Adelanto electoral: una oportunidad para poner la vivienda en el centro

Un adelanto electoral puede abrir una oportunidad para cambiar la política de vivienda y ofrecer un nuevo mandato a las fuerzas progresistas. Creo que el rechazo de los decretos merece una respuesta política a la altura del problema. La ciudadanía debería poder elegir entre proyectos que expliquen cómo garantizarán un hogar asequible.

Esa oportunidad exige acuerdos, propuestas y capacidad para cumplirlas. La indignación puede abrir una conversación pública; para transformarla en confianza hacen falta razones. Y la vivienda ofrece un terreno concreto para discutir qué intereses deben orientar las decisiones del próximo Gobierno.

Por qué plantear ahora un adelanto electoral

El 2 de octubre, el Congreso rechazó los dos reales decretos-ley de vivienda. El primero obtuvo 172 votos favorables y 178 contrarios; el segundo, 166 a favor y 184 en contra. PP, Vox, Junts y UPN votaron contra ambos. PNV y Coalición Canaria rechazaron el segundo, después de apoyar el primero, según la información sobre la votación. cadenaser.com

En el análisis de los decretos de vivienda examiné sus medidas y sus límites. Su rechazo permite discutir ahora qué respaldo parlamentario puede reunir una política habitacional ambiciosa y duradera.

La votación no obliga a convocar elecciones. El artículo 115 de la Constitución atribuye al presidente la posibilidad de proponer la disolución, previa deliberación del Consejo de Ministros y con límites expresos. Por tanto, hablamos de una decisión política.

Desde una posición progresista, considero razonable plantear un adelanto electoral si permite presentar un proyecto compartido y buscar apoyo para ejecutarlo. La cuestión decisiva es qué se ofrecería a la ciudadanía y con quién se podría gobernar después.

La movilización y la hipótesis de una mayoría progresista

La acampada de Sol y las protestas ante el Congreso muestran que la vivienda ha desbordado el debate institucional. Son expresiones de un malestar que merece respuesta, como refleja la crónica de las movilizaciones. Sin embargo, su existencia no demuestra cuál sería el resultado de unas elecciones.

Tengo la impresión de que una parte del electorado progresista se aleja de las urnas cuando pierde la confianza en sus representantes. Es una hipótesis que debe contrastarse. Las cifras generales de abstención no permiten identificar la ideología de quienes dejaron de votar.

Aun así, esa posibilidad obliga a preguntar qué podría recuperar su confianza. La respuesta debería incluir soluciones reconocibles y cooperación entre partidos. El adelanto electoral podría favorecer esa conversación, siempre que las organizaciones conviertan la presión social en compromisos concretos.

Construir más vivienda y garantizar su acceso

El PP propone un millón de viviendas en cuatro años, más suelo disponible, trámites más ágiles y ayudas fiscales y financieras para comprar. Así lo expone su plan de vivienda. Aumentar la oferta es necesario. Pero el número de viviendas construidas no basta para evaluar una política social.

Si las nuevas promociones se venden o alquilan a precios inaccesibles, muchas familias seguirán excluidas. Y si las ayudas públicas no incorporan condiciones duraderas, pueden ampliar el patrimonio privado sin garantizar vivienda asequible. Hay que preguntar qué se construirá, dónde, a qué precio y bajo qué régimen.

El error de confiar principalmente en la expansión del mercado consiste en presentar esa expansión como garantía suficiente de acceso. Una política de vivienda debe medir también cuántas personas consiguen un hogar estable y cuánto esfuerzo económico les exige.

Además, los avales y las rebajas fiscales tienen riesgos. El Banco de España ha advertido que apoyar la demanda con una oferta rígida puede elevar los precios. Parte de la ayuda puede acabar beneficiando a los vendedores. Esa advertencia debe aplicarse a cualquier Gobierno que utilice estas medidas. En un adelanto electoral, estas condiciones deberían formar parte del debate entre programas.

Vivienda pública con protección permanente

Una propuesta progresista debe aumentar de forma sostenida la vivienda pública y asequible. Eso exige suelo, financiación, administraciones con medios y plazos realistas. También requiere rehabilitar edificios y aprovechar viviendas existentes cuando resulte viable.

