Pleno de Candelaria: inversiones importantes, cuentas solventes y asuntos que aún requieren diálogo
El pleno de Candelaria celebrado el 31 de julio de 2026 dejó una imagen bastante más compleja que la de un simple enfrentamiento entre gobierno y oposición. La sesión permitió constatar que el Ayuntamiento mantiene una posición económica sólida, dispone de recursos para acometer inversiones importantes y cuenta con proyectos que responden a demandas históricas de distintos núcleos del municipio.
También aparecieron diferencias sobre la gestión presupuestaria, la planificación de las actividades en las medianías y las formas empleadas durante algunos momentos del debate. Nada especialmente extraño en una corporación plural, aunque convendría evitar que las discrepancias personales terminen ocupando más espacio que los problemas de los vecinos.
La sesión, convocada oficialmente para la mañana del viernes 31 de julio, abordó desde el reconocimiento a una trayectoria vecinal hasta una modificación presupuestaria superior a doce millones de euros. También se debatieron la liquidación del presupuesto de 2025, las inversiones en los colegios, la dinamización de las medianías y diferentes cuestiones relacionadas con la limpieza, el asfaltado, los barrancos o la seguridad.
Un reconocimiento merecido a Fernando Domingo Rodríguez
El pleno comenzó con un acuerdo que concitó una unanimidad sincera: el nombramiento de Fernando Domingo Rodríguez Hernández como hijo adoptivo de Las Caletillas.
El concejal de Relaciones Institucionales, Francisco Pinto, expuso una amplia relación de méritos. Destacó su trabajo como vicepresidente y presidente de la Asociación de Vecinos El Pueblito, su implicación en numerosas actividades comunitarias y su responsabilidad al frente de la Asamblea Comarcal de Cruz Roja en el sureste de Tenerife.
La alcaldesa resaltó especialmente su capacidad para dialogar, buscar acuerdos y trasladar las demandas vecinales de forma constructiva. Los portavoces de la oposición también expresaron su reconocimiento y agradecimiento.
Más allá del expediente honorífico, el acuerdo reivindica una forma de participación ciudadana basada en la constancia, la cooperación y el compromiso con el lugar donde se vive. La política municipal también debe saber detenerse para agradecer ese trabajo silencioso que sostiene buena parte de la convivencia.
Una situación financiera sólida, aunque con desviaciones
Uno de los asuntos centrales del pleno de Candelaria fue la liquidación del presupuesto municipal de 2025.
El concejal de Hacienda, Airán Pérez, presentó unas cuentas con indicadores claramente positivos. El Ayuntamiento mantiene deuda financiera nula, un remanente de tesorería elevado, una buena capacidad recaudatoria y un ahorro neto positivo.
La gestión recaudatoria alcanzó, según los datos expuestos, el 99,6 %, mientras que el periodo medio de pago se mantuvo dentro de los límites legales. Estos indicadores permiten afirmar que Candelaria conserva una posición económica solvente y un margen de actuación mayor que el de muchos otros municipios.
No obstante, la liquidación también reflejó el incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y de la regla de gasto. El saldo negativo en términos de estabilidad superó los 1,4 millones de euros, mientras que el gasto computable aumentó un 25,5 %, frente al límite del 3,2 % señalado durante el debate.
Las explicaciones del Gobierno municipal
El concejal de Hacienda explicó que las desviaciones respondían a circunstancias coyunturales y no a un desequilibrio estructural de las cuentas.
Entre esas circunstancias citó una subvención del Servicio Canario de Empleo que no pudo contabilizarse dentro de 2025, varias facturas de los servicios de limpieza, una obligación derivada de la piscina municipal y costes relacionados con la aplicación de la nueva relación de puestos de trabajo.
La explicación resulta razonable en la medida en que se trata de operaciones concretas que no necesariamente se repetirán todos los años. También es cierto que un presupuesto municipal está sometido a incidencias administrativas, retrasos de otras instituciones, resoluciones judiciales y gastos que no siempre pueden preverse con exactitud.
El Gobierno defendió, por ello, que la situación no compromete la solvencia del Ayuntamiento y que las recomendaciones de la Intervención permitirán regresar al cumplimiento de las reglas fiscales.
Esa interpretación no elimina la necesidad de vigilancia, pero sí aconseja evitar lecturas catastrofistas. Las cuentas presentan desviaciones que deben corregirse, aunque no describen un ayuntamiento endeudado o financieramente descontrolado.
El retraso en la dación de cuenta
Coalición Canaria cuestionó que la liquidación, aprobada mediante decreto de Alcaldía el 25 de febrero, no hubiera sido llevada al pleno hasta finales de julio.
