Pleno insular de julio: dinero, acuerdos y una credibilidad todavía pendiente
El pleno insular de julio, celebrado por el Cabildo de Tenerife el 31 de julio de 2026, dejó una institución con capacidad para movilizar recursos, aprobar proyectos y alcanzar acuerdos amplios. También mostró una dificultad cada vez más reconocible: demasiadas decisiones avanzan en el terreno presupuestario o declarativo mientras su traducción práctica llega tarde, cambia por el camino o continúa pendiente de una última decisión política.
No fue un pleno vacío. Se aprobaron 44,7 millones de euros, una nueva compra de guaguas, ayudas para Venezuela y La Palma, obras de emergencia en carreteras y actuaciones relacionadas con vivienda, agua, innovación y patrimonio. Hubo acuerdos sobre juventud, sector espacial, POSEI y comercio. Sin embargo, los debates sobre el refugio de Rabelo, la atención a la ciberviolencia, el tratamiento terciario del Valle de La Orotava y el centro sociosanitario de Arona dejaron una pregunta incómoda: ¿basta con anunciar, presupuestar o iniciar un expediente si la solución no termina llegando?
La respuesta democrática debería ser sencilla. No basta.
Una modificación de crédito con prioridades reconocibles
La principal operación económica del pleno insular de julio fue la sexta modificación del presupuesto de 2026, por un importe global de 44,7 millones de euros. La partida más cuantiosa, 19,6 millones, se destinó a la adquisición de 37 vehículos para TITSA: guaguas articuladas, unidades de quince y once metros, modelos híbridos y tres vehículos eléctricos.
La renovación de la flota resulta necesaria. La demanda del transporte público ha crecido con fuerza y algunas líneas trabajan con niveles de ocupación difíciles de sostener. Esa inversión debe valorarse dentro de una apuesta estable por la movilidad colectiva, no como una sucesión de compras aisladas. En anteriores análisis del pleno de mayo y del pleno de junio ya aparecía la movilidad como uno de los grandes ejes de la política insular.
El PSOE compartió la compra, pero señaló una carencia razonable: más vehículos exigen más conductores, personal de taller, administración e instalaciones adecuadas. El Gobierno respondió que las nuevas unidades tardarán alrededor de un año en fabricarse y que el refuerzo de plantilla deberá incorporarse al presupuesto de 2027. La explicación es plausible. Ahora debe convertirse en planificación verificable.
Venezuela, La Palma, carreteras y vivienda
El expediente incluyó un millón de euros para entidades que atienden necesidades sociales y sanitarias relacionadas con Venezuela. También consignó 4,125 millones para apoyar soluciones habitacionales destinadas a personas afectadas por la erupción de Tajogaite en La Palma.
A ello se sumaron 8,3 millones para obras de emergencia en carreteras dañadas por la borrasca Therese. La previsión total asciende a unos 11,5 millones entre 2026 y 2027, pendiente de una posible cofinanciación estatal. El uso de remanentes se ha visto facilitado por el Real Decreto-ley 13/2026, aunque esa flexibilidad no elimina la obligación de justificar prioridades, plazos y resultados.
En cooperación y vivienda se movilizaron alrededor de cinco millones. Entre las actuaciones figuran la segunda fase de Activa Vivienda, un convenio con el Instituto Canario de la Vivienda, mejoras de saneamiento en Los Silos y pavimentos peatonales en San Juan de la Rambla.
El problema no está en esas partidas, que son defendibles. La cuestión es si forman parte de una política insular de vivienda con estructura, objetivos y capacidad de ejecución o si continúan funcionando como aportaciones dispersas a otras administraciones. Esa duda ya atravesó el debate sobre vivienda del pleno de mayo.
La ejecución global no borra los retrasos sectoriales
El Grupo Socialista presentó 82 enmiendas parciales. Todas fueron rechazadas por 19 votos frente a nueve. La modificación presupuestaria salió adelante con 17 votos favorables y 11 abstenciones.
La oposición denunció carencias en el Consejo Insular de Aguas, vivienda, agricultura y apoyo a los municipios dañados por Therese. Citó una ejecución del 17 % en el Consejo Insular de Aguas a 30 de junio y solo un 8 % en inversiones. También cuestionó que determinadas líneas, como la Agenda 2030 municipal, alcanzaran únicamente a Santa Úrsula y Arafo.
