Koldo y OKDiario: dinero, PP y Justicia en una historia que exige respuestas
Hace apenas unos días publiqué en este blog «Pagos de OKDiario: las preguntas que deja el caso Koldo». Entonces había un hecho documental difícil de ignorar: la empresa editora de OKDiario había abonado 242.000 euros relacionados con la defensa jurídica de Koldo García. Mi posición fue prudente. Aquel pago no demostraba una conspiración, ni permitía acusar al PP, ni acreditaba que un medio hubiese comprado declaraciones falsas. Pero dejaba preguntas que merecían respuesta.
Desde entonces han ocurrido demasiadas cosas como para mantener el análisis exactamente en el mismo punto.
Koldo sostiene ahora que el abogado del Partido Popular Alberto Durán le ofreció ventajas procesales, el pago de su defensa y un millón de euros a cambio de declaraciones capaces de perjudicar al presidente del Gobierno, a Begoña Gómez, a José Luis Rodríguez Zapatero y a otras personas, incluso si para ello tenía que mentir. El PP y Durán lo niegan. Eduardo Inda y OKDiario rechazan igualmente esa interpretación de los pagos.
Hasta aquí podríamos seguir hablando de versiones enfrentadas.
El problema es que alrededor de esas versiones han aparecido hechos comprobables: las facturas existen; las transferencias existen; la reunión entre Koldo y el abogado del PP existió, aunque inicialmente dirigentes populares la negaran; hay una anotación anterior de Leire Díez que habla de que el PP había ofrecido «un pastizal» a Koldo; y la Audiencia Nacional, después de averiguar quién había financiado la defensa mientras la sospecha apuntaba al PSOE, decidió no profundizar en esa financiación cuando apareció como pagadora la editora de OKDiario.
No es una prueba de una operación política y judicial coordinada.
Pero ya es demasiado para mirar hacia otro lado.
Lo primero que está probado: 242.000 euros
Conviene empezar por aquello sobre lo que no existe discusión.
La abogada Leticia de la Hoz entregó a la Audiencia Nacional dos facturas y sus correspondientes justificantes bancarios. La primera asciende a 181.500 euros y está fechada el 27 de noviembre de 2025. La segunda, de 60.500 euros, corresponde al 23 de enero de 2026.
En total, 242.000 euros.
La empresa que realizó los pagos fue Dos Mil Palabras SL, editora de OKDiario. Y el concepto incluido en las facturas no habla de entrevistas, libros o documentales, sino de «honorarios, aranceles y gastos» correspondientes al asesoramiento jurídico y a los procedimientos de Koldo García.
Este dato permitió además descartar una sospecha que estaba siendo manejada dentro del denominado caso Leire: que el PSOE estuviera financiando la defensa de Koldo.
OKDiario ofrece una explicación distinta sobre el origen económico de la operación. El periódico ha publicado un contrato mercantil fechado el 26 de noviembre de 2025, un día antes de la primera factura, mediante el cual Koldo cedía derechos para la elaboración de un libro, una docuserie y otros contenidos audiovisuales. Según el medio, ese contrato explica los pagos y no existió financiación de la defensa en el sentido que se ha querido atribuir.
Las dos cosas pueden formar parte de una misma operación económica. Pero precisamente por eso resulta razonable preguntar cómo se articuló.
Si Dos Mil Palabras estaba comprando derechos audiovisuales a Koldo, ¿por qué las facturas entregadas judicialmente por su abogada describen el dinero como pago de gastos jurídicos? ¿Quién decidió que esos derechos se abonaran mediante transferencias al despacho que defendía a Koldo? ¿Qué relación contractual completa vinculaba ambas operaciones?
Preguntar no equivale a acusar.
Pero tampoco parece razonable considerar irrelevante la respuesta.
Un millón de euros: aquí entramos en el terreno de lo que todavía debe probarse
La acusación más grave procede del propio Koldo García.
