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Programa electoral de Vox: análisis crítico del 29N

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Programa electoral de Vox: detrás del «sentido común», un cambio profundo de modelo

Vox ha llamado «Es sentido común» a su programa electoral para el 29N. El lema está bien elegido desde el punto de vista político: presenta como obvias decisiones que, examinadas con algo más de detenimiento, supondrían una transformación profunda del modelo social, territorial e institucional español.

He leído el programa oficial de Vox para el 29N intentando hacer el mismo ejercicio que merece cualquier partido: distinguir las propuestas razonables de la propaganda, comprobar quién tiene realmente las competencias para ejecutarlas y preguntarse, sobre todo, qué país resultaría si el conjunto del programa llegara a aplicarse.

Mi conclusión es bastante crítica. Hay medidas defendibles e incluso algunas que comparto parcialmente. Pero el núcleo del programa no es una simple versión más conservadora de las políticas actuales. Es un proyecto de prioridad nacional, recentralización del Estado, retroceso en determinadas políticas de igualdad y ruptura con buena parte de la transición ecológica europea. Y presenta además importantes contradicciones económicas.

El programa electoral de Vox tiene una lógica bastante clara

Sería un error despacharlo diciendo simplemente que todo es extremismo.

Vox propone reforzar la Atención Primaria, reducir las listas de espera, mejorar las condiciones laborales de los sanitarios, extender la historia clínica compartida, aumentar las inversiones ferroviarias, mejorar Cercanías y Media Distancia, impulsar la I+D+i, construir más vivienda protegida, agilizar procedimientos administrativos y utilizar la inteligencia artificial para modernizar la Administración. También propone que los doce vocales judiciales del CGPJ sean elegidos por jueces y magistrados, una reforma que se aproxima a las recomendaciones europeas sobre los consejos judiciales.

Hay, por tanto, propuestas que merecen discutirse sin caricaturas.

El problema aparece cuando uno deja de leer las medidas individualmente y observa el modelo que las conecta. Entonces surge una idea transversal extraordinariamente poderosa: convertir la nacionalidad en criterio preferente para distribuir derechos, ayudas y oportunidades.

Y ahí cambia completamente la naturaleza del programa.

Infografía sobre la prioridad nacional en el programa de Vox, con referencias a vivienda pública, ayudas sociales, inmigración y acceso a derechos.

«Los españoles primero» no es solamente un eslogan migratorio

Vox propone prioridad para los españoles en vivienda pública, guarderías, comedor escolar, transporte, prestaciones y servicios sociales. Quiere reservar el Ingreso Mínimo Vital a españoles y aplicar esa misma «prioridad nacional» en educación y vivienda.

Esto no afecta únicamente a inmigrantes en situación irregular.

El problema jurídico y político aparece porque millones de extranjeros viven legalmente en España, trabajan, cotizan y pagan impuestos. La Ley de Extranjería establece actualmente que los extranjeros residentes tienen derecho a determinadas prestaciones y servicios sociales en las mismas condiciones que los españoles, y el Derecho europeo contiene también obligaciones de igualdad de trato para distintos colectivos de residentes legales de terceros países.

Por tanto, aplicar literalmente algunas formulaciones de la «prioridad nacional» exigiría modificar legislación española y encontraría límites en el Derecho de la Unión.

Pero hay una cuestión política todavía más importante.

En octubre había cerca de 3,7 millones de trabajadores extranjeros afiliados a la Seguridad Social, el 16,4 % del total. Representan alrededor de un tercio de los trabajadores en Hostelería y tienen también un peso muy elevado en agricultura, construcción y otros sectores. El Banco de España ha estimado además una aportación positiva de la población extranjera al crecimiento del PIB per cápita entre 2022 y 2024.

La inmigración plantea problemas reales de integración, vivienda, servicios públicos y control fronterizo. Negarlos sería absurdo. Pero convertirla en explicación casi universal de los problemas españoles es otra cosa.

Una sociedad puede regular seriamente sus fronteras sin dividir a quienes viven legalmente en ella entre ciudadanos merecedores de primera y de segunda categoría.

Vivienda: algunas propuestas interesantes y un diagnóstico demasiado cómodo

Aquí el programa resulta especialmente revelador.

Vox propone construir mucha más vivienda, ampliar suelo, agilizar trámites urbanísticos, aumentar la promoción protegida, controlar determinadas viviendas turísticas, penalizar fiscalmente operaciones especulativas y adquisiciones de compradores extracomunitarios y facilitar la primera vivienda.

Varias de estas medidas merecen consideración.

Incluso existe cierta coincidencia con cosas que llevo tiempo defendiendo en este blog y que desarrollé en mi propuesta integral para garantizar el acceso a la vivienda: aumentar drásticamente el parque público y actuar también sobre la utilización especulativa del inmueble.

Pero Vox introduce una premisa sorprendente: afirma que el punto de partida de cualquier política de vivienda debe ser el control de las fronteras.

