Incendios y servicios públicos: cuando el PP pide silencio después de alimentar la polémica
El Partido Popular sostiene ahora que no es momento de discutir responsabilidades políticas. Con decenas de miles de personas evacuadas o confinadas, poblaciones amenazadas y una superficie devastada que tardará décadas en recuperarse, Alberto Núñez Feijóo reclama unidad, colaboración institucional y un aplazamiento del debate. Según su planteamiento, primero habría que extinguir los incendios y, más adelante, analizar lo sucedido.
La prudencia durante una emergencia es necesaria. Nadie debería dificultar el trabajo de quienes combaten el fuego ni convertir el sufrimiento de las familias en un espectáculo partidista. Sin embargo, una cosa es evitar la bronca estéril y otra muy distinta decretar un silencio político que impida examinar las decisiones adoptadas antes de que comenzaran las llamas.
La política de incendios no empieza cuando despega el primer helicóptero. Comienza años antes, cuando se aprueban presupuestos, se dimensionan plantillas, se estabiliza —o se precariza— al personal, se gestionan los montes y se decide si la crisis climática es una prioridad pública o un asunto incómodo que conviene minimizar.
La sorprendente conversión del PP a la moderación
El 25 de julio, Feijóo afirmó que ante los incendios “todos somos uno” y que correspondía “refrescar el ambiente político”. Un día después pidió “sumar y arrimar el hombro”, aseguró que nadie debía aumentar la tensión y dejó para el futuro el momento de las valoraciones políticas.
El llamamiento sería más convincente si procediera de una organización política conocida por su contención durante las tragedias. Pero el PP lleva años utilizando prácticamente cualquier crisis para atacar al Gobierno, exigir dimisiones inmediatas y atribuir responsabilidades antes incluso de que se conozcan todos los hechos.
No se trata de responder a esa conducta con el mismo comportamiento. Los insultos y descalificaciones personales pronunciados estos días tampoco ayudan a comprender lo ocurrido ni dignifican la conversación pública. La cuestión de fondo es otra: quien ha convertido la confrontación permanente en su estrategia política no puede pretender suspender el debate precisamente cuando las preguntas afectan a gobiernos autonómicos de su partido.
La petición de unidad no debe convertirse en una cláusula de inmunidad. Cooperar durante la emergencia y fiscalizar las políticas públicas son obligaciones compatibles. Las administraciones deben colaborar en la extinción mientras la sociedad conserva el derecho a preguntar si existían medios suficientes, si las plantillas estaban dimensionadas, si se realizaron las actuaciones preventivas y si las prioridades presupuestarias fueron adecuadas.
Eso no es aprovecharse del fuego. Es ejercer la democracia.
Los incendios también se apagan antes del verano
Existe una frase repetida por los profesionales del sector: los incendios se apagan en invierno. No significa que puedan evitarse todos, sino que su capacidad destructiva depende en buena medida del trabajo realizado durante el resto del año.
La prevención incluye tratamientos selvícolas, vigilancia, mantenimiento de cortafuegos, gestión del combustible vegetal, protección de las zonas de interfaz urbano-forestal, planificación de evacuaciones, formación, investigación y conservación de equipos profesionales estables. Nada de eso puede improvisarse cuando las llamas ya avanzan empujadas por el viento.
Los datos disponibles muestran un deterioro preocupante de la inversión preventiva en España. Según las cifras recopiladas por ASEMFO, el gasto conjunto de las administraciones en prevención pasó de unos 364 millones de euros en 2009 a aproximadamente 176 millones en 2022. La reducción se aproxima, por tanto, al 51 %. En ese mismo periodo, el presupuesto agregado para extinción se mantuvo prácticamente estable, incluso ante temporadas cada vez más complejas.
Estas cifras no permiten responsabilizar automáticamente a un único partido, porque abarcan administraciones de diferente signo político y un periodo prolongado. Sí permiten demostrar algo esencial: la prevención ha sido tratada como un gasto prescindible por buena parte de las instituciones.
Esa es precisamente la lógica que debemos cuestionar. La política de incendios no puede depender de la austeridad presupuestaria, de contratos estacionales o de la idea de que mantener recursos públicos durante todo el año es una ineficiencia.
Cuando se recorta prevención, el ahorro solo existe sobre el papel. Después llegan los costes de la extinción, las evacuaciones, las indemnizaciones, la reconstrucción, la pérdida de viviendas, los daños a la agricultura, la destrucción de ecosistemas y el enorme impacto emocional sobre las poblaciones afectadas.
El neoliberalismo también arde
El neoliberalismo no consiste únicamente en bajar impuestos. Es una forma de entender el Estado y los servicios públicos. Parte de la convicción de que la Administración debe reducirse, que las plantillas públicas son excesivas y que muchos servicios pueden externalizarse, fragmentarse o prestarse con menos recursos.
El problema aparece cuando llega una emergencia real.
En ese momento, quienes llevan años desacreditando lo público reclaman más bomberos, más medios aéreos, más coordinación, más fuerzas de seguridad, más protección civil, más ayudas y una intervención inmediata del Estado. La portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, llegó a afirmar el 27 de julio que “necesitamos más Estado” para afrontar la crisis de los incendios.
La afirmación es correcta. Lo incoherente es defender más Estado durante la catástrofe y menos Estado cuando se aprueban los presupuestos.
La Unidad Militar de Emergencias, los servicios forestales, las brigadas, los agentes medioambientales, los centros de coordinación y los cuerpos de bomberos no aparecen por generación espontánea. Son el resultado de inversión pública, planificación, empleo especializado, formación continuada y capacidad administrativa.