La normativa establece que, una vez aprobada, la liquidación debe ponerse en conocimiento del pleno en la primera sesión que se celebre.
El Gobierno respondió que los grupos municipales habían tenido acceso al decreto desde febrero y, por tanto, podían conocer su contenido. Esa circunstancia reduce cualquier posible efecto de ocultación informativa, pero no sustituye enteramente el trámite formal.
La demora parece más una deficiencia procedimental que un intento de esconder las cuentas. En cualquier caso, habría sido preferible reconocerla con naturalidad, explicar sus causas y comprometer una tramitación más puntual en ejercicios posteriores.
Admitir un retraso administrativo no debilita a un gobierno. Al contrario, transmite seguridad y evita que un asunto corregible termine alimentando una discusión política mayor.
El debate sobre el plan económico-financiero
Otro punto de desacuerdo fue la posible obligación de aprobar un plan económico-financiero.
Coalición Canaria sostuvo que el incumplimiento de las reglas fiscales obligaba al Ayuntamiento a presentar ese documento. El concejal de Hacienda invocó el artículo 4 del Real Decreto-ley 13/2026, aprobado el 2 de junio.
La norma permite que determinadas entidades locales queden exentas de aprobar un plan en 2026 y 2027 cuando el incumplimiento derive de la utilización del remanente de tesorería y se cumplan las condiciones establecidas.
Por tanto, la respuesta del Gobierno cuenta con respaldo legal. Sin embargo, para despejar completamente la discusión sería conveniente que los informes municipales detallaran qué parte de la desviación procede del remanente y cuál responde a las demás circunstancias explicadas durante el pleno.
No parece existir una situación financiera alarmante, pero sí una cuestión técnica que merece ser explicada con claridad. La mejor manera de cerrar el debate no es repetir las respectivas posiciones, sino facilitar un desglose comprensible de los efectos presupuestarios.
Doce millones para actuaciones largamente esperadas
La decisión de mayor trascendencia económica fue la aprobación de una modificación presupuestaria de 12.045.988,92 euros, financiada con el remanente de tesorería.
El expediente recibió el respaldo unánime de los dieciséis concejales presentes. Este acuerdo demuestra que, pese a las diferencias expresadas en el punto anterior, todos los grupos entendieron que las inversiones previstas eran necesarias para el municipio.
Entre las actuaciones anunciadas se encuentra el proyecto de saneamiento de Playa de La Viuda, dotado con cerca de 1,9 millones de euros. También se incluyó un nuevo plan de asfaltado para más de cuarenta calles de las medianías, con una inversión aproximada de 5,5 millones.
La modificación contempla asimismo la reforma de la plaza de La Viuda, la estabilización de un talud en la calle Nivaria, el acondicionamiento de la calle Romano en Barranco Hondo, la mejora de aceras y muros, nuevas luminarias LED y diferentes actuaciones deportivas y culturales.
Son proyectos importantes y, en algunos casos, reclamados desde hace años. El Gobierno municipal debe recibir el reconocimiento correspondiente por haber alcanzado el grado de definición y financiación necesario para impulsarlos.
Al mismo tiempo, la incorporación del crédito representa el comienzo de una nueva fase, no su conclusión. El verdadero éxito dependerá de que los proyectos superen los trámites pendientes, puedan licitarse y lleguen a ejecutarse dentro de unos plazos razonables.
La complejidad administrativa también existe
Durante el debate, el concejal de Hacienda recordó que muchas obras requieren mediciones, disponibilidad de terrenos, permisos sectoriales y autorizaciones de otras administraciones.
Puso como ejemplo el saneamiento de Playa de La Viuda, condicionado por la intervención de Costas, y el asfaltado de las medianías, que exige estudiar decenas de calles y resolver, en algunos casos, cuestiones relacionadas con propiedades privadas.
Esta explicación merece ser tenida en cuenta. Desde fuera de la Administración puede parecer que una obra solo depende de una decisión política y una partida presupuestaria. En realidad, detrás de cada actuación existe un procedimiento que puede incluir proyectos técnicos, informes, expropiaciones, autorizaciones y contrataciones públicas.
Reconocer esa complejidad no significa aceptar retrasos indefinidos. Significa valorar la gestión con criterios más realistas y exigir, sobre todo, información periódica sobre la evolución de cada proyecto.
Más recursos para los colegios públicos
El pleno de Candelaria aprobó también por unanimidad un suplemento de crédito de 265.232,52 euros para mejorar los centros educativos del municipio.