La inmigración aumenta la formación de hogares y, por tanto, también la demanda. Eso es evidente. Pero reducir la crisis habitacional española a esa variable permite evitar una conversación bastante más incómoda sobre décadas de escasa construcción pública, planificación urbanística lenta, concentración territorial del empleo, alquiler turístico, inversión especulativa y una oferta incapaz de acompañar la creación de hogares.

Hay además un problema competencial que rara vez aparece en los eslóganes.

La Constitución permite a las comunidades autónomas asumir competencias en ordenación del territorio, urbanismo y vivienda, como efectivamente han hecho. Además, Vox promete una bonificación del 100 % del ITP para la primera vivienda usada, pero las comunidades poseen capacidad normativa sobre los tipos y bonificaciones de este impuesto.

Un Gobierno puede impulsar cambios importantes. Lo que no puede hacer es comportarse como si España hubiera dejado de ser un Estado autonómico.

Infografía sobre vivienda, impuestos y gasto público en el programa de Vox, con referencias a vivienda protegida, rebajas fiscales y competencias autonómicas.

Menos impuestos, más gasto y una cuenta que no aparece

Este es probablemente el punto económico más débil del programa.

Vox promete bajar IRPF, IVA, Impuesto de Sociedades, impuestos de la energía y numerosas tasas. Para Canarias propone además rebajar el IGIC y eliminar el AIEM. Simultáneamente quiere gastar más en sanidad, dependencia, natalidad, vivienda pública, infraestructuras, defensa, I+D+i, atención a mayores, redes eléctricas y otras políticas.

Todo ello mientras promete reducir déficit y deuda.

¿Cómo?

Fundamentalmente eliminando lo que denomina gasto «superfluo e ideológico», reduciendo subvenciones y confiando en que el crecimiento económico genere ingresos suficientes.

Puede discutirse cuánto gasto público sobra. Seguramente existe mucho margen para mejorar la eficiencia. Pero en el programa publicado no he encontrado una memoria económica cuantificada que permita saber cuánto recaudarían las rebajas fiscales, cuánto costarían las nuevas medidas ni qué volumen concreto de gasto sería eliminado.

Y sin números, cuadrar menos impuestos, más prestaciones, más inversiones, más defensa y menos deuda no constituye todavía una política presupuestaria.

Es una promesa.

En Canarias aparece además otra dificultad: la capacidad normativa sobre los tipos del IGIC corresponde a la Comunidad Autónoma dentro del marco establecido legalmente. Un Gobierno central no puede simplemente presentarlo como un impuesto cuyo tipo decide unilateralmente.

Energía y clima: aquí la ruptura es frontal

En este terreno el programa abandona casi cualquier ambigüedad.

Vox quiere mantener las centrales nucleares, algo que merece un debate técnico perfectamente legítimo. También propone reforzar redes eléctricas y agilizar su planificación, objetivos que considero necesarios.

Pero junto a eso plantea revertir normas climáticas, acabar con restricciones vinculadas al Pacto Verde, cuestionar los impuestos sobre emisiones, eliminar Zonas de Bajas Emisiones y frenar lo que denomina «fanatismo climático».

Aquí ya no estamos discutiendo únicamente sobre el calendario de una tecnología.

La Ley Europea del Clima establece objetivos jurídicamente vinculantes de reducción de emisiones para 2030, 2040 y neutralidad climática en 2050. España forma parte de la Unión Europea y esas obligaciones no desaparecen porque un Gobierno decida considerar ideológica la política climática.

Se pueden cuestionar instrumentos concretos del Pacto Verde. Se puede discutir el ritmo, las ayudas, la protección de agricultores o el impacto industrial.

Lo que resulta mucho más difícil sostener es que la descarbonización sea simplemente una imposición burocrática prescindible.

El cambio climático no pertenece a la izquierda ni a la derecha.

Pertenece a la física.

Infografía sobre energía y clima en el programa de Vox, con redes eléctricas, energía nuclear, combustibles fósiles, renovables y objetivos climáticos europeos.

La recentralización aparece una y otra vez

Sanidad única, currículo común, inspección educativa, EVAU única, unidad de mercado, expediente administrativo centralizado, políticas nacionales de vivienda y homogeneización de diferentes servicios.

Individualmente algunas medidas pueden tener sentido. Una historia clínica interoperable en toda España, por ejemplo, sería una mejora evidente.

Pero acumuladas dibujan algo diferente: una profunda recentralización política.

España tiene problemas reales de coordinación entre administraciones. Diecisiete sistemas no tienen por qué convertirse en diecisiete obstáculos.

Sin embargo, coordinación no significa necesariamente concentración.

Nuestro sistema constitucional distribuye competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. Puede cambiarse, naturalmente. Pero hacerlo requiere explicar que se pretende modificar ese modelo y, cuando corresponda, reformar las reglas que lo sostienen.

Presentar la recentralización simplemente como eliminación de burocracia oculta una decisión política mucho mayor.