Según ha relatado a la Cadena SER desde prisión, mantuvo reuniones con Alberto Durán, abogado del PP y responsable jurídico del partido en diferentes procedimientos. Afirma que se le planteó una operación que incluía reducir sus consecuencias penales, apartar a miembros de su familia de determinados problemas judiciales, financiar su defensa y entregarle un millón de euros a cambio de proporcionar información contra Pedro Sánchez y otras personas de su entorno político y familiar.
Koldo sostiene además que el dinero se canalizaría a través de Eduardo Inda y OKDiario. La SER asegura haber contrastado la existencia de las negociaciones con tres fuentes diferentes, pero Durán niega categóricamente haber realizado semejante ofrecimiento.
Por tanto, esto debe quedar claro: no está probado que el Partido Popular ofreciera un millón de euros a Koldo para que mintiera contra Pedro Sánchez.
Alberto Núñez Feijóo ha negado expresamente que nadie estuviera autorizado por el PP a ofrecer dinero a Koldo y ha afirmado que, en nombre de su partido, no se ha ofrecido «un euro a nadie».
Pero negar una acusación tampoco elimina los hechos que la rodean.
La reunión que primero no existía y después sí
Aquí aparece una de las primeras grietas importantes.
Cuando trascendió la acusación, responsables del Partido Popular cuestionaron o negaron la existencia de las reuniones. Ester Muñoz llegó a presentar el relato de Koldo como otra mentira.
Sin embargo, el 9 de noviembre Cuca Gamarra reconoció públicamente que sí existió una reunión entre Alberto Durán y Koldo García, aunque insistió en que es falso que allí se ofreciera dinero.
La diferencia es importante.
La existencia del encuentro era una parte del relato de Koldo y ha terminado siendo admitida por el propio PP. Eso no demuestra qué se habló dentro de aquella reunión, pero convierte su contenido en una cuestión perfectamente legítima.
Y la mejor manera de resolverla no son las declaraciones cruzadas.
Son las pruebas.
Mensajes, agendas, registros telefónicos, comunicaciones entre abogados, documentación económica y, si realmente existen como Koldo sostiene, grabaciones.
El cuaderno de Leire Díez introduce un elemento anterior a la polémica
Hay otro dato que merece atención porque altera la cronología.
Entre la documentación intervenida a Leire Díez aparece una anotación fechada el 25 de febrero de 2025 en la que se lee, según la información publicada, que Koldo podía ser «un buen Aldama» y que el PP había ofrecido «un pastizal».
Díez sostiene que escribió por error «Miguel Durán» cuando quería referirse a Alberto Durán. La Cadena SER ha informado además de que otras fuentes confirman la existencia de aquellas negociaciones.
Una anotación privada no demuestra que el ofrecimiento existiera.
Puede recoger una información incorrecta, una interpretación personal o simplemente un rumor transmitido a quien tomó las notas.
Pero tiene una característica significativa: es anterior en muchos meses a la polémica actual y a los pagos documentados de noviembre de 2025 y enero de 2026.
Eso no convierte el cuaderno en prueba del supuesto pacto.
Lo convierte en un indicio cuya existencia resulta difícil ignorar.
Y entonces llegamos al juez Pedraz
Este es probablemente uno de los aspectos que más dudas institucionales me genera.
La investigación del denominado caso Leire trataba de determinar, entre otras cosas, si existía una estructura destinada a interferir en investigaciones judiciales que afectaban al PSOE o al Gobierno. Leticia de la Hoz estaba siendo investigada por el supuesto intento de conseguir que Carmen Pano modificara su declaración sobre una presunta entrega de dinero en Ferraz. La abogada niega esa acusación.
Dentro de esa investigación apareció una hipótesis: que el PSOE pudiera estar pagando la defensa de Koldo.
En julio, durante el interrogatorio de De la Hoz, la Fiscalía insistió en conocer quién pagaba sus honorarios. La abogada negó reiteradamente que fuese el PSOE e incluso advirtió de que conocer al verdadero pagador produciría una «sorpresa».