Las actuaciones previstas afectan a los colegios de Igueste, Príncipe Felipe, Carmen Álvarez de la Rosa, Araya y Punta Larga. Se anunciaron trabajos relacionados con el aire acondicionado, el repintado de canchas y el mantenimiento general de las instalaciones.
El concejal de Hacienda destacó que el Ayuntamiento ha invertido durante los últimos años una cantidad próxima a los dos millones de euros en los colegios públicos.
Aunque las competencias educativas se distribuyen entre diferentes administraciones, el mantenimiento municipal de los centros influye directamente en el bienestar del alumnado, el profesorado y las familias. La unanimidad alcanzada en este punto refleja que se trata de una prioridad compartida.
Las medianías y una propuesta que merecía más negociación
El Partido Popular presentó una moción para crear un plan anual de dinamización social, cultural y económica de las medianías y otros núcleos del municipio.
La propuesta reclamaba una programación estable de actividades, la participación de asociaciones y agentes económicos, una dotación presupuestaria, un calendario público y una evaluación anual.
El concejal proponente, Daniel, explicó que el objetivo no era negar las actividades existentes, sino generar encuentros familiares y vecinales durante los fines de semana. Puso como ejemplo la posibilidad de organizar cuentacuentos, bailes, actividades infantiles y encuentros comunitarios en plazas y centros culturales.
Coalición Canaria respaldó la iniciativa y defendió que una programación continuada ayudaría a equilibrar la actividad entre la costa y las medianías.
La respuesta municipal a la moción
El grupo socialista respondió con una descripción extensa de las acciones que ya se desarrollan en los diferentes pueblos.
Se citaron cursos de la Universidad Popular, escuelas deportivas, talleres, ensayos de agrupaciones, programas para mayores, actividades contra la soledad no deseada, formación para comerciantes y proyectos vinculados al producto local.
El Gobierno explicó también que algunas actividades no han continuado por falta de matrícula o asistencia. Añadió que la organización de eventos en espacios públicos requiere trámites complejos y una disponibilidad de personal que no siempre resulta suficiente.
Son argumentos atendibles. La transcripción muestra que las medianías no están al margen de la actividad municipal y que existe un trabajo considerable desde distintas concejalías.
Aun así, la moción planteaba algo ligeramente diferente: reunir las actuaciones en una estrategia común, visible y evaluable. La propuesta podía necesitar mayor concreción, pero habría sido posible transformarla en un proyecto piloto o introducir enmiendas que evitaran duplicidades.
Finalmente, fue rechazada por diez votos frente a seis. No considero que esa decisión demuestre desinterés del Gobierno por las medianías. Sí creo que se perdió una ocasión para construir un acuerdo entre la experiencia acumulada por las concejalías y la aportación realizada desde la oposición.
Un debate intenso que debe recuperar la serenidad
La discusión presupuestaria dio paso a un intercambio de reproches entre el concejal de Hacienda y varios miembros de la oposición.
Desde el Gobierno se cuestionó el conocimiento administrativo de algunos portavoces y se sugirió que el respaldo a las inversiones podía estar relacionado con la proximidad electoral. Desde la oposición se respondió acusando al concejal de soberbia, falta de respeto y utilización ventajosa del último turno.
La alcaldesa recordó que las normas del pleno conceden tiempos y turnos determinados y pidió respeto a todos los participantes. También señaló que se habían producido interrupciones durante las intervenciones.
No conviene exagerar el episodio. Los plenos municipales son espacios de confrontación política y, en ocasiones, el debate sube de tono. Sin embargo, sería deseable que el grupo de gobierno, precisamente por su posición institucional y su mayoría, mostrara una especial capacidad para rebajar la tensión.
La oposición tampoco queda exenta de responsabilidad. Las interrupciones, las ironías y los comentarios fuera de turno no contribuyen a un debate útil. Todos los grupos deberían revisar sus formas y evitar que las cuestiones personales terminen ocultando los argumentos.
Pagos, urbanismo y asuntos cotidianos
El periodo medio global de pago a proveedores se situó en 27,63 días durante el segundo trimestre de 2026. La cifra se mantiene dentro del límite legal y refleja una capacidad razonable para atender las obligaciones municipales.
El informe de morosidad también recogió pagos efectuados fuera de plazo y facturas pendientes. Aunque los resultados generales son positivos, conviene seguir reduciendo esos casos y vigilar especialmente las operaciones de mayor importe.
Por la vía de urgencia, el pleno acordó solicitar una subvención de 83.655,26 euros al Gobierno de Canarias para avanzar en cuatro instrumentos de ordenación urbanística.