No se puede adelgazar indefinidamente el Estado y exigir después que actúe con musculatura de atleta. Tampoco puede mantenerse una política de incendios eficaz mediante trabajadores precarios, dispositivos incompletos o servicios que solo reciben atención cuando las llamas aparecen en televisión.
El cambio climático no provoca la chispa, pero alimenta el incendio
El segundo gran problema del discurso conservador es su relación con la crisis climática. La portavoz del PP acusó al Gobierno de utilizar el cambio climático “como mantra” para evitar hablar de gestión.
Esa contraposición es falsa. Hablar de cambio climático no elimina la responsabilidad humana en el origen de muchos incendios ni exime a las administraciones de gestionar los montes. Explica, sin embargo, por qué algunos fuegos encuentran unas condiciones más favorables para propagarse con rapidez, alcanzar mayor intensidad y superar la capacidad de los dispositivos de extinción.
Un incendio necesita una ignición. Puede producirse por negligencia, accidente, actividad humana intencionada o causas naturales. Pero su comportamiento depende de la temperatura, la humedad, el viento, la sequedad del suelo y el estado de la vegetación.
La Agencia Europea de Medio Ambiente señala que el cambio climático ha incrementado el riesgo de incendios en Europa. También advierte de que las sequías, las temperaturas elevadas y la baja humedad propias del clima mediterráneo están haciéndose más frecuentes y extendiéndose hacia otras regiones.
El IPCC prevé un aumento del riesgo de incendios en las regiones europeas a medida que se eleva la temperatura global. Para el sur de Europa proyecta una mayor frecuencia de condiciones meteorológicas favorables a incendios inducidas por el calor.
Negar esta relación no es una discrepancia ideológica inocua, es una política de incendios suicida. Impide adaptar los servicios, revisar los planes territoriales, proteger las zonas habitadas cercanas al monte y preparar dispositivos capaces de actuar frente a incendios más rápidos, extensos e imprevisibles.
El precio político de gobernar con el negacionismo
El PP intenta mantener una posición ambigua. No suele negar frontalmente todos los efectos del calentamiento global, pero gobierna o pacta con Vox, una formación que combate las políticas climáticas, habla de “fanatismo climático” y presenta la transición ecológica como una imposición ideológica.
Esa alianza tiene consecuencias. Cuando para conservar un gobierno se asume el lenguaje del negacionismo o se rebajan las políticas ambientales, la ciencia deja de ocupar el centro de la decisión pública.
El 28 de julio, el PP evitaba comprometerse con la propuesta de un pacto de Estado frente a la emergencia climática, mientras su portavoz parlamentaria insistía en que el Gobierno utilizaba el clima como excusa para ocultar su gestión.
Por supuesto, un pacto de Estado no apagaría por sí solo ningún incendio. Necesitaría financiación, objetivos evaluables, coordinación territorial, planificación forestal, adaptación urbana, profesionalización de las plantillas y mecanismos de rendición de cuentas.
Pero resulta significativo que, incluso después de una emergencia de esta magnitud, el principal partido de la oposición siga considerando sospechoso vincular los incendios con el cambio climático.
Una política de incendios seria debe trabajar simultáneamente sobre las causas de las igniciones, el estado del territorio, los medios de prevención, la capacidad de extinción y las condiciones climáticas que agravan el riesgo. Eliminar cualquiera de esos elementos por conveniencia ideológica significa reducir artificialmente el problema.
No es polémica: es responsabilidad democrática
Hay momentos en los que los dirigentes deben medir sus palabras. Mientras se evacúan poblaciones y los equipos trabajan al límite, la prioridad es proteger vidas, coordinar recursos y atender a las personas afectadas.
Pero la serenidad no exige amnesia.
Examinar las políticas públicas no significa acusar a un gobierno de haber provocado un incendio concreto. Significa comprobar si hizo todo lo que razonablemente estaba en su mano para prevenirlo, limitar sus consecuencias y proteger a la población.
Tampoco sería riguroso atribuir todos los problemas a las comunidades gobernadas por el PP. Las deficiencias en prevención forestal se han acumulado durante años y afectan a distintos niveles administrativos. El Gobierno central también debe responder por sus competencias, sus inversiones, sus medios y su capacidad de coordinación.
La responsabilidad compartida, sin embargo, no significa responsabilidad inexistente.
El PP puede pedir colaboración institucional, pero no imponer silencio. Puede reclamar respeto para los equipos de emergencia, pero no utilizar su trabajo como escudo frente a la crítica. Puede hablar de unidad, pero tendrá que explicar por qué algunos de sus dirigentes minimizan la crisis climática, por qué mantiene acuerdos con el negacionismo y qué recursos han dedicado realmente sus gobiernos a la prevención.
Después del fuego no puede volver el olvido
La experiencia demuestra que las grandes catástrofes ocupan durante unos días el centro de la conversación. Después desaparecen las cámaras, disminuye la atención pública y las promesas se diluyen hasta el verano siguiente.
Ese ciclo debe romperse.
España necesita servicios públicos forestales estables, profesionales reconocidos, planificación durante todo el año, coordinación entre administraciones y una estrategia de adaptación climática basada en la ciencia. Necesita también abandonar la ficción de que reducir impuestos y debilitar el Estado no afecta a nuestra capacidad colectiva para responder ante una emergencia.
No todo debate es una polémica. No toda crítica es oportunismo. Hay preguntas que deben formularse precisamente cuando los efectos de las decisiones políticas se vuelven visibles.
El fuego no distingue entre ideologías, pero la forma de prevenirlo, combatirlo y reparar sus daños sí depende de ellas. Depende de cuánto valor concedamos a los servicios públicos, de si escuchamos a la ciencia y de si estamos dispuestos a invertir hoy para evitar una tragedia mañana.
El momento de colaborar es ahora. El momento de exigir responsabilidades también.