Durante algún tiempo Pedraz no reclamó la documentación, pese a que la letrada se ofrecía a proporcionarla si quedaba liberada del secreto profesional. El 28 de octubre, sin embargo, el juez decidió finalmente requerir la nota de encargo, la factura y el justificante del pago, con el apoyo de Anticorrupción. Entre las sospechas manejadas se encontraba precisamente la posibilidad de que el PSOE hubiese financiado aquella defensa.
La documentación llegó.
Y el pagador no era el PSOE.
Era Dos Mil Palabras, la editora de OKDiario.
Cuando el hilo cambió de dirección
Aquí debemos ser extremadamente precisos.
El 3 de noviembre se conoció que el juzgado no reclamaría a Dos Mil Palabras documentación adicional sobre aquellos pagos. Según la información de la Cadena SER, la Fiscalía Anticorrupción compartía ese criterio. El juzgado consideraba acreditadas las facturas, pero entendía que demostrar quién había pagado la defensa de Koldo no impedía que De la Hoz pudiera haber participado, por otra vía distinta, en las actuaciones investigadas dentro del caso Leire.
Existe una explicación jurídica defendible.
La finalidad de aquella diligencia no era investigar genéricamente las relaciones económicas de Koldo, sino comprobar una hipótesis concreta: si su defensa estaba siendo sufragada por el PSOE y si eso reforzaba la posible vinculación de su abogada con la trama investigada.
Descartado el PSOE, un juez no puede convertir automáticamente la instrucción en una investigación prospectiva sobre cualquier tercero que aparezca.
Ese argumento debe ser reconocido.
Pero también existe la otra mitad del problema.
Cuando se buscaba determinar si el dinero procedía del PSOE, conocer quién pagaba parecía procesalmente relevante. Cuando se descubrió que procedía de la empresa de Eduardo Inda, se consideró que no era necesario continuar investigando aquella relación económica.
Y pocos días después Koldo ha acusado precisamente al abogado del PP y a Eduardo Inda de formar parte de una operación para obtener declaraciones contra el presidente del Gobierno.
Estas nuevas acusaciones no existían públicamente cuando Pedraz decidió no continuar profundizando en el pago. Por eso sería injusto atribuirle retrospectivamente el conocimiento de unos hechos que todavía no habían trascendido.
Pero ahora sí existen.
La pregunta democrática, por tanto, ha cambiado.
No consiste en reprochar que se investigara una posible financiación del PSOE. Si había indicios, debía investigarse.
Consiste en preguntarnos si, ante los nuevos elementos aparecidos posteriormente, sigue siendo suficiente considerar cerrado el asunto.
OKDiario reúne ahora a jueces para hablar de independencia judicial
Mientras todo esto ocurre, los próximos 12 y 13 de noviembre se celebrarán en Marbella las III Jornadas Jurídicas de OKDiario.
El programa publicado por la propia empresa no deja lugar a dudas. Participarán, entre otros, los magistrados David Maman, María Tardón, Wenceslao Olea, Celso Rodríguez Padrón y Luis Ángel Garrido Bengoechea; el magistrado jubilado Manuel García-Castellón; y Javier Gómez Bermúdez, juez en excedencia y actualmente abogado.
También pronunciará una conferencia Rafael Catalá, exministro de Justicia del Partido Popular, mientras que Eduardo Inda realizará la clausura editorial.
La mesa principal del viernes lleva un título difícil de pasar por alto en estas circunstancias: «Independencia judicial y politización».
Que jueces participen en jornadas organizadas por un medio de comunicación no demuestra absolutamente nada irregular.
Los magistrados pueden intervenir en actividades académicas y jurídicas dentro de los límites legales. El artículo 389 de la Ley Orgánica del Poder Judicial contempla expresamente excepciones vinculadas con la docencia y la investigación jurídica.
Pero nuevamente aparece algo distinto de la legalidad estricta: la apariencia de independencia.
No todos los jueces invitados presentan la misma situación
Aquí tampoco conviene cometer el error de meter todos los nombres en el mismo saco.
