Pacto migratorio: Canarias no puede ser frontera y soledad
El Pacto migratorio europeo empieza a aplicarse en un momento delicado para Canarias. No porque las islas desconozcan la realidad migratoria, sino precisamente porque la conocen demasiado bien. La conocen en los muelles, en los centros de acogida, en los servicios sociales, en la infancia tutelada, en las ONG que acompañan y en una ciudadanía que, con todas sus contradicciones, ha vivido durante años en primera línea una de las fronteras más duras de Europa.
La cuestión de fondo no es si Europa necesita ordenar mejor sus políticas de migración y asilo. Claro que lo necesita. La cuestión es otra: si esa ordenación va a servir para repartir responsabilidades o para sofisticar la forma de dejar solos a los territorios frontera.
Y ahí Canarias tiene derecho a levantar la voz.
Una norma europea que llega con demasiadas preguntas
El Consejo de la Unión Europea explica que el Pacto sobre Migración y Asilo introduce un conjunto de reglas para gestionar la migración, crear un sistema común de asilo y equilibrar solidaridad y responsabilidad entre los Estados miembros. Fue adoptado por el Consejo el 14 de mayo de 2024 y sus reglas entran en aplicación el 12 de junio de 2026. (Consejo Europeo)
Sobre el papel, los objetivos suenan razonables: gestionar las llegadas de forma ordenada, crear procedimientos más eficientes y garantizar un equilibrio justo entre solidaridad y responsabilidad. Nadie sensato puede oponerse a que exista un marco europeo común. Lo contrario sería dejar la política migratoria en manos de la improvisación, del miedo o de la propaganda.
Pero las normas no se juzgan solo por sus palabras, sino por sus efectos.
El Ministerio del Interior señala que el Pacto Europeo de Migración y Asilo está compuesto por nueve reglamentos y una directiva, además de contar con un Plan Nacional de Implementación en España. (Ministerio del Interior) Ese dato confirma que no hablamos de una declaración simbólica, sino de un cambio jurídico y administrativo de gran calado.
La pregunta canaria es sencilla: ¿cómo se va a aplicar todo esto en un territorio insular, alejado del continente, situado en la ruta atlántica y con una presión migratoria que no se parece a la de una frontera terrestre convencional?
Pacto migratorio y territorios frontera
El Gobierno de Canarias ha reclamado formalmente al Estado información urgente sobre recursos y plazos para la implementación del Pacto. Según la nota oficial del Ejecutivo autonómico, el informe presentado por la consejera Candelaria Delgado denunciaba la “nula información recibida” a solo doce días de la entrada en vigor de la nueva normativa europea. (Gobierno de Canarias)
Este no es un detalle menor. En política migratoria, la falta de información no es solo un problema burocrático. Puede convertirse en saturación institucional, deterioro de la atención, incertidumbre jurídica y tensión social. Cuando las reglas cambian y quienes deben aplicarlas no tienen claridad suficiente, las consecuencias no las pagan los despachos. Las pagan las personas.
Canarias y Euskadi han alertado también de que, a una semana de la entrada en vigor, existen “más incertidumbres y dudas que certezas” sobre la aplicación del Pacto, su impacto y las garantías para las personas migrantes. (Gobierno de Canarias)
Ahí está el centro del problema. Europa no puede aprobar una arquitectura común y después dejar que las costuras se rompan en las regiones donde primero llega la realidad. Una frontera no es una línea en un mapa. Es un lugar habitado. Tiene hospitales, juzgados, servicios sociales, escuelas, trabajadores públicos, voluntarios, menores solos, vecinos, familias y vidas concretas.
La solidaridad no puede ser una palabra decorativa
El lenguaje europeo suele hablar mucho de solidaridad. Está bien. Pero la solidaridad, cuando se convierte en mecanismo administrativo, debe tener consecuencias medibles: financiación suficiente, derivaciones ágiles, corresponsabilidad entre Estados, apoyo operativo, plazas reales de acogida, garantías jurídicas y participación de los territorios afectados.
Si no ocurre eso, la palabra se vacía.
El propio Consejo de la Unión Europea afirma que el Pacto pretende que ningún país sometido a presión migratoria se quede solo. (Consejo Europeo) Esa promesa debería aplicarse también a las regiones frontera dentro de esos países. Porque, en la práctica, Canarias puede quedar atrapada en una paradoja injusta: ser frontera europea para recibir, pero periferia política para decidir.
Esa asimetría es democráticamente inaceptable.
Europa no puede mirar a Canarias solo cuando llegan cayucos. Tampoco puede convertir las islas en un espacio de espera prolongada, donde los procedimientos se alarguen y las personas queden retenidas por la distancia, la lentitud administrativa o la falta de acuerdos efectivos de reubicación.
El Gobierno canario ha advertido precisamente de esa preocupación: que los periodos de espera puedan alargarse debido a los controles que impone la nueva legislación europea. (Gobierno de Canarias) No se trata de rechazar controles. Se trata de evitar que el control se convierta en embudo.