Los trabajos afectan al casco de Candelaria, el parque periurbano de La Vera de Igueste, el parque periurbano de Pasacola y el ámbito de Las Jiménez. La solicitud fue aprobada por unanimidad.
En el apartado de ruegos y preguntas se abordaron cuestiones relacionadas con la limpieza de Barranco Hondo, el mantenimiento de las palmeras de Santa Ana, el pavimento de la calle de La Punta y los accesos al mar en La Hornilla.
El Gobierno informó de actuaciones en marcha, contratos pendientes de nueva licitación y reparaciones ya comunicadas a las empresas responsables. Estas respuestas permiten comprobar que algunos retrasos obedecen a incidencias contractuales o a obras previas que deben terminarse antes de pavimentar.
Barrancos, prevención y pirotecnia
La oposición preguntó por la limpieza de barrancos y zonas con acumulación de vegetación. El Gobierno explicó que el Ayuntamiento está actuando en los espacios donde dispone de competencias, mientras que otras zonas corresponden al Consejo Insular de Aguas o a propietarios privados.
La respuesta muestra una realidad administrativa que no siempre se conoce suficientemente. La prevención depende de distintas instituciones y también de la obligación de los particulares de mantener sus terrenos en condiciones adecuadas.
Coalición Canaria preguntó asimismo por la exhibición pirotécnica celebrada el 26 de julio, tras la cual se produjo un conato de incendio en un solar privado.
El Gobierno afirmó que se había comprobado la velocidad del viento antes del lanzamiento y que esta era inferior a diez kilómetros por hora. También sostuvo que no estaba activa una alerta específica que impidiera el acto.
La documentación oficial señala que aquel día se mantenía una prealerta por viento hasta las 20.00 horas y una prealerta estacional por riesgo de incendio forestal.
Esto no demuestra que la exhibición fuera irregular. Tampoco permite determinar, sin conocer el expediente, qué condiciones concretas se impusieron. Habría sido conveniente, no obstante, ofrecer una explicación más completa sobre las autorizaciones, las medidas preventivas y la valoración de las prealertas existentes.
Una síntesis de las posiciones políticas
El grupo socialista defendió una gestión económica solvente, explicó el carácter coyuntural de las desviaciones y presentó un ambicioso paquete de inversiones. También reivindicó las actividades que ya se desarrollan en las medianías y la complejidad administrativa de los proyectos.
Coalición Canaria centró su intervención en los plazos de la liquidación presupuestaria, la necesidad de controlar los efectos del remanente y la conveniencia de contar con instrumentos de planificación económica. Pese a sus reservas, apoyó las inversiones y la mejora de los centros educativos.
El Partido Popular reconoció la buena situación financiera general, reclamó una planificación más prudente del gasto y respaldó las modificaciones presupuestarias. Su iniciativa principal fue el plan para dinamizar las medianías.
El representante de Vox apoyó las inversiones y consideró que la situación económica no era tan negativa como inicialmente podía haberse interpretado. Sus intervenciones fueron breves en la mayoría de los expedientes y más extensas cuando se debatieron las formas y los turnos del pleno.
Un Ayuntamiento con capacidad, pero también con deberes
El pleno de Candelaria dejó un balance globalmente positivo. El municipio dispone de recursos, mantiene una deuda financiera nula y ha movilizado una cantidad considerable para obras necesarias.
El grupo de gobierno ha demostrado capacidad para obtener financiación, preparar proyectos y responder a numerosas demandas vecinales. Sería injusto reducir toda esa gestión a las desviaciones presupuestarias o a algunos momentos desafortunados del debate.
Sin embargo, gobernar bien también implica mejorar los procedimientos, cumplir los plazos de información, explicar con claridad los datos económicos y aceptar que una propuesta de la oposición puede enriquecer la acción municipal.
La oposición, por su parte, debe continuar avanzando desde la crítica hacia las alternativas concretas. La moción sobre las medianías, aunque necesitaba mayor precisión, constituye un ejemplo de esa dirección.
Los próximos meses permitirán comprobar si los más de doce millones aprobados se convierten en obras visibles. Esa será la medida decisiva. No bastará con recordar que el dinero está disponible ni con enumerar las dificultades administrativas.
Candelaria cuenta con una situación económica favorable y con una Corporación capaz de alcanzar acuerdos importantes. Sobre esa base debería ser posible construir un debate más sereno, una gestión más evaluable y una relación entre gobierno y oposición que coloque a los vecinos por encima de los reproches del momento.