Igualdad y violencia machista: desmontar para después reconstruir

Vox propone derogar lo que denomina leyes que «criminalizan a los hombres» y sustituir el actual marco de violencia de género por otro distinto.

Aquí mi discrepancia es profunda.

La Ley Orgánica de 2004 no sostiene que todos los hombres sean culpables de nada. Construye una protección específica frente a una modalidad concreta de violencia que considera vinculada a relaciones históricas de desigualdad y poder. Su finalidad legal es prevenirla, sancionarla y proteger a las víctimas.

Toda legislación puede mejorarse. Los errores en las leyes sexuales recientes, en los dispositivos de protección o en cualquier mecanismo público deben reconocerse y corregirse.

Pero una cosa es corregir fallos y otra aprovecharlos para negar la necesidad de políticas específicas ante desigualdades específicas.

La igualdad no consiste siempre en tratar situaciones diferentes como si fueran idénticas.

Justicia: una buena propuesta junto a otra mucho más inquietante

La elección por los propios jueces de los doce vocales judiciales del CGPJ merece una discusión seria y cuenta con respaldo en los estándares europeos que recomiendan una participación decisiva de jueces elegidos por sus pares.

Sin embargo, Vox propone también «liberar» al Tribunal Constitucional de las manos de los políticos.

El lenguaje es efectista, pero falta explicar algo fundamental: el sistema de nombramiento del Tribunal Constitucional no es una ocurrencia del Gobierno actual. Está establecido en el artículo 159 de la Constitución: cuatro magistrados son propuestos por el Congreso, cuatro por el Senado, dos por el Gobierno y dos por el CGPJ. Cambiar sustancialmente ese modelo exigiría abordar la propia arquitectura constitucional.

También propone ilegalizar partidos u organizaciones que atenten contra la unidad territorial.

Aquí conviene extremar la prudencia democrática.

Defender la unidad de España es una posición política completamente legítima. Pretender modificarla pacíficamente también puede formar parte del debate democrático dentro de los límites constitucionales.

Una democracia segura de sí misma combate delitos.

No necesita convertir automáticamente la discrepancia política en ilegalidad.

Infografía sobre justicia y modelo territorial en el programa de Vox, con el CGPJ, la Constitución, la recentralización de competencias y el endurecimiento político y penal.

Sanidad: buenas ideas empañadas por la exclusión

Probablemente sea uno de los capítulos mejor construidos técnicamente.

Atención Primaria, pediatría, reducción de listas de espera, indicadores públicos comparables, mejores condiciones laborales, incentivos para plazas de difícil cobertura, oncología, salud mental y retorno de profesionales sanitarios son objetivos sensatos.

Pero nuevamente aparece la prioridad nacional.

Vox propone limitar la atención sanitaria de inmigrantes en situación irregular a las urgencias graves. Actualmente el ordenamiento español reconoce un acceso sanitario mucho más amplio a las personas extranjeras que se encuentran en España sin residencia legal.

Puede debatirse su financiación y combatir cualquier fraude.

Lo que no comparto es convertir la sanidad pública en instrumento de clasificación moral según el pasaporte.

No es solamente otro programa conservador

Después de leerlo completo, creo que ahí está la cuestión fundamental.

El programa de Vox contiene propuestas que cualquier gobierno sensato debería poder estudiar sin prejuicios: menos burocracia inútil, más vivienda, mejores redes eléctricas, mayor inversión sanitaria, interoperabilidad administrativa, mejores infraestructuras, lucha contra la corrupción y una reforma del sistema de elección del CGPJ.

Precisamente por eso sería un error combatirlo mediante caricaturas.

La crítica más seria está en el propio documento.

Detrás de esas medidas aparece un proyecto coherente de sociedad: derechos sociales condicionados crecientemente por la nacionalidad, debilitamiento de las políticas específicas de igualdad, ruptura con buena parte de la transición ecológica, recentralización territorial, endurecimiento penal y migratorio y una concepción de la nación que deja poco espacio para la pluralidad política y cultural que también forma parte de España.

A ello se suma una política económica cuya aritmética queda sin demostrar: enormes rebajas fiscales acompañadas de importantes incrementos de gasto y, simultáneamente, reducción de deuda y déficit.

Vox lo denomina «sentido común».

Yo veo otra cosa.

Veo un programa políticamente mucho más radical de lo que su lema pretende sugerir. No porque todas sus medidas lo sean, sino porque cambia la pregunta sobre la que hemos construido buena parte del Estado social durante décadas.

Ya no sería únicamente quién necesita ayuda, qué derechos debemos garantizar o cómo financiamos unos servicios públicos mejores.

La primera pregunta pasaría a ser quién pertenece y quién no.

Y cuando una democracia empieza a ordenar los derechos sociales fundamentalmente en función del origen, conviene leer la letra pequeña antes de dejarse seducir por la aparente sencillez del eslogan.

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