.
Algo parecido ocurre con las residencias de mayores durante la pandemia en Madrid. La Audiencia Provincial rechazó en abril de 2026 crear una macrocausa como pedían las familias, pero eso no elimina el fondo del asunto: miles de muertes, decisiones administrativas durísimas y una demanda social de verdad que no puede despacharse como un asunto incómodo del pasado.
Aquí la pregunta es especialmente dura. ¿Por qué algunos casos ocupan horas y horas de tertulia mientras otros, con vidas rotas detrás, quedan reducidos a una noticia secundaria?
La agenda mediática no es neutral
Los medios tienen derecho a jerarquizar la información. Esa es parte de su función. Pero conviene no fingir inocencia. Cuando un asunto ocupa portadas durante semanas y otro queda relegado a breves apariciones, no solo se informa: también se construye una percepción pública.
La ciudadanía acaba recibiendo un mensaje implícito sobre qué debe indignarla y qué puede olvidar. Esa selección no siempre responde a la gravedad jurídica de los hechos. A veces responde a intereses editoriales, alineamientos políticos o estrategias de desgaste.
No es lo mismo una denuncia basada en recortes de prensa que una sentencia firme. Una investigación preliminar que un juicio oral. No es lo mismo una irregularidad administrativa que una operación parapolicial desde el Estado. Tampoco es lo mismo una conducta privada con relevancia fiscal que una trama organizada de corrupción pública.
Pero el ruido mediático tiende a mezclarlo todo en la misma trituradora. El resultado es una ciudadanía más enfadada, aunque no necesariamente mejor informada.
Exigir limpieza, pero a todos
La oposición tiene todo el derecho a fiscalizar al Gobierno. Más aún: tiene la obligación democrática de hacerlo. Si hay indicios de corrupción, tráfico de influencias, prevaricación, malversación o abuso de poder, deben investigarse hasta el final.
Ahora bien, una cosa es exigir limpieza institucional y otra muy distinta es presentarse como guardián impoluto de la moral pública mientras se arrastra una mochila judicial de considerables dimensiones.
El Partido Popular no puede hablar de corrupción como si Kitchen, Gürtel, Lezo o la financiación irregular fueran capítulos de una serie extranjera. Forman parte de la historia política reciente de España. Han tenido consecuencias judiciales, institucionales y democráticas de primer orden.
Tampoco el PSOE puede refugiarse en los casos del PP para relativizar los suyos. Esa sería otra trampa. La corrupción no se compensa por comparación. No funciona como una contabilidad de pecados ajenos. La limpieza pública se exige siempre, a todos y sin banderías.
La doble vara debilita la democracia
El periodismo serio debería partir de una regla sencilla: misma vara de medir. Si una causa merece portadas durante semanas porque afecta al Gobierno, también debería merecer atención sostenida una presunta operación parapolicial desde Interior, un fraude fiscal de relevancia pública, una investigación sobre muertes evitables o una macrocausa de corrupción que sigue arrastrándose por los tribunales.
El problema no es informar sobre Begoña Gómez, David Sánchez, Ábalos, Koldo o Cerdán. El problema es informar como si España entera estuviera reducida a ese único ángulo judicial.
Una democracia no se debilita solo cuando hay corrupción. También se debilita cuando la indignación pública se administra con mando a distancia.
Justicia sí, linchamiento selectivo no
España necesita que todos los casos judiciales se investiguen. Todos. Los que afectan al Gobierno, los que afectan a la oposición, los que proceden de viejas tramas de corrupción, los que señalan a aparatos del Estado y los que tienen detrás a víctimas que no disponen de tertulias diarias para defender su memoria.
También necesita serenidad democrática. La justicia debe hacer su trabajo sin presiones. Los medios deben informar sin convertir cada causa en una pieza de demolición selectiva. Y la ciudadanía merece un relato completo, no una versión recortada por intereses políticos.
No hay que tapar ninguna causa. Ninguna. Pero tampoco hay que aceptar que unas se conviertan en espectáculo nacional y otras en susurro de pasillo.
La corrupción, el abuso de poder y la degradación institucional son graves siempre. Afecten a quien afecten. Precisamente por eso conviene desconfiar de quienes solo se escandalizan cuando el investigado está al otro lado.
