El juicio paralelo contra David Sánchez: portadas que condenaron antes que los jueces
Mucho antes de que la Audiencia Provincial de Badajoz dictara sentencia, una parte de la prensa conservadora ya había condenado a David Sánchez. Y no solo a él. También había extendido la culpabilidad a su hermano, al Gobierno, al PSOE e incluso a toda una familia convertida en categoría política.
Los titulares no hablaban de indicios, hipótesis, acusaciones o procedimientos pendientes. Hablaban de «infamia», de hechos «certificados judicialmente», de correos que señalaban «directamente» a Pedro Sánchez y de una corrupción atribuida íntegramente al presidente del Gobierno.
No eran simples excesos retóricos. Formaban parte de una estrategia comunicativa reconocible: transformar una investigación judicial en una condena política anticipada y conseguir que, cualquiera que fuera el resultado final, la sospecha permaneciera instalada en la opinión pública.
La sentencia conocida el 14 de julio de 2026 condena a David Sánchez a nueve años de inhabilitación por cooperación necesaria en un delito de prevaricación administrativa. Es una resolución relevante que debe ser respetada, aunque todavía puede ser recurrida. Pero el tribunal descartó el tráfico de influencias, no impuso pena de prisión y no declaró probado que Pedro Sánchez hubiera intervenido, presionado o influido para conseguir la contratación de su hermano.
Nada de esto ha provocado una rectificación proporcional por parte de quienes durante meses construyeron un relato mucho más grave. La condena limitada a unos hechos concretos ha sido presentada como confirmación de todas las acusaciones anteriores, incluidas aquellas que el propio tribunal no aceptó.
Ahí reside el problema ético.
Del derecho a criticar al derecho imaginario a condenar
La libertad de prensa incluye el derecho a investigar, interpretar y criticar las actuaciones de cualquier poder público. Un periódico no tiene la obligación de ser neutral ni de ocultar su orientación ideológica.
Pero la libertad editorial no elimina las obligaciones básicas del periodismo.
El Código Deontológico de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España establece que toda persona acusada o investigada tiene derecho a que se respete su presunción de inocencia en las informaciones y opiniones relacionadas con un procedimiento penal. También exige distinguir entre hechos y opiniones, contrastar las informaciones y corregir aquello que resulte falso, engañoso o deformado.
La cobertura del caso David Sánchez permite comprobar hasta qué punto algunos medios han sustituido estos principios por una militancia política apenas disimulada.
No estamos hablando de una equivocación puntual. Estamos ante una sucesión sostenida de titulares que fueron construyendo una culpabilidad antes del juicio, durante la instrucción y mientras la sentencia estaba todavía pendiente.
«Historia de una infamia»: la condena estaba escrita desde el principio
El 9 de febrero de 2025, Libertad Digital y esRadio difundieron el editorial titulado «David Sánchez, historia de una infamia». Su presentación celebraba la salida de David Sánchez de la Diputación de Badajoz como «la primera dimisión socialista», aunque él no ocupaba un cargo en el Gobierno ni desempeñaba una responsabilidad orgánica en el PSOE.
La elección de la palabra «infamia» no era inocente. No describía una investigación en curso, sino una conducta moralmente abyecta que el medio daba ya por acreditada.
La fórmula permitía realizar dos operaciones simultáneas. Primero, convertir a un investigado en culpable antes de la celebración del juicio. Después, transformar su salida laboral en una supuesta dimisión política del socialismo.
David Sánchez dejaba de ser una persona concreta sometida a un procedimiento penal. Pasaba a convertirse en una pieza del «sanchismo», esa categoría elástica en la que algunos medios introducen indistintamente al Gobierno, al PSOE, a sus dirigentes, a sus familiares y a cualquiera que pueda resultar útil para alimentar un relato de corrupción generalizada.
«Hechos certificados judicialmente» que todavía no eran hechos probados
En septiembre de 2025, Carlos Cuesta presentó un editorial con un título todavía más problemático: «Los diez hechos certificados judicialmente que exponen a David Sánchez».
La Audiencia había considerado entonces que existían indicios suficientes para que se celebrara el juicio. Eso no equivale a certificar judicialmente la culpabilidad ni a declarar probados los hechos.
Sin embargo, la expresión escogida borraba deliberadamente esa diferencia. Los indicios se convertían en hechos certificados; la apertura de juicio se presentaba como una confirmación judicial; la presunción de inocencia quedaba reducida a una formalidad molesta.
Un periodista con experiencia conoce perfectamente la diferencia entre una resolución procesal y una sentencia. También sabe que abrir juicio oral no equivale a condenar.
Cuando esa distinción desaparece de un titular, resulta difícil atribuirlo a un simple error técnico. Es una elección editorial destinada a producir en el lector una certeza que el procedimiento todavía no permitía sostener.
