David Sánchez: cuando la justicia se convierte en el campo de batalla de la política
La condena de David Sánchez no puede despacharse con una descalificación automática de los tribunales. Existe una sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz que considera que el hermano del presidente del Gobierno cooperó en una actuación administrativa arbitraria y le impone nueve años de inhabilitación. La resolución merece ser leída, analizada y recurrida por los cauces legales, no ignorada.
Pero tampoco puede examinarse como si hubiera surgido en un laboratorio judicial aséptico, ajeno a la degradación de la vida política española. La causa nació de una denuncia de Manos Limpias construida a partir de informaciones periodísticas, se expandió inicialmente hacia delitos mucho más graves que terminaron decayendo y fue sostenida en el juicio por una nutrida coalición de partidos y organizaciones enfrentadas al Gobierno. La Fiscalía, mientras tanto, pidió la absolución al considerar que la prueba practicada no había destruido la presunción de inocencia.
El resultado es una condena judicial que debe respetarse, pero también un procedimiento cuya trayectoria contiene demasiados elementos inquietantes para reducirlo a la cómoda afirmación de que «la justicia ha hablado».
La justicia ha hablado, ciertamente. Pero la política lleva hablando a través de esta causa desde mucho antes de que comenzara el juicio.
Una denuncia nacida en el ecosistema de la confrontación
El procedimiento comenzó en 2024 a raíz de una denuncia presentada por Manos Limpias. Su punto de partida no fue una auditoría administrativa, una denuncia interna de la Diputación de Badajoz ni la comunicación de unos hechos realizada por un funcionario que hubiera presenciado una irregularidad. La denuncia se construyó sobre noticias publicadas en medios de comunicación.
Que una denuncia se base en informaciones periodísticas no la invalida jurídicamente. El periodismo de investigación ha permitido destapar algunos de los mayores casos de corrupción de nuestra democracia. Tampoco puede negarse que cualquier organización tiene derecho a acudir a los tribunales cuando cree detectar una conducta delictiva.
Sin embargo, el origen importa cuando se pretende comprender la naturaleza política de una causa.
Manos Limpias no es un observador neutral de la vida pública. Su intervención reiterada en procedimientos dirigidos contra dirigentes progresistas, representantes políticos, familiares de miembros del Gobierno y causas de enorme repercusión mediática obliga, como mínimo, a preguntarse si su finalidad principal es contribuir al esclarecimiento de unos hechos o utilizar el proceso penal como instrumento de desgaste.
La pregunta no prejuzga la sentencia. Señala una realidad previa: la denuncia nació dentro de una estrategia política y comunicativa que buscaba alcanzar a Pedro Sánchez a través de su hermano.
David Sánchez interesó desde el principio no solo por su actuación en la Diputación de Badajoz, sino por su parentesco. Sin ese apellido, difícilmente su contratación habría ocupado durante dos años portadas, tertulias, editoriales y declaraciones de dirigentes nacionales.
Esa desproporción no demuestra que fuera inocente. Sí demuestra que nunca fue tratado como un ciudadano cualquiera.
De una sospecha expansiva a una condena mucho más limitada
Uno de los rasgos más preocupantes de este tipo de procedimientos es la distancia que suele existir entre el estruendo inicial y aquello que finalmente llega a probarse.
La investigación sobre David Sánchez se extendió inicialmente hacia posibles delitos de malversación, fraude fiscal, tráfico de influencias y prevaricación. Algunos de esos delitos fueron descartados durante la instrucción o quedaron fuera del juicio. El tribunal absolvió finalmente a los acusados del tráfico de influencias y condenó a David Sánchez como cooperador necesario de un delito de prevaricación administrativa.
Esta evolución debería formar parte central del relato público. Sin embargo, rara vez ocurre.
Durante meses, las sospechas más graves circularon como si fueran hechos consolidados. Cada nueva diligencia fue presentada como una confirmación; cada registro, informe o declaración alimentó la idea de que existía una gran trama de corrupción vinculada al entorno del presidente.