El Gobierno replicó con un dato agregado: el Cabildo habría ejecutado alrededor del 91 % de su presupuesto en los últimos ejercicios, frente a una media del 83,35 % durante el mandato anterior. Ambas afirmaciones pueden coexistir. Una ejecución general elevada no desmiente que existan áreas estratégicas con graves dificultades para transformar crédito en obras y servicios.
Este es el fondo del debate. El agua, la vivienda o los cuidados no pueden evaluarse mediante el porcentaje medio de toda la corporación. Cada política debe medirse por sus propios objetivos. En materia hídrica, además, Tenerife arrastra problemas estructurales que ya analicé al abordar la crisis del agua en la isla.
Rabelo y ADEPAC: legalidad, singularidad y tiempo perdido
La comparecencia sobre ADEPAC y el refugio de Rabelo fue el debate más largo y áspero. El Gobierno sostuvo que el convenio de colaboración de 2009 quedó extinguido en 2020 al no adaptarse a la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público. Su disposición adicional octava obligó a adaptar los convenios vigentes y estableció límites temporales para aquellos que no fijaban duración.
La presidencia diferenció dos relaciones jurídicas: la que afecta al uso de la finca, cuya vigencia se situó hasta 2039, y la que daba cobertura a los gastos de funcionamiento, considerada extinguida. Sin el expediente completo y el informe jurídico citado durante la sesión, no puede afirmarse desde fuera cuál de las interpretaciones enfrentadas agota correctamente el problema.
Sí puede afirmarse algo más elemental. El pleno de marzo aprobó una solución transitoria de 240.000 euros y, cuatro meses después, esa ayuda no se había abonado. Mientras tanto, ADEPAC denunció dificultades para alimentar a los animales, pagar veterinarios y sostener al personal. Esa situación fue recogida públicamente antes del pleno.
Un nuevo convenio no puede ser otra promesa sin fecha
El Gobierno defendió que la convocatoria general para protectoras pasó de 400.000 a 700.000 euros y que ADEPAC obtuvo 219.000, la mayor cantidad concedida. También anunció su voluntad de negociar un nuevo convenio que reconozca la singularidad de Rabelo y aporte seguridad jurídica.
La oposición replicó que esa convocatoria no sustituía el compromiso específico alcanzado en marzo. Acusó al Gobierno de haber dejado el expediente paralizado y reclamó una reunión inmediata con la entidad. CC, PP y Vox respondieron atribuyendo el origen del problema al mandato socialista y acusando al PSOE de oportunismo.
El intercambio terminó demasiado pendiente de quién dejó morir el convenio y demasiado poco centrado en el calendario de la solución. La Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales refuerza la responsabilidad pública, la convivencia responsable y la colaboración con entidades protectoras.
La legalidad no es un obstáculo frente al bienestar animal. Es el marco que debe hacerlo estable. Pero invocarla durante meses sin cerrar una fórmula nueva puede convertir una garantía en una excusa. El compromiso relevante no es anunciar otro convenio. Es fijar responsables, fecha de negociación y plazo para aprobarlo.
Ciberviolencia: el problema existe, el recurso sigue en discusión
El PSOE volvió a proponer un recurso insular especializado para prevenir y atender la ciberviolencia de género. Su portavoz reconstruyó una cronología crítica: una iniciativa similar en 2024, un diagnóstico posterior, formación profesional, un contrato menor de 13.000 euros en abril de 2026 y ocho casos registrados como ciberviolencia exclusiva durante dos años.
La comparación con Gran Canaria fue el principal argumento socialista. Allí existe un recurso especializado con perfiles jurídicos, tecnológicos y psicosociales. El Gobierno de Tenerife rechazó copiar ese modelo y defendió reforzar la red ya existente. Recordó el aumento del presupuesto de violencia de género, la ampliación de servicios y personal, la creación de indicadores, la revisión de protocolos y la contratación de asesoramiento especializado.
La explicación sobre los ocho casos fue importante: serían situaciones donde la violencia digital aparecía como factor exclusivo, no todas aquellas donde coexistía con violencia psicológica, económica o sexual. Por tanto, utilizar ese número como total de víctimas sería incorrecto.