La acusación ya había ganado en la portada aquello que aún debía demostrar ante el tribunal.
El objetivo siempre fue Pedro Sánchez
El paso definitivo llegó el 9 de junio de 2026, cuando esRadio tituló otro editorial: «Los correos de David Sánchez señalan directamente a Pedro Sánchez».
La causa ya no se utilizaba únicamente para cuestionar la contratación del hermano del presidente. Se empleaba para señalar al propio jefe del Ejecutivo.
Sin embargo, Pedro Sánchez no estaba acusado en el procedimiento. La sentencia tampoco ha probado que interviniera en la creación del puesto, que ejerciera presión sobre la Diputación de Badajoz o que utilizara su posición política para favorecer a su hermano.
El tribunal descartó finalmente el tráfico de influencias. La condena se refiere a la cooperación de David Sánchez en una actuación administrativa considerada arbitraria, no a una trama impulsada desde la Presidencia del Gobierno.
A pesar de ello, el titular había cumplido ya su función. No necesitaba una imputación formal ni una prueba judicial. Le bastaba con conectar el apellido del investigado con el nombre del presidente.
El verdadero objeto político de la cobertura nunca fue exclusivamente David Sánchez. Era Pedro Sánchez.
La familia se convirtió en el puente retórico que permitía llegar hasta él.
Una petición de seis años de cárcel que terminó sin condena de prisión
Durante el juicio, PP, Vox y otras acusaciones populares elevaron su petición hasta seis años de prisión por prevaricación y tráfico de influencias. La Fiscalía, por el contrario, pidió la absolución porque entendía que no se había destruido la presunción de inocencia.
La sentencia rechazó el tráfico de influencias y no impuso pena de prisión. Condenó a David Sánchez a nueve años de inhabilitación por cooperación necesaria en una prevaricación administrativa.
La diferencia no es menor.
Durante meses, la posibilidad de una condena de cárcel fue utilizada para representar el caso como una de las mayores tramas de corrupción del entorno gubernamental. Cuando esa acusación decayó, los mismos medios no dedicaron un espacio equivalente a explicar que el tribunal había rechazado una parte esencial del relato.
La sentencia fue presentada como una confirmación general, no como lo que realmente era: una condena por un delito concreto junto a la absolución respecto de otra acusación especialmente grave.
Así funciona el juicio paralelo. Las acusaciones que fracasan desaparecen discretamente, mientras la parte condenatoria se utiliza para validar retrospectivamente todos los titulares anteriores.
La corrupción de uno convertida en corrupción de todos
El ejemplo más explícito de esta construcción fue el mensaje «Toda la corrupción es de Pedro Sánchez», difundido como formulación editorial y de portada por ABC.
La frase no decía que el presidente tuviera una responsabilidad política general sobre lo que sucedía en su partido o en su entorno. Afirmaba que toda la corrupción era suya.
Ese «toda» es periodísticamente indefendible.
Agrupa investigaciones distintas, personas diferentes, hechos sin conexión probada y situaciones procesales heterogéneas. Convierte sospechas, imputaciones, acusaciones, condenas no firmes y responsabilidades ajenas en una única propiedad moral atribuida al presidente.
No informa. Sentencia.
Tampoco argumenta. Construye un personaje: Pedro Sánchez como origen, centro y beneficiario de cualquier irregularidad relacionada directa o indirectamente con su entorno.
A partir de ahí, el lector ya no necesita distinguir entre David Sánchez, Begoña Gómez, José Luis Ábalos, Koldo García, la Diputación de Badajoz, el Gobierno o el PSOE. Todo queda integrado en una misma narración.
Ese procedimiento es políticamente eficaz, pero periodísticamente deshonesto.
De una condena individual a «los frentes de corrupción de Sánchez»
Tras conocerse el fallo, La Razón publicó «Los frentes de corrupción abiertos para Sánchez tras la condena a su hermano». El artículo utilizó la resolución contra David Sánchez para reunir en torno al presidente procedimientos diferentes y todavía pendientes.
El mecanismo volvía a repetirse: una condena individual se convertía en un frente judicial del presidente.
El parentesco sustituía a la prueba.
La responsabilidad penal, que en un Estado de derecho es personal, se transformaba en una responsabilidad familiar y política expansiva. La condena del hermano permitía hablar de una corrupción que «rodea» al presidente, aunque la sentencia no estableciera participación alguna de Pedro Sánchez.
No se trataba ya de informar sobre el fallo. Se trataba de utilizarlo como una pieza dentro de una narración previamente diseñada.
¿Dónde están las rectificaciones?
La ausencia de rectificación constituye una de las cuestiones más graves.
No cabía esperar que estos medios retiraran sus críticas después de la condena. David Sánchez ha recibido un fallo adverso y los periódicos tienen derecho a considerarlo políticamente relevante.