El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 señala que el parque público autonómico y municipal cubre alrededor del 1,7 % de los hogares. Establece, además, que las viviendas públicas o protegidas financiadas por el plan mantengan esa condición durante toda su vida útil. Ese compromiso debería orientar la política habitacional. boe.es

Hay instrumentos en marcha. CASA 47 ha convocado una operación para adquirir viviendas destinadas al alquiler asequible. Pero anunciar, licitar, adquirir y entregar son fases diferentes. La ciudadanía necesita saber qué viviendas están realmente disponibles y quién puede acceder a ellas.

Al mismo tiempo, hacen falta contratos estables, protección para hogares vulnerables y controles que impidan eludir las normas mediante usos ficticios. Su diseño debe acompañarse de garantías para los propietarios y de recursos públicos suficientes. La respuesta de emergencia y la ampliación del parque deben avanzar juntas.

Dos compromisos sobre derechos y precios

Reconocer la vivienda como derecho fundamental

El programa que debería acompañar a un adelanto electoral puede incorporar una propuesta de mayor alcance: reconocer expresamente la vivienda como derecho fundamental. La considero una forma de reforzar las obligaciones públicas y la protección judicial de una necesidad esencial.

Hoy, el artículo 47 reconoce el derecho a una vivienda digna y adecuada dentro de los principios rectores. El artículo 53 establece para estos principios unas garantías diferentes de las previstas para los derechos fundamentales. Así lo recoge el texto constitucional.

Incorporarlo a la sección constitucional de los derechos fundamentales exigiría el procedimiento agravado del artículo 168. Harían falta mayorías de dos tercios, disolución de las Cortes, intervención de las nuevas cámaras y referéndum.

La reforma tendría que definir obligaciones exigibles y mecanismos de tutela. También necesitaría financiación y coordinación entre administraciones. Darle ese reconocimiento debe tener consecuencias en la vida de las personas.

Vincular la actualización del alquiler al IPC

También propongo recuperar el IPC como referencia clara para la actualización anual de los alquileres, con límites que protejan a los hogares. Una regla pública permitiría conocer de antemano cómo se calcula la revisión y comprobar que se aplica correctamente.

Esta propuesta necesita una precisión. El IRAV ya utiliza el IPC y puede dar lugar a una actualización inferior. La metodología del INE lo muestra. Por eso, recuperar la referencia al IPC debería conservar los límites más protectores y evitar trasladar íntegramente episodios de inflación elevada.

La vinculación afecta a la evolución de rentas pactadas; no garantiza un precio inicial asequible ni fija el precio de compraventa. Además, habría que impedir que la finalización de un contrato sirva para eludir las protecciones aplicables. Su valor estaría en ofrecer previsibilidad dentro de una política más amplia.

Qué debe ofrecer la izquierda ante un adelanto electoral

Las fuerzas progresistas deberían acordar prioridades antes de pedir un nuevo mandato. La izquierda situada a la izquierda del PSOE tiene razones para cooperar alrededor de la vivienda, pero la unidad exige decisiones concretas sobre programas y candidaturas.

Un acuerdo creíble debe indicar cuántas viviendas se pondrán a disposición, qué presupuestos se utilizarán y qué responsabilidades asumirá cada administración. También debe fijar cómo se evaluarán los resultados y cómo se corregirán los incumplimientos.

La responsabilidad alcanza al Gobierno actual. Sus políticas deben examinarse por las viviendas entregadas, la protección efectiva y la evolución del acceso. Una orientación progresista pierde credibilidad si sustituye los resultados por anuncios.

Además, las movilizaciones conservan su autonomía. Los partidos deben escuchar sus demandas y responder a ellas con propuestas que puedan discutirse y comprobarse.

Un adelanto electoral para elegir un modelo de país

Defiendo abrir seriamente la posibilidad de un adelanto electoral porque puede permitir una decisión sobre la vivienda y sobre las prioridades del próximo Gobierno. La oportunidad existe como apuesta política; su éxito dependerá de los acuerdos y de la confianza que logren construir las fuerzas progresistas.

Quien hoy dedica buena parte de sus ingresos a un alquiler necesita algo más que una promesa de construcción. Merece saber qué cambiará, cuándo y con qué garantías. Ese debería ser el compromiso que se someta a las urnas: que trabajar y vivir en este país permita también encontrar un hogar.