La Directiva europea 2024/1385 obliga a reforzar la prevención y la respuesta frente a diversas formas de violencia digital y debe incorporarse plenamente al derecho nacional antes del 14 de junio de 2027.
Retirar la moción también debilitó la exigencia
El Gobierno no puede conformarse con decir que la ciberviolencia ya está integrada en la red. Debe publicar datos comprensibles, vías claras de acceso, protocolos y resultados. Una mujer que busca ayuda necesita saber dónde acudir sin interpretar la estructura administrativa del Cabildo.
Sin embargo, la actuación del PSOE también merece crítica. Tras un debate de más de media hora, retiró la moción antes de la votación. Ya había hecho algo parecido en 2024 cuando el Gobierno presentó una enmienda alternativa.
Retirar una propuesta puede ser legítimo cuando una enmienda la vacía de contenido. Repetir esa decisión convierte el debate en un bucle sin acuerdo, sin votación y sin obligación nueva para nadie. Las víctimas no ganan con un Gobierno que minimiza las carencias. Tampoco con una oposición que prefiere conservar íntegro su texto antes que asegurar avances parciales y dejar constancia del voto de cada grupo.
El pleno insular de julio mostró aquí una mala costumbre política: todos declararon compartir el objetivo, pero nadie consiguió transformar esa coincidencia en una decisión común evaluable.
Acuerdos institucionales: consenso amplio, obligaciones difusas
Los puntos 28 a 32 fueron aprobados como acuerdos institucionales. El primero reunió compromisos sobre juventud, vivienda asequible, empleo, retorno del talento, participación, transición ecológica y ocio inclusivo. También se inició el procedimiento para declarar hijo adoptivo de Tenerife al maestro Shingo Takahashi.
El pleno insular de julio respaldó el desarrollo del sector espacial, el telepuerto, la constelación de satélites y el uso público de datos para incendios, agua, agricultura, litoral y protección de infraestructuras. El Cabildo ya ha presentado proyectos vinculados al telepuerto de Tenerife, una oportunidad que debe combinar innovación, empleo cualificado y utilidad social.
También hubo unanimidad en defensa del POSEI, instrumento europeo esencial para compensar la lejanía y la insularidad del sector primario canario.
Estos consensos son valiosos. No obstante, suelen ser más fáciles cuando distribuyen reconocimientos y peticiones hacia otras administraciones. Su credibilidad dependerá de que cada acuerdo tenga seguimiento público, presupuesto cuando sea necesario y evaluación periódica.
La parcela DISA y el valor de la agilidad con control
El pleno insular de julio aprobó por unanimidad el proyecto de interés insular para ordenar y urbanizar la parcela de DISA en el polígono industrial de Granadilla. La actuación afecta a unos 275.000 metros cuadrados y pretende preparar suelo para infraestructuras energéticas.
El Gobierno presentó el expediente como una demostración de que la figura del proyecto de interés insular puede reducir tramitaciones que, por la vía ordinaria, se prolongarían durante años. También destacó la colaboración entre los servicios públicos y la empresa promotora.
La agilidad administrativa es necesaria. Tenerife no puede tardar una década en decidir sobre proyectos estratégicos. Sin embargo, rapidez y control no son términos opuestos. El expediente ambiental del Cabildo concluye que la actuación puede continuar sujeta a condiciones y medidas que deberán cumplirse durante la ejecución.
La colaboración público-privada funciona cuando el interés público dirige el proceso, la información es accesible y las obligaciones ambientales se vigilan. No basta con acelerar la aprobación. También hay que controlar qué infraestructuras se instalan, qué utilidad insular aportan y cómo se integra el proyecto en la transición energética.
Cuando Vox convirtió la nacionalidad en conspiración electoral
El último debate político giró alrededor de una moción de Vox sobre los procedimientos de adquisición de la nacionalidad española. Su portavoz presentó la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática como parte de un supuesto plan socialista para alterar el censo electoral. Mezcló esa acusación con la regularización de migrantes y con la crisis de Ceuta.
La moción original fue rechazada. Era lo razonable. La Ley 20/2022 de Memoria Democrática reconoce una vía de opción a la nacionalidad para descendientes de españoles, personas exiliadas y otros supuestos afectados por discriminaciones históricas.