Derechos humanos también en la frontera
Hay una idea que conviene repetir, aunque incomode a quienes prefieren el grito fácil: defender derechos humanos no significa negar la necesidad de gestionar fronteras. Significa gestionar fronteras sin renunciar a los principios que dicen sostener nuestras democracias.
Europa tiene derecho a ordenar sus procedimientos. También tiene la obligación de proteger a quienes necesitan asilo, garantizar asistencia letrada, evitar devoluciones indebidas, cuidar a los menores y no tratar a las personas como expedientes molestos.
La Comisión Europea presenta el Pacto como un sistema común de la UE para gestionar la migración, arraigado en los valores europeos, con normas firmes pero justas y salvaguardias para proteger a quienes necesitan protección. (Migration and Home Affairs) Esa formulación es importante. Porque si el Pacto termina funcionando solo como una maquinaria de contención, habrá fracasado moralmente aunque funcione administrativamente.
Canarias sabe bien que la migración no cabe en los eslóganes. Hay dramas reales, mafias reales, muertes reales, tensiones reales y dificultades reales. Pero también hay seres humanos reales. Y en democracia, cuando una política pública pierde de vista esa última frase, empieza a degradarse.
Menores, acogida y responsabilidad compartida
Uno de los puntos más sensibles es la situación de los menores migrantes no acompañados. El Gobierno de Canarias señalaba el 5 de junio que las islas tutelan actualmente a casi 3.000 niños y niñas, y que en los últimos cinco años han entrado en Europa, vía Canarias, unas 165.000 personas. (Gobierno de Canarias)
Estas cifras obligan a bajar el tono y subir el nivel del debate.
Un menor no acompañado no es un problema territorial. Es una responsabilidad pública. Y si esa responsabilidad se concentra de forma desproporcionada en un territorio concreto, el sistema falla. Falla España si no articula una respuesta estatal suficiente. Europa si no comprende que la frontera sur no termina en el puerto de llegada. Falla la política si convierte la infancia en munición electoral.
Canarias no puede ser un almacén humano. Tampoco puede ser utilizada como decorado moral cuando conviene hablar de solidaridad y olvidada cuando llega la hora de los recursos, los profesionales, las plazas y las decisiones.
Lo que se cuenta mal
Se cuenta mal cuando se reduce la migración a seguridad. Cuando se presenta toda llegada como amenaza. Se cuenta mal cuando se habla de “efecto llamada” para no hablar de guerras, pobreza, desigualdad, crisis climática, mafias y rutas cada vez más peligrosas. También se cuenta mal cuando se invoca Europa como solución automática, sin explicar quién paga, quién acoge, quién tramita y quién responde.
El Pacto migratorio no debe analizarse desde la ingenuidad. Puede mejorar procedimientos, pero también puede endurecer prácticas. Ordenar, pero también bloquear. Puede repartir cargas, pero también permitir que algunos países compren distancia política mientras otros asumen el desgaste humano.
Esa es la lectura democrática que Canarias tiene derecho a plantear.
No basta con decir que Europa ha aprobado una nueva normativa. Hay que preguntarse si esa normativa hará más humana y más justa la gestión migratoria o si simplemente hará más eficiente la contención.
Canarias debe estar en la mesa
La posición razonable no es rechazar cualquier política europea común. La posición razonable es exigir que Canarias participe en su aplicación, que reciba información completa, que cuente con recursos suficientes y que no sea tratada como una nota al pie en los planes nacionales.
La lealtad institucional no consiste en callar. Consiste en decir a tiempo aquello que puede evitar un problema mayor. Si las islas advierten de incertidumbres, falta de información y riesgo de saturación, lo responsable no es minimizar su preocupación. Lo responsable es escucharla.
Europa necesita fronteras ordenadas, sí. Pero también necesita memoria democrática. Las fronteras dicen mucho de una civilización. Allí se comprueba si los valores se sostienen cuando resultan incómodos. Allí se ve si la dignidad humana es un principio o un adorno de los tratados.
Canarias no pide privilegios. Pide algo más elemental: no ser frontera sin voz, no ser territorio de espera sin garantías y no ser el lugar donde Europa desplaza sus contradicciones.
El Pacto migratorio será una prueba. No solo para Bruselas, Madrid o Canarias. Será una prueba para todos nosotros. Porque una democracia también se mide por la forma en que trata a quien llega cansado, vulnerable y sin poder. Y porque ninguna frontera debería convertirse jamás en una excusa para abandonar la humanidad en la orilla.
Fuentes consultadas
Consejo de la Unión Europea, información oficial sobre el Pacto sobre Migración y Asilo. (Consejo Europeo)
Comisión Europea, explicación del Pacto sobre Migración y Asilo. (Migration and Home Affairs)
Ministerio del Interior, documentación del Pacto Europeo de Migración y Asilo. (Ministerio del Interior)
Gobierno de Canarias, reclamación formal de información al Estado. (Gobierno de Canarias)
Gobierno de Canarias, posición conjunta Canarias-Euskadi sobre lagunas del Pacto. (Gobierno de Canarias)