Cuando algunas acusaciones fueron decayendo, la rectificación mediática no tuvo la misma intensidad. Nadie devuelve a una persona los titulares que la señalaron por delitos que finalmente no fueron probados. La absolución parcial ocupa un espacio infinitamente menor que la sospecha original.
Elemento característico
Este mecanismo es uno de los elementos característicos de la judicialización política: no siempre resulta imprescindible obtener una condena. El propio proceso produce efectos devastadores.
La investigación se convierte en castigo. La condición de imputado se utiliza como sinónimo de culpabilidad. Las acusaciones descartadas permanecen en la memoria colectiva y cada actuación judicial se incorpora al argumentario de la oposición.
Después, si la condena es más limitada que las acusaciones iniciales, se presenta igualmente como la confirmación de todo lo insinuado durante años.
No lo es.
La sentencia condena por unos hechos concretos y absuelve de otros. No acredita una trama familiar, no condena por tráfico de influencias, no establece que Pedro Sánchez interviniera en la contratación y no prueba que el presidente presionara a ninguna autoridad de la Diputación.
Confundir lo que la resolución declara con todo lo que previamente se dijo es sustituir la justicia por la propaganda.
Una acusación popular convertida en bloque político
La composición de las acusaciones también merece atención.
La Fiscalía no acusó y pidió expresamente la absolución. El procedimiento fue sostenido por siete acusaciones populares: Manos Limpias, Partido Popular, Vox, Hazte Oír, Abogados Cristianos, Liberum e Iustitia Europa. Varias de ellas están claramente situadas en el espacio político conservador o ultraconservador, mientras que PP y Vox son competidores directos del partido que sostiene al Gobierno.
La acusación popular es una institución legítima del ordenamiento español. Puede resultar esencial para impulsar procedimientos que la Fiscalía no considere prioritarios o para defender intereses colectivos.
Pero una cosa es reconocer su legitimidad y otra fingir que su ejercicio carece de intencionalidad política.
Cuando dos partidos utilizan su capacidad procesal para sentar en el banquillo al hermano del presidente al que intentan derrotar electoralmente, no están actuando únicamente como defensores abstractos de la legalidad. Están interviniendo en una batalla política mediante instrumentos judiciales.
Esa actuación puede ser legal. También puede coincidir con la existencia de hechos delictivos. Lo que no puede exigirse es que la ciudadanía ignore su evidente interés partidista.
La situación se vuelve aún más significativa cuando las acusaciones populares endurecen sus peticiones durante el juicio. PP, Vox y otras organizaciones llegaron a solicitar hasta seis años de prisión para David Sánchez, mientras Manos Limpias mantuvo una petición inferior y la Fiscalía continuó reclamando la absolución.
Finalmente, el tribunal descartó el delito de tráfico de influencias y no impuso ninguna pena de cárcel.
La distancia entre los seis años de prisión solicitados y los nueve años de inhabilitación impuestos no convierte la condena en irrelevante. Pero evidencia hasta qué punto las acusaciones construyeron una interpretación penal máxima que no fue asumida por la sentencia.
La Fiscalía vio ausencia de pruebas suficientes
Otro elemento que no puede relegarse a una nota secundaria es la posición del Ministerio Fiscal.
Tras la celebración del juicio, la Fiscalía sostuvo que no existía prueba suficiente para condenar y afirmó que la vista oral no había conseguido destruir la presunción de inocencia de los acusados. Solicitó, por ello, la absolución de todos ellos.
La Fiscalía puede equivocarse. El tribunal no está obligado a aceptar sus conclusiones y dispone de plena capacidad para valorar las pruebas de manera diferente.
Pero cuando el Ministerio Público mantiene que no existe prueba bastante y, pese a ello, la condena se apoya en una construcción indiciaria defendida fundamentalmente por acusaciones políticas y organizaciones ideológicas, la discusión sobre la solidez del fallo resulta inevitable.
Eso no significa afirmar que los magistrados hayan actuado por encargo político. No existe base acreditada para sostener semejante acusación.