Se puede debatir la capacidad de los consulados, los plazos, la homogeneidad de criterios y la seguridad jurídica. Lo que no puede hacerse sin pruebas es presentar a quienes ejercen un derecho legal como piezas de un fraude electoral.
Ese discurso no fiscaliza el procedimiento. Siembra sospechas sobre ciudadanos por su origen y convierte la emigración española en munición partidista. El pleno tuvo el acierto de no avalarlo, aunque el tono de algunas respuestas tampoco ayudó a elevar el debate.
Altavista, agua y Arona: las preguntas que dejaron el pleno abierto
El turno de preguntas concentró tres asuntos que resumen la legislatura. En el refugio de Altavista, la oposición recordó un acuerdo para bonificar al menos el 50 % de la tarifa de 29 euros a residentes. El Gobierno explicó que había sustituido esa fórmula por un programa gratuito para alrededor de mil jóvenes, con transporte, guías, alimentación y educación ambiental. La recuperación del refugio de Altavista es positiva y la tarifa para residentes está publicada por el propio Cabildo.
Cambiar una política puede ser razonable. Lo que no resulta correcto es presentar una alternativa como cumplimiento automático de un acuerdo diferente. El Gobierno debió explicar formalmente el cambio, cuantificarlo y someterlo a revisión.
En el tratamiento terciario del Valle de La Orotava se confirmó que todavía no se había presentado el certificado final de obra. El Gobierno alegó problemas técnicos y de suministros, además de pruebas de impulsión ya realizadas. La oposición recordó anuncios anteriores sobre su puesta en marcha y la reapertura de Playa Jardín.
El contraste es conocido: la obra avanza, pero la fecha prometida se desplaza. Y cada desplazamiento erosiona la confianza.
El centro sociosanitario de Arona sigue esperando una decisión
La última cuestión relevante fue el futuro centro sociosanitario de Arona. El estudio encargado a Gestur había sido entregado el 27 de febrero de 2026. Según se expuso, plantea dos grandes alternativas: una residencia de 120 plazas con centro de día, estimada en unos 25 millones, o una opción de 240 plazas con mayor intervención viaria y un coste cercano a 49,2 millones.
Cinco meses después, el Gobierno todavía no había elegido. La consejera recordó los problemas heredados, las limitaciones urbanísticas y la baja ejecución del anterior mandato. Parte de esa explicación puede ser cierta. Pero ninguna comparación histórica sustituye la decisión que corresponde adoptar ahora.
Tenerife necesita más plazas y una red de cuidados que reduzca desplazamientos, listas de espera y desarraigo. En el análisis del pleno de mayo ya aparecía la dependencia como una de las grandes deudas insulares.
Un estudio de alternativas sirve para decidir, no para posponer indefinidamente. El Cabildo debe publicar la opción elegida, su financiación, el calendario de proyecto y la fecha prevista de puesta en servicio.
El pleno insular de julio y la política del cumplimiento
El balance no permite afirmar que el Cabildo esté paralizado. Hay inversión, proyectos, ayudas, renovación del transporte y acuerdos valiosos. Sería injusto negarlo. También sería ingenuo confundir actividad administrativa con resultados suficientes.
El pleno insular de julio dejó cuatro enseñanzas. La primera es que Tenerife dispone de recursos, pero algunas áreas carecen de capacidad ejecutiva. La segunda, que la legalidad debe resolver los problemas, no prolongarlos. La tercera, que la oposición acierta cuando exige fechas y estructuras, pero pierde fuerza cuando convierte cada propuesta en un todo o nada. La cuarta, que la extrema derecha utiliza incluso la memoria de la emigración para alimentar sospechas identitarias y electorales.
La política insular necesita una cultura más exigente del cumplimiento. Cada acuerdo debería incorporar un responsable, un plazo, una previsión económica y un mecanismo de seguimiento. Cualquier cambio de criterio tendría que explicarse. Cada anuncio debería poder compararse después con lo realmente ejecutado.
Tenerife no necesita una institución que anuncie menos. Necesita una institución que cierre más procesos, cumpla sus compromisos y explique con honestidad aquello que se retrasa.
Porque la credibilidad no se aprueba en una votación. Se construye entre un pleno y el siguiente.