Pero sí debían aclarar que no fue condenado por tráfico de influencias, que no recibió pena de prisión, que la sentencia no atribuyó intervención alguna a Pedro Sánchez y que algunas de las afirmaciones presentadas como certezas durante la instrucción no quedaron probadas.
Rectificar no significa pedir perdón por investigar o informar. Significa corregir la parte del relato que los hechos posteriores han demostrado excesiva, inexacta o engañosa.
Sin embargo, el tratamiento posterior ha seguido el camino contrario. La condena por prevaricación ha sido utilizada como si confirmara la existencia de una operación familiar dirigida desde el Gobierno.
No ha habido una revisión crítica de los titulares anteriores. No se ha explicado al lector la diferencia entre los cargos solicitados y los finalmente aceptados. Tampoco se ha reconocido que llamar «certificados» a unos hechos antes del juicio vulneraba la prudencia más elemental.
La portada acusatoria permanece. La corrección nunca llega.
Autores, redactores y directores no pueden esconderse detrás del medio
Los titulares no aparecen solos.
Alguien los redacta, alguien los aprueba y alguien decide convertirlos en portada, editorial o eje de una campaña informativa.
La responsabilidad ética alcanza al autor que transforma un indicio en certeza; al redactor que utiliza expresiones como «hermanísimo» para asociar al investigado con un imaginario de nepotismo; al editor que permite atribuir una causa judicial al presidente sin pruebas; y al director que convierte esa estrategia en la posición sostenida del medio.
No se trata de exigir sanciones ni de limitar la libertad de expresión. Se trata de recordar que el periodismo no queda exento de responsabilidad por presentarse como opinión.
Una opinión puede ser dura, ideológica y parcial. Lo que no debería hacer es disfrazar como hecho una conclusión que no está probada.
Tampoco puede utilizar la presunción de inocencia solo cuando el investigado pertenece al espacio político propio.
La ética profesional no consiste en no equivocarse nunca. Consiste en contrastar, matizar, distinguir, corregir y asumir la responsabilidad por aquello que se publica.
Cuando esas obligaciones desaparecen, el periodismo deja de vigilar al poder y comienza a participar en la lucha por conquistarlo.
Lo que se pretendía conseguir
No podemos afirmar que todos los periodistas, redactores y directivos implicados actuaran siguiendo un plan concertado. No disponemos de pruebas para sostenerlo.
Pero sí podemos analizar el efecto objetivo y la coherencia del relato.
La cobertura pretendía —o, al menos, producía de manera evidente— cuatro resultados.
Primero, condenar socialmente a David Sánchez antes de que fuera juzgado.
Segundo, trasladar la sospecha desde el hermano hasta Pedro Sánchez.
Tercero, presentar distintos procedimientos judiciales como partes de una única trama familiar y gubernamental.
Y cuarto, crear un clima político en el que una sentencia contra una persona ajena al Ejecutivo pudiera utilizarse para exigir la caída del Gobierno.
La reacción posterior del Partido Popular confirma hasta qué punto esa narrativa había sido preparada. Tras conocerse la condena, su portavoz sostuvo que un fallo semejante haría caer a cualquier Gobierno en otro país, aunque ningún integrante del Ejecutivo hubiera sido condenado en este procedimiento.
El salto desde una contratación en la Diputación de Badajoz hasta la legitimidad del Gobierno de España no nace de la sentencia. Nace del relato político y mediático construido alrededor de ella.
Cuando el periodismo se convierte en parte de la acusación
Una democracia necesita medios críticos. También necesita medios conservadores, progresistas, liberales y de cualquier orientación legítima.
Lo que no necesita son periódicos que actúen como acusaciones populares sin someterse a las reglas del proceso.
Una acusación debe presentar pruebas, escuchar a la defensa y aceptar el fallo. El juicio mediático, en cambio, puede seleccionar indicios, ignorar testimonios, inflar cargos y mantener las sospechas descartadas sin asumir consecuencia alguna.
Si hay condena, afirma que siempre tuvo razón. Si hay absolución, insinúa que el sistema ha protegido al acusado. En ninguno de los dos casos rectifica.
La sentencia contra David Sánchez no borra la falta de ética cometida durante el procedimiento. Una condena posterior no convierte en correcto haber presentado como culpable a una persona antes del juicio, ni justifica haber extendido la responsabilidad a quien nunca fue acusado.
Los medios tienen derecho a combatir políticamente a Pedro Sánchez desde sus páginas editoriales. Lo que no deberían hacer es utilizar un procedimiento judicial contra su hermano para fabricar una culpabilidad familiar.
Porque cuando una portada condena antes que los jueces, el periodismo deja de buscar la verdad.
Empieza a fabricar el veredicto.