David Maman presenta una conexión especialmente concreta. En febrero de 2022 juzgó al periodista de OKDiario Alejandro Entrambasaguas por una acusación de acoso relacionada con los hijos de Pablo Iglesias e Irene Montero. En aquel procedimiento compareció Dos Mil Palabras SL como responsable civil subsidiaria. Maman absolvió al periodista.
Eso no significa que la sentencia fuese incorrecta ni que existiera trato de favor. La resolución debe juzgarse por sus fundamentos jurídicos.
Pero Dos Mil Palabras, la empresa que ahora organiza las jornadas, fue literalmente parte del procedimiento que aquel magistrado resolvió.
Manuel García-Castellón se encuentra jubilado y su situación es diferente. Durante años instruyó algunas de las investigaciones de corrupción política más importantes de España, incluidas Kitchen, Púnica y distintas piezas del caso Villarejo. En Kitchen procesó al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, pero archivó la causa contra María Dolores de Cospedal; esa decisión fue posteriormente confirmada por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
María Tardón es actualmente magistrada de la Audiencia Nacional y dirige una causa de enorme trascendencia institucional: la investigación sobre la entrada masiva de migrantes en Ceuta durante julio de 2026, procedimiento en el que el Gobierno de España se ha personado como perjudicado.
Javier Gómez Bermúdez tampoco ejerce actualmente como juez. Está en excedencia desde 2017 y ejerce la abogacía. Entre sus clientes figura Carmen Pano, precisamente una de las protagonistas del caso Leire, y recientemente se ha instalado profesionalmente en IC Abogados, despacho donde también trabaja la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal.
En cambio
En cambio, no he encontrado una conexión procesal comparable con OKDiario o con estas causas respecto de Wenceslao Olea, Celso Rodríguez Padrón o Luis Ángel Garrido Bengoechea. Celso Rodríguez Padrón fue promovido este año a la Sala Quinta del Tribunal Supremo, como consta en el BOE.
Decirlo también es necesario.
Una investigación rigurosa no consiste en seleccionar únicamente las conexiones que encajan en una tesis.
Los 1.000 euros y el hotel: un dato que todavía necesita confirmación individual
Durante los últimos días La Séptima ha informado de que algunos magistrados invitados recibirían hasta 1.000 euros por participar, además del alojamiento y los desplazamientos. La información ha sido reproducida por diferentes medios y existen antecedentes de pagos similares publicados respecto de ediciones anteriores.
Sin embargo, no he encontrado documentación que permita afirmar que todos los jueces anunciados para las jornadas de este año hayan aceptado esos honorarios ni que todos tengan exactamente las mismas condiciones.
Por eso no debemos presentar como hecho aquello que todavía necesita acreditación individual.
Pero si un magistrado en activo recibe una remuneración, viaje y alojamiento de una empresa que puede comparecer ante los tribunales, la cuestión no debería resolverse únicamente preguntando si formalmente puede cobrarla.
También debemos preguntarnos qué percepción genera.
La apariencia de imparcialidad también importa
No es una opinión personal.
Los propios Principios de Ética Judicial del Consejo General del Poder Judicial establecen que los jueces deben evitar conductas que puedan poner en entredicho su imparcialidad y perjudicar la confianza pública en la Justicia. También señalan que deben preservar la apariencia de imparcialidad y actuar con prudencia en sus relaciones con los medios de comunicación.
Por eso el debate está mal planteado cuando se reduce a preguntar si existe alguna norma que prohíba a un juez asistir a unas jornadas de OKDiario.
La pregunta debería ser más exigente.
¿Es conveniente que un magistrado en activo acepte una remuneración de una empresa de comunicación que puede ser parte en procedimientos judiciales?
¿Debería existir publicidad sobre esas remuneraciones?
¿Debería poder conocer un ciudadano, cuando comparece ante un juez, si ese magistrado ha recibido dinero de la empresa que se encuentra en la otra parte del procedimiento?
No estoy afirmando que exista parcialidad.
Estoy defendiendo precisamente lo contrario: que la independencia judicial debe protegerse también evitando situaciones que permitan dudar razonablemente de ella.