Significa algo mucho más razonable: la sentencia no cierra el debate jurídico, porque existen interpretaciones profundamente discrepantes sobre la suficiencia de la prueba. Precisamente para eso está previsto el recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.
La resolución no es firme. Puede ser confirmada, modificada o revocada. Presentarla como la última palabra antes de que se agoten los recursos es otra forma de manipulación.
¿Podemos hablar de lawfare?
La palabra lawfare se utiliza con demasiada ligereza. A veces sirve para denunciar una utilización real de la justicia con fines políticos. En otras ocasiones se convierte en una coartada para desacreditar cualquier investigación que afecte a los propios.
Conviene, por tanto, emplearla con prudencia.
No puede afirmarse como hecho probado que el caso de David Sánchez sea una operación concertada desde determinados sectores judiciales para derribar al Gobierno. No conocemos pruebas que permitan sostener una acusación de esa gravedad.
Pero tampoco resulta honesto negar que la causa presenta un claro tufillo a lawfare.
Lo presenta por su origen en una denuncia basada en recortes periodísticos; por la identidad y trayectoria de la organización denunciante; por la ampliación inicial hacia delitos muy graves que terminaron descartándose; por la presencia coordinada de partidos opositores y organizaciones ultraconservadoras como acusaciones populares; por las elevadas penas de prisión solicitadas; por la conversión sistemática de cada diligencia en un arma contra el presidente y por el intento final de trasladar la condena del hermano al conjunto del Gobierno.
El lawfare no necesita necesariamente una orden escrita ni una conspiración perfectamente coordinada. Puede surgir de un ecosistema en el que organizaciones políticas, asociaciones ideológicas, medios de comunicación y actores judiciales terminan reforzando una misma dinámica, aunque cada uno actúe desde su propia lógica.
Una denuncia genera una investigación. La investigación produce titulares. Los titulares alimentan nuevas acusaciones. Los partidos utilizan esas acusaciones en el Parlamento. La presión pública convierte cualquier archivo en sospechoso. Y la prolongación del procedimiento mantiene al adversario permanentemente bajo sospecha.
Así, la política deja de discutir proyectos, derechos, servicios públicos o modelos económicos y comienza a librarse en juzgados, sumarios y tertulias.
Ese es el verdadero problema democrático.
La responsabilidad penal no se transmite por parentesco
Desde el primer momento, el objetivo político ha sido Pedro Sánchez.
La condena recae sobre David Sánchez y otros responsables de la Diputación de Badajoz. El presidente del Gobierno no ha sido juzgado, no ha sido condenado y la sentencia no acredita que participara en la creación del puesto ni que ejerciera presión alguna para favorecer a su hermano.
El propio fallo señala que no ha quedado probado que una persona concreta presionara o influyera para crear la plaza.
Pese a ello, la derecha ha utilizado inmediatamente la resolución como una condena política del presidente y como argumento para exigir la caída del Ejecutivo.
Ese salto no tiene fundamento jurídico. Tiene una finalidad partidista evidente.
En un Estado de derecho, las responsabilidades son personales. No existe la culpabilidad familiar. Un hermano no responde penalmente por otro y ningún Gobierno puede ser declarado ilegítimo por una condena que no afecta a ninguno de sus miembros.
Puede debatirse si Pedro Sánchez debe ofrecer explicaciones políticas. Puede juzgarse su reacción o la forma en que su partido ha gestionado el caso. Lo que no cabe es presentar la sentencia como una revocación judicial del resultado electoral.
Los gobiernos se sustituyen mediante elecciones, mociones de censura o la pérdida de la confianza parlamentaria. No mediante una extensión mediática del parentesco penal.
La condena no debe ignorarse
Nada de lo anterior obliga a negar la gravedad de los hechos que el tribunal considera probados.
La Audiencia Provincial sostiene que el puesto fue creado y posteriormente transformado de manera arbitraria para beneficiar a personas determinadas. Si esta conclusión es confirmada por las instancias superiores, estaremos ante una vulneración grave de los principios que deben regir el empleo público.