Esta cuestión enlaza con algo que ya he analizado en «Neutralidad judicial: una justicia que falla al mismo lado»: la confianza democrática no depende únicamente de que el juez crea actuar con imparcialidad. También necesita reglas y comportamientos capaces de hacer visible esa imparcialidad ante la sociedad.
No llamemos todavía lawfare a lo que aún debemos demostrar
La tentación de cerrar todo este relato con una palabra es evidente.
Lawfare.
Creo que sería prematuro.
No tenemos pruebas públicas suficientes para afirmar que el PP, OKDiario y determinados jueces formen parte de una estructura coordinada destinada a fabricar procedimientos contra el Gobierno.
Las coincidencias, relaciones profesionales, invitaciones y decisiones judiciales no demuestran por sí mismas una conspiración.
Pero tampoco podemos utilizar la ausencia de una prueba definitiva como excusa para ignorar los indicios.
Si llegara a acreditarse que alguien ofreció dinero para fabricar deliberadamente declaraciones falsas destinadas a procedimientos judiciales, estaríamos ante algo mucho más serio que una operación mediática. El Código Penal castiga la acusación o denuncia conscientemente falsa y el falso testimonio, y contempla específicamente la responsabilidad de quien presente a sabiendas testigos falsos.
De ahí que las acusaciones de Koldo deban comprobarse, no creerse.
Pero tampoco descartarse sin comprobarlas.
No se trata de defender a Koldo
Hay algo que conviene dejar igualmente claro.
Koldo García ha sido condenado por corrupción. Sus palabras no adquieren automáticamente credibilidad porque ahora resulten políticamente incómodas para el Partido Popular.
Debe responder por aquello que haya hecho.
José Luis Ábalos debe responder por lo suyo.
Víctor de Aldama debe responder por lo suyo.
Y cualquier responsable socialista que haya cometido delitos debe ser investigado exactamente con la misma intensidad.
Ese es el punto.
Exactamente con la misma intensidad.
El Estado de derecho no consiste en elegir qué corrupción nos indigna.
Consiste en seguir los indicios con independencia de hacia dónde conduzcan.
El problema ya no son únicamente los 242.000 euros
Cuando publiqué la entrada anterior, la cuestión podía formularse de manera bastante sencilla: ¿por qué OKDiario pagó la defensa de Koldo?
Hoy esa pregunta se ha quedado pequeña.
Ahora sabemos que existieron contactos con el abogado del PP. Sabemos que una reunión que inicialmente se cuestionó ha terminado siendo reconocida. Sabemos que existe una anotación anterior que habla de una importante oferta económica. Que Koldo sostiene que detrás había una operación más amplia. Sabemos que el PP, Durán e Inda lo niegan. Sabemos que Dos Mil Palabras pagó efectivamente 242.000 euros vinculados documentalmente a gastos jurídicos. Y sabemos que la línea judicial destinada a conocer quién financiaba aquella defensa no profundizó más una vez descartado el PSOE como pagador.
Nada de esto demuestra todavía el relato completo de Koldo.
Pero existe material suficiente para comprobarlo.
Y eso es precisamente lo que debería ocurrir.
Porque aquí ya no estamos hablando únicamente del PP, de Pedro Sánchez, de Eduardo Inda o de un condenado llamado Koldo García.
Estamos hablando de algo bastante más importante.
De si el dinero puede comprar relatos destinados a entrar en la conversación pública o incluso en los tribunales. Cómo se relacionan determinados medios con quienes después administran Justicia. De si aplicamos el mismo entusiasmo investigador cuando una sospecha apunta hacia un lado que cuando comienza a desplazarse hacia otro.
La democracia no necesita jueces favorables al Gobierno.
Tampoco jueces favorables a la oposición.
Necesita jueces independientes, medios transparentes, partidos sometidos a la ley y una Justicia capaz de tirar del hilo hasta donde conduzcan los hechos.
Aunque al final del hilo aparezca alguien a quien nadie esperaba encontrar.