Una posición progresista coherente no puede defender que los puestos públicos se adapten a candidatos previamente escogidos. La igualdad, el mérito, la capacidad y la transparencia no son formalidades burocráticas. Son garantías democráticas frente al clientelismo y el abuso de poder.
David Sánchez debe recurrir la sentencia si considera que las pruebas han sido interpretadas incorrectamente. Y, si la condena se hace firme, deberá asumir plenamente sus consecuencias.
Pero exigir esa responsabilidad no obliga a aceptar el relato global construido por la oposición.
Puede existir una irregularidad penalmente relevante y, al mismo tiempo, una utilización política desmedida del procedimiento. Haber una sentencia legítima y un ecosistema de judicialización partidista. Puede condenarse una conducta concreta sin validar dos años de acusaciones infladas, sospechas familiares y campañas contra el Gobierno.
La realidad democrática no cabe en los eslóganes de un bando ni del otro.
La judicialización está sustituyendo a la política
El caso David Sánchez forma parte de una transformación más amplia.
Los partidos han descubierto que una denuncia puede resultar políticamente más rentable que una propuesta. Abrir una causa genera titulares inmediatos, permite formular preguntas parlamentarias, alimentar tertulias y mantener durante meses al adversario en posición defensiva.
La culpabilidad deja de ser el objetivo principal. Basta la investigación.
Cuando finalmente llega una sentencia, su contenido concreto importa menos que su utilidad propagandística. Si hay condena, se presenta como confirmación de todas las sospechas anteriores. Si hay absolución o archivo, se acusa al sistema de proteger al poder. En ambos casos, la maquinaria política obtiene rendimiento.
Esta dinámica destruye la confianza ciudadana.
Una parte de la sociedad termina creyendo que todos los jueces participan en conspiraciones políticas. Otra acepta que cualquier denuncia contra el adversario constituye una verdad anticipada. Entre ambos extremos desaparece el análisis sereno de las pruebas.
La democracia necesita una justicia independiente. Pero también necesita una política que no utilice los tribunales como sustituto de las urnas.
PP y Vox tienen derecho a personarse en una causa cuando consideren que existe un perjuicio para el interés público. Lo que resulta menos aceptable es que después utilicen esa misma causa, impulsada por ellos, como una supuesta prueba neutral de que el Gobierno debe caer.
No son espectadores del procedimiento. Han sido parte activa de la acusación.
Una sentencia que debe recurrirse y una deriva que debe frenarse
La condena de David Sánchez es jurídicamente relevante, pero no constituye el final del procedimiento ni valida todo cuanto se ha dicho durante la investigación.
Hay una sentencia condenatoria. También hay una Fiscalía que pidió la absolución, varios delitos iniciales que quedaron fuera, una absolución por tráfico de influencias, unas acusaciones populares profundamente politizadas y un recurso pendiente.
Todos esos hechos deben formar parte del análisis.
No sabemos todavía si la condena será confirmada. Tampoco podemos afirmar de manera categórica que nos encontremos ante una operación de lawfare dirigida desde los tribunales.
Lo que sí podemos sostener es que la causa ha sido utilizada como instrumento de guerra política desde su nacimiento. Y que la frontera entre la legítima persecución de una posible irregularidad y la demolición judicial del adversario se ha vuelto peligrosamente difusa.
La justicia debe determinar si David Sánchez cooperó en una prevaricación. La política, por su parte, debería explicar a la ciudadanía qué propone para mejorar el país.
Cuando los partidos pretenden ganar en los tribunales lo que no consiguen en las urnas, la democracia se debilita. Y cuando la izquierda responde a esa estrategia negando cualquier posible irregularidad de los suyos, también.
La salida no está en elegir entre fe ciega en los jueces o impunidad partidista. Está en defender una justicia rigurosa, unas acusaciones responsables, unos medios prudentes y una política que vuelva a librar sus batallas en el terreno que le corresponde.
